Rodia Mariana Lopez Hernandez

Expediente 1739/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1739/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
04/01/2022

Partes del expediente

  • Rodia Mariana Lopez Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; cuatro de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se desechó la demanda; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que desechó la demanda estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista, la razón actuarial que antecede en el que se hace constar la imposibilidad que tuvo la actuaria de la adscripción para emplazar al tercero interesado *******, por los motivos que expone. Sin que se realice mayor acuerdo, toda vez que por auto de nueve de los actuales, se ordenó girar exhorto para emplazar al citado tercero interesado. Notifíquese.

  3. Principal

    Se notifica por lista el acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno a la parte quejosa. ACUERDO: Cuernavaca, Morelos; diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por ********** en representación de su hijo menor de edad, cuyo nombre lleva las iniciales ******, personalidad que acredita con copia certificada del acta de nacimiento de su hijo, que anexa a su escrito de demanda, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1739/2021 y fórmese expediente. Desechamiento. Sin proveer sobre su admisión, se desecha de plano la demanda de amparo, toda vez que de su estudio integral este Juzgado de Distrito advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Partiendo de esa premisa, se considera por manifiesto, cuando el motivo de improcedencia se presenta en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda instaurada y lo indudable, ocurre en la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante, en la especie, de tal forma, que aun cuando se admitiera dicha demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar los contendientes como elementos de prueba. Resulta ilustrativa sobre el particular, aplicada por analogía la jurisprudencia I.1º.A.J./4 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En la inteligencia que la aplicación de la jurisprudencia integrada con la ley anterior, según el numeral sexto transitorio, continuará en vigor en lo que no se oponga a la ley actual. Análisis el cual resulta de orden público, preferente y oficioso, según dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo, que reza textualmente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Lo anterior, fue dispuesto así por el legislador, tomando en consideración que el juicio de amparo, es un medio de control constitucional, el cual debe ser promovido como un medio extraordinario de defensa en favor de los gobernados, cuando consideren que los actos de autoridad vulneran sus derechos humanos fundamentales. Ahora, del estudio del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, en lo esencial, que se aplique a su menor hijo la vacuna BioNTech Pfizer. Al respecto, en primer lugar, se debe atender a las manifestaciones que realiza la parte promovente en cuanto a que no se ha podido vacunar al menor de edad durante la pandemia generada por el virus SARS COV2 (Covid-19); además, con la copia simple del acta de nacimiento correspondiente a su menor hijo de iniciales **********, se desprende que al día de hoy cuenta con once años de edad. Además, dicha certeza se obtiene de la propia Política Nacional de Vacunación Contra el Virus SARS COV2, para la prevención de la COVID-19 en México, que constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al estar publicada en la página oficial de la Secretaria de Salud. Documental de la cual deriva que en la etapa cinco, aun no se ha incluido, de manera específica, a las personas menores de edad, aun cuando ya fue aprobada, como se verá más adelante un biológico para los menores de dieciocho años y de hasta doce; de ahí que dicha omisión, y dada la prueba de que la persona quejosa es menor de edad. Como se advierte del estudio integral de la demanda, la parte quejosa presuntamente se duele de la omisión de aplicarle la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, precisando que es menor de dieciocho años, es decir, a la fecha cuenta con once años de edad. En ese sentido, es necesario precisar que la Organización Panamericana de la Salud, desde el diez de julio de dos mil veinte, elaboró el documento denominado "ORIENTACIONES PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA CONTRA LA COVID19", el cual tiene como objetivo brindar la orientación de los programas nacionales de inmunización para la elaboración de los planes respectivos de vacunación contra la enfermedad COVID-19, el cual, en lo que aquí interesa destaca lo siguiente: "1. Metas de la vacunación. Los países deben establecer las metas de la vacunación contra la COVID- 19 teniendo en cuenta la situación epidemiológica, las poblaciones que corren mayor riesgo y el acceso a la vacuna. La falta de oportunidad en la disponibilidad de la vacuna hará´ necesarias la priorización y la vacunación por fases teniendo en cuenta los siguientes objetivos: Proteger la integridad del sistema de salud y la infraestructura para la continuidad de los servicios esenciales: vacunar a los trabajadores de salud de todos los niveles de atención y de otros servicios esenciales establecidos en el país. Reducir la morbilidad severa y la mortalidad asociada a COVID-19 protegiendo a las poblaciones de mayor riesgo: vacunar a los grupos de mayor riesgo identificados según la situación epidemiológica. Reducir la transmisión de la infección en la comunidad y generar inmunidad de rebano. La ampliación de la vacunación a otros grupos se hará´ de acuerdo con el incremento en la disponibilidad de las vacunas del país. Recomendaciones técnicas. El país tomara la decisión de introducción de esta nueva vacuna teniendo en cuenta criterios técnicos, programáticos, sociales y económicos.Para aspectos técnicos, los países se apoyaran en las recomendaciones de los grupos asesores tanto a nivel global y regional como nacional. Los principales grupos asesores en inmunización son los siguientes: Mundial: Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico (SAGE) sobre Inmunización. Mundial: Comité Consultivo Mundial sobre la Seguridad de la Vacunación (GACVS). Regional: Grupo Técnico Asesor (GTA) sobre Enfermedades Prevenibles por Vacunación. Nacional: Grupo Técnico Asesor Nacional sobre Inmunización (NITAG) y los comités de ética. Las recomendaciones de los diferentes grupos técnicos para definir la población objetivo a vacunar se basarán en la evidencia disponible, los cuales tendrán en cuenta las características de las vacunas (seguridad, inmunogenicidad, eficacia y duración de la protección), los grupos de mayor riesgo (adultos mayores y personas con enfermedades crónicas), otras enfermedades y el embarazo. Asimismo, las recomendaciones sobre el número de dosis necesarias, la administración con otras vacunas y, los eventos que deben vigilarse en relación con la seguridad de las vacunas dependerán de la evidencia disponible y se actualizarán permanentemente. [...]. Definición de grupos objetivos y metas. Guiados por las recomendaciones técnicas de los grupos asesores, los países deberán desarrollar los lineamientos técnicos que definan: (...) Acceso y distribución de la vacuna. Estimar las necesidades preliminares de vacunas (considerar escenarios para esquemas con una y dos dosis), jeringas e insumos, teniendo en cuenta los datos de los planes nacionales para la vacunación de los diferentes grupos de riesgo. Programar la demanda de la vacuna a través del Fondo Rotatorio de la OPS. Revisar procesos relacionados con la aceptación de donaciones a través de la OMS u otras instituciones u organismos. Organización y coordinación. Aplicar y fortalecer los mecanismos de coordinación intrainstitucional y multisectorial. Describir la organización y la coordinación de la campaña de vacunación. Definir la estructura organizacional: comités políticos, técnicos y de emergencia nacionales y subnacionales con definición de funciones y responsabilidades. En coordinación con el ministerio de educación, determinar la función de los maestros, universidades, etcétera. En coordinación con el ministerio de trabajo, determinar la función del sector empresarial, el sector público y privado, los sectores de trabajadores esenciales, etcétera. Asegurar la coordinación con los gobiernos locales (gobernadores, alcaldes y secretarios de salud). Coordinar la participación de las instituciones y cuerpos asesores: NITAG, autoridades regulatorias nacionales, otras instituciones, colegios asociaciones científicas, finanzas, transporte, organizaciones civiles, ONG, turismo, iglesias, profesionales, ministerio de aeropuertos, representantes de la comunidad, fuerzas armadas, etcétera. Organizar comités operativos para la implementación de la vacunación (...)" Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, desde mil novecientos noventa y nueve formó un grupo de expertos para generar recomendaciones al Director General sobre aspectos relacionados con vacunas e inmunización, conocido como Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE, por sus siglas en ingles), que tiene como objetivo emitir recomendaciones sobre políticas públicas y estrategias mundiales de investigación, desarrollo y aplicación de vacunas. Actualmente, se ha conformado el grupo de trabajo Covid- 19 del SAGE, cuyo objetivo es revisar diversos aspectos de la evidencia científica sobre Covid-19 y de las vacunas en desarrollo para asesorar en las recomendaciones sobre su uso. En ese marco, dicho organismo técnico internacional propone como el objetivo general que las vacunas contribuyan significativamente a la protección equitativa y a la promoción del bienestar humano entre todas las personas del mundo, al respecto describe diversos principios de valores, con sus objetivos correspondientes, para que en condiciones de limitación inicial de suministro de vacunas se definan grupos prioritarios para una asignación de manera escalonada. Los referidos objetivos se enfocan en reducir las muertes y la carga de enfermedad por Covid-19, reducir los trastornos sociales y económicos (incluidos los causados por las medidas de contención no farmacológicas), proteger el funcionamiento continuo de los servicios esenciales, incluyendo los de atención a la salud, lograr la oportunidad de acceso equitativo a la vacuna para todos aquellos grupos poblacionales que se definan como prioritarios, tomando en cuenta los riesgos de salud pública y siempre considerando las vulnerabilidades inherentes. A nivel nacional, el Grupo Técnico Asesor para la Vacuna COVID-19 en México, conformado por expertos en materia de inmunología, vacunación, infectología, sociología, sistemas y economía de la salud, en concordancia con lo recomendado por los organismos internaciones en materia de salud antes referidos, recomienda llevar a cabo una estrategia enfocada en reducir el número de muertes asociadas con COVID19, diseñada con base en la mortalidad observada en México. Dicho grupo técnico, en el documento denominado "Priorización inicial y consecutiva para la vacunación contra SARS-Cov-2 en la población mexicana. Recomendaciones preliminares", en cuya parte que para este estudio interesa, dice: "Conclusiones. A nivel mundial, los suministros de la primera vacuna (o vacunas) de Covid-19 que se registren para uso en humanos serán limitados a corto y mediano plazo. Por lo tanto, los países están desarrollando sus marcos de prioridades poblacionales para una estrategia de cobertura escalonada. Lo anterior requiere de una evaluación de la evidencia científica sobre las características epidemiológicas de la enfermedad a nivel internacional y nacional, en particular de los riesgos individuales y poblacionales, de los impactos en salud, sociales y económicos, así´ como de la eficacia y seguridad de las vacunas que estarán disponibles, con base en un marco de valores que garanticen el bien común y la distribución justa y equitativa. Tomando en cuenta estos elementos, el GTAV Covid- 19 en México ha realizado un ejercicio de priorización poblacional para la vacunación Covid-19, además de emitir recomendaciones sobre la estrategia requerida y su comunicación. Considerando los riesgos de mortalidad y de mayor carga de enfermedad como base del análisis, se identifica a la edad, las comorbilidades y la ocupación como las primeras variables a considerar en el ejercicio de priorización. Tomando como base la hoja de ruta descrita por el SAGE de la OMS, este ejercicio de priorización de vacunación Covid-19 para México se enfocó´ en el beneficio de la vacunación para disminuir la mortalidad, la carga de enfermedad y el impacto de la pandemia en la sociedad y la economía. Los resultados de un estudio de modelaje del beneficio de vacunación en relación con riesgo de morir por Covid- 19 en México, indicaron una priorización que inicia con los trabajadores de salud y otros grupos esenciales, seguido de personas con y sin comorbilidades, en orden descendente por década de la vida. Debido a que la situación de pandemia Covid- 19 es una situación sin precedentes, la estrategia de vacunación debe abordarse como no convencional y con la visión de una crisis de salud pública, es decir, es urgente e indispensable considerar otros mecanismos más allá´ de los rutinarios en el PVU. Por último, esta estrategia de vacunación debe ser comunicada a la población mexicana con un mensaje único y claro, con alcance y comprensión de todos, que transparente los criterios de priorización adoptados y el objetivo de cada etapa de la estrategia, y que exprese que está basada en los riesgos de salud y en el respeto de los principios esenciales de equidad, universalidad y bien común." Así, en dicho documento se llevó a cabo un análisis minucioso de la información nacional e internacional, se revisaron estudios específicos de riesgos de salud, pobreza e inequidad con relación a la infección y muerte por COVID- 19, realizados en el Instituto Nacional de Salud Pública, además de los criterios de promoción del bienestar humano, respeto igualitario, equidad global, equidad nacional, reciprocidad y legitimidad. El grupo analizó los beneficios potenciales acumulados en términos de tres indicadores: casos nuevos evitables, muertes y hospitalizaciones evitables, llegando a la conclusión preliminar de establecer una estrategia enfocada en reducir las muertes asociadas con COVID-19, diseñada con base en la mortalidad observada en México. Los beneficios se midieron asumiendo una disponibilidad de 25 millones de personas vacunadas, un escenario alterno con 50 millones y un tercer escenario considerando una cobertura universal que lograría la inmunidad de rebano esperada con un programa de vacunación universal para prevenir la COVID-19, cubriendo al menos al 75% de la población mexicana. Así´ desarrollaron una estrategia en la cual, para definir la priorización se analizó la información de las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población para obtener el tamaño de la población por grupo de edad. Para el nivel de riesgo se consideraron tres enfermedades asociadas a un mayor riesgo de desarrollar enfermedad severa de COVID- 19. La estrategia de contención de defunciones propone una priorización de grupos poblacionales a vacunar, basados en las características asociadas con un mayor riesgo de morir por COVID-19. Para definir los criterios se realizó un análisis de mortalidad basado en los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que considera características individuales e indicadores de pobreza, desigualdad e informalidad laboral con un nivel de desagregación hasta el municipio de residencia de las personas afectadas. Con base en los resultados de ese análisis los criterios de priorización fueron los siguientes: Trabajadores de salud. Adultos mayores de 80 años (con y sin comorbilidades). Adultos entre 70 y 79 años (con y sin comorbilidades). Adultos entre 60 y 69 años (con y sin comorbilidades). Adultos entre 50 y 59 años (con y sin comorbilidades). Adultos entre 40 y 49 años (con y sin comorbilidades). Resto de la población. El mencionado grupo de expertos consideró que la estrategia para minimizar la mortalidad con base en datos nacionales que reporta mayores beneficios es aquella en la que se establece el orden de prelación conforme a los grupos de priorización antes referidos. Cabe señalar que, en el referido documento, el grupo técnico asesor también analizó la llamada "estrategia UK", basada en grupos de la población con mayor riesgo de desarrollo de casos severos de Covid19 y muertes, en dicha estrategia sí se hizo distinción respecto de las personas con comorbilidades, sin embargo, los resultados proyectados no fueron tan benéficos como los de la estrategia México. En concordancia con lo anterior, en la Política Nacional de Vacunación Contra el Virus SARS COV2, para la prevención de la COVID-19 en México, se determinó´ ejecutar el plan de vacunación en cinco etapas por grupos poblacionales, priorizados como sigue: Etapa 1: diciembre 2020 - febrero 2021 Personal de salud de primera línea de control de la COVID-19. Etapa 2: febrero - abril 2021 Personal de salud restante y personas de 60 y más años. Etapa 3: abril - mayo 2021 Personas de 50 a 59 años Etapa 4: mayo - junio 2021 Personas de 40 a 49 años. Etapa 5: junio 2021 marzo 2022 Resto de población. Por otra parte, con fecha seis de abril de dos mil veintiuno, el Gobierno Federal estableció una actualización a la Política de Vacunación en cita, en el cual se explicó que para continuar con el Plan de Vacunación el Gobierno Federal tomaría en cuenta las recomendaciones del grupo técnico asesor para la vacuna (GTAV) COVID-19 en México, otras recomendaciones internacionales, así como diversos criterios éticos y socioculturales, por lo que estableció cuatro ejes de priorización para la vacunación contra el virus SARSCoV- 2 en nuestro país, los cuales a saber son: Edad de las personas; Comorbilidades; Grupos de atención prioritaria, y; Comportamiento de la epidemia. De igual forma en el Plan Nacional se estableció que al momento de la actualización de la política nacional, el primer eje de priorización principal es la edad de las personas. Sin embargo, aclaró que no se descarta que conforme avance la estrategia operativa de vacunación de dicha política, pueda generarse una nueva forma de priorización. Indicó que la disponibilidad de vacunas a nivel mundial, y por ende nacional, es limitada en relación a la oferta de productores y que las vacunas llegaran de manera limitada escalonada y progresiva, impactando en los otros ejes de priorización. En ese sentido, estableció que la situación epidemiológica local funge como un criterio de flexibilidad para distribuir territorialmente o por ocupaciones específicas de acuerdo con la actividad viral. Por lo cual, se pueden priorizar lugares con riesgo máximo para vacunación masiva acelerada, o en riesgo bajo para reactivar las actividades socioeconómicas como la actividad escolar presencial; respecto de este tema señaló que donde se mantenga el semáforo de riesgo epidémico en verde, es un indicativo de que la entidad se encuentra en el menor riesgo epidémico posible en ese momento, por lo cual el personal docente se convierte en un grupo potencial a inmunizar, dada la importancia del regreso a las actividades escolares presenciales, mitigando así el incremento del rezago educativo y de desarrollo de las personas menores de edad, que por su edad presentan cierto grado de vulnerabilidad, incrementado por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, esto dependerá´ de la disponibilidad de la vacuna en México, y el resto de las características de priorización. En efecto, las autoridades sanitarias federales (Secretario de Salud, Subsecretario de Salud y Titular de la Dirección general de Promoción de la Salud),emitieron la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV2, para la prevención de la Covid 19 en México, Documento Rector, Versión 6.0., el once de mayo de dos mil veintiuno, consultable la página: https://coronavirus.gob.mx/wpcontent/uploads/2021/04/28 Abr2021_13h00_PNVx_COVID_1 9.pdf. Ahora bien, en relación con la política de vacunación relacionada con los menores de edad, en los puntos denominados: "Etapa 5: resto de la población" y "Población menor de 16 años" de dicho plan, se indicó: "ETAPA 5: resto de la población La última etapa de la estrategia operativa de la Política nacional contempla la vacunación del resto de la población en México que no haya sido considerada por las características poblacionales de las etapas 1 a 4, y sean sujetas a vacunarse de acuerdo con las indicaciones y contraindicaciones de los diversos biológicos. El resto de la población se irá priorizando de acuerdo con la disponibilidad de vacunas en el país. Población menor de 16 años. Hasta el momento, ninguna de las vacunas disponibles en México puede ser utilizada en personas menores de 16 años, por lo que aún no se contempla una etapa específica para esta población en condición de vulnerabilidad, pues se trata de niñas, niños y adolescentes." En congruencia con lo anterior, la propia vulnerabilidad reconocida en dicha política responde a que los niños, niñas y adolescentes se han considerado como un grupo desventajado históricamente, precisamente, en función de su propia edad. Así, en la propia política de vacunación, emitida el ocho de diciembre de dos mil veinte, la ausencia de inclusión de una estrategia de vacunación, se sustentó´ en la inexistencia de alguna vacuna disponible para menores de 16 años. Por su parte, es un hecho notorio para este juzgado de Distrito, que en el Comunicado a la población 23/2021 intitulado "MODIFICACIÓN A CONDICIONES DE AUTORIZACIÓN PARA USO DE EMERGENCIA DE VACUNA PARA PREVENIR COVID-19", emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno,1se señaló: "LA AUTORIZACIÓN PARA USO DE EMERGENCIA DE VACUNA PFIZER- BIONTECH; PERMITIRÍA APLICACIÓN A PARTIR DE 12 AÑOS"; de ahí que se estime cumplido el requisito al que estaba condicionada la referida política de vacunación, porque la propia autoridad sanitaria, en ejercicio de sus facultades previstas en el artículo 3 del Reglamento para la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ya aprobó para uso de emergencia la vacuna en comento para los mayores de doce años y menores de dieciocho. Por lo que, resulta improcedente admitir la demanda de amparo al menor de edad de iniciales ********** en virtud que, de la copia del acta de nacimiento emitida a su respectivo nombre por el Registro Civil, se advierte que nació el quince de marzo de dos mil diez, por lo que al día de hoy cuenta con once años de edad, por tanto, no se encuentra en el supuesto a efecto que le sea administrada la aplicación de la vacuna en comento, ya que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, no ha autorizado la aplicación de alguna vacuna a los menores de doce años. Por tanto, al resultar manifiesta e indudable la causal de improcedencia, en términos del numeral 113, en relación con el dispositivo 61, fracción XXIII y 107 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ********** en representación de su hijo menor de edad, cuyo nombre lleva las iniciales ********* toda vez que aun cuando se tramitara el juicio no se llegaría a una conclusión distinta, dado que a la fecha de presentación de la demanda el directo quejoso no cuenta con la edad mínima establecida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para ser vacunado. Domicilio y autorizados. Téngase por señalado el domicilio que precisa para oír y recibir notificaciones, y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, pues tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a ********** Uso de medios electrónicos. Se autoriza la consulta y toma de datos de los acuerdos que se dicten en el expediente en que se actúa, a través de cámaras digitales o diversos medios electrónicos; en el entendido que tal eventualidad será durante los horarios de atención de servicio al público, y bajo la vigilancia del funcionario respectivo, con la acotación de que deberá ser siempre con la procuración del manejo debido de este cuaderno principal. En la inteligencia de que, el uso de las constancias que se obtengan, quedará bajo la más estricta responsabilidad de las partes. Correo electrónico y número telefónico. Téngasele por señalados el correo electrónico y número telefónico que proporciona en su ocurso de cuenta, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, respecto de los cuales debe precisarse que únicamente tienen como finalidad establecer contacto y comunicación en caso de que se estime necesario, empero no para notificársele, pues esta formalidad procesal debe practicarse de manera electrónica, en términos de lo dispuesto en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno en mención, a través de un usuario, siempre y cuando lo solicite expresamente. Habilitación Días y Horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, en términos del artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles, pero en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020. Aviso de transparencia. Se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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