Rocio Rivera Roman
Expediente 204/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 204/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Comisonado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención Y Readaptación Social, Dependiente de la Secretaría de Seguridad Y Protección Ciudadana En la Ciudad de México
- Rocio Rivera Roman
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintidós de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por *****, en favor de *****. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; ocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que por proveído de veintiuno de febrero pasado, ser reservó proveer respecto a la presente demanda, hasta en tanto se tuviera conocimiento lo acontecido en el diverso juicio de amparo 203/2022 radicado en este órgano jurisdiccional, y advirtiéndose que el cuatro de los cursantes, se admitió la referida demanda; en consecuencia se levanta la reserva aludida y se provee en relación a la demanda de amparo presentada vía electrónica con evidencia criptográfica de *****, en favor de ****, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo, Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, y otras autoridades. Desechamiento. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Proceder soportado en el artículo 17 Constitucional, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En ese sentido, del estudio integral del escrito de demanda se desprende, que esencialmente, se reclama la incomunicación y aislamiento en contra de la quejosa Rocío Rivera Román, a efecto de no permitirle el acceso al promovente como su defensor particular ni a ningún otro familiar, sin justificación alguna, en contra del Comisionado del Órgano Administrativo, Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades. Causal de improcedencia. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. El artículo mencionado en primer lugar establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.]" Al respecto, se estima conveniente precisar, que la litispendencia, es la simultánea tramitación de dos o más juicios en que los elementos esenciales de las acciones respectivas sean lo mismo. Como se indicó, en el caso, de la demanda de amparo que nos ocupa se advierte que el impetrante reclamó en esta vía del Comisionado del Órgano Administrativo, Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades, la incomunicación y aislamiento en contra de la quejosa Rocío Rivera Román, a efecto de no permitirle el acceso al promovente como su defensor particular ni a ningún otro familiar, sin justificación alguna. Por otro lado, se invoca como un hecho notorio para la suscrita, en razón de su actividad jurisdiccional y en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su artículo 2, que mediante escrito presentado ante la Oficialía de partes común el día veintiuno de febrero de dos mil veintidós, y recibida en este juzgado el mismo día, el aquí promovente Luis Eduardo Messina Márquez, en favor de Rocío Rivera Román, también reclamó del Comisionado del Órgano Administrativo, Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades, la incomunicación y aislamiento en contra de la quejosa Rocío Rivera Román, a efecto de no permitirle el acceso al promovente como su defensor particular ni a ningún otro familiar, sin justificación alguna; demanda que se radicó bajo el juicio de amparo indirecto número 203/2022, del índice de este Juzgado de Distrito, a la cual por proveído de cuatro de los cursantes, se admitió a trámite aunado a que el veintiuno de febrero pasado se proveyó respecto de la suspensión de plano de los actos reclamados. En las relatadas circunstancias, es evidente que la parte quejosa reclamó en esta vía el mismo acto y a las mismas autoridades responsables, lo cual actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, en virtud que tal acto es materia de un diverso juicio de amparo ante este propio órgano jurisdiccional, el cual se encuentra en trámite. Resulta aplicable al caso la tesis I.11o.C.31 K (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 63, febrero de 2019, tomo 2, página 3029, que establece: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente.". Así mismo, se invoca en lo conducente, y por identidad jurídica, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible a página 2791, Tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LITISPENDENCIA EN AMPARO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EXISTIENDO UN JUICIO DE GARANTÍAS PENDIENTE DE RESOLVER LOS QUEJOSOS RECLAMAN EN UNO DIVERSO LOS MISMOS ACTOS Y CONTRA IDÉNTICAS AUTORIDADES Y OTRAS DIVERSAS, PERO ÉSTAS NIEGAN LOS QUE LES ATRIBUYEN: Si existiendo un juicio de amparo pendiente de resolver, los quejosos promueven un diverso juicio de garantías reclamando los mismos actos, contra las mismas autoridades y otras diversas, cuando estas últimas niegan los actos que se les atribuyen se actualiza la causa de improcedencia por litispendencia, prevista en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la litis constitucional que subsiste es idéntica en ambos juicios y la constitucionalidad de los actos reclamados solamente puede analizarse en una sola ocasión." Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción X y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Consulta de autos mediante cita. Por otro lado, si es deseo del justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del acuerdo 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. Domicilio y autorizado. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar en donde la quejosa se encuentra recluida, es decir en el Interior del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS Femenil Morelos; asimismo se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Eduardo Messina Márquez, ya que se localizó registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito Consulta del expediente electrónico. Al respecto, en virtud de que, se encuentran registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el nombre de usuario " eduardomessina65 ", se le autoriza consultar vía internet las actuaciones del presente juicio de amparo, por tanto, instrúyase a la Oficial Judicial A, a efecto de que realice las gestiones necesarias y se habilite la consulta del expediente electrónico. Copia certificada. Como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa, copia certificada de las constancias que pide; previa razón que de su recibo se deje en autos para debida constancia legal. En tal virtud, dada la naturaleza del asunto se pone a disposición de la parte quejosa el número telefónico (777 100 87 00, extensión 1201) del Secretario encargado del presente sumario, efecto de que se coordine para la entrega de las copias que solicita. Se exhorta a las partes. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema "juicio en línea", en términos del último párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, emitido el veintiocho de julio de dos mil diecinueve, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos del jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. Habilitación Días y Horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, en términos del artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles, pero en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020. Aviso de transparencia. Se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito signado por la quejosa ***********, a través del cual pretende subsanar la prevención formulada por auto de doce de enero de dos mil veintidós, sin que se tenga por satisfecho de acuerdo a las razones siguientes. Por acuerdo de cinco de enero de dos mil veintidós se dio vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo en los términos siguientes: "Por otra parte, visto, el estado de autos, se advierte que la autoridad responsable Encargado de Despacho de la Dirección Jurídica y Representante Legal del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), al rendir su informe justificado, informó que compete a la Dirección de Planeación Educativa del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) proporcionar la información respecto a la página WEB de ese instituto; autoridad que no se encuentra señalada como responsable. En consecuencia, este órgano jurisdiccional estima que en términos del artículo 111 de la Ley de Amparo, debe prevenirse a la parte promovente, para el efecto de que, dentro del plazo previsto en dicho precepto, que es de quince días, contados a partir de la legal notificación que del presente proveído se le practique, precise si señala como autoridad responsable a la antes señalada, y en caso afirmativo, indique el acto que le reclame; con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, sin mayor acuerdo se proseguirá con la tramitación de este juicio de amparo hasta su conclusión, únicamente respecto a las autoridades y actos que hasta ahora han sido señalados." De acuerdo con lo anteriormente transcrito se advierte que el requerimiento se concretó en que la parte quejosa manifestara si es su deseo señalar como autoridad responsable a la Dirección de Planeación Educativa del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), tomando en consideración que a dicha autoridad le compete proporcionar la información respecto a la página web de ese instituto. Lo anterior, tomando en cuenta que el acto reclamado en el escrito inicial de demanda es la omisión de registrar al quejoso menor de edad en la página www//siged.sep.gob.mx/SIGEDalumnos, sin embargo, el Encargado de Despacho de la Dirección Jurídica y Representante Legal del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), informó que la dirección de internet que remite a esa página de consulta no es oficial del instituto que representa y que existen diversas de ese tipo en las redes de internet; sin embargo, la aplicación web oficial donde se registran los datos de los alumnos para el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos es el Módulo Integral de Control Escolar para Educación Básica y, en caso de requerir información registrada en dicho módulo electrónico, se debe peticionar a la autoridad competente, es decir, a la Dirección de Planeación Educativa del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM). Sin embargo, la parte quejosa en su escrito de cuenta señala como autoridades responsables a las siguientes: Titular del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Encargado del Despacho de la Dirección Jurídica del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Director de Planeación Educativa del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Encargada de Despacho del Control Escolar del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Encargado de Despacho de la Subdirección de Acreditación, Incorporación, Revalidación y Evaluación del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Colegio Montesori de Tepoztlán Asociación Civil. Titular de la Secretaría de Educación Pública. Secretario de Educación en el Estado de Morelos. Titular de la Oficina de Enlace Educativo en el Estado de Morelos. Representante de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Morelos. Titular de la Unidad de Enlace Jurídico de la Secretaría de Educación. Titular del Área de Quejas y Denuncias de la Secretaría de Educación Pública. Respecto de las cuales reclama el mismo acto, que hace consistir en la omisión de registrar al quejoso menor de edad en la página www//siged.sep.gob.mx/SIGEDalumnos. Por tanto, tomando en cuenta que señala la misma facultad de realizar el mencionado registro a todas las autoridades señaladas; en consecuencia, no ha lugar a tener por desahogada la prevención formulada por auto de doce de enero de dos mil veintidós y subsiste a efecto de que aclare su escrito de ampliación, con copias para una de las partes, bajo protesta de decir verdad, en los siguientes términos: Único. Manifieste de manera clara, cuál es el acto que reclama de cada autoridad. Plazo. En observancia al lineamiento jurisprudencial 1a./J. 39/2012, cuenta con dos días para tal efecto, ya que el plazo concedido se interrumpió con la presentación del escrito que se provee; puesto que si a la parte quejosa se le notificó la prórroga para cumplir con el mencionado requerimiento el diez de febrero de la presente anualidad, dicho término debió transcurrir del catorce al dieciocho de febrero del año en curso, y la promoción en trato la presentó el diecisiete de febrero del año que transcurre, por tanto a partir de esa data se interrumpió dicho término, el cual se reanudará a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se haga de este acuerdo; por lo que cuenta con dos días para subsanar la referida prevención. En el entendido que de no hacerlo se hará efectivo el apercibimiento decretado en el supra citado auto, esto es, se tendrá por no presentada la ampliación de la demanda de amparo. Se difiere audiencia constitucional. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS DEL VEINTICUATRO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo. Ahora bien, notifíquese el presente acuerdo por lista a las partes, toda vez que el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles en forma personal las actuaciones que emite en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional, no es uno de esos supuestos, de ahí que resulta procedente que este acuerdo se notifique, como fue precisado, por medio de lista en términos del artículo 29 de dicha ley. Similar argumento es válido para las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, toda vez que mediante la notificación personal son informadas en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, de modo que si la notificación vía oficio, cumple con tal exigencia, esto es, aquella con la que se satisface vía personal y dado que la autoridad responsable también es parte en el juicio y nombra delegados que vigilan el procedimiento, es admisible concluir que igual le rigen los supuestos del artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, y si entre ellos, no está la notificación personal del auto que difiere la audiencia constitucional, es operante informarle mediante lista. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al representante especial.
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