ROCIO ZARAGOZA VIDAL y Otros.
Expediente 285/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 285/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 08/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Rocio Zaragoza Vidal
- ROCIO ZARAGOZA VIDAL y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se sobreseyó el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Archívese como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo Vigésimo del acuerdo en cita. Por otro lado, tomando en consideración que el Juez responsable remitió legajos de constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. No obra en autos documento original, en los términos que establece el arábigo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. En otro sentido, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 285/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Informes justificados; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la quejosa ofreció las documentales anexas a la demanda. Pronunciamiento: se admiten y desahogan por su propia naturaleza y al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre el de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los realizó, la Secretaria de Seguridad Ciudadana de esta ciudad invocó la improcedencia del juicio y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 285/2022, promovido por ..., contra actos del Juez y Actuario Adscritos al Juzgado Trigésimo de lo Civil y Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El veintiocho de marzo de este año, la quejosa y otra persona solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. Previo desahogo, el doce de abril siguiente, se admitió a trámite el asunto únicamente respecto a ..., se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se requirieron los informes justificados, y se señaló parte tercera interesada. El representante social de la Federación adscrito no formuló intervención, se tuvieron por rendidos los informes justificados, se apersonó la parte tercera interesada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, tramitado ante un Juzgado del orden común con sede en la Ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa ostentándose tercera extraña auténtica, reclama la falta de llamamiento al juicio civil plenario de posesión ..., del índice del Juzgado Trigésimo Civil de esta Ciudad; así como la orden de lanzamiento del inmueble ubicado en ..., en esta ciudad. TERCERO. Existencia. El Juez y actuario responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados, lo que se corrobora con las constancias allegadas de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. El Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, negó el acto reclamado; sin embargo, debe tenerse por cierto, pues, en su carácter de autoridad ejecutora, está en aptitud de dar cumplimiento al mandamiento del Juez aludido, respecto del cual se tuvo por cierto el acto reclamado; lo anterior, con apoyo en la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito de rubro: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO" . CUARTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que se debe estudiar de oficio por el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. En el particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Por lo dispuesto en ese precepto, se requiere como presupuesto procesal, que el peticionario acredite el interés, perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución de los actos reclamados, para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los ordinales 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. Esto es, la acción de amparo exige como postulado básico o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos de la quejosa; además, es siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse a la existencia de una parte agraviada; es decir, a la afectación de los intereses jurídicos de un particular. Un acto puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas en relación con la formación, modificación o extinción de una relación de derecho; por tanto, cuando con su emisión produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y en contrario sentido, cuando por su sola emisión no afecta la esfera jurídica del particular, es improcedente, puesto que la acción constitucional mencionada únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, en términos del artículo 6o. de la ley de la materia. Ilustra la consideración anterior, la jurisprudencia 854, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Igualmente, cabe destacar que el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En el particular, la accionante se ostenta tercera extraña auténtica al juicio plenario de posesión y reclama la falta de llamamiento, así como la orden de lanzamiento del inmueble ubicado en ..., en esta ciudad del que se ostenta poseedora. Por tanto debió demostrar fehacientemente ser titular del derecho que afirma fue infringido con el acto reclamado; de modo que tenía la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer que la propiedad que dice detentar. Ahora, la quejosa manifiesta en su demanda que tiene la posesión del inmueble ubicado en ..., en esta ciudad, lo cual puede ser materia de protección constitucional siempre y cuando derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que genere ese derecho de posesión y ésta debe tener una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de ese derecho, dado que quien ejercita la acción de amparo debe ser titular de un interés necesario para justificar esa afectación o perjuicio que se demuestre que el derecho del inmueble que defiende deriva de un título de posesión objetivo como lo es una escritura pública o un contrato. Resulta aplicable, por sus consideraciones, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 1/2002; que a la letra se transcribe: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que las posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promoverte tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir, sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Sin embargo la impetrante de amparo omitió allegar elementos de convicción idóneos con los que acredite de forma fehaciente tener el derecho de posesión sobre el inmueble materia de la litis, sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal; además tampoco probó que lo posee materialmente, por lo cual se afirma que no existe afectación a su interés jurídico. En efecto, la accionante únicamente exhibió lo siguiente: 1. Contrato de arrendamiento original. 2. Diversas fotografías. En lo que refiere a la documental marcada con el número 1, resulta insuficiente para tal efecto, pues la firma corresponde a una persona diversa, de nombre ... . Además es un documento privado que carece de fecha cierta; y si bien los documentos provenientes de terceros que consignan contratos, como en el caso, para que tengan eficacia plena, deben precisar tener fecha cierta y ello acontece: a) A partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado; b) A partir del día en que se incorpore o inscriba en un registro público; y c) Desde la muerte de los que firmaron. De manera que, si no se actualiza alguno de estos supuestos, al documento no se le puede dar ningún valor jurídico ante terceros, por carecer de certeza de la fecha que se celebró. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes." Luego, con la documental exhibida por la quejosa, no es dable tener por acreditada la causa generadora de la posesión que ostenta sobre el inmueble litigioso, pues es indispensable que el derecho derive de un título de fecha cierta y el contrato exhibido no reúne las características referidas en párrafos previos por ser el original del pacto privado; de tal modo, que el contrato de arrendamiento sólo produce efectos jurídicos entre las partes que intervinieron en su celebración -donde no participó la quejosa-, mas no frente a terceros. Sirve de fundamento la jurisprudencia VI.2o.C. J/308, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que expresa: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. EL DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA INCIERTA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRARLO. Si quien se queja en el amparo indirecto de haber sido afectado en sus derechos de propiedad y posesión de un bien inmueble, y exhibe un contrato privado de compraventa, con tal documento no puede tenerse por demostrado, de manera fehaciente, su interés jurídico pues, para que ello ocurra, resulta necesario que el referido título sea de fecha cierta, lo que acontece a partir del día en que un documento de tal naturaleza se inscribe en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, desde la muerte de cualquiera de los firmantes, o bien desde la fecha en que el documento se entrega a un funcionario público por razón de su oficio pues, en caso contrario, tal documento sólo produce efectos jurídicos entre las partes que originalmente intervinieron en la operación contractual, mas no frente a terceros, dado que la circunstancia de no tener fecha cierta, imposibilita determinar si el embargo y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de que se duele el quejoso, fueron actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso. Y ello es así por resultar claro, que la fuerza convictiva de un título privado, que contiene un acto traslativo de dominio no abarca la fecha en que aparezca realizada la enajenación cuando éste es de fecha incierta, por no reunir ninguno de los apuntados requisitos." La exhibición de un contrato privado de arrendamiento original suscrito por una persona distinta a la quejosa y que carece de fecha cierta, es insuficiente para acreditar el interés de la parte quejosa cuando ésta ostenta la calidad de tercera extraña al juicio, pues ello imposibilita determinar con certeza si el contrato es anterior o posterior al reclamo de que se duele, además de que con ese documento sólo acreditaría la existencia de un acuerdo de voluntades entre dos particulares respecto de un inmueble, pero no así la fecha cierta, lo cual garantiza la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evita que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. Lo anterior se robustece con la jurisprudencia 1a./J. 24/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada analógicamente, cuyo rubro y texto son: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." Además, en el supuesto no concedido de que efectivamente la quejosa tuviera la posesión material del inmueble, este sólo hecho no es suficiente para considerar procedente el estudio de la constitucionalidad de los actos de autoridad, pues tratándose de casos en que el agraviado se ostenta como tercera extraña a juicio, aduciendo tener la posesión de un bien por virtud de un contrato, es indispensable la plena comprobación de que dicho título tiene fecha cierta; lo anterior es así, ya que la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación, y por tanto no protegida a través del juicio constitucional. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2002 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es: "TERCERO EXTRAÑO. INTERES JURIDICO. NO LO ACREDITA LA DETENTACION MATERIAL DEL INMUEBLE. De acuerdo con el artículo 790 del Código Civil del Distrito Federal, es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho. Sin embargo, tal poder de hecho necesariamente debe tener una causa u origen según se advierte de los propios términos del artículo 791 del referido código, pues si dicha causa, por su naturaleza jurídica, faculta al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, se trata de la posesión originaria o en concepto de dueño; en cambio, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho, únicamente a usar y disfrutar del bien, se trata de la posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título análogo. Ahora bien, si cualquiera de las dos clases de posesión, originaria o derivada, debe reconocer una causa jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto que la ejerce alguno o algunos de los derechos o atributos de la propiedad (usar, disfrutar, disponer), o aquellos que son característicos y exclusivos de la posesión derivada (usar y disfrutar del bien, pero no disponer de él), es inconcuso que la simple tenencia material de un bien, faltando dicha causa, no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil común y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional, el cual protege la posesión jurídica, sea ésta originaria o derivada. De lo anterior, resulta inconcuso que el agraviado necesariamente debe hacer mención en su demanda de amparo a la causa u origen de ese poder de hecho, y demostrarla en el juicio, a fin de proporcionar al Juez del amparo los elementos objetivos necesarios para apreciar si ese poder de hecho constituye o no la posesión jurídica protegida por el derecho, a través de la garantía de seguridad contenida en el aludido artículo 14 constitucional. Consecuentemente, si en el amparo indirecto el inconforme se reduce a manifestar que tiene el carácter de propietario del inmueble, del que dice que la autoridad responsable trata de desposeerlo sin haber sido oído y vencido en un juicio previo; pero no alude a la causa de esa posesión originaria, ni la demuestra en el juicio de garantías; resulta inconcuso que aun en el supuesto de que se hubiera acreditado con las pruebas que aportó, que ejerce un poder de hecho sobre el inmueble relacionado, debe concluirse que se trata de la simple detentación material que no constituye la posesión jurídica, en los términos de la legislación civil común; y, por ende, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al sobreseer en el juicio de amparo, toda vez que lo actuado en el juicio natural respecto del que el recurrente afirma ser tercero extraño, jurídicamente tiene que pararle perjuicio, porque sólo la posesión jurídica es protegible, mas no la simple tenencia; por lo que si se está en este último caso, ello no implica la existencia de un interés jurídico, sino de un interés simple, que no autoriza al quejoso para reclamar en la vía constitucional." Por lo que hace a las fotografías presentadas, no son idóneas, pues su contenido no abona a la existencia del derecho de posesión cuya violación fue alegada por la quejosa. Apoya lo anterior la tesis I.5o.C.96 C (10a.) emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, página 2725 de rubro: "INTERÉS SUSPENSIONAL. LA CALIDAD DE SIMPLE DETENTADOR MATERIAL DEL INMUEBLE, SIN TÍTULO JURÍDICO QUE AVALE LA POSESIÓN NO PUEDE ACREDITAR AQUÉL, AUNQUE EL QUEJOSO SEA MENOR DE EDAD." Por tanto, se reitera, para que un gobernado pueda resultar beneficiado con la protección federal cuando es tercero extraño a un procedimiento donde se ordenó la desposesión de un inmueble, es necesario que acredite un derecho subjetivo derivado de la ley o un acto jurídico que reúna los requisitos legales para tal efecto, es decir, que por sus características sea oponible a terceros, ya que sólo así, se estimaría lesionada su esfera jurídica de derechos y obligaciones que conforman su patrimonio; lo que en la especie no ocurre, pues como se precisó, las documentales ofrecidas por la parte quejosa son insuficientes para demostrar la propiedad que defiende. Además, aunque la narración de antecedentes del acto reclamado y fundamento de los conceptos de violación se haga bajo protesta de decir verdad, dichas manifestaciones no llegan al extremo de acreditar el interés jurídico de la promovente, ya que esto, necesariamente, debe ser acreditado en forma indefectible y no con base en meras afirmaciones, que en todo caso vienen a constituir presunciones. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." Tampoco es obstáculo para lo considerado, que se haya probado la existencia del acto reclamado con las constancias remitidas por la autoridad responsable con residencia en esta ciudad con su informe justificado, pues ello no releva a la parte quejosa de la obligación de acreditar su interés jurídico. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto es: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." Consecuentemente, al no acreditarse el interés jurídico, se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia y con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de amparo. No pasa inadvertido que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta ciudad invocara la improcedencia del juicio, respecto a la inexistencia de los actos; empero, no existe necesidad de emprender un análisis adicional, cuando ya existe probada causa suficiente para decretar el sobreseimiento. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, de agosto de 1998, página 414, en materia común, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento lo impide. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1028, cuyo sumario textualmente indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 a 79 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el juicio promovido por ..., contra actos del Juez y Actuario Adscritos al Juzgado Trigésimo de lo Civil y Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por las razones precisadas en esta resolución. NOTIFÍQUESE. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, el día que tuvo verificativo la audiencia constitucional. Doy fe.
- Principal
Se tiene por hecha la certificación secretarial de cuenta; vistos los informes con justificación del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Trigésimo Civil ambos de la Ciudad de México, se provee: Téngase por rendidos y dese vista a las partes con su contenido en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; una vez transcurrido el plazo que otorga dicho numeral sin que realicen pronunciamiento sobre las constancias anexas, se entenderá su conformidad con éstas y se dictará la sentencia que corresponda. Fórmese los tomos del I y ll acorde al estado procesal de autos. Para dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional y se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Por otro lado, visto el estado procesal se advierte que en auto admisorio se reservó proveer respecto de la prueba de inspección judicial ofrecida, hasta en tanto se tuvieran los autos del juicio de origen, consecuentemente se acuerda: No ha lugar a su admisión, pues a criterio del suscrito tal elemento de convicción no cumple con el requisito de idoneidad que debe satisfacer las pruebas conforme a los artículos 79 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia. La idoneidad consiste en que el medio de convicción sea adecuado o apropiado para demostrar el hecho controvertido. En el presente asunto la parte quejosa tiene el carácter de tercera extraña auténtica al juicio de origen y desde esa posición defiende la posesión y propiedad legal de un inmueble, por lo que la cuestión central a examinar lo constituye el interés jurídico, que para el caso es una cuestión de iure y no de facto. Ello, pues al resolver la contradicción de tesis 40/2019, de la que derivó el criterio jurisprudencial 1a./J. 62/2019 (10a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció lo siguiente: "En ese orden, no es menester para demostrar el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo indirecto, tratándose de contratos traslativos de uso, como el de arrendamiento; probar además de la fecha anterior a la orden de desposesión reclamada; la posesión material del bien inmueble de que se trate; pues el Pleno de este Alto Tribunal, ha emitido criterio en el sentido de que la posesión que protege el artículo 14 constitucional, no es la simple tenencia de las cosas o bienes, sino aquella que se funda en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas, como lo es el contrato de arrendamiento, a través del cual se transmite legalmente el uso del bien de su objeto, otorgando el arrendador al arrendatario el derecho a la posesión material; de ahí que probada la causa generadora de la posesión, esto es, la existencia de un título a través del cual ésta fue otorgada; ello, sea suficiente para acreditar el interés jurídico necesario para instar el juicio de amparo." De ahí que la inspección judicial no es, para este caso, un medio idóneo para justificar el interés jurídico en el presente juicio, siendo este elemento el toral a acreditar en la acción. Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 62/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2020978, Décima Época, Materias(s): Civil, Común, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, página 329, que señala: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO CONTRA LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DE UN BIEN INMUEBLE. PARA DEMOSTRARLO ES SUFICIENTE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA ANTERIOR A DICHA ORDEN. La posesión protegida por el artículo 14 constitucional no es otra que la definida por el derecho común, conforme al cual es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, sin embargo, para efectos del juicio de amparo, ese derecho debe tener origen en alguna de las figuras establecidas en la ley. Así, el contrato de arrendamiento, al ser un título que se sustenta en una figura jurídica que genera el derecho a poseer, constituye una base objetiva, que fundada y razonablemente produce la convicción de que el arrendatario tiene derecho a poseer el bien de que se trate. En consecuencia, para demostrar el interés jurídico e instar el juicio de amparo indirecto contra una orden de desposesión de un bien inmueble, resulta suficiente el contrato de arrendamiento de fecha cierta anterior a la misma, esto debido a que tal característica hace que produzca efectos frente a terceros ajenos a su suscripción, y dota al quejoso del interés jurídico aludido. En el entendido de que las decisiones que el órgano de control de constitucionalidad tome en relación con la eficacia del título, tienen consecuencias exclusivas en el juicio de amparo, pues no deciden sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, lo que deberá dilucidarse ante la potestad común." De lo expuesto, se evidencia que la inspección judicial ofrecida no resulta idónea en el caso, porque la litis en el presente asunto se centra en determinar el interés jurídico de la parte quejosa, que en su momento será valorado a la luz del contrato exhibido con la demanda, así como los medios de autenticación reconocidos jurisprudencialmente para establecer su fecha cierta. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes." Es así, pues el juzgador de amparo al calificar la admisión o no de las pruebas ofrecidas por las partes, debe procurar evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto, velando por el principio de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal; es decir, examinar que las pruebas sean el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, pues de recibir alguna que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia. También se cita al respecto la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 41/2001, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." Considerando que la presente determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición particular para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto específico del artículo 26 de la Ley de Amparo; por ende, se colige que es dispensable realizarles notificación por oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificar por lista a las responsables el contenido de este auto. Apoya lo anterior, la tesis jurisprudencial 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Común, que establece: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 285/2022, promovido por ..., contra actos del Juez y Actuario Adscritos al Juzgado Trigésimo de lo Civil y la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa, ostentándose tercera extraña auténtica, reclama la falta de llamamiento al juicio civil plenario de posesión ..., del índice del Juzgado Trigésimo Civil de esta Ciudad; así como de manera particular, la orden de lanzamiento del inmueble ubicado en ..., en esta ciudad. SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En su oportunidad se admitió a trámite la demanda de amparo, se negó la suspensión provisional, las autoridades responsables rindieron sus informes previos, finalmente, la audiencia incidental se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. El Juez y Actuario responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados. El Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se condujo en sentido negativo; empero, en su carácter de autoridad ejecutora está en posibilidades de cumplir aquello sobre lo cual la ordenadora aceptó su emisión. En ese sentido, se tiene por cierto el reclamo que se le atribuye. SEGUNDO. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL INTERÉS JURÍDICO. Previo a analizar la procedencia de la medida suspensional solicitada, es pertinente establecer que en el amparo, el interés jurídico se ha estatuido como la noción del derecho que el quejoso tiene con relación al objeto específico que pretende afectarse con el acto de autoridad; por ejemplo, si se reclama un acto de desposesión, el interés jurídico se acredita con la existencia del acto jurídico o la norma que confieren al afectado el derecho real o personal en relación al bien del que pretende privarse la tenencia. Al respecto, se cita se invoca la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, registro 170500 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, en Materia(s): Común, página: 225, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En esta tesitura, puede válidamente colegirse que el interés jurídico para el amparo, es una cuestión de derecho y no solamente de hecho. Luego, la figura del interés se hace presente tanto en el juicio principal de amparo, como para efectos de la medida cautelar; con lo cual deben distinguirse tres estándares probatorios para acreditarlo, cuyo grado se intensifica conforme transcurre la secuela procesal, a fin de dar oportunidad al impetrante de amparo de probar lo que a su interés conviene. I. El primer grado corresponde al de la suspensión provisional; cuyo rigor probatorio es el menos riguroso, en tanto que participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son: la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora; de ahí que basta la exhibición de un documento que presuntivamente revele la existencia de un derecho. Es aplicable la jurisprudencia 4/2009, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el tres de diciembre de dos mil ocho, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien." II. Por otro lado, cuando se trata de la suspensión definitiva, la comprobación del interés jurídico, así como su afectación, exige de un grado probatorio mayor, pues al momento de su pronunciamiento ya se cuenta con los informes previos rendidos por las autoridades responsables y se da al quejoso la oportunidad de participar en la contienda más activamente en términos del artículo 144 de la Ley de Amparo, correspondiéndole en su caso, desvirtuar o no su contenido; y aportar elementos probatorios durante la sustanciación del incidente de suspensión, a fin de revelar que existen más elementos (adicionales a lo que se ofrecieron originalmente, cuando éstos por sí mismos no sean suficientes para permear en las dos suspensiones), que hagan más perceptible o patente la existencia de un derecho a su favor. Orienta lo anterior la jurisprudencia XXVII.3o. J/9 (10a.), de la Décima Época, registro: 2008231 de los Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo II, Materia(s): Común, Página: 1726, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SUS EFECTOS CUANDO SE RECLAMAN NORMAS GENERALES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. El artículo 148 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en los juicios de amparo en que se reclame una norma general (ya sea autoaplicativa o con motivo de su primer acto de aplicación) la suspensión se otorgará "para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso", lo cual no significa que en todos los casos en que se señale como acto reclamado una norma general debe concederse la suspensión para esos efectos, pues para ello deben cumplirse previamente los requisitos de procedibilidad de la medida cautelar, entre ellos: a) la exigencia de que el quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional, y en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, b) también debe realizarse la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social de la norma, o si regula disposiciones de orden público. Así, lo que realmente prevé dicho artículo, es cómo deben ser los efectos de la medida cautelar contra normas generales, una vez que se han satisfecho los requisitos de procedibilidad para conceder la suspensión." III. Por último, el tercer grado en el interés jurídico, que sólo corresponde al juicio de amparo principal, en donde debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." TERCERO. NEGACIÓN DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL. Precisado lo anterior, en el caso, se satisfacen los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues: Existe petición de parte agraviada; y No se sigue perjuicio al interés social ni contravención a disposiciones del orden público, ya que el reclamo surge de actuaciones llevadas a cabo en el juicio de origen, que únicamente surten efectos entre los particulares vinculados al procedimiento; con lo que deviene que con la suspensión del acto reclamado no existe una situación específica que pueda afectar a un conglomerado humano considerable y que contraríe las normas de orden público, así calificadas por el legislador, emitidas para regular aspectos en que se ve interesado el Estado para reglamentar su actuación pública o aquéllas que tengan como finalidad regir aspectos sociales trascendentes y que por tanto la sociedad se ve interesada en su observancia. Sin embargo, no es dable conceder la medida cautelar solicitada, pues la peticionaria en su demanda afirma ser poseedora del inmueble ubicado en ..., respecto del cual refiere que se decretó una orden de lanzamiento en un juicio donde no ha sido oída y vencida; y del cual no acredita ni indiciariamente, la afectación de su interés jurídico para suspender la ejecución del acto reclamado. Se afirma ello porque la accionante exhibió con tal fin, un contrato de arrendamiento del inmueble, cuya firma corresponde a una persona diversa, de nombre ..., y no allegó alguna otra prueba con la que acredite de modo indiciario tener algún derecho sobre el bien descrito. Por lo que refiere a las fotografías que adjunta al ocurso inicial, no son idóneas para probar la posesión, pues de ellas no es posible advertir tal circunstancia. En consecuencia, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA A LA PARTE QUEJOSA, pues no acredita que tiene algún derecho sobre el inmueble que pretende defender en la vía de amparo. Es aplicable la jurisprudencia P./J.96/97, visible en la página 23, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo VI, Diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN.- Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción Cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado." También es aplicable la jurisprudencia 4/2009, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el tres de diciembre de dos mil ocho, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a ..., contra actos del Juez y Actuario Adscritos al Juzgado Trigésimo de lo Civil y la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por los motivos precisados en esta resolución. NOTIFÍQUESE.
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