Rocio Terán Cedillo
Expediente 422/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 422/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 18/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Rocio Terán Cedillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta este momento se haya hecho valer contra la sentencia en la que se sobreseyó en el juicio; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Por otro lado, tomando en consideración que el Juez responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; se ordena su devolución a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 20 del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es destruible, en razón de que se sobreseyó el asunto. El cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es conservable, en razón de que se concedió la medida cautelar. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. En cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, la secretaria encargada de la tramitación del expediente certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
En la Ciudad de México, siendo las diez horas con veinte minutos del veinticinco de julio de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 422/2023; ., en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, como encargado del despacho en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; con fundamento en el numeral 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante las vacaciones del Juez; asistido de ., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: a) demanda de amparo; b) informes justificados; c) emplazamiento de la parte tercera interesada. En este acto, se hace constar que el término de cinco días concedido a la quejosa en proveído de veintiséis de junio pasado, transcurrió del trece al diecinueve de julio de este año, considerando que se le notificó por lista el auto relativo según determinación de diez de los corrientes, sin que lo haya hecho. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. Por otro lado, vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término concedido a la quejosa el veintiséis de junio pasado, para que manifestara si era su deseo señalar como responsable al Actuario adscrito al Juzgado Tercero Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, sin que lo haya hecho; por tanto, no se tiene como responsable al fedatario mencionado. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la quejosa ofreció las documentales simples anexas a su demanda. Pronunciamiento: se admiten y desahogan por su propia naturaleza y al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, concluyen esas etapas de la audiencia, procediéndose a dictar la siguiente resolución: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 422/2023, promovido por ., contra actos del Juez Tercero Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México y Juez Primero Mercantil de Tlalnepantla Estado de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. Este Juzgado Federal admitió la demanda, dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; señaló parte tercera interesada; y requirió informe justificado. La representante social de la Federación adscrita no formuló intervención; se tuvieron por rendidos los informes justificados; se emplazó a la parte tercera interesada; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza mercantil, tramitado ante un Juzgado dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. Además, siendo una sentencia cuya audiencia celebró el Encargado del Despacho, es posible que se resuelva para mantener la actividad ordinaria del órgano jurisdiccional. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 26/20031 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DURANTE EL PERIODO VACACIONAL DEL JUEZ DE DISTRITO. NO REQUIERE AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA RESOLVER LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS CASOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 161 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PUES LA PROPIA LEY LO FACULTA EXPRESAMENTE PARA HACERLO. El artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación regula el caso específico del funcionamiento de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito en los periodos de vacaciones de los Magistrados y Jueces, y si bien prevé el nombramiento por parte del Consejo de la Judicatura Federal de las personas que deban sustituir a éstos, también establece que entretanto esto ocurre o en caso de que no se hiciese el nombramiento, queden a cargo los secretarios respectivos. Tratándose de los juzgados faculta expresamente al secretario para resolver los juicios de amparo cuyas audiencias constitucionales estén señaladas para los días que los Jueces de Distrito disfruten de vacaciones, a no ser que deban diferirse o suspenderse con arreglo a la ley, lo que obedece a la garantía de justicia pronta y expedita consagrada por el artículo 17 constitucional, de manera que en tal caso el secretario no requiere de autorización del consejo para dictar sentencia y, por tanto, no hay motivo alguno para hacer mención de esta circunstancia." SEGUNDO. Se fijan los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la siguiente forma: La quejosa se ostenta tercera extraña por equiparación al juicio 418/2017 del índice del Juzgado Tercero Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, y reclama el emplazamiento, la sentencia definitiva y el auto de quince de junio de dos mil dieciocho, donde ordenó su ejecución y su respectiva notificación. TERCERO. Existencia. El Juez responsable con residencia en esta Ciudad aceptó la existencia de los actos reclamados. Lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de origen; las cuales, por tener el carácter de actuaciones judiciales, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por su parte, el Juez Primero Mercantil de Tlalnepantla Estado de México negó los actos que se le atribuyen; sin embargo, en su carácter de ejecutora, está en posibilidades de materializar lo requerido por el a quo responsable de esta Ciudad, como lo reconoció en su informe; por esto, se tiene por rendido en sentido afirmativo. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO."2. CUARTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la ley de la materia. En el caso, se advierte que se actualiza la causal prevista en la fracción XXIII, del precepto 61 en relación con el 5, fracción II, y éstos a su vez con la fracción V, del artículo 63, todos de la Ley de Amparo, que preceptúan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (...)." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." La disposición imperativa de la fracción XXIII, del artículo 61 transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 63 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación de lo previsto en el artículo 5 de la ley de la materia. Del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal, la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos o garantías individuales de los particulares, considerados como tales. En este punto cabe destacar que la disposición constitucional en estudio, contiene una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que el poder constituyente y el legislador ordinario al establecer que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, únicamente mencionaron las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, pero no especificó las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución Federal y de las disposiciones que de ella emanan, ha establecido diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo. Al respecto, es de mencionarse que de acuerdo con los criterios emitidos por el Alto Tribunal, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí y ante sí, y de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas, evidentemente, en perjuicio de los gobernados, según se corrobora del texto de la tesis PXXVII/97 emitida por el Tribunal Pleno, publicada en la página 118 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las tribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social dederecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En otras palabras, además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5 de la Ley de Amparo (la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en los criterios citados del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que incidan en la esfera de los particulares, considerados como tales. Por las consideraciones en que se sustenta, es aplicable al caso la tesis número I.3º.C.720 C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "ACTUARIOS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. Para que se reconozca a una autoridad el carácter de responsable ejecutora, los actos que se le atribuyen deben estar comprendidos dentro de sus funciones legales, esto es, la facultad de ejecutar la sentencia definitiva o resolución que puso fin a juicio debe estar prevista dentro de las atribuciones que le otorgue el ordenamiento jurídico de carácter general, abstracto, obligatorio e impersonal, relacionado con la estructura orgánica de la autoridad a la que esté adscrito, puesto que las características de las autoridades responsables para los efectos del amparo son de imperio, de capacidad decisoria y de ejecución de la ley o del acto reclamado; luego, dado que no se previene que dentro de las facultades de los actuarios adscritos a un tribunal cuando actúa como autoridad de alzada sea la de ejecutar la sentencia de primera instancia que confirmó, modificó o revocó el tribunal de apelación y por lo mismo, tampoco reciben orden alguna por parte de su titular en el sentido de ejecutar la sentencia de primera instancia, dado que dicho tribunal de apelación no es el encargado de la ejecución de la sentencia definitiva y menos aún, del fallo primigenio, sino que sólo le corresponde resolver el recurso interpuesto en contra de la resolución de primer grado, lo que tiene que ver con su legalidad y su firmeza y, por su parte, en términos de la ley orgánica y códigos de procedimientos que regulan la función de los actuarios adscritos al mismo, sólo se les encomienda hacer del conocimiento de las partes la resolución recaída en el recurso de apelación, lo que además les ordena efectuar el ad quem, por ello, la única intervención que tienen será como notificadores de la sentencia de segundo grado y por tanto, no tienen el carácter de autoridad responsable ejecutora para los efectos del juicio de amparo directo, pues no se les puede atribuir la ejecución de fallo alguno. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte quejosa les atribuya genéricamente la ejecución de la sentencia, dado que corresponde al Tribunal Colegiado determinar quién tiene la calidad de autoridad en el juicio de garantías y si su función es como ordenadora o ejecutora en base al análisis en cada caso, de las características de la autoridad señalada como responsable para establecer si efectivamente existe un acto de autoridad y quién o quiénes participaron en él y en esa medida, emplazarles a juicio constitucional. Por tanto, solamente en la etapa de ejecución de un juicio, que inicia con posterioridad a que el fallo quedó firme, de infringir agravio la ejecución a alguna de las partes, podrá plantearse un diverso juicio de amparo en vía indirecta en que sea señalado como autoridad responsable la ejecutora a efecto de que tenga oportunidad de demostrar la legalidad del acto que se le imputa, o en su caso, exponga las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto o la improcedencia del juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, tanto más, si se considera que es el actuario y no el Juez, quien materialmente practica las diligencias o actos que se le reclaman." En ese tenor, es claro que el actuario adscrito a cualquier órgano jurisdiccional del ámbito federal o local, también le recae el carácter de autoridad responsable, pues conforme al código aplicable, sus actuaciones son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de los lineamientos legales que regulan tales actos. Lo anterior se robustece con el criterio obligatorio 3ª./J.33/90, consultable en la página 186 del Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Primera Parte, de rubro y texto siguientes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO. El artículo 11 de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable la que promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; en esta clasificación queda comprendido el funcionario que realiza materialmente el emplazamiento, por las siguientes razones: I. Porque el juzgador sólo ordena que se haga el emplazamiento, y el actuario es el ejecutor de dicha orden; II. Porque en el emplazamiento es el actuario quien está obligado a observar los lineamientos legales que regulan tal acto; en consecuencia; III. Es al actuario a quien, en su caso, corresponde defender su acto, porque es el que conoce los pormenores de la diligencia de emplazamiento. En fecto, las actuaciones que realiza el actuario al practicar no sólo el emplazamiento, sino todas las notificaciones en el procedimiento respectivo, son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de observar los lineamientos legales que regulan tales actos." En el particular, en su escrito inicial de demanda, la peticionaria de amparo señaló únicamente, como autoridades de los actos que en esta vía combate, al Juez Tercero Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México y Juez Primero Mercantil de Tlalnepantla Estado de México, sin embargo, el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, se advirtió como autoridad responsable al Actuario de la adscripción del órgano jurisdiccional con residencia en esta entidad, pues fue quien realizó el emplazamiento, sin que fuera señalada con ese carácter, aun cuando se requirió a la quejosa para tal fin; circunstancia que impide Juzgado Federal estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado sobre una autoridad no designada como responsable, dado que no fue oída en la contienda en defensa de su actuación. Lo que se justifica con mayor razón, porque el resultado del eventual examen que se realizara al acto reclamado respecto de dos de las autoridades -que sí ueron llamadas al proceso- de ningún modo podría hacerse extensivo a otra, dado que sería jurídicamente imposible analizar la actuación de quien no intervino en la contienda constitucional, que dejara insubsistente su acto, cuando no fue parte formal dentro del procedimiento, máxime que el llamamiento a juicio acto reclamado) no lo realiza un juez, sino el mencionado fedatario. En efecto, por auto de veintiséis de junio del presente año, se requirió a la parte quejosa para que señalara como autoridad responsable al notificador citado en el término de cinco días; sin embargo, no desahogó dicho requerimiento dentro del plazo conferido y por tanto se ordenó continuar con la substanciación del presente juicio de amparo en los términos en que fue admitida, de acuerdo a lo asentado en la audiencia. Por lo tanto, si el acto reclamado consistente en el emplazamiento practicado en el juicio de origen, es atribuible única y exclusivamente al notificador que lo practicó; por lo que, ante la omisión de la parte quejosa de señalar a la autoridad que intervino en esa diligencia, procede sobreseer en el presente juicio con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de amparo. Se cita como sustento de lo anterior la jurisprudencia 108 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Así como la diversa VII.A.T.J/6, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTIAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal." Atento a lo anterior, el suscrito se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la quejosa, quien fue omisa en señalar la totalidad de las autoridades que intervinieron en el acto reclamado, no obstante que se le dio vista mediante notificación para esos fines. Sirve de apoyo el criterio obligatorio VI.1o.J/23 pronunciado por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 252 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 22-24, cuyo rubro y texto dicen:"SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." El sobreseimiento decretado, se hace extensivo a los actos que se reclaman de la autoridad responsable ejecutora, dado que no se combaten por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Localizable en la página 339, Tomo VI, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial 1917-1995, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se sobresee el juicio promovido por ., contra actos del Juez Tercero Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México y Juez Primero Mercantil de Tlalnepantla Estado de México, precisados en el segundo considerando, por las razones indicadas en el diverso último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese la razón de imposibilidad para notificar en forma personal a la parte quejosa el proveído de veintiséis de junio de la presente anualidad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista la determinación citada, este auto y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE. EL PROVEÍDO DE VEINTISEIS DE JUNIO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, SEÑALA: "Visto el estado procesal de autos, particularmente las constancias remitidas por el Juez Tercero Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, se advierte que el emplazamiento hecho a la quejosa, fue efectuado por el Actuario adscrito. En consecuencia, mediante notificación personal, requiérase a la impetrante del amparo para que dentro del término de cinco días, legalmente computado, manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable al Actuario adscrito al Juzgado Tercero Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México y de ser así, exhiba un juego de copias más de su escrito inicial de demanda. Aunado a ello, deberá acompañar tantas copias de traslado del escrito donde dé cumplimiento a este requerimiento, para las partes (autoridades responsables, tercero interesado y Ministerio Público de la adscripción), conforme al numeral 110 de la ley de la materia. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído dentro del término concedido para tal efecto, no se tendrá como autoridad responsable a la autoridad mencionada y precluirá su derecho para señalarla con posterioridad. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 112/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, página 93, Novena Época, Materia Común, número de registro 182617, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA." Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Considerando que esta determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, no es necesario enviarles oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarles por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA."
- Principal
Visto el estado procesal de autos, particularmente las constancias remitidas por el Juez Tercero Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, se advierte que el emplazamiento hecho a la quejosa, fue efectuado por el Actuario adscrito. En consecuencia, mediante notificación personal, requiérase a la impetrante del amparo para que dentro del término de cinco días, legalmente computado, manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable al Actuario adscrito al Juzgado Tercero Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México y de ser así, exhiba un juego de copias más de su escrito inicial de demanda. Aunado a ello, deberá acompañar tantas copias de traslado del escrito donde dé cumplimiento a este requerimiento, para las partes (autoridades responsables, tercero interesado y Ministerio Público de la adscripción), conforme al numeral 110 de la ley de la materia. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído dentro del término concedido para tal efecto, no se tendrá como autoridad responsable a la autoridad mencionada y precluirá su derecho para señalarla con posterioridad. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 112/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, página 93, Novena Época, Materia Común, número de registro 182617, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA." Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Considerando que esta determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, no es necesario enviarles oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarles por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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