Rocío Sedano Bahena
Expediente 388/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 388/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 30/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Rocío Sedano Bahena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Gerardo Estrada Días, delegado de la responsable Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, mediante remite copia del decreto de pensión emitido a favor de la parte quejosa, mismo que ya ha sido publicado en el órgano oficial de difusión del Gobierno del Estado. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, para que en el término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Remita copia certificada de la constancia de notificación realizada a la parte quejosa del decreto de pensión dictado a su favor, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por ********************, delegado de la responsable Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual informa que se envió al Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios, el proyecto de dictamen de pensión el cual será puesto a consideración de los Diputados que integran el Pleno del citado Congreso, para su aprobación. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, para que en el término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Informe la fecha señalada para la próxima Sesión a celebrarse, ya que el diferimiento, se debe a cuestiones del citado Congreso, por lo que tendrá que ajustar dicha circunstancia y fijar una fecha cercana, ya que de lo contrario generaría un mayor perjuicio al quejoso, y seguiría dilatando el procedimiento legislativo. Realice las gestiones necesarias para que con plenitud de jurisdicción, resuelva de manera fundada, motivada y congruente la solicitud de pensión presentada mediante escrito de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, y lo notifique en términos de las leyes y normatividad aplicable al acto. Sin que la presente determinación constriña a la autoridad responsable, a que provea necesariamente de conformidad con lo solicitado por la promovente -aquí quejosa-, sino que están en libertad de resolver de conformidad conforme los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso concreto. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de donde se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia, para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, para lo cual deberá informar en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se le hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia cuyos datos de identificación y rubro, son los siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Notifíquese Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 388/2023, promovido por Rocío Sedano Bahena contra actos de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, del Congreso del Estado de Morelos, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de este año, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, el juicio de amparo promovido por Rocío Sedano Bahena solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLEACTOS RECLAMADOSComisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, del H. Congreso del Estado de Morelos."La omisión de acordar el escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, registrado con el folio 1436." SEGUNDO. Admisión de la demanda. El veintidós de marzo de dos mil veintitrés, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 388/2023, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; la competencia de un Juzgado proviene de la ejecución del acto, no de la residencia de las autoridades. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: La omisión de pronunciarse sobre el escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, registrado con el folio 1436, mediante el cual solicitó pensión por jubilación. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Así, se tiene que la Presidenta de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, del H. Congreso del Estado de Morelos, en su denominación correcta, negó el acto que la quejosa reclama en su contra; sin embargo, debe tenerse por cierto el mismo en base al contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, se procede a examinar de manera oficiosa si en la especie opera alguna causal de improcedencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, esto, al constituir una cuestión de orden público, y por tanto, de análisis previo y preferente lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia de los actos reclamados. Así, este juzgador analizará si en el caso, se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en la ley de amparo, ya sea de las hechas valer por alguna de las partes o de manera oficiosa. Ahora, la autoridad responsable invoca la causal de sobreseimiento contenida en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que aduce que es inexistente el acto, toda vez que dicha autoridad atendió dentro del ámbito de su competencia la solicitud del escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, registrado con el folio 1436, y por ello debe sobreseerse el juicio de garantías. Ahora, dicha causal a juicio de quien resuelve involucra una cuestión del estudio del fondo del asunto, pues el análisis del acto reclamado consistirá en se violentó el derecho petición contenido en el artículo 8º Constitucional en relación con dicho ocurso, lo que es suficiente para desestimar dicha causal y entrar al estudio de los conceptos de violación esgrimidos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J.135/2001, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, enero de 2002, página 5, Registro 187973, cuyo rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." Por lo anterior, al no advertir diversa causal de improcedencia que deba analizarse de oficio o invocada por alguna de las partes, se procede entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa en la demanda de amparo. QUINTO. Estudio del concepto de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Ahora bien, para un mejor entendimiento de este asunto, en primer lugar se realizará una síntesis del único concepto de violación expuesto en el escrito de demanda; luego, se procederá al estudio y análisis respectivo. La parte quejosa refiere que la omisión de la autoridad responsable viola en su perjuicio el artículo 8° de la Constitución general, ya que no ha obtenido una respuesta a su solicitud de pensión por jubilación solicitada el diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Dicho concepto de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección solicitado, debido a que la responsable incurre en una violación al artículo 8° de la Constitución general, en virtud de que ha sido omiso en emitir una respuesta y notificarla en el domicilio proporcionado para tal efecto. Para justificar lo anterior, se estima pertinente transcribir el precepto constitucional invocado, el cual dice: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". En términos generales, el derecho de petición se refiere al requerimiento que hace el gobernado para que la autoridad, de modo congruente, atienda y dé contestación por escrito a la solicitud del peticionario. La importancia de este derecho se manifiesta en que sus diversas modalidades dan origen a las más variadas formas de relación institucional entre gobernantes y gobernados, además de que contribuye a la creación de los mecanismos para garantizar a los segundos, la respuesta eficiente y expedita de parte de las autoridades del Estado a la formulación de sus requerimientos. Así, se tiene que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece los elementos que debe tener la petición que se formule a las autoridades, los cuales son: Debe realizarse de manera pacífica y respetuosa; Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada, y El peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. Por su parte, la respuesta de la autoridad debe ceñirse a lo siguiente: Debe ineludiblemente emitir un acuerdo o respuesta; Ha de producirse en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; Tendrá que ser congruente con la petición; La autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; No existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quién se formuló, a que provea necesariamente de conformidad con lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y La respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejerció el derecho y no por autoridad diversa. Precisadas las características de la petición y su consecuente respuesta, se tiene a la vista el escrito de la parte quejosa, ingresado el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en la oficialía de partes del Poder Legislativo del Estado de Morelos, por el cual solicitó su pensión por jubilación y señaló el domicilio para oír y recibir notificaciones. Así, se tiene que la parte quejosa cumplió a cabalidad con los requisitos para ejercer su derecho de petición. No obstante ello, a la fecha de la presente resolución no se tiene noticia de que la autoridad responsable hubiere emitido el acuerdo o respuesta a través de la cual hubiere dado contestación a la solicitud que se planteó, ni mucho menos que se hubiere notificado en el domicilio señalado para ello. Por tanto, ante la omisión de la responsable, se vulnera en perjuicio de la parte quejosa el derecho consagrado en el referido artículo 8° constitucional. El razonamiento anterior encuentra sustento en la jurisprudencia número XXI.1o.P.A. J/27, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa. No pasa desapercibido para este juzgador, que la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, negó los actos reclamados en su contra, bajo la excusa de que tramitó la petición de la quejosa al turnarla a la Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios, como se advierte de las documentales que remitió en copia certificada; sin embargo, como se indicó en párrafos anteriores, ha sido omisa en pronunciarse sobre lo solicitado por la parte quejosa (solicitud de decreto pensionario al Congreso del Estado de Morelos), lo anterior de conformidad con el artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. SEXTO. Efectos del amparo. Por lo tanto, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer, lo procedente es conceder el amparo solicitado por Rocío Sedano Bahena, para que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, en caso de no haberlo hecho: Realice las gestiones necesarias para que con plenitud de jurisdicción, resuelva de manera fundada, motivada y congruente la solicitud de pensión presentada mediante escrito de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, y lo notifique en términos de las leyes y normatividad aplicable al acto. Sin que la presente determinación constriña a la autoridad responsable, a que provea necesariamente de conformidad con lo solicitado por la promovente -aquí quejosa-, sino que están en libertad de resolver de conformidad conforme los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso concreto. Con independencia de lo anterior, debe señalarse que en caso de ser necesario podrá vincularse al cumplimiento del presente juicio de amparo, a una autoridad diversa; en el entendido de que se considerará cumplida la presente sentencia concesoria una vez que la responsable dé cumplimiento al punto precisado, momento en el que habrá subsanado el motivo del retardo en el procedimiento del que se duele la parte quejosa en el presente juicio y por ende cumplido el núcleo esencial de la presente sentencia amparadora. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 1° y 77, fracción II, y demás relativos de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Rocío Sedano Bahena, respecto de la omisión reclamada al Congreso del Estado de Morelos, para los efectos señalados en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Roberto Bravo Vargas. Doy fe.
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