Rocio Rubi Anota Trejo

Expediente 904/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
904/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
25/06/2021

Partes del expediente

  • Rocio Rubi Anota Trejo

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuenta con el acuse de recibo dirigido a la autoridad responsable, mediante el cual se le comunica la sentencia dictada en los presentes autos, sin que lo anterior sea obstáculo para que la resolución cause estado en términos del artículo 87, fracción segunda de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 904/2020, promovido por Rocío Rubí Anota Trejo, por conducto de su apoderado legal contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil veinte, de manera electrónica ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Roció Rubí Anota Trejo, por conducto de su apoderado legal solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: ".la OMISIÓN DE DICTAR EL ACUERDO que en derecho corresponda, respecto del escrito presentado en fecha 20 de Agosto de 2020 en el expediente número 01/421/16." SEGUNDO. El veintiséis de octubre de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 904/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar el escrito de veinte de agosto de dos mil veinte, registrado con el folio 004546, en los autos del juicio laboral 01/421/16. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, pues así se advierte del contenido de su informe justificado y de las constancias que se acompañaron al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del Juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal aserto, ya que de las constancias que obran en autos, se advierte que el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, la autoridad responsable acordó el escrito presentado el veinte de agosto de dos mil veinte, registrado con el folio 004546, y el veintinueve de octubre de dos mil veinte, notificó personalmente dicha determinación a la parte actora, ello dentro de los autos del juicio laboral 01/421/16. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues el aquí quejoso reclama en la instancia constitucional la omisión de la autoridad señalada como responsable de acordar el escrito de veinte de agosto de dos mil veinte, registrado con el folio 004546; sin embargo, con las actuaciones señaladas en los párrafos que anteceden, la omisión reclamada quedó superada, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener efectos al pronunciarse sobre su ejecución, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Bajo esa tesitura, es evidente que en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, la autoridad responsable acordó el escrito presentado el veinte de agosto de dos mil veinte, registrado con el folio 004546, y el veintinueve de octubre de dos mil veinte, notificó personalmente dicha determinación a la parte actora, ello dentro de los autos del juicio laboral 01/421/16. Por tanto, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y en consecuencia, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a once de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Al respecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone; asimismo, con fundamento en el ordinal 28 de la ley de la materia, se tiene por señalado el domicilio que indica, por ser el oficial en el que reside dicha autoridad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de octubre de dos mil veinte. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Jaime Amador Sánchez Pérez, supuesto apoderado legal de Rocío Rubí Anota Trejo, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Registro de la demanda: Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número que corresponda. Admisión de la demanda: Con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y XVII de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo de referencia. Del incidente de suspensión: Sin aperturar incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Requerimiento a la autoridad responsable de informe justificado: Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, el que deberá rendir dentro del término de quince días, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias en que se apoye el acto que se le reclama. Asimismo, deberá remitir adjunto a su informe justificado las constancias relativas en donde se reconoce al promovente la personalidad que ostenta, en el expediente laboral de donde deriva el acto reclamado. Apercibida que de no rendirlo, se le impondrá en la sentencia respectiva, una medida de apremio equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 238 y la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, los artículos 238 y la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En ese mismo sentido, con apoyo en el dispositivo 262 del cuerpo normativo en cita, comuníquese a la autoridad responsable que de rendir su informe con justificación expresando un hecho falso o negando la verdad, podrá ser sancionada en los términos que señale dicho precepto. Asimismo, se le hace saber que de conformidad con el artículo 28 de la ley reglamentaria, en caso de negativa a recibir oficios, debido a la imprecisión de la denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente y si a pesar de ello subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la misma. En el entendido que la autoridad responsable podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. En ese mismo orden de ideas, en aras de una pronta impartición de justicia, en concordancia con las medidas de contingencia sanitaria aplicadas en los órganos jurisdiccionales, las cuales se encuentran previstas en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las responsables, a efecto de que remitan su informe requerido a la dirección de correo electrónico 3jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, con archivo anexo en formato PDF o JPG y que el documento se encuentre escaneado con la firma del funcionario jurídicamente autorizado para tal efecto, debiéndose incluir en el mensaje los datos generales de la autoridad y número telefónico. Además, se pone a disposición de las autoridades para efectos de confirmar la recepción del informe o coordinar el envío del mismo, el teléfono celular 7773890206. Apercibimiento a la parte quejosa: De conformidad con el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a la autoridad responsable (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja), se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en la demanda, sin mayor trámite se le tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación al respecto, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la responsable. De la audiencia constitucional: Se señalan las diez horas con diez minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional. De la parte tercero interesada: Sin lugar a emplazar a quien menciona como tercero interesado, toda vez que no le asiste tal carácter, ya que si bien es cierto que la jurisprudencia 90/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene que cuando el acto reclamado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio, en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a éste último como tercero interesado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8° y 17 de la Constitución Federal; pues la figura del tercero interesado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero interesado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de amparo constituye un derecho procesal legalmente tutelado; también lo es, que en el caso de estudio no se dan intereses opuestos debido la naturaleza del acto reclamado que constituye un acto negativo o de abstención, motivo por el cual no le irroga perjuicio alguno a la contraparte del quejoso en él juicio natural; de ahí que no les resulta el carácter de tercero interesado. Domicilio procesal y autorizados: Como el impetrante señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena que la notificación de este auto, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se efectúe por medio de lista que se coloca en lugar visible y de fácil acceso a este órgano jurisdiccional; lo anterior, tiene apoyo además en la tesis cuyos datos de localización y texto, enseguida se trascriben: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público". Del expediente electrónico: Respecto a la autorización para la consulta del presente expediente vía internet por medio del usuario que refiere, de conformidad con lo establecido por el artículo 93, del "ACUERDO GENERAL 12/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO", se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico. De las notificaciones a las partes: Se instruye al Actuario de la adscripción para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª/J.176/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero 2013, tomo 2, página 1253, materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación: En términos del numeral 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que compete al Ministerio Público Federal de la adscripción y con fundamento en el diverso numeral 26, fracción III, del ordenamiento legal invocado, notifíquese el presente acuerdo, así como los subsecuentes por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. Obligación de las partes de informar causal de sobreseimiento: Hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64 de la citada ley, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una medida de apremio equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a que se ha hecho referencia, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Uso de medios electrónicos: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales): Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Finalmente se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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