Rocio Moreno Ramírez y Otros.

Expediente 1430/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1430/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Rocio Moreno Ramírez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número II-1430/2019 en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. SE RECIBE DEMANDA Visto el escrito de demanda de amparo que promueve Higinio Galván Ortega, defensor particular de Roció Moreno Ramírez, Juan José Martínez González, Raúl Ernesto García Martínez, Luis Ángel Paz López, Marco Antonio Cruz Mata, Víctor Hugo Paz López y Moisés Orozco Villa, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, consistente en la resolución de tres de diciembre del año en curso, dictada dentro del toca penal XI-56/2019, mediante la cual se confirmó el auto de vinculación a proceso dictado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal y Oral de la Región Uruapan. ESTE JUZGADO DE DECLARA INCOMPETENTE PARA CONOCER DE LA DEMANDA PLANTEADA Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, considera carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, conforme a lo dispuesto por el artículo 37, de la Ley de Amparo, como se pondrá de manifiesto a continuación. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De lo anterior se desprende, que el precepto legal transcrito, establece tres hipótesis para que se surta la competencia en favor de los Juzgados de Distrito, mismas que son las siguientes: a) La primera, refiere a la competencia que tiene el juez de Distrito, en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) La segunda, establece que si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) La tercera, contempla que es competente el juez de Distrito, donde se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. En ese sentido, cabe hacer notar que de acuerdo a sus efectos existen tres tipos de sentencias: 1. De condena. 2. Declarativas. 3. Constitutivas La primera de dichas resoluciones (de condena), conlleva por sí misma una ejecución, entendiéndose por ésta, aquélla actividad de adecuación del entorno fáctico a la exhortación judicial; la actividad del órgano jurisdiccional tendente a poner en marcha un aparato coactivo, capaz de llevar a efecto los términos de sus resoluciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado. Así, una decisión jurisdiccional implica un principio de ejecución material, cuando sea necesaria la realización efectiva del mandato jurídico, a través de un conjunto de actos judiciales dirigidos a ese fin, a efecto de que lo ordenado por el juzgador encuentre reflejo material en la realidad. La sentencia de condena es aquélla en que por una parte se declara un derecho a alguna de las partes, el que precisa ser puesto en práctica a través de una ejecución; es decir, reconoce la existencia de un derecho, que puede consistir en una prestación de dar, hacer o no hacer, y por otra parte ordena una ejecución forzosa dentro de un plazo determinado, haciendo efectivo el derecho declarado, en contra de la parte condenada. En cambio, la segunda y tercera resoluciones que se clasifican (declarativas y constitutivas), carecen de ejecución material, ya que no requieren la realización de acto alguno posterior a la declaración o constitución del derecho obtenido por la parte interesada. De esa forma, se entiende por sentencia declarativa, aquella que únicamente tiene por objeto declarar la existencia o inexistencia de un derecho, sin que implique crear, modificar o extinguir una relación o situación jurídica en favor de determinada persona, ni mucho menos imponer condena alguna que traiga aparejada ejecución. En cambio, las sentencias constitutivas, son aquéllas que crean, modifican o extinguen una determinada relación, situación o estado jurídico, cuyos efectos se extienden hacia el futuro. Se caracterizan porque con ellas nace una nueva situación jurídica que determina la aplicación de nuevas normas de derecho, por ende, al igual que la sentencia declarativa, por regla general, no requiere ejecución, pues sus eventuales efectos, si bien derivan de la propia sentencia que crea, modifica o extingue la relación o situación jurídica correspondiente, ya no forman parte de un procedimiento de ejecución por parte del tribunal, sino del actuar o gestión propia del vencedor. De donde se colige que, la determinación de alzada, no es meramente declarativa, pues dicha sentencia de apelación podría considerarse que por encontrarse recluidos seis de los quejosos en el Centro Federal de Readaptación Social de esta ciudad, tendría una ejecución material en el circuito en donde este juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción; sin embargo, atendiendo a que el proceso penal es tramitado en el Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal y Oral de la Región Uruapan, se estima que la competencia se surte a favor del Juez de Distrito con residencia en el lugar donde tenga su jurisdicción la autoridad de primera instancia que conozca del proceso penal. Lo anterior se considera de esa manera, debido a que, en la especie, se reclama la resolución de tres de diciembre dictada dentro del toca penal IX-56/2019, por el Magistrado de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, mediante la cual se confirmó el auto de vinculación a proceso dictado por Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal y Oral de la Región Uruapan, en contra de los hoy promoventes por el delito de desaparición forzada de personas; y que si bien la referida determinación que se pretende combatir, tiene ejecución material en dos ámbitos territoriales distintos, lo cierto es que, por su naturaleza, los efectos del auto de vinculación se trasladan directamente al proceso; porque es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión, y por ello, se actualiza la primera de las hipótesis que contempla el artículo 37 de la Ley de Amparo; y que la competencia para conocer de la demanda se surte a favor de un Juez de Distrito en turno en el Estado de Michoacán, con sede Uruapan. Tiene aplicación, por identidad jurídica, sobre el particular, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 160608 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3 Materia(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 118/2011 (9a.) Página: 2183 COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad. Contradicción de tesis 187/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito. 24 de agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles. Tesis de jurisprudencia 118/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha cinco de octubre de dos mil once. Consecuentemente, como, en la especie, se actualiza la primera hipótesis a que alude el artículo 37 de la Ley de Amparo, para determinar que la competencia para conocer de la demanda de garantías que se analiza, se surte en favor del Juez de Distrito en turno en el Estado de Michoacán, con sede Uruapan, puesto que, como ya quedó evidenciado, la resolución que confirma el auto de vinculación a proceso, tiene ejecución material, la que tendrá lugar en Uruapan, Michoacán, atento a que los promoventes se encuentran a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal y Oral de la Región Uruapan, lugar que, de conformidad a lo establecido por el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado en sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de ese año, queda comprendido entre aquellos municipios en los que ejercen su residencia y ejercen jurisdicción los juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en turno en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan; lo anterior, no obstante que diversos quejosos refieran, se encuentran recluidos en el Centro de Readaptación Social de esta ciudad. SE ORDENA REMITIR LA DEMANDA DE AMPARO AL JUEZ COMPETENTE En consecuencia, sin proveer sobre la admisión de la demanda, ni de la suspensión del acto reclamado, por no tratarse de alguno de los actos previstos en el artículo 48, de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda de amparo y copias relativas, al Juez de Distrito en turno en el Estado de Michoacán, con sede Uruapan, que se considera competente, previo cuaderno de antecedentes que se forme con copia de la misma; con la atenta súplica de acusar el recibo correspondiente e informar acerca de lo que provea, referente a la competencia planteada. Las tesis o criterios jurisprudenciales que aparecen citados, se invoca aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/6310/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza. Doy fe.

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