Rocio Morelia Martínez Maya
Expediente 1196/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1196/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 29/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rocio Morelia Martínez Maya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil dieciocho. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación de cuenta de la cual se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2009. En consideración a lo anterior y toda vez que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima que el presente juicio de amparo encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto, del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído en el juicio de amparo, por lo que se estima que el mismo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Sin que haya lugar a hacer pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. SE REQUIERE A LA PARTE QUEJOSA Y SE APERCIBE. Finalmente, como de la certificación de cuenta se desprende que en los presentes autos a foja nueve, obra glosada la carta poder de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, exhibida por la parte promovente; en tal virtud, con fundamento en el punto vigésimo, último párrafo, del acuerdo antes mencionado, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días naturales, contado a partir del siguiente al de la legal notificación de este proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger dicho documento, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se le concede, sin previo acuerdo se procederá a la destrucción del mismo junto con el expediente en que se actúa. Cúmplase y notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Leonel López Pérez Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.Dva
- Principal
por medio de lista notico al quejoso lo siguiente: Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil dieciocho. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación de cuenta de la cual se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2009. En consideración a lo anterior y toda vez que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima que el presente juicio de amparo encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto, del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído en el juicio de amparo, por lo que se estima que el mismo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Sin que haya lugar a hacer pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. SE REQUIERE A LA PARTE QUEJOSA Y SE APERCIBE. Finalmente, como de la certificación de cuenta se desprende que en los presentes autos a foja nueve, obra glosada la carta poder de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, exhibida por la parte promovente; en tal virtud, con fundamento en el punto vigésimo, último párrafo, del acuerdo antes mencionado, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días naturales, contado a partir del siguiente al de la legal notificación de este proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger dicho documento, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se le concede, sin previo acuerdo se procederá a la destrucción del mismo junto con el expediente en que se actúa. Cúmplase y notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Leonel López Pérez Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.Dva
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de junio de dos mil dieciocho. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal de autos, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución de nueve de mayo del año en curso, haya interpuesto recurso de revisión en contra de dicha sentencia, en la que se sobreseyó en el presente juicio de control constitucional promovido por Rocío Morelia Martínez Maya, por su propio derecho; por lo tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. DEVOLUCIÓN DE CUADERNO DE PRUEBAS. Por otra parte, devuélvase a la junta responsable la copia certificada del juicio ordinario laboral J-V-S1-1621/2011, mismas que acompañó como sustento de su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, a nueve de mayo de dos mil dieciocho. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 1196/2017-V, promovido por Rocío Morelia Martínez Maya, por conducto de sus apoderados Homero Onésimo Sosa Murillo y Sergio Carmelo Domínguez Mota, contra el acto que reclama de la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad capital, Rocío Morelia Martínez Maya, promovió juicio de amparo, por conducto de sus apoderados Homero Onésimo Sosa Murillo y Sergio Carmelo Domínguez Mota, en contra de la autoridad señalada en supra líneas y el acto que precisó de la siguiente manera: ".ACTO RECLAMADO.- El acuerdo de fecha 08 de noviembre de 2017, dictado por la responsable, mediante el cual se niega la realización de Ampliación de Embargo, promovido por mi representada en los autos del juicio natural, del cual bajo protesta de decir verdad tuve conocimiento el viernes 15 de diciembre del 2017 dos mil diecisiete .." Acto que la parte quejosa consideró violatorio, en su perjuicio, de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Mediante proveído de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, se ordenó el registro del asunto como el expediente 1196/2017-V; se admitió a trámite la demanda; se ordenó requerir el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención debida al agente del Ministerio Público; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Finalmente, el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, tuvo lugar la audiencia constitucional; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; por tratarse de una demanda de amparo promovida contra una autoridad que tiene su residencia en donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la tesis, invocada conforme a lo previsto por el artículo Sexto Transitorio del mismo cuerpo normativo, P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; este órgano jurisdiccional precisa que el acto reclamado a la autoridad responsable, consiste en: El acuerdo de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, en el que la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán negó la ampliación de embargo solicitada por la parte quejosa Rocío Morelia Martínez Maya, por conducto de sus apoderados Homero Onésimo Sosa Murillo y Sergio Carmelo Domínguez Mota, dictado en el juicio ordinario laboral J-V-S1-1621/2011. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad capital, aceptó la existencia del acto reclamado; además, tal afirmación se vio corroborada con las copias certificadas de las constancias relativas al juicio ordinario laboral J-V-S1-1621/2011, que la Junta responsable acompañó a su informe respectivo; documentales que en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, tienen el carácter de prueba plena. Robustece lo anterior la tesis que se reproduce en seguida: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS". CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, prevé que: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por las tesis que se citan a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335." "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos." En ese orden de ideas, este órgano de control constitucional considera que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII , de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen a continuación. De inicio, debe precisar que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, en el cual impera el principio de definitividad; esto quiere decir que, por regla general, sólo puede accederse a dicha instancia una vez agotados los medios ordinarios de impugnación, esto es, aquellos que puedan tener por efecto modificar, revocar o anular el acto a reclamarse y que deriven precisamente de la ley que rija al acto de autoridad. Ilustran lo anterior, en lo conducente, las tesis que se reproducen a continuación: "Época: Novena Época Registro: 183862 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Julio de 2003 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/2003 Página: 15 DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. Los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo establecen, respectivamente, que se está ante una sentencia definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, cuando decide el juicio en lo principal y respecto de ella las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada; asimismo, se considerará como tal, la dictada en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si la ley se los permite; al igual que la resolución que pone fin al juicio, es decir, la que sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido y respecto de la cual las leyes no conceden recurso ordinario alguno; y que el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo contra ese tipo de sentencias es el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Ahora bien, si una resolución que pone fin al juicio o una sentencia son legalmente recurribles, pero el interesado no agota el recurso previsto en la ley y deja transcurrir el término para ello, aunque la sentencia o la resolución ya no puedan ser legalmente modificadas, no por ello deben tenerse como definitivas para los efectos del juicio de amparo directo, pues la situación de facto, consistente en haber dejado transcurrir el término de impugnación, no puede hacerlo procedente, toda vez que ello implicaría soslayar unilateralmente la carga legal de agotar los recursos que la ley prevé, lo que se traduciría en violación al principio de definitividad. Contradicción de tesis 15/2002-PL. Entre las sustentadas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito. 17 de junio de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro Arroyo Soto. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintitrés de junio en curso, aprobó, con el número 17/2003, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintitrés de junio de dos mil tres". "Época: Novena Época Registro: 191539 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Julio de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a. LVI/2000 Página: 156 DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. Contradicción de tesis 82/99-SS. Entre las sustentadas por el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 12 de mayo del año 2000. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero. Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no trata el tema central de la contradicción que se resolvió. Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 25/2015, pendiente de resolverse por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación". En ese mismo orden de ideas, resulta indispensable señalar que el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, es del tenor siguiente: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." Del precepto legal transcrito se obtiene que en la etapa de ejecución de laudos, convenios, resoluciones que ponen fin a las tercerías y las dictadas en las providencias cautelares, las partes pueden interponer el recurso de revisión para impugnar las actuaciones desplegadas por el presidente de la respectiva junta laboral, así como por los actuarios o los funcionarios que integren los tribunales laborales. Esto quiere decir que, para estar en aptitud de ocurrir el juicio de amparo, la parte que resienta una afectación a su esfera jurídica derivada de alguna actuación de autoridad desplegada en los términos precisados supralíneas, deberá agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, debido a que el mencionado recurso constituye un auténtico medio ordinario de defensa que puede generar la modificación, la revocación o la confirmación de la actuación de que se trate. Robustece lo anterior, la tesis que se inserta a continuación: "Época: Novena Época Registro: 183726 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Julio de 2003 Materia(s): Laboral Tesis: XXVII.3 L Página: 1197 RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. ES PROCEDENTE CONTRA CUALQUIER ACTO DEL PRESIDENTE DE UNA JUNTA DICTADO EN EJECUCIÓN DEL LAUDO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo dispone: "Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión.". Como se puede advertir, dicho precepto legal se refiere, entre otras cuestiones, a actos de los presidentes de las Juntas "en ejecución" de los laudos, sin hacer una distinción entre la "última resolución" -aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento-, y las que sólo constituyen resoluciones anteriores a aquélla. En esa virtud, conforme a una recta interpretación del dispositivo legal en cita, debe entenderse que contra cualquier acto del presidente de la Junta dictado en la fase de ejecución del laudo es procedente el recurso de revisión, así se trate de un acto que no estuviera encaminado directa e inmediatamente a la ejecución de dicho fallo, sino más bien a preparar y lograr tal objetivo, como lo sería, en un momento dado, el reconocimiento de la personalidad de quien comparece a nombre de alguna de las partes en el juicio laboral; cuenta habida que en el caso concreto cobra aplicación el principio de derecho que reza "donde el legislador no distingue no es dable al juzgador hacerlo". Sentado lo anterior, y para un correcto entendimiento del asunto, conviene reseñar los siguientes antecedentes del asunto: Mediante laudo de quince de enero de dos mil trece, se condenó a la demandada Universidad CNCI de México, sociedad civil (ahora tercera interesada), a pagar a favor a la actora Rocío Morelia Martínez Maya (ahora quejosa), la cantidad de $222, 247.90 (doscientos veintidós mil doscientos cuarenta y siete pesos 90/100 moneda nacional); para que la perdidosa cumpliera voluntariamente con el laudo, se le concedió el término legal previsto por el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo. Posteriormente, la amparista solicitó la ejecución del laudo, motivo por el cual se requirió a la persona moral perdidosa el pago correspondiente; luego, al no haberlo realizado le fueron embargados bienes para garantizar la obligación aludida. El veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, la parte vencida en el juicio natural, promovió revisión de actos de ejecución, en el cual adujo toralmente, que los muebles embargados no pertenecían a ésta, sino a una empresa diversa que se los otorgaba en arrendamiento; para comprobar lo anterior, ofreció prueba testimonial a cargo de la persona con la que se había entendido la diligencia de embargo, la cual se desahogó en audiencia de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, en la que la deponente manifestó tener conocimiento de que los bienes embargados, son propiedad de una persona moral denominada "Asesoría Corporativa en Informática, sociedad anónima de capital variable". Luego, por interlocutoria de siete de septiembre de dos mil diecisiete, la presidenta de la junta responsable determinó sustancialmente lo que se reproduce a continuación: ".PRIMERO. Se declara improcedente la revisión de actos de ejecución de la Actuaria y de la Presidenta de esta Junta Especial, planteda por la apoderada jurídica de la parte demandada, por los razonamientos expresados en los considerandos de la presente resolución. SEGUNDO. Se declaran firmes y ajustadas a la Ley Federal del Trabajo las actuaciones realizadas por la Actuaria y la Presidenta de esta Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado." Finalmente, el siete de junio del año próximo pasado, los apoderados de la parte actora (aquí quejosa) solicitaron la ampliación del embargo; y, por acuerdo de ocho de noviembre siguiente, la Presidenta de la Junta responsable determinó lo siguiente: ".SE ACUERDA: I. Como lo solicita el suscribiente, se actualiza la cantidad de la condena impuesta en el laudo de fecha quince de enero de dos mil trece, por lo que se tiene que la cantidad laudada actualizada al 16 dieciséis de junio del 2017 dos mil diecisiete, lo fue por la suma de ciento cuarenta y cinco días de salarios caídos, que multiplicados por el salario señalado en el laudo referido, esto es, $288.95 pesos diarios, nos da la suma de $41,897.75, y que sumada dicha cantidad al monto inicial indicado; nos da la suma total de $738,600.93; II. Por lo que respecta a la otra petición hecha por los apoderados, consistente en dictar nueva fecha para ampliación de embargo de la totalidad de la cantidad laudada, dígase que no ha lugar debido a que aún no se cuenta con el peritaje de los bienes ya embargados en autos, por tanto no se cuenta con las bases para poder determinar cantidad alguna para la ampliación de embargo solicitada." El énfasis anterior es añadido. Tal proveído constituye el acto reclamado en el presente juicio. Como se observa, el quejoso promovió el presente juicio de amparo en contra del proveído dictado por la presidenta de la junta laboral, que conoce del asunto de origen; empero, ya quedó precisado que, para estar en aptitud de ocurrir al juicio de amparo, las personas que resientan una afectación a su esfera jurídica derivada de un acto de autoridad, por regla general, tienen la carga procesal de agotar los medios ordinarios de defensa, salvo en aquellos casos en que la propia ley o la jurisprudencia establezcan una causa de excepción. De ahí, que si en el caso, la quejosa reclama el proveído, dictado por la presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, en la etapa de ejecución del laudo, mediante el cual se negó la ampliación del embargo solicitada por la parte actora; y, no existe constancia de que se haya interpuesto el recurso previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo; válidamente puede afirmarse que el juicio de amparo resulta improcedente. Es así, precisamente porque no se actualiza alguna circunstancia que hubiere exentado al peticionario de la protección constitucional de la obligación de observar el principio de definitividad. En suma, al no estar acreditado que el peticionario del amparo agotó el medio ordinario de defensa en observancia del principio de definitividad, lo procedente es SOBRESEER el presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. QUINTO. Supresión de datos personales. En otro orden, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Rocío Morelia Martínez Maya, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Por lo indicado en el último considerando de este fallo, el mismo deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe, hoy nueve de mayo de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
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- Rocio Marlen Paniagua Bernal801/2023
- Rocio Molina Cruz201/2018
- Rocio Moreno Ramírez y Otros.1430/2019
- Rocio Olmedo Sotomayor48/2022
- Rocio Pedraza Palencia952/2021
- Rocio Zamudio González784/2018
- Rodain Trejo Cisneros1461/2023
- Rodin Antonio Navarrete Garcés y Otros.199/2021