Roció Andrade Reséndiz y Otros.
Expediente 976/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 976/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Roció Andrade Reséndiz y Otros.
- Ada Nancy Carranza Hernández y Otros.
Actuaciones
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del seis de octubre de este año, que desechó la demanda; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, dado que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo. Ahora, toda vez que se trata de un asunto concluido y se considera innecesaria la retención de las constancias que adjuntó a su escrito inicial de demanda la parte quejosa, requiérasele para que en el lapso de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos que presentó en su escrito inicial, apercibida que de no hacerlo así en el término indicado, en su momento, se procederá a su destrucción junto con este expediente. En el entendido de que dicha entrega se realizará únicamente el día viernes dentro del horario establecido a este órgano jurisdiccional, y previa cita en términos del acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; asimismo, tendrá que llevar a cabo las medidas sanitarias necesarias para la pandemia que prevalece. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa por conducto de su representante común. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. citatorio. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, 27, fracción I, inciso b), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la quejosa el proveído del veintidós de octubre de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del seis de octubre de este año, que desechó la demanda; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, dado que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo. Ahora, toda vez que se trata de un asunto concluido y se considera innecesaria la retención de las constancias que adjuntó a su escrito inicial de demanda la parte quejosa, requiérasele para que en el lapso de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos que presentó en su escrito inicial, apercibida que de no hacerlo así en el término indicado, en su momento, se procederá a su destrucción junto con este expediente. En el entendido de que dicha entrega se realizará únicamente el día viernes dentro del horario establecido a este órgano jurisdiccional, y previa cita en términos del acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; asimismo, tendrá que llevar a cabo las medidas sanitarias necesarias para la pandemia que prevalece. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa por conducto de su representante común. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por *********, por derecho propio, contra actos de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente y háganse las anotaciones bajo el juicio de amparo 976/2021-III. En la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, del análisis íntegro de la demanda de amparo se advierte que las quejosas señalan en esencia como acto reclamado la retención de su salario como como trabajadoras del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Sin embargo dichas autoridades no están actuando en un plano de supra a subordinación, sino que que tiene su origen en una relación jurídica de ese municipio como patrón con sus trabajadores en la que ambos actúan en un mismo plano de igualdad. De ahí que la vía idónea para resolver su conflicto es ante los tribunales laborales establecidos para ello, concretamente a través del juicio laboral burocrático previsto en el artículo 185, fracción I, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México. Por lo que, debe establecerse que cuando los trabajadores al servicio de cualquiera de las dependencias de gobierno, promueven un juicio de amparo contra algún conflicto de trabajo, como acontece en la especie, en la que las quejosas reclaman la retención de su salario, el juicio de amparo resulta improcedente, precisamente porque esas acciones o conductas no constituyen actos de autoridad y al respecto procede una vía distinta que el amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 125/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2002215, de la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, de fecha Noviembre de 2012, Tomo 2, página 1583 "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU ALCANCE FRENTE AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO AL RESULTAR IMPROCEDENTE LA VÍA CONSTITUCIONAL Y PROCEDENTE LA ORDINARIA. El reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva frente al desechamiento de una demanda de amparo por improcedencia de la vía, no implica que el órgano constitucional del conocimiento deba señalar la autoridad jurisdiccional ordinaria que considera competente para tramitar la vía intentada y ordenar la remisión de los autos y menos aún, que aquélla tome como fecha de ejercicio de la acción la de presentación de la demanda del juicio constitucional improcedente, pues ello implicaría dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso, al permitir a los particulares rescatar términos fenecidos y desconocer instituciones jurídicas como la prescripción, instituidas para efectos de orden público". Además, tal relación de índole laboral tiene su fundamento en el artículo 185, fracción I, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, de acuerdo con el cual, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer y resolver en conciliación y arbitraje, de los conflictos individuales que se susciten entre las instituciones públicas, dependencias, organismos descentralizados, fideicomisos de carácter Estatal y Municipal, y organismos autónomos que sus leyes de creación así lo determinen y sus servidores públicos que no conozcan las Salas. Por otra parte, de igual manera la demanda debe ser desechada de plano respecto de la promovente Laura Ramírez Piña, conforme a las siguientes consideraciones. En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXlII, de la Ley de Amparo, lo que conlleva a desechar de plano este juicio de amparo respecto de la citada quejosa, con fundamento en los artículos 6o. y 113 de la ley de la materia. Del análisis de la demanda de amparo, se desprende que ésta no cuenta con la firma autógrafa de la promovente Laura Ramírez Piña, es decir, que carece de la demostración del interés jurídico, que a la quejosa corresponde con relación a los derechos afectados por el acto de autoridad reclamado. En ese sentido, siendo que la firma es el signo gráfico material eficaz y apto para que una persona respalde promociones por escrito, y para se responsabilice de su contenido; la falta de ella tiene como consecuencia que no se le considere como parte en el presente juicio de amparo. En efecto, el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que al particular a quien se le afectan sus derechos por el acto de autoridad, sea quien presente la demanda de amparo en calidad de parte quejosa, y la única manera de que el particular haga saber su voluntad al órgano jurisdiccional para que conozca de ella, es presentando la misma, acorde a lo que establece el artículo 6o. de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, un escrito presentado sin firma autógrafa, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendente a darle curso legal, pues su falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad de presentar su ocurso constitucional. Es aplicable a lo anterior, la tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, página 314, Tomo X, Octubre de 1992, el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA". De igual forma, cobra aplicación la tesis VI.1o.151 K, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable a página 303, Tomo XV-II, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, de título siguiente: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA". En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Se tiene como representante común de las quejosas a Ada Nancy Carranza Hernández. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican en su escrito. Ténganse por autorizadas a las personas que señalan para los efectos que precisan, en el entendido que de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. De conformidad con el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones encomendadas en este asunto. Conforme a lo dispuesto en los artículos 2 del Acuerdo General 8/2020 y 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese y personalmente a las quejosas por conducto de su representante común. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. citatorio. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, 27, fracción I, inciso b), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa el proveído del seis de octubre de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por *********, por derecho propio, contra actos de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente y háganse las anotaciones bajo el juicio de amparo 976/2021-III. En la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, del análisis íntegro de la demanda de amparo se advierte que las quejosas señalan en esencia como acto reclamado la retención de su salario como como trabajadoras del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Sin embargo dichas autoridades no están actuando en un plano de supra a subordinación, sino que que tiene su origen en una relación jurídica de ese municipio como patrón con sus trabajadores en la que ambos actúan en un mismo plano de igualdad. De ahí que la vía idónea para resolver su conflicto es ante los tribunales laborales establecidos para ello, concretamente a través del juicio laboral burocrático previsto en el artículo 185, fracción I, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México. Por lo que, debe establecerse que cuando los trabajadores al servicio de cualquiera de las dependencias de gobierno, promueven un juicio de amparo contra algún conflicto de trabajo, como acontece en la especie, en la que las quejosas reclaman la retención de su salario, el juicio de amparo resulta improcedente, precisamente porque esas acciones o conductas no constituyen actos de autoridad y al respecto procede una vía distinta que el amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 125/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2002215, de la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, de fecha Noviembre de 2012, Tomo 2, página 1583 "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU ALCANCE FRENTE AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO AL RESULTAR IMPROCEDENTE LA VÍA CONSTITUCIONAL Y PROCEDENTE LA ORDINARIA. El reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva frente al desechamiento de una demanda de amparo por improcedencia de la vía, no implica que el órgano constitucional del conocimiento deba señalar la autoridad jurisdiccional ordinaria que considera competente para tramitar la vía intentada y ordenar la remisión de los autos y menos aún, que aquélla tome como fecha de ejercicio de la acción la de presentación de la demanda del juicio constitucional improcedente, pues ello implicaría dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso, al permitir a los particulares rescatar términos fenecidos y desconocer instituciones jurídicas como la prescripción, instituidas para efectos de orden público". Además, tal relación de índole laboral tiene su fundamento en el artículo 185, fracción I, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, de acuerdo con el cual, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer y resolver en conciliación y arbitraje, de los conflictos individuales que se susciten entre las instituciones públicas, dependencias, organismos descentralizados, fideicomisos de carácter Estatal y Municipal, y organismos autónomos que sus leyes de creación así lo determinen y sus servidores públicos que no conozcan las Salas. Por otra parte, de igual manera la demanda debe ser desechada de plano respecto de la promovente Laura Ramírez Piña, conforme a las siguientes consideraciones. En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXlII, de la Ley de Amparo, lo que conlleva a desechar de plano este juicio de amparo respecto de la citada quejosa, con fundamento en los artículos 6o. y 113 de la ley de la materia. Del análisis de la demanda de amparo, se desprende que ésta no cuenta con la firma autógrafa de la promovente Laura Ramírez Piña, es decir, que carece de la demostración del interés jurídico, que a la quejosa corresponde con relación a los derechos afectados por el acto de autoridad reclamado. En ese sentido, siendo que la firma es el signo gráfico material eficaz y apto para que una persona respalde promociones por escrito, y para se responsabilice de su contenido; la falta de ella tiene como consecuencia que no se le considere como parte en el presente juicio de amparo. En efecto, el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que al particular a quien se le afectan sus derechos por el acto de autoridad, sea quien presente la demanda de amparo en calidad de parte quejosa, y la única manera de que el particular haga saber su voluntad al órgano jurisdiccional para que conozca de ella, es presentando la misma, acorde a lo que establece el artículo 6o. de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, un escrito presentado sin firma autógrafa, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendente a darle curso legal, pues su falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad de presentar su ocurso constitucional. Es aplicable a lo anterior, la tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, página 314, Tomo X, Octubre de 1992, el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA". De igual forma, cobra aplicación la tesis VI.1o.151 K, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable a página 303, Tomo XV-II, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, de título siguiente: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA". En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Se tiene como representante común de las quejosas a Ada Nancy Carranza Hernández. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican en su escrito. Ténganse por autorizadas a las personas que señalan para los efectos que precisan, en el entendido que de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. De conformidad con el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones encomendadas en este asunto. Conforme a lo dispuesto en los artículos 2 del Acuerdo General 8/2020 y 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese y personalmente a las quejosas por conducto de su representante común. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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