Roberto Zarco Calzadilla

Expediente 1010/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1010/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Roberto Zarco Calzadilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    V. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1010/2023-V; y, R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el ocho de agosto de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, recibido el día diez del referido mes y año en este órgano jurisdiccional ********** por propio derecho demandó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Delegado y/o encargado del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de México y otras autoridades. II. Por auto de once de agosto de dos mil veintitrés, se registró la demanda con número de expediente 1010/2023-V, se admitió a trámite, se pidió a las autoridades responsables rindieran informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que previos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo de conformidad con lo previsto en los artículos 33 fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; además atendiendo a la naturaleza del acto reclamado que no requiere ejecución material y a que la demanda se presentó ante éste órgano de control constitucional. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado: Del Delegado y/o Encargado del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental ambos del Registro Agrario Nacional; Se reclama la omisión de contestación formulada ante la Delegación del Estado de México del Registro Agrario Nacional el día dieciséis de mayo del dos mil veintitrés a través de la promoción 15230017819 relativa a la solicitud de adopción de dominio pleno sobre la parcela 139 del poblado de San Miguel Jaguayes, Municipio de Huehuetoca, Estado de México. TERCERO. Las autoridades responsables Director en Jefe y Directora General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, al rendir informe justificado negaron la existencia del acto reclamado señalando: Que a través del oficio RAN/DGRCD/DNR/7499/2023 la Directora de Normatividad Registral de la Dirección de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, informó respecto de la solicitud presentada ante la Delegación Estado de México, que se recibió en las oficinas centrales mediante diverso RAN-EM/JDRAJ/2684/2023 de doce de julio de dos mil veintitrés con número de folio de entrada 0017040 de dos de agosto de la referida anualidad y que conforme al principio registral de prelación que guardan los trámites se encuentra en análisis jurídico. (foja 22) Por su parte, el Encargado del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, al rendir su informe justificado negó el acto reclamado haciendo del concomimiento que la solicitud 15230017819 sigue en proceso para su debida calificación e inscripción por parte de la Dirección General de Registro y Control documental del Registro Agrario Nacional, y que hasta en tanto dicha dirección no realice lo señalado, está imposibilitada material y jurídicamente para dar continuidad a la misma toda vez que esa autoridad es la única facultada por la legislación agraria para poder emitir una calificación registral. (foja 35) Atento lo anterior, no obstante que las autoridades responsables nieguen la existencia del acto reclamado, como se advierte de las constancias procesales que integran el expediente se tiene por cierto que Roberto Zarco Calzadilla el pasado dieciséis de mayo promovió ante la Delegación México del Registro Agrario Nacional, solicitud de adopción del dominio pleno y expedición de título sobre la parcela 139 ubicada en San Miguel Jaguayes, Huehuetoca, Estado de México, la cual se registró con número 15230017819 tal como se advierte del "ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE TRÁMITE" que el propio quejoso anexó a su demanda y al que incluso hacen referencia las autoridades responsables en sus respectivos informes justificados y oficios que acompañan. Acuse de recibo que como documento público se le otorga valor probatorio pleno conforme a lo establecido en los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atendiendo a su artículo 2°, al expedirse por funcionarios en ejercicio de las atribuciones que les asigna la ley. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Aunado a que las autoridades responsables no acreditan que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo -ocho de agosto de dos mil veintitrés- hubieren emitido pronunciamiento alguno respecto a lo solicitado por el quejoso desde el dieciséis de mayo del año en curso. Consideración que se apoya en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." En consecuencia, se tiene plenamente probada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las hagan o no valer las partes, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, o bien, que de oficio se advierta e impida abordar el análisis de fondo de la litis constitucional planteada. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcribe: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En principio el Director en Jefe y la Directora General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional refieren que conforme a lo expuesto por la Directora de Normatividad Registral al haberse atendido la petición del quejoso no se afecta su esfera jurídica por lo que consideran que es procedente el sobreseimiento del juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo. Al respecto, no asiste razón a las autoridades responsables porque como ya se dijo, de las constancias de autos ha quedado demostrado claramente la existencia del acto reclamado; por consiguiente, el quejoso tiene derecho a que se tramite y emita contestación a la solicitud planteada, pues lo contrario propicia una afectación al derecho fundamental de no dilación procesal que protege el artículo 17 constitucional. Ahora bien, una vez analizadas las constancias que obran en autos, el suscrito juzgador advierte que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Dicho precepto prevé la posibilidad de que cuando el acto combatido haya desaparecido, el objeto del amparo carece de finalidad, ya sea cuando se revoque o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio origen al juicio de amparo y que atento a tal situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho humano violado. La citada causal de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos sus efectos, como si se le restituyera al quejoso en el goce de sus derechos cuya transgresión alega. En esa razón, atendiendo a que el quejoso reclama la omisión de contestación a la solicitud de adopción de dominio pleno que presentó el día dieciséis de mayo del dos mil veintitrés. Que mediante oficio DGAJ/12923/2023 presentado el cuatro de octubre del año en curso ante este juzgado, en representación de las autoridades responsables Director en Jefe y Dirección General de Registro y Control Documental, se hizo del conocimiento que el pasado veintiséis de septiembre la Directora de Normatividad Registral emitió la calificación registral positiva respecto de la solicitud 15230017819 planteada por el quejoso sobre los derechos parcelarios de la parcela 139 y que continúa el trámite corriendo su proceso de atención ante la Unidad Administrativa correspondiente, acompañando copia certificada de la calificación aludida (foja 51, 54 a 56) Considerando también que conforme al marco legal aplicable en el caso lo establecido principalmente en los artículos 148 de la Ley Agraria, 2 fracción XVI, 16 fracción IV, inciso e), 44 fracción V, 45, 51, 52, 53 fracción IV, del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. Se norma al Registro Agrario Nacional en lo relativo a los actos concernientes a la función de proporcionar el servicio registral a través de las unidades administrativas Dirección General de Registro y Control Documental. Estableciendo respecto al procedimiento registral, lo siguiente: El procedimiento registral inicia con la presentación de la solicitud en las Delegaciones que correspondan, registrándose su número de entrada progresivo, fecha y hora; Posteriormente los registradores examinarán los documentos y actos que en ellos consten, para determinar si reúnen los requisitos legales; De ser así, se procede a la calificación positiva o negativa en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contado a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate. La calificación positiva y autorización de la inscripción solicitada se emitirá mediante la resolución administrativa en la que se dé respuesta integral a la solicitud; Posteriormente, se procederá a realizar el asiento en la sección del Folio Agrario de que se trate; y El Director en Jefe autorizará la apertura de clave en el sistema informático. Realizado lo anterior se remitirá el expediente a la Delegación para su inscripción y expedición de los títulos correspondientes. El que resuelve advierte que en el caso se presenta una situación jurídica distinta a la que originó el acto reclamado; porque respecto de la solicitud del quejoso relativa a la adopción del dominio pleno sobre parcela, posterior a la presentación de la demanda de amparo -ocho de agosto de dos mil veintitrés- la Directora de Normatividad Registral el veintiséis de septiembre del año en curso, emitió la calificación registral positiva correspondiente. Evidenciándose así, que el acto reclamado ha desaparecido precisamente porque cesaron sus efectos quedado totalmente destruidas las consecuencias jurídicas producidas, cesando también la afectación al derecho humano de la parte quejosa -relativo a la no dilación procesal que protege el artículo 17 constitucional- ante la desaparición de todos los efectos del acto reclamado como si se le restituyera en pleno goce del derecho cuya violación realmente le afecta. De ahí la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no está vulnerando su esfera jurídica y que tampoco dejó huella en la misma de manera que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por ello, se reitera que el objeto del amparo carece de finalidad ante la nueva situación jurídica con la que incluso ha concluido esa etapa del procedimiento registral de origen (consistente en la calificación y, en su caso, la autorización de inscripción), lo que significa que con la resolución administrativa de calificación y autorización de la inscripción solicitada se da respuesta integral a la solicitud del interesado, reponiendo así al quejoso en el pleno goce del derecho transgredido. Consecuentemente, ante el acreditamiento pleno de la cesación del acto reclamado con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63 fracción V, de la Ley de Amparo; lo procedente es sobreseer en el juicio. Apoya la anterior consideración la tesis emitida por el entonces Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, actualmente Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." Lo que impide el estudio de las cuestiones de fondo de la litis constitucional siendo innecesario el análisis de los conceptos de violación planteados. Es aplicable la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, con apoyo demás en los artículos 61 fracción XXI, con relación en los numerales 62, 63 fracción V, 74 a 76, 79 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo que promueve **********por propio derecho, respecto de las autoridades y actos reclamados precisados en el considerando segundo, por los razonamientos expresados en el último considerando de este fallo. Notifíquese; por lista electrónica al quejoso, por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, ante Sofía García Carrera secretaria que certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico, hasta hoy nueve de noviembre de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

  2. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase al quejoso **********, conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, realizando diversas manifestaciones en vía de alegatos respecto de la vista otorgada mediante acuerdo del cinco de octubre de este año. Por otra parte, se le autoriza a la parte quejosa el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, en virtud de que proporcionó los datos de los usuarios y cuentan con el registro correspondiente, asimismo realícense las notificaciones de carácter personal por esa vía, en la inteligencia de que las notificaciones restantes se realizaran mediante lista electrónica. Lo anterior, en atención a la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes 10 de marzo de 2023, de la Undécima Época, bajo el rubro siguiente: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." Se instruye al Oficial Judicial "A" de este órgano jurisdiccional a fin de que lleve a cabo la autorización correspondiente y al Actuario de la adscripción para realizar las notificaciones respectivas. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Téngase al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, comunicando a través del oficio de cuenta, el proveído del once de octubre de dos mil veintitrés, dictado dentro del amparo en revisión 476/2015, de su índice, del que se advierte que se devolvió a ponencia a fin de que se formule el proyecto de resolución que conforme a derecho procede; de lo anterior se adquiere conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Téngase al Director de lo Contencioso en suplencia por ausencia del Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, compareciendo en representación del Director General de Registro y Control Documental, Desahogando el requerimiento realizado el once de septiembre de este año, y adjunta las documentales correspondientes, relativas al trámite de adopción de dominio pleno de la parcela ubicada en el ejido de San Miguel de Jagueyes, municipio de Huehuetoca, Estado de México, del cual refiere que ya se emitió calificación registral positiva; encontrándose en su proceso de atención. Con lo anterior, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes a efecto de que manifiesten lo que su interés legal convenga. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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