Rocío Alejandra de Paz Santiago

Expediente 1251/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1251/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
14/02/2018

Partes del expediente

  • Rocío Alejandra de Paz Santiago

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; catorce de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el numeral 81, fracción I, inciso d), de la ley en la materia, en contra del auto de veinticinco de enero de dos mil dieciocho (foja 39 a 42); en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no haberse ordenado un hacer, no hacer o tolerar a la autoridad responsable, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devuélvanse a la Sala Regional de Chiapas, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con domicilio en esta ciudad, las copias certificadas del expediente ******. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de enero de dos mil dieciocho. Agréguese con vista a las partes en el juicio de amparo en que se actúa, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través de su apoderada Mitzi Joyce López López, y anexos; y dése nueva cuenta con el mismo en la audiencia constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 117 de la Ley de Amparo. De conformidad con los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales que remite la autoridad responsable de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de ellas el día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De conformidad con el precepto 9 de la citada ley, se tienen como delegados a los profesionistas que cita y como domicilio el que señala. Por otra parte, del análisis de la demanda de amparo, se advierte la participación en la emisión del acto reclamado en este juicio de la Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien no fue señalada como autoridad responsable por la parte quejosa. Ahora bien, la quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable de dar cumplimiento a la sentencia definitiva, así como la resolución de queja por incumplimiento de sentencia dictada por la Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, dentro del expediente 809/15-19-01-1-OT; autoridad en comento, la cual en primera instancia tiene la obligación legal de velar por el cumplimiento de la sentencia dictada en el procedimiento de origen, a fin de hacer cumplir sus determinaciones, por medio de la vía de apremio correspondiente. En ese sentido, para efectos de mejor proveer y estar en aptitud de dictar una sentencia apegada a derecho, con fundamento en los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la recepción del oficio que al efecto se envíe, remita copia debidamente certificada de la totalidad del juicio contencioso administrativo 809/15-19-01-1-OT, en el entendido que de no cumplir, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y de actualización, la que asciende a la cantidad de $3,774.50 (tres mil setecientos setenta y cuatro pesos 50/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional), conforme lo dispone el artículo Segundo Transitorio, del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil diecisiete, en relación con los ordinales 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso concreto la Jurisprudencia , del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, de los que se advierte que el titular de la dependencia Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad, no ha remitido las constancias requeridas en proveído de catorce de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 48-49). En tal virtud, para efectos de mejor proveer y estar en aptitud de dictar una sentencia apegada a derecho, con fundamento en los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo vigente, requiérase de nueva cuenta mediante oficio a la mencionada autoridad responsable, para que dentro del término improrrogable de tres días contados a partir de la recepción del oficio que al efecto se envíe, remita copias fotostáticas certificadas de las constancias de las que deriva el acto reclamado. En el entendido que de no cumplir con lo anterior, se le hará efectiva la multa con la que se le conminó en proveído de cinco de septiembre de dos mil diecisiete; es decir, una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que arroja la cantidad de $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional) conforme lo dispone el artículo Segundo Transitorio, del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil diecisiete. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia , del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS DEL DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de la autorizada de la parte quejosa; atento a su contenido, dígase a la promovente que deberá estarse a lo ordenado en líneas que anteceden. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; catorce de diciembre de dos mil diecisiete Visto el estado de autos, de los que se advierte que el Titular de la Dependencia Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad, no rindió su informe justificado no obstante de estar debidamente notificado para ello, tal como se desprende del acuse de recibo del oficio 25874/2017 (foja 45). En tal virtud, para efectos de mejor proveer y estar en aptitud de dictar una sentencia apegada a derecho; con fundamento en los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo vigente, requiérase mediante oficio a la autoridad responsable Titular de la Dependencia Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la recepción del oficio que al efecto se envíe, remita copias fotostáticas certificadas de las constancias de las que deriva el acto reclamado. En el entendido que de no cumplir con lo anterior, se le hará efectiva la multa con la que se le conminó en proveído de cinco de septiembre de dos mil diecisiete; es decir, una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que arroja la cantidad de $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional) conforme lo dispone el artículo Segundo Transitorio, del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil diecisiete. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia , del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL QUINCE DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el ocurso de cuenta signado por Diana Vargas Díaz, autorizada de la parte quejosa, en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese.

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