Robisel Tondopó Hernández

Expediente 826/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
826/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
07/08/2019

Partes del expediente

  • Robisel Tondopó Hernández
  • Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de agosto de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a este sumario el escrito signado por la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la ley en la materia, se provee: Como lo solicita el compareciente, expídanse las copias simples a que hace referencia, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos, teniéndose por autorizada para recibirlas a la persona que designa, haciéndole de su conocimiento que para tal efecto deberán acudir a este juzgado en día hábil preferentemente dentro del horario de diez a trece horas. Devuélvase este expediente al archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    ****************************** Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tres de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con domicilio en esta ciudad, para los efectos legales conducentes. Ahora, del análisis de la demanda y de las actuaciones que fueron enviadas por la autoridad responsable, se observa que en este asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exijaDel precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo o negativo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos o negativos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la parte quejosa se duele de la omisión de dictar acuerdo al escrito presentado el quince de agosto de dos mil dieciocho, así como los diversos que se presentaron el quince y diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, veintitrés de noviembre, diez de diciembre del año próximo pasado y el veintidós de abril de dos mil diecinueve en el juicio laboral ********** Ahora bien, de las constancias remitidas por el titular de la junta responsable, se advierte que, en los autos del juicio laboral ******* relativo a la demanda planteada por ********** en fecha veinticuatro de junio del año en curso, se dictó acuerdo, por el cual provee respecto a lo peticionado en los escritos que se mencionan, por lo que ordena regularizar el procedimiento del expediente laboral en mención y apertura al incidente de liquidación, señalando fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, del incidente de referencia. Documentales a las cuales se concede valor probatorio pleno, de conformidad a lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documento público expedido por autoridad competente en ejercicio de sus funciones. En ese contexto, es inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de dictar acuerdo presentado el quince de agosto de dos mil dieciocho, así como los diversos que se presentaron el quince y diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, veintitrés de noviembre, diez de diciembre del año próximo pasado y el veintidós de abril de dos mil diecinueve en el juicio laboral ******** han cesado, quedando insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo y protección de la Justicia de la Unión, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó huella alguna. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, lo conducente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en este juicio de amparo. En ese orden, es patente que a nada práctico conduciría esperar a la celebración de la audiencia constitucional, porque la parte quejosa con ningún elemento de prueba podría desvirtuar que aún persiste la omisión reclamada, si la autoridad demostró con documentos que hacen prueba plena, que tal omisión se subsanó, de ahí que en aras de no retardar injustificadamente la resolución de este asunto, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de sustento, por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de dos mil tres, página 386, del rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLENo obsta lo anterior, el hecho de que con esta fecha se recibió el informe justificado de la autoridad responsable y por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido de dicho informe, en la medida que, el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido de los informes justificados y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causa de improcedencia que se invoca. Por otro lado, es menester destacar que el análisis de las causas de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; además, las causas de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Al respecto, es dable invocar la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 3, página 2066, registro electrónico 2002537, consultable con el epígrafe y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERALEn ese mismo tenor, es aplicable la tesis consultable en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, página 1641, registro electrónico 2004217, cuyo texto es el siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIAPor las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del dieciséis de julio de dos mil diecinueve. Notifíquese; personalmente a las partes quejosa, tercera interesada, así como al agente del Ministerio Público de la adscripción; mediante oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TRES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tres de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con domicilio en esta ciudad, para los efectos legales conducentes. Ahora, del análisis de la demanda y de las actuaciones que fueron enviadas por la autoridad responsable, se observa que en este asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exijaDel precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo o negativo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos o negativos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la parte quejosa se duele de la omisión de dictar acuerdo al escrito presentado el quince de agosto de dos mil dieciocho, así como los diversos que se presentaron el quince y diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, veintitrés de noviembre, diez de diciembre del año próximo pasado y el veintidós de abril de dos mil diecinueve en el juicio laboral ********** Ahora bien, de las constancias remitidas por el titular de la junta responsable, se advierte que, en los autos del juicio laboral ******* relativo a la demanda planteada por ********** en fecha veinticuatro de junio del año en curso, se dictó acuerdo, por el cual provee respecto a lo peticionado en los escritos que se mencionan, por lo que ordena regularizar el procedimiento del expediente laboral en mención y apertura al incidente de liquidación, señalando fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, del incidente de referencia. Documentales a las cuales se concede valor probatorio pleno, de conformidad a lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documento público expedido por autoridad competente en ejercicio de sus funciones. En ese contexto, es inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de dictar acuerdo presentado el quince de agosto de dos mil dieciocho, así como los diversos que se presentaron el quince y diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, veintitrés de noviembre, diez de diciembre del año próximo pasado y el veintidós de abril de dos mil diecinueve en el juicio laboral ******** han cesado, quedando insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo y protección de la Justicia de la Unión, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó huella alguna. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, lo conducente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en este juicio de amparo. En ese orden, es patente que a nada práctico conduciría esperar a la celebración de la audiencia constitucional, porque la parte quejosa con ningún elemento de prueba podría desvirtuar que aún persiste la omisión reclamada, si la autoridad demostró con documentos que hacen prueba plena, que tal omisión se subsanó, de ahí que en aras de no retardar injustificadamente la resolución de este asunto, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de sustento, por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de dos mil tres, página 386, del rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLENo obsta lo anterior, el hecho de que con esta fecha se recibió el informe justificado de la autoridad responsable y por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido de dicho informe, en la medida que, el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido de los informes justificados y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causa de improcedencia que se invoca. Por otro lado, es menester destacar que el análisis de las causas de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; además, las causas de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Al respecto, es dable invocar la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 3, página 2066, registro electrónico 2002537, consultable con el epígrafe y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERALEn ese mismo tenor, es aplicable la tesis consultable en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, página 1641, registro electrónico 2004217, cuyo texto es el siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIAPor las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del dieciséis de julio de dos mil diecinueve. Notifíquese; personalmente a las partes quejosa, tercera interesada, así como al agente del Ministerio Público de la adscripción; mediante oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte tercera interesada *****,*****para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho; por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de diecisiete de junio del año en curso (fojas 11-13) por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquesele por lista de acuerdos este proveído, así como las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto, salvo que se actualice el supuesto del artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo. Notifíquese; y por lista al tercero interesado.

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