Roberto Vladimir Trujillo Ayala

Expediente 54/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
54/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
12/02/2021

Partes del expediente

  • Roberto Vladimir Trujillo Ayala

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. En términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se desechó en el juicio de amparo, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por ROBERTO VLADIMIR TRUJILLO AYALA, contra actos del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con residencia en la Ciudad de México; de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 54/2021. Se instruye a la secretaria a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo y de la certificación secretarial, se advierte que es improcedente y, por tanto, debe desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexa; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese contexto, se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa debió promover juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previo a la promoción de este sumario constitucional. Para analizar lo anterior es necesario tener presente el contenido del artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 61, fracción XX, de la Ley de Amparo: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior" [.]" Dichos preceptos contemplan el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que supone el ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo resulta improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia 2a./J.115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, Tomo X, Octubre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro193142 del siguiente tenor: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo". En el particular, se evidencia que el promovente no agotó el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica de ese órgano jurisdiccional, en el que establece: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo". [.]Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.". Sobre ese aspecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que una resolución definitiva para efectos de la procedencia del juicio contencioso administrativo federal es aquella que constituye el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública y que puede tener como forma una como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial, sino que basta que contenga una determinación o decisión cuyas características impidan una modificación. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional considera que la solicitud para la obtención de la autorización sanitaria tramitada por el promovente ROBERTO VLADIMIR TRUJILLO AYALA, constituye una instancia, en la medida en que instó la actividad administrativa del Estado para obtener algo, por lo que es claro que la respuesta que recayó a dicha solicitud constituye una resolución definitiva que le puso fin a una instancia administrativa. Bajo esa tesitura, si el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa procede en contra de las resoluciones definitivas o actos administrativos que ponen fin a una instancia, como sucedió en el caso, entonces es claro que, previamente a la promoción del juicio de amparo, se debió agotar ese medio ordinario de defensa, ya que a través de éste se puede obtener la modificación, revocación o anulación del oficio reclamado. En el entendido de que el vocablo instancia, en términos del artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, debe entenderse como una petición o solicitud, mas no como una instancia derivada de un recurso, pues para este supuesto específico se establece la fracción XIII de ese precepto, en la que se prevé: ""XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo" En ese contexto, se demuestra que la parte promovente tuvo a su alcance un medio de defensa legal por el cual el acto reclamado pudo ser revocado o nulificado, y al no haberlo hecho así, se surte la causal de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; por lo que resulta improcedente el presente juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XX. J/1, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Abril de 1995, página 94, Novena Época, bajo el número de registro digital 205283, de contenido siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTIAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente." Máxime que en el juicio contencioso administrativo federal se puede obtener la suspensión del acto con el mismo plazo, y los mismos alcances y requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 27/2016, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 28, Marzo dos mil dieciséis, Tomo II, pagina 1194, con número de registro 2011289, que establece: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria". Criterio el anterior del que se aprecia que el juicio contencioso contemplado en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no prevé mayores plazos, no exige más requisitos, ni establece menores alcances que los establecidos por la Ley de Amparo para conceder la suspensión, razón por la cual cumple con las condiciones establecidas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución, 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que es necesario agotarlo en atención al principio de definitividad. Además, tras analizar el escrito de demanda y el acto reclamado en el mismo, se aprecia que no se actualiza alguna excepción al principio de definitividad de las establecidas en el propio artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que: 1. El acto no carece de fundamentación. El promovente exhibió el oficio reclamado y de su simple lectura se advierte que la autoridad que lo emitió citó diversos preceptos de la Constitución Federal, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, del Reglamento de Insumos para la Salud y del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, lo que permite concluir que no hay una falta absoluta de fundamentos. 2. En el caso no sólo se alegan violaciones directas a la Constitución, sino también indirectas, relacionadas con la procedencia de la solicitud de la autorización sanitaria para el uso lúdico de la marihuana. Las cuales constituyen planteamientos de mera legalidad, pues se trata de violaciones indirectas a la norma constitucional. Por cuestión de legalidad debe entenderse aquellos problemas o conflictos jurídicos cuya resolución descansa únicamente en la determinación de la debida aplicación de la ley o en el establecimiento del sentido de una norma infraconstitucional o secundaria, lo que no representa una violación directa a la constitución. Ello no implica que toda cuestión de legalidad esté desvinculada de la fuerza protectora de la norma fundamental, pues la Constitución Federal, en sus artículos 14 y 16, establece el derecho humano a la legalidad, lo cual conlleva evaluar la debida aplicación de la ley; sin embargo, ello se trata de una violación indirecta a la Constitución que no exige el ejercicio interpretativo de un elemento genuinamente constitucional, sino sólo una referencia en vía de consecuencia. Lo anterior implica que no se surte la excepción al principio de definitividad prevista en el segundo párrafo de la fracción XX de artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "(.) No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia". 3. El juicio no está previsto en un reglamento. Porque el medio de defensa ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa está previsto en una ley formal y material. En conclusión, no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad. Finalmente, es importante precisar que este órgano no desconoce las jurisprudencias emitidas por la Primera Sala del Alto Tribunal en las que declaró como inconstitucionales las normas de la Ley General de Salud, que establecen una prohibición absoluta para el consumo lúdico de marihuana. Ya que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la suplencia de la queja tratándose de normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia del Alto Tribunal, opera sólo respecto de cuestiones de fondo, es decir, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues es inadmisible que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia P./J. 7/2006, que lleva por rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS". Incluso, determinar si en el caso resultan aplicables las jurisprudencias que aluden a la inconstitucionalidad de las normas que establecen una prohibición absoluta para el consumo lúdico de marihuana por analogía o similitud, es una cuestión de legalidad que de ningún modo justifica la procedencia del juicio de amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa, sobre todo si, en el caso, no se reclamaron normas generales. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 103/2011, establecida por la Primera Sala del Alto Tribunal, que lleva por rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SU APLICACIÓN REPRESENTA UNA CUESTIÓN DE MERA LEGALIDAD, AUN CUANDO SE REFIERA A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O A LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES". Por ende, es evidente que, previamente, el promovnete debió agotar el juicio contencioso administrativo, en atención al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues la existencia de un medio ordinario de defensa no sólo es posible, sino que está plenamente evidenciada contra actos de autoridades dependientes de la administración pública federal. No se soslaya que el promovente aduce que el acto reclamado se emitió con fundamento en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247 último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud; sin embargo, de su contenido no se advierte que se haya fundado en dichas normas, de ahí que no se consideró necesario prevenirlo a efecto de que aclarara si reclamaba la inconstitucionalidad de esas normas, pues en todo caso, el acto reclamado no constituiría un acto de aplicación en su perjuicio. En consecuencia, al no advertirse que opere excepción al principio de definitividad, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por tanto, la demanda de amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el que menciona la parte quejosa y en atención a la certificación realizada por la Secretaria de este Juzgado, por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Eudaldo Rodríguez García y, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a las restantes personas que menciona. Ahora, conforme con lo establecido en los artículos 26 fracción IV, 30 y 31, fracción III, de la Ley de Amparo; en relación con los diversos 39, 55, 60, 61, 62 y 63 del citado Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se otorga acceso al usuario "EUDALDORG", para que consulte el expediente electrónico de este juicio de amparo. Con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene señalando la cuenta de correo electrónico que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Asimismo, para que se establezca el contacto respectivo cuando sea necesario llevar a cabo notificaciones personales, a fin de lograr el éxito de la diligencia y para seguridad de quienes intervengan en la misma, en cumplimiento a las medidas de aislamiento social y sana distancia. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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