Roberto Vega Betanzos

Expediente 294/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
294/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
31/05/2021

Partes del expediente

  • Roberto Vega Betanzos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 73, 74, 75 y 77, fracción II, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se; R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ..., por propio derecho, contra el acto que reclamó de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, consistente en la resolución pronunciada el tres de marzo de dos mil veintiuno, en el toca Familiar 241/2020 y, su ejecución por la actuaria adscrita a dicha Sala. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (LA PRESENTE SENTENCIA SE PUBLICÓ EL DIA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO) LA PRESENTE RESOLUCIÓN SE NTOFICIA A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    MESA II "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 294/2021; y, (.)C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y decidir el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; así como 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que los actos que se reclama en el amparo indirecto, son de naturaleza civil y se atribuye a autoridad judicial circunscrita al ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este órgano federal. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el ordinal 74, fracción I, de la ley de la materia, dada la obligatoriedad del juez de amparo de analizar la demanda de garantías en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte agraviada y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar el acto reclamado en el asunto. De la lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, la resolución pronunciada el tres de marzo de dos mil veintiuno, en el toca familiar 241/2020 que confirmó la improcedencia de la cancelación de pensión alimenticia definitiva fijada a favor de SEVERIANA LÓPEZ JIMÉNEZ, en el expediente 458/1988 del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuantepec, Oaxaca y, su ejecución por la actuaria adscrita a dicha Sala. Tercero. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado y remitió las actuaciones del toca familiar 241/2020, así como el original del expediente 458/1988, del incidente de cancelación de pensión de pensión alimenticia y, dos cuadernos de pruebas. En esa condición, a pesar que la autoridad ejecutora negó la existencia del acto a ella reclamado, se presume cierto, por no derivar de su actuar propio sino de los vicios de la resolución reclamada a la ordenadora. Cuarto. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación que esgrime el quejoso son inoperantes en parte e infundados en otra. A fin de explicar lo anterior, es pertinente precisar que de las constancias remitidas por la autoridad responsable del incidente de cancelación de pensión alimenticia tramitado dentro del expediente 458/1988, las cuales tiene valor probatorio pleno por tratarse de documentos públicos, en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de amparo, destaca: El veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, la ahora tercera interesada SEVERIANA LÓPEZ JIMÉNEZ, demandó del quejoso ROBERTO VEGA BETANZOS, el pago de una pensión alimenticia a su favor y de los hijos de ambos, LUIS ALBERTO y MILAGROS DE JESUS de apellidos VEGA LÓPEZ, con base en el vínculo matrimonial entre los primeros, de nueve de septiembre de mil novecientos setenta y ocho y la filiación de los segundos. En auto de treinta y uno de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, se admitió la demanda de alimentos y se fijó como pensión provisional el cincuenta por ciento de los ingresos del demandado como catedrático de preparatoria de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Proseguido el juicio, en sentencia de veintitrés de octubre de dos mil seis, se condenó al demandado al pago de pensión alimenticia definitiva a favor de su cónyuge SEVERIANA LÓPEZ JIMÉNEZ, del veinte por ciento de sus ingresos como catedrático; y se dejó a salvo los derechos de sus hijos, por haber alcanzado la mayoría de edad. Mediante escrito presentado el quince de marzo de dos mil dieciocho, el aquí quejoso ROBERTO VEGA BETANZOS promovió incidente de cancelación de la pensión alimenticia fijada a favor de SEVERIANA LÓPEZ JIMÉNEZ, con base en lo siguiente: "1.- Con fecha 09 de agosto del año dos mil diecisiete se dictó sentencia dentro del expediente 754/2016 relativo al juicio de Divorcio necesario con la ahora demandada SEVERIANA LOPEZ JIMENEZ, ante el oficial del Registro Civil de la ciudad San Domingo, Tehuantepec, tal y como lo acredito con el atestado DE DIVORCIO que anexo a la presente demanda, autorizado y expedido por el Oficial del Registro Civil respectivo para que surta sus efectos legales a que haya lugar. 2.- Resulta Que en el año 1988 ella, promovió la pensión de alimentos en mi contra la señora C.SEVERIANA LOPEZ JIMENEZ tanto para ella como para mis hijos que en su momento eran menores ya que actualmente son mayores y se encuentran casado, porque en el año 2006 promoví el incidente de reducción de pensión de alimentos ya que mis hijos Luis Alberto y Milagros de Jesús de Apellidos Vega López por lo que en enero del 2007 se emitió el exhorto donde se descontara el veinte por ciento en forma quincenal de mi sueldo y demás prestaciones que obtenga a favor en ese entonces de mi conyugue Severiana López Jiménez que desde esa fecha está percibiendo el veinte por ciento y como también actualmente se encuentra viviendo en la casa que le doné a mi hija Milagros de Jesús Vega López ya que mi hija tiene dos trabajos actualmente el primero por la mañana como es profesar de la escuela primaria de la zona 055 de nombre María Isabel Villalpando de la Agencia de San Antonio Monterrey que se ubica en las calles Benito Juárez contra esquina de la calle Monjardin, así mismo trabaja como profesora en el turno vespertino de la Preparatoria número cuatro, dependiente de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en esta ciudad de santo domingo Tehuantepec, que se ubicada en la carretera panamericana en el kilómetro 269 de esta ciudad en el turno vespertino, así mismo la señora SEVERIANA LOPEZ JIMENEZ, está a cargos de mis nietas Maya Guadalupe y Shunashi Juquila de apellidos Vega López ya que la mayor cumplió su quince años el 06 de enero del presente año, tal como lo acredito con la invitación donde aparece en invitando conjuntamente con mi hija Milagro de Jesús vega López que anexo para los efectos que haya lugar, desde que nos separamos del domicilio conyugal, promovió la pensión de alimentos, sin saber las causas o motivo que la orillo a tomar tal decisión por lo que, con número de expediente 458/988, relativo al juicio de pensión de alimentos cobrando el 50 % tanto para mis hijos como para la suscrita ante el juzgado de lo Civil: así mismo como manifesté le promoví el incidente de reducción de pensión de alimentos en mayo del 2006 reduciendo la pensión de alimentación hasta un 20% para la suscrita que hasta el día de hoy viene cobrando, así mismo no existe una obligación, Asia mi persona ya que tengo que pagar quien me lave mi ropa, la comida como los que hacer de mi casa, por lo que promoví el divorcio ya que no existe hasta la fecha una obligación ya que tengo 28 años que tengo que pagar los gasto de mi alimentación y de mi ropa sin molestarla hasta fecha ya que la separación por más de 28 años tengo como se puede acreditar con las copias que anexo a mi demanda de incidente, ya que mis hijos ya se casaron son independientes al igual con la C.SEVERIANA LOPEZ JIMENEZ tenemos otro domicilio ya que ella vive con mi hija milagro en la casa que le di y mi hijo Luis Albero vive aún costado de ella tal como se acredita con las copias de la credenciales tanto de Severiana López Jiménez y de mis hijos Luis Alberto y Milagros de Jesús y de mi nuera Erika Medina Felipe, ya tiene el servicio médico de mi hija en el hospital del ISSSTE de esta ciudad depende de ella actualmente, ya se dedica al cuidado de mis nietas, así mismo tengo otra pensión de alimentos en la que se está descontando de mi sueldo a favor de hijo de nombre Enríquez Vega Martínez del expediente número 33/2012, así como lo acredito con la copia del acta de nacimientos que anexo para los efectos que haya lugar. 3.- Por lo anterior solicito que se le cancele la pensión alimenticia que percibe la C. SEVERIANA LOPEZ JIMENEZ DEL VEINTE POR CIENTO, ya que la ahora demandada incidental vive con mi hija mayor que tiene actualmente dos empleos que de igual forma mi hijo es mayor y trabaja dentro de la universidad que tienen el mismo domicilio tal como lo acredita con las copias de la credencial de elector expedido instituto nacional electoral INE, ya que Severiana cuida a mis nietas por lo que actualmente depende directamente de mi hija, y las circunstancias de los hechos que originó este juicio han cambiado actualmente. 4.- toda vez que existe otro embargo del 20% sobre mi sueldo bajo el numero de expediente 33/998 que esta cobrando la señora Petrona Martínez Sánchez en representación del menor Enríquez Vega Martínez así mismo como hace mención los hijos mayores tiene obligación así los padres ya tiene ingresos propios y la madre los ayuda ellos". A su demanda incidental acompañó: Copia simple de la sentencia de divorcio necesario, emitida por el Juez Civil del Distrito Judicial de Tehuantepec, Oaxaca, el nueve de agosto de dos mil diecisiete en el expediente 754/2016; Certificación del acta de divorcio del actor incidental con Severiana López Jiménez, de seis de diciembre de dos mil diecisiete; del acta de nacimiento de Maya Guadalupe Vega López; y del acta de nacimiento de Milagros de Jesús Vega López; Copia simple del acta de nacimiento de Quetzalli Vega Medina; Iyari Juquila Vega Medina y, Enrique Vega Martínez; Copias simples de constancias de la controversia del orden familiar 458/1988, seguido por Severiana López Jiménez por derecho propio y en representación de sus hijos Luis Alberto y Milagros de Jesús de apellidos Vega López, contra Roberto Vega Betanzos; Copia simples de las credenciales para votar con fotografía a nombre de Milagros de Jesús Vega López, Severiana López Jiménez, Luis Alberto Vega López y Erika Medina Felipe; Copia simple de un acta de entrega recepción por Roberto Vega Betanzos, respecto de la casa treinta y uno, manzana siete, calle Donají, Fraccionamiento Guiengola, en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca; Original de un aviso-recibo de servicio de energía eléctrica a nombre de Roberto Vega Betanzos; Un tiquet ilegible con sello original del sistema de agua potable de Tehuantepec, Oaxaca y otro tiquet de pago; y, Una invitación de celebración de quince años de "Shunashi Juquila". Emplazada Severiana López Jiménez, contestó la demandada incidental, negando el derecho del incidentista; manifestó carecer de trabajo y manera de subvenir sus necesidades alimentarias, no contar con un negocio propio y encontrarse enferma; que en la sentencia de divorcio con el deudor alimentario, se estableció la vigencia de la pensión alimenticia a su favor, mientras subsista su necesidad alimentaria y no exista declaración judicial en contra. Agregó que sus hijos trabajan y ella cuida a sus nietas porque vive con su hija, quien la registró en el hospital ISSSTE porque su esposo le dio de baja hace tiempo para dar de alta a su nueva familia. Que subsiste la obligación alimentaria porque el divorcio con el incidentista, al ser necesario y no existir cónyuge culpable, no procede su cancelación. Desahogadas las pruebas de las partes, en sentencia de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, la Juez Civil declaró improcedente la cancelación de la pensión alimenticia porque a pesar que el actor demostró la disolución del vínculo matrimonial, mediante sentencia de nueve de agosto de dos mil diecisiete, no existió condena alguna a la demandada, por tratarse de un divorcio necesario, y sin que el actor incidental demostrara fehacientemente que la demandada perciba remuneración por desempeñar algún trabajo, que le permita proveerse de alimentos y contribuir con la economía familiar o, que se encuentre viviendo en concubinato con otra persona, como causales que ameritan esa terminación. La Juez Civil precisó que a pesar de ser disuelto el matrimonio, tratándose de divorcios en los que no existe cónyuge culpable, era improcedente la cancelación de la pensión alimenticia. Inconforme con esa sentencia, el actor incidental interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido por la alzada en auto de tres de noviembre de dos mil veinte; y en escrito de veinte de noviembre de dos mil veinte, el apelante exhibió como pruebas de hechos supervenientes de sus padecimientos de salud por edad avanzada de sesenta y cinco años, las siguientes: 1.-Ultrasonido renal y prostático supra púbico, de tres de diciembre de dos mil diecinueve; 2. Estudio de TC abdominopelvica S y C Urotac, de veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve; 3. Recibo de pago de $6800,00 (seis mil ochocientos pesos) al centro médico en Imagenología 3.5, de veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve; 4. Solicitud de exámenes de laboratorio; 5. informe de resultados de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, dopamina y ácido vanilmandelico, de veintiocho de diciembre de dos mil diecinueve y trece de enero de dos mil veinte; 6. Recibo de pago de $2,200.00 (dos mil doscientos pesos) a Laboratorios Iris, de catorce de enero de dos mil veinte; 7. Presupuestos expedido por Dental del Ahorro, odontología integral, de catorce de noviembre y doce de diciembre, de dos mil diecinueve; y 8. Cuatro recibos de pago a Dental del Ahorro, de dos, cuatro, nueve y dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. En acuerdo de presidencia de la Sala, de ocho de diciembre de dos mil veinte, no se admitieron las pruebas documentales ofrecidas por el apelante. En sentencia de tres de marzo de dos mil veintiuno, la Sala responsable confirmó la resolución incidental impugnada porque aunque la demandada aceptó vivir con su hija, cuidar a sus nietas y estar registrada en el ISSSTE; que sus hijos alcanzaron la mayoría de edad y estar separada del actor por más de treinta años y tiene capacidad de salir adelante con la pensión que le da, esas circunstancias no encuadran en los casos de cesación de la pensión alimenticia del artículo 332, el Código Civil para el Estado de Oaxaca. Que por cuanto a las circunstancias del actor incidental, de estar actualmente divorciado, desde el nueve de agosto de dos mil diecisiete, en la sentencia correspondiente se determinó la subsistencia de los alimentos para la señora Severiana López Jiménez después del mismo, es decir como ex cónyuge . Que es inexacto que en términos del artículo 300 del Código Civil para la entidad, ya derogado, la demandada tuviera que demostrar la necesidad de los alimentos y no quedó acreditado que perciba ingresos económicos por parte de sus hijos como remuneración. Finalmente, que el actor no demostró estar proporcionando pensión alimenticia al (entonces) menor Enrique Vega Martínez (nacido el uno de septiembre de dos mil), ni que ello le impida otorgar alimentos a la demandada. Al respecto, el quejoso aduce en sus conceptos de violación que se transgreden los numerales 14 y 16 constitucionales, por tratarse de una resolución incongruente, aplicando indebidamente en forma retroactiva la sentencia que decretó el divorcio con la demandada, donde ninguno de los cónyuges resultó culpable. Que la sentencia de divorcio no estableció que la pensión alimenticia sería vitalicia, sino por el contrario, se dijo que la obligación alimentaria nacía y se extinguía por consecuencias que emanan de la ley. Arguye el peticionario que la Sala no valoró las pruebas documentales supervenientes, haciendo caso omiso en relación con ellas cuando se trata de un juicio de alimentos, que son de orden público y urgente necesidad, susceptibles de modificación atendiendo a las circunstancias y motivos actuales. Manifiesta el quejoso en su primer concepto de violación, que se violan las formalidades esenciales del procedimiento porque existe jurisprudencia, tratados, convenciones y leyes aplicables que establecen el origen de los alimentos en la solidaridad familiar, los cuales desaparecen al disolverse el matrimonio y solo pueden constituirse si el cónyuge demuestra su necesidad a recibirlos, lo que no acreditó la demandada. En el segundo concepto de violación, el peticionario aduce que la Sala responsable al subsanar la omisión de la juez apelada, en valorar el acta de divorcio con la demandada, no se pronunció respecto de la sentencia de divorcio en la que no se declaró culpable a alguno de los cónyuges, ni se dijo que la pensión alimenticia fuere vitalicia, sino que la pensión alimenticia nacía y se extinguía por consecuencia de la ley, por lo que promovió el incidente de cancelación de la pensión porque las circunstancias y motivos en que lo demandó la acreedora alimentaria en mil novecientos noventa y ocho han cambiado de manera muy notoria. Argumenta el quejoso que la Sala no mencionó ni valoró las pruebas supervenientes que acreditan su estado de salud, las cuales surgieron con posterioridad a la promoción del recurso, sin que él pudiera saber lo que habría de pasar en su persona. En el tercer concepto de violación, argumenta el inconforme que la Sala Familiar únicamente subsanó las contradicciones de la sentencia impugnada, al valorar las pruebas de actuaciones y presuncional legal y humana, confundiendo aún más al recurrente. Sostiene el quejoso en el cuarto concepto de violación, que la Sala no tomó en cuenta la confesión de la demandada al aceptar que sus hijos alcanzaron la mayoría de edad, que está separada del actor por más de treinta años, divorciada de él, por lo que ha transcurrido en exceso el pago de la pensión alimenticia a favor de la demandada, pues al estar divorciados, el actor ya no tiene ninguna obligación con ella. Agrega, que tampoco se tomó en cuenta la declaración de los testigos de la propia demandada, pues nunca se acreditó con algún documento como prueba idónea de que sufre de artritis y ciática; que los testigos refirieron que la demandada vive con su hija, donde hace las labores del hogar, por lo que no es cierto que siempre amanezca mal y no pueda caminar, de manera que si la Sala no le dio valor probatorio a nada, porqué confirmó la interlocutoria recurrida. Reitera el quejoso que la Sala refiere que en la sentencia de divorcio se dijo que subsisten los alimentos a favor de la demandada, cuando lo que se dijo fue que la obligación alimentaria nace y se extingue por las consecuencias que emanan de la ley, sin que expresara que fuera vitalicia, siendo aplicable la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro "PENSIÓN ALIMENTICIA EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO. TIENEN SU ORIGEN EN LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO MEXICANO DE GARANTIZAR LA IGUALDAD Y LA ADECUADA EQUIVALENCIA DE RESPONSABILIDADES ENTRE LOS EX CÓNYUGES. ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS DE JURISPRUDENCIA VII.10.C. J/5 (10a.) (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ.". Que ya son más de treinta años que la demandada recibe la pensión alimenticia, por lo que las circunstancias, razones y motivos que tuvo en el año mil novecientos noventa y ocho, han cambiado de manera notoria, ha dejado de ser su esposa y no está demostrada su necesidad de los alimentos, esto es, la fuente de su derecho, pues el acta de divorcio es una prueba plena que no destruyó la demandada y se robusteció con la confesión de que están separados desde hace más de treinta años y ya divorciados. Dice el peticionario que la demandada tiene una vida propia y sus hijos, que ya son mayores de edad, le proporcionan lo necesario e indispensable para su subsistencia porque vive con ellos, en una casa propia que el actor les donó con todo los muebles, quedándose solo, sin nada, enfermo y sin ayuda; en tanto la demandada apoya a sus hijos cuidando sus nietos, se encuentra sana, se apoyan entre ellos y sus hijos tienen la obligación de ver por su progenitora, por lo que no es necesario para cancelar la pensión que la demandada vuelva a contraer nupcias o tener otra relación como se refirió. Que la demandada confesó que lleva más de treinta años separada del actor y sólo por capricho, venganza, despecho y por hacerle daño, obtiene la pensión que se gasta con sus hijos. Como se adelantó, los conceptos de violación son inoperantes en parte e infundados en otra. En principio, son inoperantes los argumentos del quejoso relativos a la omisión de valoración de las pruebas supervenientes respecto de su estado de salud y que dicha circunstancia, deba tomarse en cuenta para la cancelación de los alimentos de la acreedora alimentista. Es así porque como se reseñó, con motivo de la sentencia primigenia de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, mediante escrito presentado ante la juez natural el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, el actor incidental interpuso recurso de apelación y expresó los agravios que estimó conducentes. La apelación fue admitida por la Sala responsable en auto de tres de noviembre de dos mil veinte y en escrito presentado el veinte de noviembre de dos mil veinte, el apelante exhibió como pruebas de hechos supervenientes de sus padecimientos de salud por edad avanzada de sesenta y cinco años, las siguientes: 1.-Ultrasonido renal y prostático supra púbico, de tres de diciembre de dos mil diecinueve; 2. Estudio de TC abdominopelvica S y C Urotac, de veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve; 3. Recibo de pago de $6800,00 (seis mil ochocientos pesos) al centro médico en Imagenología 3.5, de veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve; 4. Solicitud de exámenes de laboratorio; 5. informe de resultados de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, dopamina y ácido vanilmandelico, de veintiocho de diciembre de dos mil diecinueve y trece de enero de dos mil veinte; 6. Recibo de pago de $2,200.00 (dos mil doscientos pesos) a Laboratorios Iris, de catorce de enero de dos mil veinte; 7. Presupuestos expedido por Dental del Ahorro, odontología integral, de catorce de noviembre y doce de diciembre, de dos mil diecinueve; y 8. Cuatro recibos de pago a Dental del Ahorro, de dos, cuatro, nueve y dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. En auto de Presidencia de la Sala, de ocho de diciembre de dos mil veinte, con apoyo en el artículo 688 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, inadmitió las pruebas ofrecidas como supervenientes, por no haberse ofrecido con los agravios, por lo que la oportunidad probatoria precluyó; lo cual se notificó al apelante el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, a través del correo designado por su autorizada en la alzada, Soledad Flores Montero. En escrito de veinte de enero de dos mil veintiuno, el apelante solicitó señalamiento de la audiencia de vista y, determinada la fecha, en diversa promoción de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, el recurrente expresó alegatos. En ese contexto, resulta inoperante el señalamiento respecto de la valoración de esas pruebas en razón de que no fueron admitidas en la alzada, sin que el recurrente hubiere impugnado esa determinación mediante el recurso de reposición que establece el numeral 668, del Código de Procedimientos Civiles para la entidad, contra las determinaciones del Presidente de Sala, de manera que se trata de una determinación procedimental legalmente consentida por el recurrente. Fundamentan lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 120/2018 (10a.) pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 260/2018, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materias(s): Común, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo II, página 1029, registro digital 2018492, con el rubro y contenido: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 171 DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO ES APLICABLE AL TRAMITADO EN LA VÍA DIRECTA. El artículo 171, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece la obligación de preparar las violaciones procesales que se hagan valer en el juicio de amparo directo, esto es, prevé la obligación de impugnarlas durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que la ley ordinaria respectiva señale, mientras que en su segundo párrafo exceptúa de dicha regla, entre otros, a los trabajadores. Ahora bien, la excepción se refiere exclusivamente a los siguientes presupuestos: que se trate de violaciones a las leyes del procedimiento cometidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; que esas violaciones se impugnen en vía de amparo directo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; y que se trate de amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio y en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. De lo anterior se sigue que la intención del legislador fue acotar el alcance de esa excepción únicamente a los juicios de amparo directo en los que se hagan valer violaciones procesales ocurridas dentro del procedimiento, pues tratándose de excepciones a reglas generales deben estar expresamente establecidas; por tanto, no puede hacerse extensiva a los juicios de amparo indirecto, no obstante que se trate de un juicio promovido por un trabajador." Y la diversa jurisprudencia 1a./J. 41/2001 por contradicción de tesis, de la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, materia Civil, Tomo XIV, Agosto de 2001, página 101, registro digital 189125, del título y contenido: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES. La interpretación literal, sistemática y teleológica de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 161 de la Ley de Amparo, permite concluir que la excepción al principio de definitividad que dichas normas establecen, procede exclusivamente cuando en amparo directo en materia civil, se impugnen sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, por violaciones a las leyes del procedimiento que afecten las defensas del quejoso, siempre que dichas sentencias se hayan dictado en controversias relativas al estado civil o que afecten al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces. Ahora bien, si se toma en consideración que sólo en este caso específico y respecto de la referida vía de amparo, el interesado queda eximido de preparar el juicio de amparo, resulta inconcuso que no puede hacerse extensiva la citada excepción a los casos en los que por la diversa vía del amparo indirecto se impugnen actos de tribunales civiles ejecutados fuera de juicio o después de concluido, no obstante que se trate de controversias del estado civil o de actos que pudieran afectar al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces, pues del contenido textual y de la interpretación de los mencionados preceptos legales se infiere que fue voluntad del Constituyente Reformador y del legislador ordinario, que la excepción en cita procediera exclusivamente en vía de amparo directo. Lo anterior se confirma con la interpretación de lo establecido respecto al juicio de amparo indirecto, en el inciso b) de la fracción III del señalado precepto constitucional y en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, así como por el hecho de que por la propia naturaleza procedimental de esta vía, no se requiere de actos procesales tendientes a su preparación." Cabe precisar, que en atención a la materia de la litis, que versa sobre alimentos, se advierte que para efectos de lo dispuesto en el numeral 688, fracción I, del ordenamiento procesal civil local, las pruebas supervenientes al plazo probatorio de primera instancia admisibles en la apelación, están condicionadas a no ser extrañas a las cuestiones debatidas, esto es, que versen sobre los hechos objeto de la litis; y en el caso, como se advierte del contenido integral de la demanda incidental del quejoso, basó su pretensión de cancelación de la pensión alimenticia de su ex cónyuge, en haberse decretado el divorcio entre ellos, que su ex esposa vive con sus hijos que son mayores de edad y cuentan con trabajo para su subsistencia, incluso, el actor cubre otra pensión alimenticia a favor del entonces menor de edad "Enríquez" Vega Martínez, pero no planteó su acción incidental en el aducido estado de salud, de manera que no podrían tomarse en consideración esa circunstancia ni las pruebas en que se pretenden basar, ya que se dejaría inaudita a la demandada, al no haber sido contenido de los hechos de quien pide la cancelación de los alimentos, que en todo caso, al referirse que se trata de una cuestión posterior a la impugnación, tiene expedito su derecho sobre esa novedosa circunstancia. De ahí que resulten inoperantes los argumentos relativos a la falta de valoración de las referidas pruebas y que el aducido estado de salud del actor sea motivo de cancelación de los alimentos de su ex cónyuge, expresados en parte de los conceptos de violación segundo y cuarto. En lo restante, es infundado que la sentencia reclamada sea incongruente al aplicar retroactivamente la sentencia de divorcio con su ex cónyuge, en la que no se declaró culpable a alguno de los cónyuges, ni se dijo que la pensión alimenticia fuere vitalicia, sino que la pensión alimenticia nacía y se extinguía por consecuencia de la ley. Es así porque como se aprecia de las constancias del cuaderno incidental y toca de apelación, el actor incidental no exhibió la sentencia de divorcio que fue dictada el nueve de agosto de dos mil diecisiete, en el diverso expediente 754/2016, sino sólo fotocopia simple de esa sentencia, a la cual individualmente se le asignó valor indiciario; en tanto la acreditación del divorcio se obtuvo por el acta correspondiente expedida por el Registro Civil y la contestación de la demandada en cuanto que no obstante de estar divorciada del actor, no se le debía cancelar la pensión alimenticia porque el juez determinó se continuara cumpliendo con la pensión alimenticia decretada en el expediente 458/1988; y el propio demandado confesó al dar respuesta a la posición número seis, en la audiencia de uno de marzo de dos mil diecinueve, que en la resolución que decretó el divorcio fue "condenado" a que la pensión siguiera vigente después de la disolución del vínculo matrimonial, elementos de prueba con los cuales la Sala responsable tuvo por cierto ese contenido de la sentencia de divorcio. Ciertamente, en la referida audiencia de pruebas, la posición número seis, fue: "6.- SI ES CIERTO QUE EN ESA RESOLUCION DE PRIMERA INSNTANCIA USTED FUE CONDENADO A QUE LA PENSION ALIMENTICIA SIGUIERA VIGENTE DESPUES DEL DIVORCIO" Respondiendo el actor: "SI, es cierto, hasta ahorita se sigue aplicando". Ahora, de la copia simple de la referida sentencia, en el considerando QUINTO, se contiene: "QUINTO.- . Por lo anterior, y respecto a lo demandado por la actora reconvencional consistente en el pago de la Pensión alimenticia que viene disfrutando en autos del expediente 458/1988, del índice de este juzgado en forma vitalicia, dígasele que la obligación alimentaria nace y se extingue por las consecuencias que emanan de la ley, por lo que los alimentos de una persona son un derecho protegido que no se pierde por no solicitarse en determinado momento, sino que dura tanto como la persona necesite de ellos para subsistir, siendo por ello dicha obligación alimentaria de tracto sucesivo e inherente a la necesidad del acreedor alimentario y no se suprime con el transcurso del tiempo y menos puede precluir, puesto que se trata de un derecho sustantivo irrenunciable, pues al ser de orden público, el derecho no queda sujeto a voluntad de las partes, ni se extingue no obstante la disolución del vínculo matrimonial, pues mientras subsista la necesidad alimentaria y no exista declaración judicial en contrario, el deudor alimentista debe continuar cumpliendo con la condena decretada en favor de SEVERIANA LOPEZ JIMENEZ, en el expediente número 458/1988 del índice de éste Juzgado, mientras no sobrevenga alguna de las causas que refiere el artículo 300 del Código Civil, por lo anterior, dicha actora en la reconvención seguirá disfrutando de la referida pensión hasta en tanto no incumpla con lo establecido en segundo párrafo, del numeral en cita, esto es, se acredite que cuenta con ingresos, que se encuentra haciendo vida en común o haya contraído matrimonio, correspondiendo en ese supuesto al actor ROBERTO VEGA BETANZOS tramitar lo conducente.". De ahí que contrario a lo aseverado por el quejoso, en la sentencia de divorcio, sí se determinó que a pesar de decretarse el divorcio sin declaración de cónyuge culpable, subsistía la pensión alimenticia fijada en el juicio 458/1988, a favor de la demanda, al ser de orden público, que no se suprimen por el transcurso del tiempo, no precluyen, ni quedan sujetos a la voluntad de las partes, mientras subsista la necesidad alimentaria. Además, en dicha sentencia al establecerse la subsistencia de la pensión preestablecida a favor de la cónyuge del actor, se puntualizó que sería mientras no sobreviniera alguna de las causas del artículo 300 del Código Civil (sic), ya sea que la acreedora alimentista cuente con ingresos, que se encuentre haciendo vida en común o haya contraído matrimonio, precisándose que en ese supuesto correspondía al actor tramitar lo conducente. En esas condiciones, es correcto como estimó la Sala responsable, que sí se determinó en la sentencia de divorcio la subsistencia de la pensión alimenticia a favor de la demandada incidental, que sin ser vitalicia, ".dura tanto como la persona necesite de ellos para subsistir." y de ocurrir alguna causa de cesación de la pensión alimenticia, previstas en el diverso numeral 332, del Código Civil para el Estado, correspondía al deudor alimentario demostrar esa circunstancia, lo cual implica que no es a la acreedora de alimentos a quien le corresponde demostrar que tiene o subsiste la necesidad de ellos, sino que la carga de prueba para acreditar que la acreedora alimentaria ya no los necesita, correspondía al actor incidental que pretendió su cancelación, por alguna de las causales que establece la ley. Al respecto, el artículo 332, de la legislación civil estatal, en que se funda la sentencia reclamada, establece: "Artículo 332.- Cesa la obligación de dar alimentos: I. II. Cuando el alimentario deja de necesitar los alimentos; III. Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo o al estudio del alimentario mayor de edad, mientras subsistan estas causas; IV. Si el alimentario, sin consentimiento del que deba dar los alimentos, abandona la casa de éste, por causas injustificadas. Si las causas fueron atendibles, podrá el alimentario solicitar su desincorporación; V. Cuando los hijos cumplan la mayoría de edad y no se encuentren estudiando; hayan concluidos (sic) sus estudios, contraigan nupcias o se emancipen; VI. En caso de violencia familiar inferida, por el acreedor alimentista mayor de edad, contra el que debe prestarlos; y VII. Cuando el cónyuge o concubino que los recibe, realice un trabajo o actividad que le permita subsistir, contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato.". De todo lo expuesto es que es infundado que al decretarse el divorcio necesario del quejoso y su ex cónyuge, se extinguiera el derecho de alimentos de la acreedora alimentaria, porque como se ha visto, en esa misma sentencia se impuso al reconvenido la subsistencia de la pensión alimenticia fijada con anterioridad en diverso juicio y de considerar que se actualizaba una causa de cesación de los alimentos, que conforme al artículo 300 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, no lo es el divorcio necesario, correspondía al deudor alimentario demostrar plenamente esa circunstancia, ya sea que la acreedora de alimentos ya no los necesite porque realice un trabajo o actividad que le permita subsistir, contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato; en tanto el actor incidental basó su pretensión de cancelación de alimentos, en el referido divorcio, y que la demandada vivía con sus hijos que ya eran mayores de edad y éstos obtenían ingresos para su subsistencia, cuidaba a sus nietos, su hija dio de alta a la demandada en el ISSSTE y su ex cónyuge dependía directamente de su hija. Robustece lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 1/90, publicada en el Apéndice 2000, Octava Época, Materia Civil, Tomo IV, Civil, Jurisprudencia SCJN, página 34, registro digital 912986, con el rubro y contenido: "ALIMENTOS. SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DE SUMINISTRARLOS EN LOS DIVORCIOS EN QUE NO HAY CÓNYUGE CULPABLE, COMO OCURRE EN LA CAUSAL RELATIVA A LA SEPARACIÓN POR MÁS DE DOS AÑOS PREVISTA POR EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN XVIII DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL. La referida causal, a saber, la separación de los cónyuges por más de dos años, independientemente del motivo que la haya originado, debe dar lugar a la obligación de suministrar alimentos pues si bien no existe disposición expresa en ese sentido ello se sigue al integrar la ley y al aplicarla analógicamente. En efecto, el artículo 288 del Código Civil para el Distrito Federal adolece de una laguna, que debe integrarse conforme a las normas fijadas por los artículos 19 de dicho ordenamiento y 14 de la Constitución General de la República. El vacío de la ley radica en la falta de regulación precisa y pormenorizada de la subsistencia de la obligación de los cónyuges de darse alimentos en el caso de que se disuelva el vínculo matrimonial por la causa de divorcio fijada en el artículo 267, fracción XVIII del código invocado para lo cual no se califica la culpabilidad o inocencia de los consortes, toda vez que la norma en comento sólo prevé directamente las situaciones de divorcio necesario en las que se hace esa calificación y las de divorcio por mutuo consentimiento, sin que la antes especificada quede comprendida en esas categorías. Sin embargo, el principio general adoptado en esa ley respecto de los alimentos entre los cónyuges en caso de divorcio en general, consiste en que debe conservarse subsistente el derecho del que los necesita, si no ha sido declarado culpable de la disolución del vínculo, sujeto a las modalidades que exige la naturaleza jurídica de tal obligación en ese evento y a las circunstancias del caso, tales como la capacidad de los cónyuges para trabajar y su situación económica, sin excluir de modo expreso el divorcio necesario fundado en la causal mencionada. De ello se infiere, considerando, además, que donde existe la misma razón debe aplicarse la misma disposición, que en la hipótesis de que se trata procede la condena al pago de alimentos en favor del cónyuge que los necesite y en contra del que tenga la posibilidad de darlos, tomando en cuenta las constancias de autos, la capacidad actual de los dos para trabajar y su situación económica, además de los elementos que deben tenerse presentes siempre que se va a decidir una controversia sobre alimentos, valorándolos cuidadosamente y en uso de un prudente arbitrio.". Finalmente, tampoco el actor incidental acreditó cubrir otra pensión alimenticia a favor de Enrique Vega Martínez, como refirió en su demanda incidental, de quien solo exhibió una copia simple del acta de nacimiento que refiere nacido el uno de septiembre del año dos mil. En síntesis, el derecho de alimentos de la ex cónyuge, no es vitalicio, ni termina por el divorcio, sino subsiste mientras exista el estado de necesidad y es el deudor alimentario, quien debe acreditar fehacientemente alguna de las causas legales de su cesación, por lo que al no haber acontecido así, resultan infundados los motivos de inconformidad analizados. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis V.3o.C.T.8 C (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Civil, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, página 2410, registro digital: 2016905, con el texto: "ALIMENTOS EN CASOS DE DIVORCIO. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS NO SURGE DE LA DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO, SINO DE LA REALIDAD ECONÓMICA QUE COLOCA AL ACREEDOR DE LA PENSIÓN EN UN ESTADO DE NECESIDAD E IMPOSIBILIDAD DE ALLEGARSE LOS MEDIOS PARA SU SUBSISTENCIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL DIVORCIO SE FUNDE O NO EN CAUSA ALGUNA (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 170 DEL CÓDIGO DE FAMILIA PARA EL ESTADO DE SONORA). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en sesiones de 22 de octubre y 19 de noviembre de 2014 los amparos directos en revisión 269/2014 y 230/2014, respectivamente, determinó que de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, deriva el derecho fundamental de toda persona a acceder a un nivel de vida adecuado o digno. Ahora bien, en los precedentes citados, se interpretó ese derecho fundamental en relación con la obligación de dar alimentos y se estableció que la legislación civil o familiar en nuestro país reconoce una serie de relaciones familiares de las que puede surgir la obligación de dar alimentos, entre las que destacan: las relaciones paterno-filiales, el parentesco, el matrimonio, el concubinato y la pensión compensatoria en casos de divorcio. Respecto a esta última, se señaló que una vez decretada la disolución del matrimonio, la obligación de dar alimentos entre cónyuges termina y podría, en un momento dado, dar lugar a aquélla para resarcir el desequilibrio económico que suele presentar el cónyuge que durante el matrimonio se vio imposibilitado para hacerse de una independencia económica, dotándolo de un ingreso suficiente hasta en tanto se encuentre en posibilidades de proporcionarse a sí mismo los medios necesarios para su subsistencia; posteriormente, dicha Primera Sala al resolver en sesión de 5 de octubre de 2016, la contradicción de tesis 359/2014, consideró que para el efectivo cumplimiento del artículo 17, numeral 4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado debe garantizar la igualdad y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los ex cónyuges cuando ocurre el divorcio, lo cual permite reconocer el derecho a percibir alimentos después de la disolución. Con base en las consideraciones anteriores es válido afirmar que, conforme a la doctrina jurisprudencial, la pensión compensatoria en casos de divorcio forma parte de la institución de los alimentos en el derecho mexicano y guarda una íntima relación con el derecho fundamental de acceso a un nivel de vida adecuado previsto en los artículos 4o. y 11 citados, así como el deber del Estado de garantizar la igualdad y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los ex cónyuges cuando ocurre el divorcio, en términos del artículo 17, numeral 4, referido, pues evita que el cónyuge que durante el matrimonio se haya visto imposibilitado para desarrollar una independencia económica en virtud de haberse dedicado a las tareas de mantenimiento del hogar y cuidado de los hijos, una vez disuelto el vínculo, se encuentre en un estado de necesidad extrema que afecte su dignidad como persona y haga nugatorio dicho derecho. Por otra parte, los artículos 168, 169, 170 y 515 del Código de Familia para el Estado de Sonora, referentes a la subsistencia de la obligación entre cónyuges de dar alimentos en casos de divorcio, no reconocen la pensión compensatoria, pues sólo hacen alusión al divorcio voluntario cuando los alimentos se pacten; al necesario, por la enfermedad grave, incurable y transmisible o incapacidad mental manifiesta o declarada judicialmente de uno de los cónyuges (causal objetiva); y, cuando la disolución del vínculo matrimonial se deba a la conducta culpable de uno de los consortes (causal subjetiva). De hecho, el artículo 170 citado, que establece como sanción civil la pensión alimenticia a cargo del cónyuge culpable cuando el inocente no posea bienes y esté incapacitado para trabajar resulta inaplicable en los juicios de divorcio, pues conforme a la jurisprudencia 1a./J. 28/2015 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal del País, los calificativos de cónyuge culpable e inocente no tienen cabida en este tipo de procesos judiciales. Todo lo anterior motiva a que el artículo 170 mencionado, deba interpretarse de conformidad con los diversos 4o., 11 y 17, numeral 4, señalados, para el efecto de prescindir de la condicionante establecida en aquél, en el sentido de que la obligación de dar alimentos necesariamente surja de la culpabilidad de uno de los cónyuges y, en cambio, reconocer el derecho del consorte que no posea bienes y esté incapacitado para trabajar, a percibirlos, con independencia de que el divorcio se funde o no en causa alguna. Lo anterior, en la inteligencia de que el Juez, para resolver sobre el otorgamiento de la pensión y, en su caso, fijar la cuantía correspondiente, deberá tomar en cuenta los parámetros contenidos en el párrafo segundo del numeral 170 aludido, y complementarlos con aquellos establecidos por la Primera Sala, al resolver los amparos directos en revisión invocados; sin perjuicio de que posteriormente cese la obligación relativa por la actualización de alguno de los supuestos contenidos en la legislación civil o familiar local. Así, mediante la interpretación conforme del artículo 170 mencionado, para los efectos señalados, por una parte se salva su constitucionalidad, al hacerlo afín a la doctrina jurisprudencial contemporánea conforme a la cual los alimentos en caso de divorcio no surgen como consecuencia del acto jurídico que disuelve el matrimonio, sino de una realidad económica que coloca al acreedor de la pensión en un estado de necesidad e imposibilidad de allegarse de los medios suficientes para su subsistencia. Por otra parte, en observancia al principio de progresividad contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos tratados internacionales ratificados por México, se cumple con la exigencia positiva de interpretar las normas contenidas en el Código de Familia para el Estado de Sonora, de manera que se amplíen, en lo posible jurídicamente, los derechos alimentarios de personas que a raíz de un divorcio pudieran ubicarse en una situación de vulnerabilidad o desequilibrio económico.". En consecuencia, ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación, al no advertirse una causa que amerite suplencia de la queja, debe negarse el amparo solicitado, lo cual se hace extensivo al acto de ejecución, por no reclamarse por vicios propios de la autoridad. Quinto. Publicación de datos personales. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis; y en observancia de lo dispuesto en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mli diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 73, 74, 75 y 77, fracción II, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se; R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ..., por propio derecho, contra el acto que reclamó de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, consistente en la resolución pronunciada el tres de marzo de dos mil veintiuno, en el toca Familiar 241/2020 y, su ejecución por la actuaria adscrita a dicha Sala. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (LA PRESENTE SENTENCIA SE PUBLICÓ EL DIA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO)

  3. Principal

    En el Municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las nueve horas con nueve minutos del cuatro de mayo de dos mil veintiuno, la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, licenciada D. Guadalupe Reyes García, en funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiocho de enero de dos mil veinte, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/326/2020 de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada; con el(la) Secretario(a) licenciado(a) Román Fierros Zárate, quien autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional señalada para hoy, sin asistencia de las partes, vía remota, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2 (COVID- 19), reformado en cuanto a su periodo de vigencia por el diversos 25/2020 y 37/2020 del aludido pleno. Acto continuo, el(la) Secretario(a) certifica que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenida en el apercibimiento dictado en el auto inicial. Enseguida, el(la) Secretario(a) hizo una relación de las constancias de autos. La Secretaria en funciones acuerda: téngase por formulada la relación de constancias que antecede y provéase lo conducente respecto de la certificación secretarial, en la sentencia que se pronuncie en este juicio. Abierto el periodo probatorio, el(la) Secretario(a) hace constar que la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, remitieron a)Original del toca familiar 241/2020; b)Original del expediente 458/1988, del índice del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca; c)Original del cuaderno de incidente de Cancelación de Pensión Alimenticia, con dos cuadernos de pruebas anexos al expediente 458/1988. A lo que la Secretaria en funciones acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza las documentales ofrecidas por la referida autoridad responsable; por lo que no habiendo pruebas pendientes que desahogar, se cierra dicho período. Abierto el periodo de alegatos, el(la) Secretario(a) hace constar y certifica que las partes no formularon alegatos. La Secretaria en funciones acuerda: como no se formularon alegatos, se cierra dicho periodo y se procede a dictar la siguiente resolución: LA SECRETARIA EN FUNCIONES DE JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA Lic. D. Guadalupe Reyes García EL(LA SECRETARIO(A) DE JUZGADO Lic. Román Fierros Zárate

  4. Principal

    MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días concedido a las partes en proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, a fin de que se impusieran del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable ahí puntualizada. En tal virtud, para dar margen a la recepción del informe en cita, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL CUATRO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, para su celebración. NOTIFÍQUESE.

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