Roberto Vázquez Valdez

Expediente 1381/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1381/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Roberto Vázquez Valdez

Actuaciones

  1. Principal

    Juzgado acepta competencia Agréguese a los autos el oficio remitido vía correo electrónico por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual informa que el órgano jurisdiccional de su adscripción aceptó la competencia para conocer la demanda de amparo promovida por , la cual se radicó con el número de su estadística. Archivo En virtud de lo expuesto en el apartado precedente, se considera que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, por lo que, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, ya que carece de relevancia documental e histórica el presente cuaderno, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, del punto vigésimo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, se toma nota que es susceptible de destrucción, al haberse remitido la demanda de amparo a diverso órgano jurisdiccional para su conocimiento y resolución; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto undécimo del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y las capturas respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Integración del expediente electrónico Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: ROBERTO VÁZQUEZ VALDEZ. Demanda y radicación Con la demanda de amparo de cuenta, Roberto Vázquez Valdez solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades. En consecuencia, fórmese expediente y regístrese con el número III-1381/2019, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consideraciones previas En primer término, debe destacarse que el artículo 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo a fin de determinar si, en el caso, resulta procedente desecharla, prevenirla o admitirla. En el caso, resulta pertinente precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un derecho fundamental inserto en la genérica de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Conviene destacar que el análisis de la demanda de amparo revela que la parte quejosa reclama lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: 1.- De la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, del H. Congreso de la Unión se reclama: La discusión y aprobación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones contenidas en la Ley del Servicio de Administración Tributaria de 12 de junio de 2003, específicamente el 7, fracción XVIII, de la Ley del Servido de Administración Tributaria. 2.- Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se reclama: La promulgación del Decreto por el que se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones contenidas en la Ley del Servicio de Administración Tributaria de 12 de junio de 2003, específicamente el 7, fracción XVIII, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. 3.- De la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1", con sede en Michoacán, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria se reclama: La emisión de la orden de revisión GIF0300009/19, con número de folio 2346571, que mediante oficio 500-37-00-03-01-2019-912 de 11 de noviembre de 2019, el Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Michoacán "1", con sede en Michoacán, del Servicio de Administración Tributaria, solicita al suscrito diversa información y documentación, la cual fue notificada el 15 de noviembre de 2019 a través de buzón tributario." Precisado lo anterior, resulta pertinente destacar que este juzgado federal advierte que carece de competencia para conocer del presente asunto, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos antes citados establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:. [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]" "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." (lo subrayado es propio). De la lectura de los preceptos legales antes citados, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Bajo ese contexto, en este asunto resulta aplicable la regla especificada en el inciso 1), es decir, la relativa al primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la cual precisa que cuando trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, será competente para conocer del asunto aquél Juez de Distrito en cuya jurisdicción se trate dicha ejecución. En efecto, la parte quejosa reclama una norma general en materia fiscal emitida por el Congreso de la Unión, así como del resto de las autoridades responsables su intervención en el referido proceso legislativo, con excepción de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1", pues de dicha autoridad reclama la emisión de la orden GIF0300009/19, con folio 2346571, en la que se le solicitó la exhibición de diversa documentación. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha delineado criterios generales en torno a la competencia de los Juzgados de Distrito para conocer y resolver de los juicios de amparo cuando se impugnen leyes generales, ya sea por su sola entrada en vigor [autoaplicativas], o por su primer acto de aplicación [heteroaplicativas]; criterios en los que ha prevalecido como común denominador la premisa consistente en que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el contribuyente tenga su domicilio fiscal y deba dar cumplimiento con tales obligaciones. Así, para el caso de que se reclame una norma por su primer acto de aplicación, la Segunda Sala del alto tribunal del país, al resolver la contradicción de tesis 133/2002-SS sostuvo que debe considerarse competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar del domicilio fiscal del contribuyente. Mientras que en lo referente a las normas fiscales autoaplicativas la misma Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación sostuvo que es competente para conocer del amparo contra una ley general de esa naturaleza al Juez que ejerza jurisdicción en el lugar en el que los destinatarios deban acatarlas. Lo anterior se apoya en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo si el acto reclamado en un juicio de garantías requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Ahora bien, si se reclama en un juicio de amparo indirecto una ley fiscal federal con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la declaración y pago de la contribución en ella establecida, efectuados a través de medios electrónicos, debe considerarse competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar del domicilio fiscal del contribuyente, el cual coincide con la circunscripción territorial de la unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria a la que se entienden dirigidos la declaración y el pago relativos, por ser aquel en que tuvo ejecución el acto de aplicación y producirá sus consecuencias de control y fiscalización autoritarios, pues el criterio general establecido en la legislación fiscal para efectos de vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales es el de su domicilio fiscal, que se precisa en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, y en relación con el cual se realiza su control por la unidad administrativa regional en cuya circunscripción se ubica. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que formalmente la declaración presentada por medios electrónicos se dirige, en general, al Servicio de Administración Tributaria, el cual, conforme al artículo 4o. de la Ley que lo regula tiene su domicilio en la Ciudad de México, donde se ubican sus oficinas centrales, también lo es que la introducción de los medios electrónicos como vía para el cumplimiento de las obligaciones fiscales sólo tuvo por finalidad el simplificar a los contribuyentes tal cumplimiento, pero no modificar el criterio del domicilio fiscal como lugar de vinculación de los contribuyentes a dicho cumplimiento, ni el régimen de distribución de facultades entre los órganos que conforman tal dependencia bajo el criterio de desconcentración para el logro de una administración tributaria accesible, eficiente y cercana a los contribuyentes, por lo que la declaración y el pago relativos deben entenderse dirigidos a la unidad administrativa que ejerce el control sobre el contribuyente; además, considerar que la ejecución del acto tuvo lugar en la Ciudad de México por encontrarse en ella el domicilio del Servicio de Administración Tributaria sería sustentar un criterio contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que llevaría a concentrar en los Juzgados de Distrito que ejercen jurisdicción en tal entidad los juicios promovidos contra leyes fiscales cuando el avance tecnológico computacional tiende a que la mayoría de los contribuyentes cumpla sus obligaciones a través de medios electrónicos." De igual manera, es aplicable al caso jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro y texto dicen: "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se le identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, queden automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder, por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos." En este espacio, conviene destacar que la parte quejosa combate la norma legal que cita en la demanda de amparo a partir del primer acto de aplicación, el cual, desde su perspectiva, se encuentra contenido en la orden GIF0300009/19, con folio 2346571, en la que se le solicitó la exhibición de diversa documentación. Conforme al criterio fijado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe indicarse que es competente para conocer de la demando de amparo en la que se reclama una norma general con motivo de su primer acto de aplicación, el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar del domicilio fiscal del contribuyente. Conviene mencionar que el criterio general establecido en la legislación fiscal para efectos de vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales es el de su domicilio fiscal, que se precisa en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, y en relación con el cual se realiza su control por la unidad administrativa regional en cuya circunscripción se ubica. Esto es, el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes se vincula directamente con su domicilio fiscal, pues en ese lugar es donde deben acatar las disposiciones contenidas en las leyes de materia fiscal. Ahora, si bien el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que la orden GIF0300009/19, con folio 2346571, de once de noviembre de dos mil diecinueve, le fue notificada el quince de ese mismo mes y año a través del buzón tributario, la realidad es que tal constancia revela que su domicilio fiscal se ubica en Serapio Rendón, número trece (13), Morelos, Apatzingán, Michoacán de Ocampo, código postal 60640. Por tanto, si el quejoso tiene su domicilio fiscal en Apatzingán, Michoacán, resulta inconcuso que el Juez competente para conocer de la presente demanda, será el Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien tiene jurisdicción en aquel lugar, tal como lo dispone el artículo 37 de la ley de la materia, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Consecuentemente, la competencia para conocer del presente juicio de amparo se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, por lo que este Juzgado Federal carece de competencia legal en términos del párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. Remisión del expediente En acatamiento a lo previsto por el numeral 48, primer párrafo, de la ley de la materia, procede declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión en favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno; por tanto, remítasele la referida demanda con sus anexos, para los efectos legales correspondientes, solicitándose el acuse de recibo respectivo. Domicilio y autorizados Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a María Esther Ruiz López y Ulises Martínez Rosiles, mientras que el resto de personas indicadas contarán con autorización en términos restringidos de dicho numeral, toda vez que únicamente los primeros mencionados tienen con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se obtiene de la certificación secretarial de cuenta. Habilitación de horas inhábiles, anotaciones y capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Expediente Electrónico A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y fórmese el cuaderno de antecedentes con copia de la demanda para los efectos legales procedentes. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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