Roberto Raúl Salralegui Pérez
Expediente 43/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 19 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 43/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 19/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Roberto Raúl Salralegui Pérez
Actuaciones
- Principal
Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Son las que se toman a continuación: 1.1. Radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, Roberto Raúl Salralegui Pérez solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye al Fiscal General del Estado de Michoacán y agente del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán Augusto Emmanuel de la O Pérez, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese con el número 43/2022. 1.2. Desechamiento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, del análisis de la demanda de cuenta se evidencia que el promovente de amparo reclama lo siguiente: La omisión de la investigación de los delitos denunciados en la carpeta de investigación 1003202046580, con número de expediente MOR/053/41024/2020, así como de decretar medidas de protección y de dar respuesta diversas peticiones formuladas en la misma. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, la consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de definitividad, que impone como obligación al quejoso, antes de acudir al juicio de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tilda de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que pueda producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, conforme a la fracción invocada, el gobernado podrá ejercer la acción constitucional de amparo hasta después de haber agotado todas las instancias procesales que regule la ley que rija el acto reclamado. Ahora, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De la lectura de dicho artículo evidencia que, los actos atribuidos al Ministerio Publico, por sus determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, podrán impugnarse por la víctima u ofendido, ante el juez de control. En cuyo caso, el juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. Así pues, se colige que, ciertamente, en general se trata de las actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación; las cuales podrán impugnarse por la víctima u ofendido ante el juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de la resolución; en cuyo caso, dicho juzgador citará a las partes a una audiencia en la que los escuchará y resolverá en definitiva. Lo anterior constituye un medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal; con la finalidad de que sea el juez de control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine incluso en una sola audiencia, si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. En suma, para que opere el principio de definitividad, es necesario que exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad. En el caso a estudio, Roberto Raúl Salralegui Pérez acude a esta instancia constitucional en su calidad de ofendido o víctima, pues bajo protesta de decir verdad, manifestó haber presentado una denuncia, misma que originó el inicio de la carpeta de investigación 1003202046580, con número de expediente MOR/053/41024/2020, de la estadística del agente del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán Augusto Emmanuel de la O Pérez. De ahí que, con base en lo establecido en el último párrafo del artículo 105, así como por el Libro Primero, Título V, Capítulo II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene el carácter de parte dentro del procedimiento penal; y, por ende, es titular de los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley nacional establecen con base en el principio de igualdad ante la ley y entre las partes que postulan respectivamente los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por virtud de estos principios, el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos del delito, entre los que se encuentran intervenir en el juicio e interponer los recursos respectivos. Las razones por las cuales el Poder Reformador al introducir en el nuevo sistema de Justicia Penal el carácter de parte que tiene tanto la víctima de un delito como quien resulte ofendido por la conducta, fue la protección de sus derechos fundamentales, que se pueden aglomerar en lo siguiente: El derecho fundamental al defensor público; El fortalecimiento del derecho fundamental a la reparación del daño; El derecho fundamental a impugnar el no ejercicio de la acción penal y su desistimiento y sus actos equivalente, por medio del control de legalidad, así como perfeccionar su control constitucional frente a sus problemas actuales. A través de tales derechos fundamentales se logra el propósito establecido en el Código Nacional de Procedimiento Penales, el cual, en su artículo 2o., dispone que el objeto de ese código es establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para: Esclarecer los hechos, Proteger al inocente, Procurar que el culpable no quede impune, Reparar el daño. Principios con los cuales se asegura el acceso a la justicia en la aplicación del derecho, se resuelven los conflictos que surjan con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En ese orden de ideas, el equilibrio procesal que existe en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, propicia que las víctimas del delito o los ofendidos con la conducta delictuosa, puedan acudir ante el juez de control para que éste, en ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejerza un control de regularidad de legalidad respecto de los actos tanto positivos como negativos del Ministerio Público, para que éste no sea obstáculo en relación con las pretensiones del resto de las partes. Así, el papel del Juez de Control, en el nuevo sistema procesal, implica que la autoridad judicial puede revisar la manera en cómo el Ministerio Público atiende y protege a las víctimas, para conducir las acciones concretas que se realicen en todas las etapas del procedimiento a una justicia restaurativa. Esa circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que, en general, se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En ese sentido, puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en tal supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones del Ministerio Público que definen el curso de una investigación, es que, al estimar ilegal su actuación, aquél debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esa manera, tratándose de la omisión ministerial, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, la continuación de la investigación a cargo del Ministerio Público. Así pues, la interpretación sistemática y funcional de los artículos mencionados en párrafos precedentes permite demostrar que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional referido. Medio de impugnación que resulta idóneo, pues, como se dijo, al revisar las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, el juez de control puede determinar que la conducta asumida por quien conduce aquélla es ilegal y, con base en ello, conminarlo a que reanude la misma y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, ello, para cumplir con el objetivo establecido en el artículo 2° del citado Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin que, en el caso, se actualice alguna de las hipótesis de excepción que establece la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues, en el nuevo sistema procesal penal acusatorio y oral, el Juez de Control tiene amplias facultades para imponer las medidas cautelares que estime pertinentes para proteger los derechos de los intervinientes en el proceso, ya que la intención del Poder Reformador, al diseñar la figura del Juez de control -en la reforma constitucional de diecisiete de junio de dos mil ocho-, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos, además, realizarlo de forma expedita y en breve término. Incluso, no existe ningún precepto legal del cual pueda advertirse que el Código Nacional de Procedimientos Penales exige mayores requisitos para para el otorgamiento de la suspensión definitiva, precisados por la ley de amparo, pues debe recordarse que, con base en el artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, esto es, el juez de control tiene amplias facultades para precisar la situación jurídica en la que deba prevalecer la investigación, entre otras determinaciones, como se indicó, puede conminarse al Ministerio Público a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. En virtud de lo expuesto, la víctima u ofendido por alguna conducta delictuosa, antes de acudir al juicio de amparo a reclamar las omisiones en que incurra el Ministerio Público en la conducción de la investigación, debe comparecer ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por consiguiente, como se indicó, se actualiza la causa de improcedencia analizada respecto de la abstención de prosecución de la denuncia presentada por Roberto Raúl Salralegui Pérez, misma que originó el inicio de la carpeta de investigación 1003202046580, con número de expediente MOR/053/41024/2020, de la estadística del agente del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán Augusto Emmanuel de la O Pérez, con residencia en esta ciudad. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, promovida por Roberto Raúl Salralegui Pérez, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. 1.3. Domicilio y autorizado. Sin que haya lugar a tener por señalando autorizado, pues sería contradictorio a lo ya argumentado, relativo a que no existe instancia de parte agraviada. 1.7. Usuario. Ahora bien, como lo solicita, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se instruye al actuario respectivo para que registre al usuario SALVADORLARA y se realicen las notificaciones relativas a este juicio de amparo, a través de ese medio.
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