Roberto Suarez Izquierdo

Expediente 1570/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1570/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
24/12/2021

Partes del expediente

  • Roberto Suarez Izquierdo

Actuaciones

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Vistas las certificaciones que preceden, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, en contra el auto emitido el tres de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, promovida por Roberto Suárez Escalante, Gustavo Adolfo Suárez Izquierdo y Roberto Suárez Izquierdo, sin que la parte interesada la hubiere recurrido. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales. Ahora, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Devolución documentos. Ahora, tomando en cuenta que la parte promovente de amparo anexó a su escrito inicial de demanda un Disco Versátil Digital (DVD), que contiene copia certificada del audio y video de la audiencia intermedia celebrada en la carpeta administrativa 229/2020 de la estadística del Juzgado Segundo de Control de la Región Judicial Seis de Comalcalco, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a Roberto Suárez Escalante, Gustavo Adolfo Suárez Izquierdo y Roberto Suárez Izquierdo, para que por sí o por conducto de quien legalmente los represente, comparezcan ante este juzgado en un plazo de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al que surta efectos legales la notificación de este proveído, a recoger dicho anexo. Apercibidos que de no hacerlo, una vez fenecido el plazo citado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente (90 días), podrá ser transferido al centro archivístico para ser destruido. Notifíquese como corresponda.

  2. Principal

    Juicio 1570/2021-V-II folio 14403. catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee; intégrese a los autos la razón actuarial que antecede, en la que la fedataria de la adscripción manifiesta la imposibilidad material para notificar a los quejosos Roberto Suárez Escalante, Gustavo Adolfo Suárez Izquierdo y Roberto Suárez Izquierdo, el auto dictado el tres de diciembre de dos mil veintiuno, por las razones que expone en la misma. Dado lo anterior, y tomando en consideración que la parte quejosa señaló únicamente como domicilio para recibir citas y notificaciones el mencionado en el escrito inicial de demanda, hágase a la parte procesal en mención, la notificación correspondiente del auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, el presente proveído, así como las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto, señale nuevo domicilio para recibir citas y notificaciones; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Juicio 1570/2021-V-II folio 13854. tres de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese la demanda de amparo promovida por Roberto Suárez Escalante, Gustavo Adolfo Suárez Izquierdo y Roberto Suárez Izquierdo, contra actos del Vice Fiscal de Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Tabasco y otras autoridades. Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 1570 2021-V. Genérese el expediente electrónico e impreso. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley en cita, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable respecto a los actos y autoridades que se mencionan a continuación 1. Del Vicefiscal de Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Tabasco y Fiscal del Ministerio Público del Centro de Procuración de Justicia Fiscalía de la Ciudad de Comalcalco, Tabasco: A) La contestación de forma verbal al planteamiento de una terminación anticipada del proceso proceso abreviado en la cual, propone tres años dos meses de prisión a los quejosos, en la audiencia intermedia de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, relacionada con la causa penal 229 2020. 2. Del Juez Segundo de Control de la Región Judicial Seis, con sede en Comalcalco, Tabasco B) El inminente dictado del auto de apertura a juicio oral en la carpeta administrativa 229 2020. Ahora, el artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto***. Ahora, cuando se reclama en el juicio de amparo indirecto un acto de la autoridad ministerial en la que de manera verbal les propone una terminación anticipada del proceso (proceso abreviado) en la cual, se plantean tres años dos meses de prisión a los quejosos, en la audiencia intermedia de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, relacionada con la causa penal 229 2020, es posible analizar desde el auto inicial, la naturaleza, tanto del acto reclamado, como de la autoridad responsable, porque éstas no van a cambiar durante la tramitación del juicio de amparo, lo que da pauta para desechar la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Esto es, la naturaleza jurídica de ese acto y de la autoridad, no depende de lo que se llegue a probar en el juicio de amparo, por lo cual, desde la presentación de la demanda de amparo, hasta el dictado de la sentencia, de ser el caso, esa circunstancia no va a cambiar; de ahí que sea posible hacer una pronunciamiento desde la presentación de la demanda. Ahora bien, la causa de improcedencia que se sustenta en la naturaleza del acto reclamado y de las autoridades señaladas como responsable, es decir, que dicho acto fue emitido por el fiscal en calidad de parte y no como autoridad, constituye una circunstancia que puede ser analizada desde la presentación de la demanda de amparo, de cuyo estudio es dable desprender si da lugar o no a una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Análisis de la causal de improcedencia que se estima manifiesta e indudable. En el caso concreto, en la demanda de amparo indirecto se señalaron como actos reclamados, del Vicefiscal de Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Tabasco y Fiscal del Ministerio Público del Centro de Procuración de Justicia Fiscalía de la Ciudad de Comalcalco, Tabasco, la propuesta de la pena de tres años dos meses, para efecto de terminar anticipadamente el proceso a través de un procedimiento abreviado. Lo anterior involucra el análisis de la causal de improcedencia prevista en el artículo 5, fracción II, en relación con el artículo 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, conforme a la cual, se establece que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclame un acto que no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Dichos preceptos señalan lo siguiente*** En efecto, la institución del Ministerio Público es titular del ejercicio de la acción penal, y, en ese sentido, puede disponer de ella, de conformidad con los artículos 21 constitucional, 127, 131, fracción XVI, y demás relativos y aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, el Ministerio Público actúa como autoridad en la etapa de investigación inicial; empero, una vez que el procedimiento penal se judicializa, la autoridad es el Juez; mientras que el Ministerio Público actúa como parte, de conformidad con el artículo 105, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las premisas anteriores constituyen reglas generales, con las excepciones establecidas constitucional, legal y jurisprudencialmente, por ejemplo, la acción penal de particulares o los actos del Ministerio Público que no requieren control judicial. Ahora, en el procedimiento abreviado que regula el Código Nacional de Procedimientos Penales, derivado del momento procesal en que surge dicha institución jurídica, el Ministerio Público actúa como parte, porque se trata de una forma de terminación anticipada del proceso, cuya oportunidad es después de que se dicta el auto de vinculación a proceso, y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral, de acuerdo con el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, sólo se puede solicitar el procedimiento abreviado cuando el proceso penal está judicializado; de ahí que el Ministerio Público actúa como parte y no como autoridad para efectos del amparo. Al respecto, es menester invocar los preceptos siguientes del Código Nacional de Procedimientos Penales*** De los numerales citados, se obtiene los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales son: el imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Por ende, la representación social tiene diversas facultades y obligaciones dependiendo de las diferentes etapas del procedimiento penal. Al respecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales dispone*** Lo anterior pone en relieve que el proceso penal acusatorio comprende las siguientes etapas: 1. De investigación a inicial y b complementaria, 2. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y 3. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. Asimismo, el proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con la sentencia firme. Derivado de lo anterior, una vez llevada a cabo la etapa de investigación por parte del Ministerio Público y formulada la imputación correspondiente, el Juez de Control podrá decretar auto de vinculación a proceso si considera que existen datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión como aconteció en el caso concreto el cual podrá ser impugnado vía recurso de apelación o, en su caso, por medio del juicio de amparo indirecto. Además, la autoridad jurisdiccional debe fijar fecha para la audiencia de cierre de la investigación, tomando en consideración la naturaleza de los hechos atribuidos y la complejidad de la misma. La cual deberá celebrarse dentro de un plazo de dos a seis meses, dependiendo de si la pena máxima del delito excede o no de dos años de prisión. De lo antes expuesto, se advierte en la etapa de investigación inicial -hasta el momento de formular imputación- el Ministerio Público reviste el carácter de autoridad. Pero posteriormente, dentro de la etapa de investigación complementaria, el representante social pierde ese carácter, pues quien tiene la dirección del procedimiento es el Juez de Control, a cuya disposición se encuentra el imputado. Mismo que tiene el deber de actuar con imparcialidad respecto de las cuestiones que ante él debaten las partes en pugna el Ministerio Público y el imputado a través de su defensa. Estimar lo contrario, implicaría validar que al mismo tiempo, se siguieran dos procedimientos, uno ante el Juez de Control y otro ante el Ministerio Público***. De ahí que el Fiscal se convierta en parte dentro del proceso penal y carezca de atribuciones para seguir actuando motu propio como autoridad -salvo los actos materiales de investigación que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece puede realizar sin autorización judicial, en términos de artículo 251 del citado ordenamiento-. Luego, el facultado para solicitar la reducción de la pena en los supuestos señalados en el numeral 202 del precitado código adjetivo, es precisamente, el Ministerio Público; sin embargo, tal facultad está supeditada a la existencia de un convenio previo con el imputado, es decir, ese tipo de determinaciones emitidas en torno a la reducción de las penas, no son obligatorias para el imputado, pues de acuerdo con el artículo 201, fracción III, inciso c, del Código Nacional de Procedimientos Penales, éste tiene la facultad de consentir o no la aplicación del procedimiento abreviado. Por tanto, la negativa del Ministerio Público a reducir la pena en una tercera parte de la prevista respecto del delito por el que se le vinculó a proceso a un imputado, para efectos de la terminación anticipada del proceso penal, a través del procedimiento abreviado, no es un acto de autoridad para efectos del juicio constitucional, en síntesis, por las razones siguientes a Se trata de un acto de disposición de la acción penal, por parte del Ministerio Público como su titular. Esto es, el titular de la acción puede decidir en qué proporción ejercerla dentro de los límites legales. b Se trata también de un acto entre partes, pues se emite en una etapa judicializada del procedimiento penal, donde el Ministerio Público e imputado son partes y el Juez la autoridad que rige el proceso penal. c No es un acto unilateral ni obligatorio, puesto que deriva de un acuerdo entre Ministerio Público e imputado, tan es así, que el imputado tiene la facultad de aceptar o rechazar la aplicación del procedimiento abreviado. Así, la institución ministerial tiene el carácter de parte procesal dentro del proceso penal y cuando solicita la aplicación del procedimiento abreviado que regula el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo hace carente de imperio, obligatoriedad y coercitividad, pues esa determinación deriva de un convenio previo con el imputado, de tal manera que no es vinculante para éste, quien tiene la facultad de rechazar la aplicación de ese tipo de procedimiento. En conclusión, no se trate de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, lo cual constituye una causa de improcedencia manifiesta e indudable, pues no va a variar en el trámite del juicio de amparo, ya que depende directamente de la naturaleza del acto y de la autoridad que lo emite, por lo que es factible desechar la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. La resolución ministerial citada no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, por lo cual, procede desechar la demanda de amparo, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto y de la autoridad permite arribar a esa conclusión, lo cual no variaría si se tramitara el juicio constitucional. Lo anterior es así, por tres razones: a) es un acto de disposición de la acción penal por parte de su titular, el Ministerio Público, conforme a los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 127, 131, fracción XVI, y demás relativos y aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, el titular de la acción tiene la facultad de decidir en qué proporción ejercerla dentro de los límites legales; b se trata también de un acto entre partes, al emitirse en una etapa judicializada del procedimiento penal; y c no es un acto unilateral ni obligatorio, pues deriva de un acuerdo previo entre las partes, toda vez que, el imputado tiene la facultad de aceptar o rechazar la aplicación del procedimiento abreviado, acorde con el artículo 201, fracción III, inciso c, del código referido. Asimismo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII4, en relación con el numeral 5, fracción I5, ambos de la Ley de Amparo, por lo que hace al acto reclamado al Juez Segundo de Control de la Región Judicial Seis de Comalcalco, consistente en dictado del auto de apertura a juicio oral en la carpeta administrativa 229 2020 de su estadística; por lo que tal acto no es inminente, antes bien existe la certeza de que sólo se está en presencia de actos futuros o probables respecto de los cuales es improcedente el juicio de Amparo. En esa tesitura, se puede advertir que los actos combatidos por la solicitante de amparo, no son procedentes en la vía biinstancial que intenta, pues no constituyen un acto de molestia por ser futuro e incierto; esto es así, ya que no existe la certeza de que se emita; máxime que a la fecha tal como lo manifiesta la parte demandada en el escrito de cuenta, dicho procedimiento se encuentra suspendido, por los efectos concedidos en los cuadernos incidentales derivados del juicio de amparo indirecto 1197/2021-IX, de la estadística de este órgano jurisdiccional, lo que es un hecho notorio además para este juzgador en términos del a artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado. Sin que sea inadvertido que las causales de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podrían estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiestas la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada***. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la parte promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Domicilio del quejoso y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de cuenta; y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Miguel Oropeza Hernández, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que lo acredita como licenciado en derecho y en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo a las diversas personas que enlista, por así haberlo solicitado expresamente. En cuanto al correo electrónico y número telefónico que proporciona la parte quejosa para ser notificada, dígasele que es improcedente hacerlo a través de dichos medios, ya que de conformidad con el artículo 30 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5, 6 y 28 ambos del Acuerdo General Conjunto número 1 2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para que proceda realizar las notificaciones vía electrónica es necesario hacerlo a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, mediante el empleo de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación por parte de quien promueve la demanda. No obstante lo anterior, tomando en consideración la emergencia sanitaria que atraviesa el país con motivo del SARS-CoV2 COVID-19, se toma nota de los mismos, por tanto, en caso de requerirlo se autoriza la comunicación a través de los mismos -respecto de comunicaciones no procesales-. Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21 2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12 2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente*** Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 5 del citado Acuerdo General 21 2020, a efecto de brindar atención a las partes -respecto de comunicaciones no procesales, se habilita el correo electrónico 5jdo10cto@correo.cjf.gob.mx. Autorización y habilitación al personal del Juzgado. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, considerándose como información reservada la señalada en el artículo 13 de la Ley Federal en comento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Juicio 1570/2021-V-II folio 13854. tres de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese la demanda de amparo promovida por Roberto Suárez Escalante, Gustavo Adolfo Suárez Izquierdo y Roberto Suárez Izquierdo, contra actos del Vice Fiscal de Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Tabasco y otras autoridades. Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 1570 2021-V. Genérese el expediente electrónico e impreso. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley en cita, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable respecto a los actos y autoridades que se mencionan a continuación 1. Del Vicefiscal de Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Tabasco y Fiscal del Ministerio Público del Centro de Procuración de Justicia Fiscalía de la Ciudad de Comalcalco, Tabasco: A) La contestación de forma verbal al planteamiento de una terminación anticipada del proceso proceso abreviado en la cual, propone tres años dos meses de prisión a los quejosos, en la audiencia intermedia de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, relacionada con la causa penal 229 2020. 2. Del Juez Segundo de Control de la Región Judicial Seis, con sede en Comalcalco, Tabasco B) El inminente dictado del auto de apertura a juicio oral en la carpeta administrativa 229 2020. Ahora, el artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto***. Ahora, cuando se reclama en el juicio de amparo indirecto un acto de la autoridad ministerial en la que de manera verbal les propone una terminación anticipada del proceso (proceso abreviado) en la cual, se plantean tres años dos meses de prisión a los quejosos, en la audiencia intermedia de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, relacionada con la causa penal 229 2020, es posible analizar desde el auto inicial, la naturaleza, tanto del acto reclamado, como de la autoridad responsable, porque éstas no van a cambiar durante la tramitación del juicio de amparo, lo que da pauta para desechar la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Esto es, la naturaleza jurídica de ese acto y de la autoridad, no depende de lo que se llegue a probar en el juicio de amparo, por lo cual, desde la presentación de la demanda de amparo, hasta el dictado de la sentencia, de ser el caso, esa circunstancia no va a cambiar; de ahí que sea posible hacer una pronunciamiento desde la presentación de la demanda. Ahora bien, la causa de improcedencia que se sustenta en la naturaleza del acto reclamado y de las autoridades señaladas como responsable, es decir, que dicho acto fue emitido por el fiscal en calidad de parte y no como autoridad, constituye una circunstancia que puede ser analizada desde la presentación de la demanda de amparo, de cuyo estudio es dable desprender si da lugar o no a una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Análisis de la causal de improcedencia que se estima manifiesta e indudable. En el caso concreto, en la demanda de amparo indirecto se señalaron como actos reclamados, del Vicefiscal de Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Tabasco y Fiscal del Ministerio Público del Centro de Procuración de Justicia Fiscalía de la Ciudad de Comalcalco, Tabasco, la propuesta de la pena de tres años dos meses, para efecto de terminar anticipadamente el proceso a través de un procedimiento abreviado. Lo anterior involucra el análisis de la causal de improcedencia prevista en el artículo 5, fracción II, en relación con el artículo 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, conforme a la cual, se establece que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclame un acto que no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Dichos preceptos señalan lo siguiente*** En efecto, la institución del Ministerio Público es titular del ejercicio de la acción penal, y, en ese sentido, puede disponer de ella, de conformidad con los artículos 21 constitucional, 127, 131, fracción XVI, y demás relativos y aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, el Ministerio Público actúa como autoridad en la etapa de investigación inicial; empero, una vez que el procedimiento penal se judicializa, la autoridad es el Juez; mientras que el Ministerio Público actúa como parte, de conformidad con el artículo 105, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las premisas anteriores constituyen reglas generales, con las excepciones establecidas constitucional, legal y jurisprudencialmente, por ejemplo, la acción penal de particulares o los actos del Ministerio Público que no requieren control judicial. Ahora, en el procedimiento abreviado que regula el Código Nacional de Procedimientos Penales, derivado del momento procesal en que surge dicha institución jurídica, el Ministerio Público actúa como parte, porque se trata de una forma de terminación anticipada del proceso, cuya oportunidad es después de que se dicta el auto de vinculación a proceso, y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral, de acuerdo con el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, sólo se puede solicitar el procedimiento abreviado cuando el proceso penal está judicializado; de ahí que el Ministerio Público actúa como parte y no como autoridad para efectos del amparo. Al respecto, es menester invocar los preceptos siguientes del Código Nacional de Procedimientos Penales*** De los numerales citados, se obtiene los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales son: el imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Por ende, la representación social tiene diversas facultades y obligaciones dependiendo de las diferentes etapas del procedimiento penal. Al respecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales dispone*** Lo anterior pone en relieve que el proceso penal acusatorio comprende las siguientes etapas: 1. De investigación a inicial y b complementaria, 2. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y 3. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. Asimismo, el proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con la sentencia firme. Derivado de lo anterior, una vez llevada a cabo la etapa de investigación por parte del Ministerio Público y formulada la imputación correspondiente, el Juez de Control podrá decretar auto de vinculación a proceso si considera que existen datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión como aconteció en el caso concreto el cual podrá ser impugnado vía recurso de apelación o, en su caso, por medio del juicio de amparo indirecto. Además, la autoridad jurisdiccional debe fijar fecha para la audiencia de cierre de la investigación, tomando en consideración la naturaleza de los hechos atribuidos y la complejidad de la misma. La cual deberá celebrarse dentro de un plazo de dos a seis meses, dependiendo de si la pena máxima del delito excede o no de dos años de prisión. De lo antes expuesto, se advierte en la etapa de investigación inicial -hasta el momento de formular imputación- el Ministerio Público reviste el carácter de autoridad. Pero posteriormente, dentro de la etapa de investigación complementaria, el representante social pierde ese carácter, pues quien tiene la dirección del procedimiento es el Juez de Control, a cuya disposición se encuentra el imputado. Mismo que tiene el deber de actuar con imparcialidad respecto de las cuestiones que ante él debaten las partes en pugna el Ministerio Público y el imputado a través de su defensa. Estimar lo contrario, implicaría validar que al mismo tiempo, se siguieran dos procedimientos, uno ante el Juez de Control y otro ante el Ministerio Público***. De ahí que el Fiscal se convierta en parte dentro del proceso penal y carezca de atribuciones para seguir actuando motu propio como autoridad -salvo los actos materiales de investigación que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece puede realizar sin autorización judicial, en términos de artículo 251 del citado ordenamiento-. Luego, el facultado para solicitar la reducción de la pena en los supuestos señalados en el numeral 202 del precitado código adjetivo, es precisamente, el Ministerio Público; sin embargo, tal facultad está supeditada a la existencia de un convenio previo con el imputado, es decir, ese tipo de determinaciones emitidas en torno a la reducción de las penas, no son obligatorias para el imputado, pues de acuerdo con el artículo 201, fracción III, inciso c, del Código Nacional de Procedimientos Penales, éste tiene la facultad de consentir o no la aplicación del procedimiento abreviado. Por tanto, la negativa del Ministerio Público a reducir la pena en una tercera parte de la prevista respecto del delito por el que se le vinculó a proceso a un imputado, para efectos de la terminación anticipada del proceso penal, a través del procedimiento abreviado, no es un acto de autoridad para efectos del juicio constitucional, en síntesis, por las razones siguientes a Se trata de un acto de disposición de la acción penal, por parte del Ministerio Público como su titular. Esto es, el titular de la acción puede decidir en qué proporción ejercerla dentro de los límites legales. b Se trata también de un acto entre partes, pues se emite en una etapa judicializada del procedimiento penal, donde el Ministerio Público e imputado son partes y el Juez la autoridad que rige el proceso penal. c No es un acto unilateral ni obligatorio, puesto que deriva de un acuerdo entre Ministerio Público e imputado, tan es así, que el imputado tiene la facultad de aceptar o rechazar la aplicación del procedimiento abreviado. Así, la institución ministerial tiene el carácter de parte procesal dentro del proceso penal y cuando solicita la aplicación del procedimiento abreviado que regula el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo hace carente de imperio, obligatoriedad y coercitividad, pues esa determinación deriva de un convenio previo con el imputado, de tal manera que no es vinculante para éste, quien tiene la facultad de rechazar la aplicación de ese tipo de procedimiento. En conclusión, no se trate de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, lo cual constituye una causa de improcedencia manifiesta e indudable, pues no va a variar en el trámite del juicio de amparo, ya que depende directamente de la naturaleza del acto y de la autoridad que lo emite, por lo que es factible desechar la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. La resolución ministerial citada no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, por lo cual, procede desechar la demanda de amparo, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto y de la autoridad permite arribar a esa conclusión, lo cual no variaría si se tramitara el juicio constitucional. Lo anterior es así, por tres razones: a) es un acto de disposición de la acción penal por parte de su titular, el Ministerio Público, conforme a los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 127, 131, fracción XVI, y demás relativos y aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, el titular de la acción tiene la facultad de decidir en qué proporción ejercerla dentro de los límites legales; b se trata también de un acto entre partes, al emitirse en una etapa judicializada del procedimiento penal; y c no es un acto unilateral ni obligatorio, pues deriva de un acuerdo previo entre las partes, toda vez que, el imputado tiene la facultad de aceptar o rechazar la aplicación del procedimiento abreviado, acorde con el artículo 201, fracción III, inciso c, del código referido. Asimismo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII4, en relación con el numeral 5, fracción I5, ambos de la Ley de Amparo, por lo que hace al acto reclamado al Juez Segundo de Control de la Región Judicial Seis de Comalcalco, consistente en dictado del auto de apertura a juicio oral en la carpeta administrativa 229 2020 de su estadística; por lo que tal acto no es inminente, antes bien existe la certeza de que sólo se está en presencia de actos futuros o probables respecto de los cuales es improcedente el juicio de Amparo. En esa tesitura, se puede advertir que los actos combatidos por la solicitante de amparo, no son procedentes en la vía biinstancial que intenta, pues no constituyen un acto de molestia por ser futuro e incierto; esto es así, ya que no existe la certeza de que se emita; máxime que a la fecha tal como lo manifiesta la parte demandada en el escrito de cuenta, dicho procedimiento se encuentra suspendido, por los efectos concedidos en los cuadernos incidentales derivados del juicio de amparo indirecto 1197/2021-IX, de la estadística de este órgano jurisdiccional, lo que es un hecho notorio además para este juzgador en términos del a artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado. Sin que sea inadvertido que las causales de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podrían estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiestas la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada***. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la parte promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Domicilio del quejoso y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de cuenta; y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Miguel Oropeza Hernández, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que lo acredita como licenciado en derecho y en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo a las diversas personas que enlista, por así haberlo solicitado expresamente. En cuanto al correo electrónico y número telefónico que proporciona la parte quejosa para ser notificada, dígasele que es improcedente hacerlo a través de dichos medios, ya que de conformidad con el artículo 30 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5, 6 y 28 ambos del Acuerdo General Conjunto número 1 2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para que proceda realizar las notificaciones vía electrónica es necesario hacerlo a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, mediante el empleo de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación por parte de quien promueve la demanda. No obstante lo anterior, tomando en consideración la emergencia sanitaria que atraviesa el país con motivo del SARS-CoV2 COVID-19, se toma nota de los mismos, por tanto, en caso de requerirlo se autoriza la comunicación a través de los mismos -respecto de comunicaciones no procesales-. Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21 2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12 2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente*** Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 5 del citado Acuerdo General 21 2020, a efecto de brindar atención a las partes -respecto de comunicaciones no procesales, se habilita el correo electrónico 5jdo10cto@correo.cjf.gob.mx. Autorización y habilitación al personal del Juzgado. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, considerándose como información reservada la señalada en el artículo 13 de la Ley Federal en comento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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