Roberto Suarez Escalante
Expediente 962/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 962/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Roberto Suarez Escalante
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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EN ESTA FECHA, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO.
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Villahermosa, Tabasco, cinco de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, contra el auto de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********** sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Notifíquese en términos de ley
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Villahermosa, Tabasco; diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por el que remite el juicio de amparo indirecto 893/2023-III de su índice, promovido por .**********, contra actos de la Magistrada de la Cuarta Sala de Oralidad del Tribunal de Alzada en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, del que se advierte que mediante auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, consideró que, a quien corresponde conocer de dicha demanda de amparo es a este Juzgado a efecto de aprovechar el conocimiento previo y evitar resoluciones contradictorias (antecedente 1197/2021). En consecuencia, y toda vez que en este órgano de control constitucional existe el diverso juicio de amparo 1197/2021, promovido por los mismos quejosos de donde deriva el acto reclamado en este juicio, consistente en la resolución emitida en el toca de oralidad 102/201-IV-C del índice de la Cuarta Sala de Oralidad del Tribunal de Alzada en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Tabasco, derivado de la causa penal 229/2020 de la estadística del Juzgado Segundo de Control de la Región Judicial Seis de Comalcalco, Tabasco, acúsese recibo; y comuníquese al Juzgado remitente que este órgano acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Asimismo, infórmese la presente determinación a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, a fin de equilibrar las cargas de trabajo. Representante Común Ahora, en razón que los aludidos quejosos señalaron como representante común a .********** con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se le tiene como representante común, tal como lo peticionan. Aspectos Generales. Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 962/2023 IX 1. Genérese el expediente electrónico, así como el impreso únicamente para agregar los documentos que se exhiban de manera física. Desechamiento De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Para lo anterior, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta, completa e imparcial, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Acto reclamado De la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: -La resolución emitida el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, en el toca de oralidad 102/2021 IV C del índice de la Cuarta Sala de Oralidad del Tribunal de Alzada en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Tabasco, en el que resolvió la apelación interpuesta contra la exclusión de un medio de prueba en la audiencia intermedia de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, relativo a la causa penal 229/2020 de la estadística del Juzgado Segundo de Control de la Región Judicial Seis de Comalcalco, Tabasco. Análisis de causal de improcedencia Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualizan las causales de improcedencia establecidas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso ordinal 107, fracción III inciso b), de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: -1 III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en al Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" Del artículo 107, fracción III inciso b), antes transcrito, se concluye que tratándose de actos dentro de un juicio, solo procederá el amparo cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos del hombre, como lo son la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la transgresión en el disfrute del derecho humano de que se trate. Así se desprende de la tesis de jurisprudencia 189, que visible en la página 154, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, con número de registro 917,723 IUS Intranet que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En ese contexto, al establecer la Ley de Amparo, en el artículo 107, fracción III inciso b), lo que debe entenderse por un acto que dentro de juicio es de imposible reparación. Se pone de manifiesto que ahora los actos de ejecución irreparable, únicamente son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía en la jurisprudencia ya mencionada. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquéllos actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una afectación formal) un derecho sustantivo (de naturaleza distinta a los derechos adjetivos) protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. La comprensión y modificación de lo que debe entenderse por "imposible reparación" para calificar la procedencia de la demanda de amparo indirecto contra un acto emitido dentro del juicio, en los términos mencionados, de acuerdo con el texto de la nueva Ley de Amparo, ya lo explicó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 37/2014, publicada el viernes seis de junio de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, del rubro es el siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Bajo ese contexto, si el acto reclamado lo constituye la resolución emitida el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, en el toca de oralidad 102/2021 IV C del índice de la Cuarta Sala de Oralidad del Tribunal de Alzada en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Tabasco, en el que resolvió la apelación interpuesta contra la exclusión de un medio de prueba en la audiencia intermedia de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, relativo a la causa penal 229/2020 de la estadística del Juzgado Segundo de Control de la Región Judicial Seis de Comalcalco, Tabasco, dicho acto constituye una violación de carácter adjetivo, puesto que no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, sino que únicamente incide en la tramitación del juicio, habida cuenta que la sentencia que llegare a dictarse en el juicio de origen, puede serle favorable, y en caso contrario, puede impugnar dicha sentencia con los recursos que en el caso, contempla la legislación local; y, de no ser efectivos, se encuentra en aptitud de reclamar todas las violaciones procesales que hayan acontecido en dicho juicio, en amparo directo; y, por tanto, no es procedente el amparo en términos de la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la Ley que rige la materia. Máxime que el acto por esta vía impugnado, no encuadra en ninguna de las hipótesis de procedencia contenidas en el citado artículo 107 de la Ley de Amparo y tampoco se actualiza alguno de los supuestos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dentro del juicio, que afectan de manera irremediable los derechos sustantivos del gobernado. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación, materia Común, Décima Época, registro 2006338, del rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. "Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo para poder ser impugnado, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. Es aplicable por analogía la Jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 307, del Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Octava Época, con número de registro: 917,895 en el IUS Intranet, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS, SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueve contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de labores del presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90, Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis." (Lo destacado es nuestro) Acorde a lo anterior, con fundamento en el artículo 113 en relación con el diverso 61, fracción XXIII, en relación con el diverso ordinal 107, fracción III inciso b), ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por .********** al encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Domicilio del quejoso y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. Por otro lado, téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Miguel Oropeza Hernández, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que lo acredita como abogado. Por otro lado, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos1 a las demás personas, por así haberlo solicitad expresamente los quejosos en su demanda de amparo. 1 En términos del artículo 24 de la Ley de Amparo. Además, téngase como medio de notificación alterno la dirección de correo electrónico y números telefónicos que proporcionaron en la demanda de amparo para tal efecto. Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, y de manera particular la certificación con que se da cuenta, en la que se hace constar que por auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, del cual obra en autos el acuse correspondiente del que se advierte fue debidamente notificada en veintisiete de abril siguiente; y que a pesar de lo anterior, dicha autoridad no ha dado cumplimiento al fallo constitucional; máxime que ni siquiera ha dado respuesta al citado oficio que para tal efecto se le remitió; en tal virtud, se emite el siguiente requerimiento: Con base en lo anterior, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por conducto de sus integrantes a saber: Nombre Cargo Narciso Contreras Hernández. Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Gustavo García Pereyra. Magistrado Representante de las Entidades Públicas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Soledad López Álvarez. Magistrado Representante de los Trabajadores del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, realice las acciones tendentes al cumplimiento de la sentencia protectora; esto es: ".1. Deje insubsistente los acuerdos de veintiuno de enero de dos mil veinte, y veinticinco de mayo de dos mil veintidós, dictados en el expediente laboral 240/2007, únicamente respecto de los aquí quejosos Elías Damián Castellanos, Jesús Rodríguez Ballina, Olivia Adriana Tejero y Nicolás Servin Trinidad, en la parte en la que se hizo pronunciamiento sobre la prescripción de la ejecución del laudo y de la resolución incidental de liquidación; y en su lugar, 2. Dicte otro acuerdo, en la que al pronunciarse sobre la prescripción de ejecución de laudo, solicitada por el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cárdenas, Tabasco, tome en consideración que las actuaciones relativas al acuerdo de trece de febrero de dos mil dieciocho, la diligencia de requerimiento de pago de diecinueve de abril de esa anualidad, incluso la solicitud del entonces apoderado del trabajador, aquí quejoso, realizadas en el expediente laboral de origen, son actuaciones que interrumpen la prescripción de la ejecución del laudo; y, 20/11/23 12:08:12 3. hecho que sea lo anterior, remita la constancia respectiva." En el entendido que, conforme al nuevo esquema de integración de expedientes, se exhorta a las autoridades de mérito para que, el oficio que contenga el requerimiento citado, deba realizarse de forma digital, autorizado con la firma electrónica correspondiente; y para el caso, de remitir copias certificadas o tomos de pruebas no mayor a veinte (20) megabytes (Mb), éstas deberán estar debidamente digitalizadas; en la inteligencia que, de no contar con las herramientas necesarias para firmar digitalmente sus comunicaciones, podrán hacerlo de manera física, debiendo expresar bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad que se tenga para hacerlo electrónicamente. De no cumplir lo ordenado en el párrafo anterior dentro del término señalado, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, en relación con los numerales 192, 193, 195, 238 y 258 de la Ley de Amparo; es decir, se les impondrá una medida de apremio consistente en una multa de cien unidades de medida y actualización equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues su eventual incumplimiento acarrearía un perjuicio en contra de la parte quejosa respecto del derecho humano de pronta impartición de justicia, prerrogativa fundamental consagrada por el numeral 17 Constitucional y por el que debe velar el suscrito juzgador. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la citada ley, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en donde el fallo que se dicte puede tener como consecuencia, que se les destituya del cargo que desempeñan y sean consignados al Juez de Distrito correspondiente, por la desobediencia cometida. Esto encuentra sustento en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Sin que resulte aplicable la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 185736, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZA ACTOS QUE ENTRAÑAN UN PRINCIPIO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO. Del análisis de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en definitiva un incidente de inejecución de sentencia, es necesario que exista, previamente, una determinación del Juez de Distrito, de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo o del Tribunal Colegiado de Circuito, en el sentido de que no se ha cumplido con la sentencia de amparo pese a los requerimientos hechos a las responsables, y no obre en autos constancia alguna que demuestre lo contrario. En estas condiciones, se concluye que si encontrándose pendiente de resolver ante este Alto Tribunal un incidente de inejecución de sentencia, la autoridad responsable lleva a cabo algún acto tendiente a acatar la ejecutoria de amparo, que se pudiera considerar como un principio de ejecución del fallo protector, dicho incidente deberá declararse sin materia, porque éste exige, como presupuesto para su procedencia, que la aludida responsable incurra en una abstención total de dar cumplimiento a la ejecutoria protectora, lo que no se actualiza si aquélla efectúa algún acto relacionado con el núcleo esencial de la obligación." Por otra parte, téngase por recibido el escrito signado por Roberto Silva Alfaro, autorizado de la parte quejosa en el presente juicio, y en atención a lo que solicita, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden.
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