Roberto Sanchez Salazar

Expediente 1638/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1638/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
22/11/2022

Partes del expediente

  • Roberto Sanchez Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos y al advertirse que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veintidós mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una resolución que determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Informe justificado. La directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla, rinde informe justificado y ofrece pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Delegados. Ténganse como delegados a las personas que señala, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. Domicilio. En términos de lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa a su oficio de cuenta. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis y cuatro de mayo de dos mil quince, respectivamente. Sobreseimiento fuera de audiencia Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte, de oficio, que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta a la solicitud presentada por el quejoso el veintinueve de julio de dos mil veintidós, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y, por virtud de ello, el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Ahora bien, la autoridad responsable en su informe justificado menciona que en lo que respecta a la solicitud presentada por el quejoso el veintinueve de julio de dos mil veintidós, se determinó procedente su trámite, y una vez autorizada la suficiencia presupuestal, se abonó el importe correspondiente a la cuenta bancaria del impetrante el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, tal como se aprecia a continuación: ................. En ese sentido, cesó la omisión del acto reclamado, de modo que sus efectos desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. No pasa inadvertido que la autoridad responsable no exhibió la constancia de notificación realizada a la parte quejosa respecto del depósito realizado el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós; sin embargo, esa circunstancia no impide actualizar la causa de improcedencia objeto de estudio, toda vez que con motivo de la tramitación del presente juicio de amparo la parte quejosa tendrá conocimiento del mismo, pues se le correrá traslado con copia certificada de dicho proveído al momento de la notificación de esta determinación. Por tanto, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. En esas circunstancias, al haberse sobreseído en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las once horas del tres de noviembre de dos mil veintidós. Una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, en atención a lo informado del requerimiento efectuado en la admisión a trámite de la demanda del presente juicio de amparo, se toma conocimiento de lo informado. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Se declara cumplida la sentencia de amparo Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a las partes mediante auto del diez de octubre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, este órgano de control constitucional procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el expediente en el que se actúa; ello, atendiendo a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, se precisa que mediante sentencia de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, por una parte, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "42. Además, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla realice lo siguiente en el juicio laboral D-6/652/2020: A. Fije nuevo día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del plazo de quince días, previsto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, y lleve a cabo su desahogo. B. Notifique a la parte quejosa -actora en el juicio de origen- dicha determinación, así como la radicación del escrito inicial de demanda; y, C. Emplace a la parte demandada, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos. 43. En el entendido de que para lograr dicho emplazamiento, la autoridad tiene la posibilidad de dar la oportunidad al trabajador de aclarar el domicilio de la parte demandada o señalar uno nuevo para llamarla a juicio, incluso, puede dar cuenta a la Presidenta de la Junta respecto de alguna imposibilidad para lograr ese cometido lo que podría generar incluso algún apercibimiento de tener por no presentada la demanda y, en su caso, continuar el trámite respecto de la parte demandada que sí haya sido emplazada, sin que esté obligada a emplear oficiosamente los medios a su alcance para investigar un nuevo domicilio." Mediante proveído de veintiuno de septiembre siguiente, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo amparador y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. En cumplimiento a lo anterior, la junta responsable realizó lo siguiente: Mediante proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, remitió copia certificada del emplazamiento realizado al demandado CLUB DEPORTIVO SONTA ANGELÓPOLIS S.A. El dos de diciembre siguiente, remitió copia certificada del proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno en el que señaló las nueve horas del dos de febrero de dos mil veintidós para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral D-6/652/2020. Posteriormente, el uno de junio del año en curso remitió copia certificada del proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintidós emitido en el juicio laboral de origen, del que se advertía, en lo que interesa, lo siguiente: Tuvo por no presentada la demanda por cuanto hace a la moral GHICA CONSULTING S. DE R.L. DE C.V., por lo que se continuó el procedimiento únicamente por lo que hace a las demandadas WITTMAN BUSSINESS SERVICES S. R.L DE C.V. y CLUB DEPORTIVO ANGELOPOLIS S.A. Señaló las diez horas con treinta minutos del ocho de julio de dos mil veintidós, para que el verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones Ordenó regularizar el procedimiento por cuanto hace al emplazamiento de la moral demandada WITTMAN BUSSINESS SERVICES S. R.L DE C.V., por lo que ordenó girar exhorto a la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, a fin de lograr su emplazamiento. Ordenó notificar dicha determinación de manera personal a las partes. Seguidos los trámites, el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en lo que interesa, remitió copia certificada del proveído de catorce de septiembre de dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral de origen, en el que se tuvo por no presentada la demanda laboral por lo que hace a WITTMAN BUSSINESS SERVICES, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable y señaló las trece horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de octubre de dos mil veintidós, a fin de que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Finalmente, el diez de octubre pasado remitió copia certificada del proveído de cinco de octubre de dos mil veintidós emitido en el juicio laboral D-6/652/2020 relativo al desahogo de la audiencia e ley. En ese sentido, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, pues proveyó lo conducente respecto del emplazamiento a la parte demanda y llevo a cabo el desahogo de la audiencia de ley en el juicio laboral de origen. Con lo anterior, se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por lo que, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de octubre de dos mil veintidós. Causa estado cumplimiento. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto de doce de septiembre de dos mil veintidós, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio constitucional; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder la protección federal, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. En los Juzgados de Distrito: (.) b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, primer tercero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de anexos. Finalmente dado que durante la tramitación del presente juicio de amparo se ordenó la formación del anexo I con las constancias remitidas por la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, devuélvase a la citada autoridad las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

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