Roberto Ruben Reyes Arroyo
Expediente 392/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 392/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/12/2018
Partes del expediente
- Roberto Ruben Reyes Arroyo
- Secretaría de la Contraloría En el Issstep Departamento Jurídico de Quejas Y Denuncias
Actuaciones
- Principal
... Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
... Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 31 DE DICIEMBRE DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. Cumple prevención. Visto el escrito aclaratorio signado por ****************, se tiene a la parte quejosa desahogando en tiempo la prevención decretada por este juzgador mediante proveído de veinticuatro de diciembre del año en curso. Por otra parte, agréguese el oficio suscrito por el Titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento decretado en el acuerdo anteriormente citado y anexa copias certificadas del procedimiento administrativo 04/2013. Asimismo, tomando en consideración el volumen de las documentales remitidas por la autoridad oficiante, con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, fórmense por separado dos tomos de pruebas debidamente identificados a fin de facilitar el manejo del presente expediente, respetando el sello y folio originales, los cuales deberán tenerse a la vista en el momento procesal oportuno. Luego, vista la demanda de amparo se advierten los siguientes datos: Demanda de amparo. A Parte quejosa. Roberto Rubén Reyes Arroyo. B Autoridad(es) responsable(s). 1 Secretaría de la Contraloría del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, Departamento Jurídico de Quejas y Denuncias. 2 Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla. C Acto(s) reclamado(s). La emisión del mandamiento de ejecución para hacer efectivo el cobro del crédito fiscal 3901295; es decir, el inicio del procedimiento administrativo de ejecución incoado en su contra derivado de la resolución pronunciada en el procedimiento de responsabilidad administrativa 04/2013. Desechamiento. Sentado lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, es procedente desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen . Así, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso a), de la misma Ley, dado que se reclama el inicio del procedimiento administrativo de ejecución que no constituye la última resolución ni la que le ponga fin. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. Al respecto, debe precisarse que el mandamiento de ejecución constituye la actuación que apertura el procedimiento administrativo de ejecución, por ser el acto que ordena los actos tendientes a obtener el pago de algún crédito fiscal. Luego, previa existencia de un mandamiento de requerimiento de pago y embargo, el procedimiento administrativo de ejecución como tal inicia al requerir al contribuyente el pago de los créditos fiscales. Asimismo, el procedimiento administrativo de ejecución previsto para exigir el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley se integra por cuatro etapas : 1 Requerimiento de pago de los créditos fiscales; 2 Embargo de bienes; 3 En su caso, la intervención de la negociación embargada; y, 4 Remate de los bienes embargados. En el caso concreto, la parte quejosa reclama, en esencia, la emisión del mandamiento de ejecución para hacer efectivo el cobro del crédito fiscal 3901295; es decir, el inicio del procedimiento administrativo de ejecución incoado en su contra derivado de la resolución pronunciada en el procedimiento de responsabilidad administrativa 04/2013. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, los actos emitidos en dicho procedimiento administrativo y que no constituyan la resolución final, no podrán ser cuestionados en sede constitucional por su sola emisión, pero será factible su estudio como violaciones al procedimiento cuando se reclame la resolución definitiva. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 17/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 187 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Novena Época, correspondiente al mes de abril de 1998, la cual establece: ... En la jurisprudencia antes invocada si bien se reitera la regla general relativa a que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos intermedios del procedimiento administrativo de ejecución, se incorpora una excepción atinente a que el particular desconozca el crédito fiscal o la resolución administrativa cuya sanción la autoridad -exactora- pretende hacer efectiva, pues en ese supuesto debe equipararse a un tercero extraño. Así, de la ejecutoria que dio origen a la citada jurisprudencia destaca lo siguiente: QUINTO. Deben prevalecer con el carácter de jurisprudencia los criterios de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para resolver el primer punto de contradicción, conviene destacar que esta Segunda Sala, al interpretar las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley de Amparo, ha sostenido que la intención del legislador ha sido que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Así, ha establecido que, tratándose del procedimiento administrativo de ejecución, el amparo sólo puede promoverse hasta que se dicte la resolución con la que culmine el citado procedimiento, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro del mismo, ya que de lo contrario, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva. ... En ese sentido, debe concluirse que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro de un procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, en donde se podrán reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva. Sin embargo, la citada regla general admite excepciones. El artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es procedente contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos. Es importante destacar que si bien esta disposición se refiere a los actos dictados dentro o fuera de juicio, es aplicable, por analogía, a los actos dictados en los procedimientos administrativos de ejecución, pues como se ha visto, éstos se asemejan, por sus características, a los actos dictados fuera de juicio tendientes a la ejecución de una sentencia; aunado a que tienen la misma finalidad, esto es, obtener el cumplimiento de una resolución que ha quedado firme, en el caso de un procedimiento administrativo de ejecución, de un crédito fiscal. Asimismo, es necesario mencionar que aun cuando el precepto que se analiza establece que la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que la ley no establezca a favor del promovente recursos ordinarios o medios de defensa por los cuales el acto reclamado pueda ser revocado o modificado, este Alto Tribunal ha sostenido que el tercero no está obligado a agotar los recursos ordinarios previamente a la promoción del juicio de amparo. Ahora bien, la persona extraña al procedimiento a que se refriere el citado precepto -identificada también con el concepto de 'tercero extraño'-, es aquélla que no figura parte formal y material en la controversia, pero que resiente el perjuicio en su esfera jurídica con los actos que en ese conflicto se emiten; asimismo, este Alto Tribunal ha establecido que se equipara a un tercero extraño aquélla persona que habiendo figurado como parte formal y material en la contienda, no fue llamada o se le llamó de manera incorrecta. En ese sentido, es posible concluir que cuando el quejoso reclama un acto dictado dentro del procedimiento administrativo de ejecución, alegando que desconoce el crédito fiscal que se le pretende hacer efectivo, se actualiza una excepción a la regla general que impide reclamar actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, esto es, se surte la hipótesis de procedencia prevista por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso comparece como persona extraña a la controversia; aunado a que en este supuesto tampoco está obligado a interponer los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan en contra del acto reclamado, de acuerdo con lo expuesto en párrafos precedentes. Dicho en otras palabras, aun cuando por regla general no son susceptibles de impugnarse los actos dictados dentro de un procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar al dictado de la última resolución en dicho procedimiento, se actualiza una excepción cuando el quejoso comparece como tercero extraño a la controversia, ya sea por no haber figurado como parte en el procedimiento, por no haber sido llamado al mismo o por no haber sido notificado de la resolución determinante del crédito fiscal, lo que hace innecesario que espere al dictado de la resolución final en la secuela ejecutiva, así como interponer los medios ordinarios de defensa que procedan contra el acto reclamado. Debe precisarse que esta hipótesis de procedencia está condicionada, en todo caso, a que no se desvirtúe plenamente el carácter de tercero extraño con el que se ostenta el promovente de amparo, pues en tal supuesto, el juicio será improcedente. ... De la ejecutoria antes transcrita destaca lo siguiente: a) Por regla general, tratándose del procedimiento administrativo de ejecución, el amparo sólo puede promoverse hasta que se dicte la resolución con la que culmine el citado procedimiento, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro del mismo, ya que de lo contrario, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva. b) La citada regla general admite como excepción que el quejoso reclame un acto dictado dentro del procedimiento administrativo de ejecución alegando que desconoce el crédito fiscal o la resolución administrativa cuya sanción pecuniaria se le pretende hacer efectiva, toda vez que comparece como persona extraña a la controversia, en cuyo caso no estaría obligado a interponer los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan en contra del acto reclamado. Esto es, se actualiza una excepción cuando el quejoso comparece como tercero extraño a la controversia, ya sea por no haber figurado como parte en el procedimiento, por no haber sido llamado al mismo o por no haber sido notificado de la resolución determinante del crédito fiscal, lo que hace innecesario que espere al dictado de la resolución final en la secuela ejecutiva, así como interponer los medios ordinarios de defensa que procedan contra el acto reclamado. Sin embargo, si no tiene el carácter tercero extraño, el promovente de amparo, en tal supuesto, el juicio será improcedente; pues operaría la regla general de improcedencia, que en la ejecutoria antes transcrita reiteró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aludiendo a lo sostenido en la jurisprudencia P./J. 39/2001 emitida por el Pleno del mismo Alto Tribunal, visible en la página 93 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Novena Época, correspondiente al mes de abril de 2001, que establece lo siguiente: ... Ahora, el quejoso no es una persona extraña al procedimiento del que emana el mandamiento de ejecución, pues en el escrito aclaratorio expresamente manifestó: 1.- Que preciso que no señalo como acto reclamado la falta de llamamiento al procedimiento administrativo 04/2013 de los seguidos ante la misma señalada responsable ya que comparecí al mismo. 2.- Que preciso que sí comparecí al citado procedimiento administrativo y ofrecimos pruebas en el mismo, y se nos notificó la resolución del propio procedimiento como se precisa en la última parte del párrafo transcrito en su resolución en la página tres que dice "".siendo el caso que la determinación del citado expediente administrativo se notificó a las partes desde el once de septiembre de dos mil catorce, causando estado el tres de octubre de ese mismo año. 3. A fin de aclarar lo conducente, manifiesto que no he sido llamado al procedimiento de ejecución del mismo expediente administrativo no al procedimiento en sí a donde comparecí en tiempo y forma legal, pero me han negado el acceso al procedimiento de ejecución el cual desconozco, razón por la que me es imposible señalar lo conducente a ese respecto, reitero solo sobre la ejecución. De lo anterior se advierte que: a) Compareció al procedimiento de responsabilidad administrativa 04/2013, de donde deriva el mandamiento de ejecución para hacer efectiva la sanción pecuniaria -crédito fiscal 3901295-. b) Acepta que se le notificó la resolución dictada el once de septiembre de dos mil catorce en el procedimiento de responsabilidad administrativa 04/2013. Luego, la quejosa cuestiona que se inició el procedimiento administrativo de ejecución ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, sin que se le haya notificado este inicio; por ende, es patente que no es una persona extraña al procedimiento de responsabilidad administrativa 04/2013, que es la base del crédito fiscal 3901295, que ahora se pretende ejecutar, de ahí que el quejoso no justificó encontrarse en el supuesto previsto en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo que permitiera la procedencia del juicio constitucional, y tampoco se trata de otras excepciones, a saber: Que se trate de actos de ejecución sobre dinero en efectivo, depósitos en cuenta abierta en instituciones de crédito, organizaciones auxiliares de crédito o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo; Bienes legalmente inembargables; o, Actos de imposible reparación material. Por lo tanto, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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