Roberto Sánchez Álvarez

Expediente 480/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 22 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
480/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Roberto Sánchez Álvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en esencia, solicita se haga disponible el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, del presente asunto, toda vez que advierte relación de éste al diverso 394/2023-III-A, de su índice. Atento a lo anterior, se pone a disposición de manera digital el presente juicio de amparo, por lo que se comisiona a la oficial judicial A, para que vincule el expediente electrónico a efecto de que el juzgado oficiante esté en posibilidad de consultar las constancias que requiera.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que obra la copia certificada del expediente 789/2019 de su índice, que remitió como complemento a su informe justificado del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de México, con residencia en esta ciudad. Por tanto, mediante oficio que derive del presente proveído devuélvase las constancias referidas, toda vez que mediante proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintidós se ordenó el archivo del presente asunto.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, mediante la cual la Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso ********************, en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 18 del referido acuerdo el cuaderno principal es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se negó la protección de la justicia federal. c) El cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, de conformidad con el artículo 21, inciso c), toda vez que se negó la suspensión provisional como la definitiva. d) El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que se cumplan seis meses de archivo como asunto concluido, pues existe el original, esto, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo. e) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el presente expediente y el original del incidente de suspensión permanecerán en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, se procederá a su depuración y destrucción, respectivamente. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Y de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Finalmente, mediante oficio que derive el presente proveído, hágase de su conocimiento lo anterior a la autoridad oficiante para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 480/2021-VIII, promovido por ******, en contra de actos del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de México, con residencia en Toluca; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado, el ocho de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Roberto Sánchez Álvarez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos que se mencionan a continuación: III. La autoridad o autoridades responsables. Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de México con residencia en Toluca." "IV. Actos reclamados. 1.- Sentencia de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de revocación hecho valer por el que suscribe, en los autos del Concurso Mercantil 789/2019 -que me fue notificada personalmente el día veinte de mayo de dos mil veintiuno-. 2.- Sentencia de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de revocación hecho valer por el que suscribe, en los autos del Concurso Mercantil 789/2019 -que me fue notificada personalmente el día veinte de mayo de dos mil veintiuno-." Actos reclamados que el promovente del amparo señaló violaban los derechos fundamentales protegidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Desechamiento y admisión. En acuerdo de nueve de junio de dos mil veintiuno, se desechó parcialmente la demanda por lo que hace al acto reclamado consistente en la determinación interlocutoria de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, y únicamente se admitió a trámite la demanda de amparo por lo que hace al acto restante, es decir, la interlocutoria de veintiséis de mayo del año en curso, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que compete al Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento a juicio del tercero interesado, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. 3. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional, previo diferimiento, tuvo verificativo el veinticuatro de septiembre del año en curso, en términos del acta respectiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo y 49 en relación con el 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, al reclamarse actos provenientes de autoridades jurisdiccionales del orden civil, cuya residencia se localiza dentro del territorio donde se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, los actos reclamados se hacen consistir en: La resolución interlocutoria de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, en la que se resolvió el recurso de revocación intentado por el quejoso contra el auto de tres de ese mismo mes y año, emitido en autos del Concurso Mercantil 789/2019. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de México, con residencia en Toluca, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, debe tenerse por cierto el acto reclamado en el presente juicio; siendo aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 305, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, visible a página 206, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que se corrobora con las constancias que, como complemento a su informe justificado, remitió la autoridad referida, consistentes en copia certificada del expediente 789/2019 de su índice, en dos tomos. Constancias a la que, dada su naturaleza de documentales públicas, por ser emitidas por servidor público en uso de sus facultades, se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, por tratarse de una actuación judicial. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, primera parte, Quinta Época, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. El estudio de las causales de improcedencia es de orden público y deben ser analizadas de manera preferente, sea que las partes lo aleguen o se adviertan de oficio, atento lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Determinación que, además, encuentra sustento en la tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, identificada bajo el número 814, visible en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, Octava Época, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causas de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por lo cual, al no haber causa de improcedencia alegada por las partes o advertida de oficio por el suscrito, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por el promovente del amparo. QUINTO. Conceptos de violación. No se hace transcripción de los conceptos de violación alegados, por no existir precepto legal alguno que así obligue a este juzgador. Es aplicable al respecto, la Jurisprudencia 2a./J.58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, página 830, que refiere: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No obstante lo anterior, a efecto de facilitar el estudio del fondo de asunto en cuestión, se dispone a hacer una breve síntesis de los conceptos de violación hechos valer por el ahora quejoso (omitiéndose los relativos a la determinación de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, porque por dicho acto no se admitió el presente sumario), en el sentido siguiente: 1. Que la determinación reclamada limita sus derecho de continuar con la ejecución en el procedimiento de origen, siendo que se encuentra indebidamente fundado y motivado, pues aplica indebidamente el artículo 37 de la ley concursal, al otorgar la providencia precautoria a solicitud del comerciante, siendo que dicho precepto legal únicamente faculta el dictado de la misma ante petición del visitador o de manera oficiosa por el Juez. 2. Que el Juez responsable varió su criterio, pues la petición de la providencia precautoria fue solicitada por el aquí quejoso desde el auto admisorio, misma que fue denegada; sin embargo, a solicitud de la demandada sí la acordó favorable, lo que constituye la variación acusada, siendo que debió, en todo caso, esperar a una nueva solicitud por parte del aquí quejoso; por lo que sí resultaba aplicable el criterio que hizo valer en su recurso de revocación, a saber: "Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. Décima Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: IV.3o.A.5 K (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, página 2380 Tipo: Aislada CAMBIO DE CRITERIO O VARIACIÓN DE PRECEDENTE. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE JUSTIFICARLO EN LA SENTENCIA PARA PRESERVAR LOS DERECHOS HUMANOS DE IGUALDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. Los derechos humanos de igualdad y seguridad jurídica (también conocidos como derechos fundamentales, al estar contenidos en la norma constitucional) fundamentan el respeto al precedente: el criterio o decisión sostenido en un caso anterior, debe aplicarse ante casos similares en el futuro. Esos derechos humanos, a su vez, se tornan en principios o directrices para el sistema y ordenamiento jurídicos. De esta forma, el respeto al precedente tiene su base en lo que se conoce como principio de universalidad en el razonamiento jurídico, consistente en una regla de conducta para los Jueces, según la cual deben aplicar el criterio interpretativo anterior a casos semejantes en el futuro. Por ende, en aras de preservar los mencionados derechos el órgano debe justificar en la sentencia el cambio de criterio o variación de precedente, porque sólo a través de la exposición de razones puede demostrarse una excepción al principio del respeto al precedente que pueda garantizar y evitar una vulneración a esos derechos humanos; excepciones que encuentran fundamento cuando en el caso concreto y en las circunstancias que lo rodean, existen aspectos de índole jurídica que obligan a modificarlo, por ejemplo, ante una reforma constitucional o legal, o bien, con motivo del desarrollo y evolución de una institución jurídica e incluso, ante nuevas obligaciones de control de las autoridades judiciales (control de convencionalidad), entre otras." SEXTO. Estudio. Es menester precisar que, en el presente asunto, se realizará su estudio solo al tenor de los conceptos de violación formulados por el quejoso, puesto que, contrario a lo que solicita el quejoso, no opera la suplencia de la deficiencia de la queja, al tratarse de un asunto en materia civil, y no ubicarse en ninguna de las hipótesis contempladas en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Establecido lo anterior, debe precisarse que resultan infundados los conceptos de violación formulados por el ahora quejoso, por los motivos que se exponen a continuación. En cuanto al motivo de disenso sintetizado en el numeral 1 del Considerando que antecede; debe decirse que resulta infundado, pues si al respecto el Juez responsable determinó, en lo que interesa, lo siguiente: "(.) Ahora bien, los motivos de inconformidad devienen sustancialmente infundados. Lo anterior es así, toda vez que contrario a lo precisado por el actor, la solicitud de providencias precautorias puede ser solicitada por las partes, por el visitador o bien decretada de oficio por parte del juzgador, tal y como lo prevén expresamente los numerales 25 y 37 de la legislación concursal. De lo anterior se colige que la concesión de providencias precautorias, es una prerrogativa de las partes o del propio juzgador, como rector del procedimiento, con el fin de proteger la masa del comerciante, mientras se resuelve el procedimiento; por tanto, no es una facultad exclusiva del visitador solicitar al juez la implementación de todas o algunas de las medidas cautelares previstas en la legislación. En tal virtud, al estar prevista la facultad del juzgador para conceder las providencias, incluso oficiosamente, como lo establece el invocado arábigo 37 de la Ley de Concursos Mercantiles, es que se determina que el auto impugnado se encuentra debidamente fundado y motivado. (.)" Entonces, conforme al criterio sostenido por el Juez responsable y que se encuentra plasmado en el apartado que precede se estima apegado a derecho; pues, contrario a lo indicado por el solicitante del amparo, no hubo una mala interpretación del artículo 37 de la Ley de Concursos Mercantiles, tomando en consideración que el Juez responsable indicó que la aplicación de la medida cautelar fue determinada en uso de la facultad discrecional que le confiere el referido numeral. Es decir, en contradicción a la presunción del accionante del amparo, la concesión de la medida cautelar no deriva de la petición del comerciante, sino de la facultad discrecional otorgada por la ley de la materia al Juzgador; lo que incluso es congruente con el auto materia del recurso aquí analizado, pues de su contenido se aprecia lo siguiente: "(.) por encontrarse ajustada a derecho, de conformidad con lo establecido en el numeral 37, fracción II, de la ley de la materia, en uso de la facultad discrecional que la ley confiere en favor del suscrito, se concede como providencia precautoria, la suspensión del citado procedimiento de ejecución tramitado en dicho juicio (.)" Ahora bien, del contenido del referido numeral 37, destaca el segundo párrafo, que es del tenor literal siguiente: "(.) El juez podrá dictar las providencias precautorias que estime necesarias, en cualquier etapa del procedimiento concursal, una vez que reciba la solicitud, o bien de oficio. (.)" Se aprecia lo acertado del criterio del Juzgador responsable, pues específicamente se establece que el juez podrá dictar la providencias precautorias que estime necesarias, lo que definitivamente denota lo facultativo de la norma a favor del Juez del procedimiento, llegando incluso a facultarlo para imponer las medidas precautorias de manera oficiosa; facultad que de suyo sostiene el actuar del responsable, pues precisamente se alegó dicha circunstancia en la resolución reclamada; argumento que además no fue contrariado por el accionante del amparo. No se inadvierte que el ahora quejoso pretende hacer ver que la solicitud del comerciante es el motivo de la emisión de la medida cautelar, siendo que únicamente puede ser solicitada por el visitador, o decretada de oficio por el juzgador; sin embargo, dicho argumento se aleja de la realidad de los autos, dado que, como ya se hizo ver en la líneas precedentes, para la imposición de la medida cautelar, si bien se valoró la petición del comerciante, lo cierto es que se emitió en uso de la facultad discrecional conferida en el Juzgador aquí responsable. En relación con el motivo de disenso reseñado en el arábigo 2 del Considerando que precede, en relación con que el Juez responsable varió su criterio, pues la petición de la providencia precautoria fue solicitada por el aquí quejoso desde el auto admisorio, misma que fue denegada, y a solicitud de la demandada sí la acordó favorable, lo que constituye la variación acusada, siendo que debió, en todo caso, esperar a una nueva solicitud por parte del aquí quejoso, por lo que sí resultaba aplicable el criterio que hizo valer en su recurso de revocación. Debe apuntarse que tales alegaciones devienen infundadas, en principio, porque, como ya se dijo, lo relativo a que debía esperar una petición por parte del quejoso ha sido contestado en párrafos que preceden, es decir, se precisó que la imposición de la medida cautelar encuentra sustento en la facultad discrecional del Juez responsable otorgada por la ley de la materia; pero además, porque, en relación a la variación del criterio, es necesario mencionar que el Juez responsable decretó lo siguiente: "(.) en lo tocante a los agravios vertidos por el actor en el sentido de que este juzgado previamente había denegado solicitudes similares de la parte comerciante, para conceder la providencia precautoria materia de inconformidad, debe precisarse que en autos dictados el cuatro de diciembre de dos mil veinte (f. 1442) y diez de marzo del año en curso (f. 1464), se determinó que no era factible acordar favorable la petición de medida cautelar formulada por la moral comerciante, en virtud de que en esos momentos el procedimiento del concurso mercantil que nos ocupa se encontraba paralizado, con motivo de la suspensión provisional concedida en el incidente derivado del juicio de amparo indirecto 36/2020 del índice del Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad; por tanto, fue hasta el cinco de abril del año que transcurre, que se reanudó el citado procedimiento (f. 1499); sin embargo, de todo esto no puede derivarse una variación en el criterio jurídico adoptado por este órgano jurisdiccional, precisamente, porque la suspensión concedida en el citado juicio de control constitucional, impedía jurídicamente actuar o acordar en un sentido u otro las cuestiones planteadas e inherentes al presente procedimiento concursal. En relación a la tesis invocada por el actor de rubro: "CAMBIO DE CRITERIO O VARIACIÓN DE PRECEDENTE. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE JUSTIFICARLO EN LA SENTENCIA PARA PRESERVAR LOS DERECHOS HUMANOS DE IGUALDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.", no resulta aplicable, tomando en consideración que la decisión de este juzgado para conceder la medida cautelar que previamente fue denegada, tal y como ha sido precisado, no se debió a una irregularidad o variación del criterio adoptado, sino que se debió a que el procedimiento del sumario que nos ocupa se encontraba suspendido, con motivo de lo resuelto en el incidente de suspensión emanado del juicio de amparo indirecto 36/2020 del índice del Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad; por tanto, de haber acordado conforme lo pedido anteriormente por el comerciante, el juzgador hubiera incurrido en un desacato a lo ordenado por el tribunal de amparo, con las consecuencia legales que ello implica. Así el cinco de abril del año en curso, se reanudó el procedimiento, con motivo de la emisión del acuerdo en el que el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito dejó sin efectos la medida cautelar concedida en el incidente de suspensión señalado con anterioridad; en consecuencia, al haber sido planteada nuevamente la solicitud de concesión de la providencia precautoria con posterioridad a la reanudación del trámite en el asunto que nos ocupa, es que este juzgado acordó favorable la petición de la moral comerciante, conforme las facultades otorgadas al rector del procedo, contenidas en el arábigo 37 de la Ley de Concursos Mercantiles. (.)" De donde se advierte que, contrario a lo indicado por el ahora quejoso, la determinación emitida por el Juez responsable está apegada a derecho, pues, como acertadamente lo indicó, no hubo un cambio de criterio ni variación en el sentido en que se acordó la medida cautelar; pues de la justificación vertida por el primigenio, se aprecia que las primeras peticiones respecto de la medida cautelar fueron denegadas, no con base en un criterio jurídico sustentado por el responsable, sino con base en la suspensión otorgada en diverso juicio de amparo; siendo que, una vez concluida dicha medida suspensional, el responsable se encontró en aptitud de emitir un criterio jurídico respecto de la medida solicitada, lo que llevó a emisión de la medida provisional. De esta manera, se dice que no hubo una variación en el criterio jurídico del responsable al atender la solicitud de la medida provisional, pues respecto de las primeras solicitudes formuladas no se emitió un criterio jurídico, sino que su negativa únicamente tuvo como sustentó el cumplimiento a la medida cautelar decretada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 36/2020 del índice del Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito. Es decir, como incluso lo contempla el criterio que citó como sustento de su argumento el aquí quejoso, el respeto al precedente tiene su base en lo que se conoce como principio de universalidad en el razonamiento jurídico, consistente en una regla de conducta para los jueces, según la cual deben aplicar el criterio interpretativo anterior a casos semejantes en el futuro; sin embargo, como ya se dijo, por una parte, el Juez primigenio no emitió un criterio interpretativo de la medida solicitada, sino que únicamente atendió a la medida cautelar decretado en el sumario constitucional previamente citado; y por otro lado, el principio en cuestión únicamente es aplicable respecto de casos semejantes en el futuro, lo que en dicho caso no acontece, pues, como lo precisó el Juez responsable en la determinación que constituye el acto reclamado, una vez que se dejó sin efecto la medida suspensional, y se solicitó nuevamente la providencia precautoria, se analizó su procedencia, lo que de facto consiste en que se hayan variado las condiciones entre el primer supuesto y el que derivó en el acto aquí reclamado. Ello es así, pues las condiciones en las que se negó en primer lugar la multireferida providencia precautoria, no corresponden con las presentes al momento de la emisión de la misma; por lo que, contrario a lo pretendido por el solicitante del amparo, no hay una variación en el criterio vertido por la responsable, en tanto al cambiar las condiciones que rodean la petición formulada, evidentemente ya no se trata de un caso semejante. Razones por las cuales, también es correcta la apreciación de la responsable, en el sentido de que resulta inaplicable la tesis esgrimida por el aquí quejoso como sustento de sus agravios; la cual, dicho sea de paso, es una tesis aislada, y por tal motivo no es de aplicación obligatoria, pues al tener el carácter de criterio aislado, su aplicación queda al arbitrio del juzgador, ya que al no consistir en un criterio jurisprudencial es facultad del Juzgador determinar si se adhiere al mismo o bien difiere de su contenido. Se sustenta lo anterior, por identidad de criterio, en la jurisprudencia 2a./J. 195/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, Décima Época, página 778, que dice: "TESIS AISLADAS. LAS EMITIDAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENEN CARÁCTER ORIENTADOR, NO GENERAN DERECHOS NI SON SUSCEPTIBLES DEL EJERCICIO DE IRRETROACTIVIDAD. Del análisis integral y sistemático de los artículos 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 215, 217, 218, primer párrafo, 222 al 226 y 228 de la Ley de Amparo, se desprende que de manera expresa se concede carácter obligatorio a la jurisprudencia, particularidad que no comparte con las tesis aisladas que se generan en los fallos de los órganos terminales del Poder Judicial de la Federación. Atento a lo anterior, los criterios que aún no integran jurisprudencia no pueden invocarse como un derecho adquirido por las partes y, por tanto, sujeto al principio de no aplicación retroactiva en su perjuicio. Congruente con ello, a falta de jurisprudencia definida sobre un tema determinado y cuando exista un criterio aislado o precedente aplicable para la solución de un caso concreto, debido al carácter orientador que esta Superioridad les ha conferido y el principio de seguridad jurídica, es dable mas no obligatorio que los órganos jerárquicamente inferiores lo atiendan en sus resoluciones, mediante la cita de las consideraciones que las soportan y, en su caso, de la tesis correspondiente y de existir más de uno, puede el juzgador utilizar el que según su albedrío resulte correcto como parte del ejercicio común de su función jurisdiccional." En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación propuestos por el promovente del amparo, sin que se pueda suplirse la deficiencia de los mismos, al tratarse de un asunto donde opera la figura de estricto derecho, por no actualizarse alguna de las hipótesis que al respecto prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a Roberto Sánchez Álvarez. SÉPTIMO. Vigencia jurisprudencial. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. OCTAVO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con los artículos 6, apartado A., fracción II y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IX y X, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dese cumplimiento a lo establecido en el diverso 118 de ley especial citada, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior en atención al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a la unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *****, respecto del acto y autoridad precisados en los Considerandos Segundo y Tercero de esta sentencia, por los motivos expresados en el diverso Sexto de la misma.

Quedan 18 actuaciones en este expediente

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