Roberto Mota Flores
Expediente 434/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 434/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/07/2021
Partes del expediente
- Roberto Mota Flores
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos del presente asunto, se advierte que la notificación del acuerdo de siete de junio del año en curso, no fue realizada; por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos para tal efecto.
- Principal
Toluca, Estado de México, siete de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, a través del cual Roberto Mota Flores, desahoga la prevención que le fue formulada por auto de treinta y uno de mayo del año en curso, y para tal efecto refiere que los actos reclamados a la autoridad responsable, a saber el Juez Séptimo Familiar de Toluca, Estado de México, son los siguientes: 1. La falta de notificación del acuerdo para la celebración de la audiencia de pruebas de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno; 2. El auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, derivado de la falta de notificación del auto de quince de abril de dicha anualidad; 3. La resolución interlocutoria de seis de mayo de dos mil veintiuno, derivada de la falta de notificación; y 4. El auto de tres de mayo de dos mil veintiuno, que declaró la deserción de las pruebas consistentes en los informes solicitados a la institución bancaria denominada BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Con relación a los actos reclamados precisados en los numerales 1, 2 y 3, consistentes los dos primeros en la falta de notificación del acuerdo para la celebración de la audiencia de pruebas de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno y el auto de veintisiete de abril siguiente, derivado de la falta de notificación del auto de quince de abril de dicha anualidad; así como, el tercero en mención, consistente en la sentencia interlocutoria de seis de mayo de dos mil veintiuno, derivada de la falta de notificación, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso." De lo anterior se advierte que la disposición legal y constitucional transcritas establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que, de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de los derechos fundamentales, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Es aplicable la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1304, del Tomo XLV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia VI. 2o. J/52, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 401, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, de julio - diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, con número de registro 224841, que establece: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Sin embargo, de las disposiciones antes transcritas, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Es aplicable la tesis LVI/2000, aprobada por la Segunda Sala, publicada en la página 156, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Julio de 2000, Novena Época, con número de registro 191539, que establece: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." En ese sentido, los actos que en la especie reclama la parte quejosa, no se encuentran dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados y, por ende, no está exenta de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en contra del acto reclamado. Lo anterior se afirma, en razón a que de acuerdo con lo previsto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, existe la obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo, lo cual acontece en el caso concreto, pues tal como se advierte del escrito de demanda, la parte aquí quejosa es parte formal en el procedimiento de origen, a saber, parte demandada; de ahí la obligación de agotar los recursos ordinarios previstos en la legislación común a través de los cuales podría obtenerse su modificación o revocación, y al no hacerlo así, se inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Por tanto, la parte quejosa está obligada a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan conforme a la Ley que rige el acto reclamado; en el caso, por lo que hace a los actos reclamados en los puntos 1 y 2, debe agotarse el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, tal como lo establece el artículo 1.187 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, en términos de lo dispuesto en el Capítulo IX, de dicho cuerpo legal, dispositivo que establece: CAPITULO IX De las Notificaciones y Citaciones Nulidad de notificaciones Artículo 1.187.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Plazo para promover nulidad de notificación. Ello se afirma, con los preceptos legales 1.188, 1.189 y 1.190, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que en ese orden, disponen: Artículo 1.188.- El incidente de nulidad de notificación deberá promoverse dentro de los tres días de que el interesado se hizo sabedor del defecto u omisión, en caso contrario, será desechado de plano. Se hace sabedora cuando realiza promoción o acude a actuación del Tribunal. El incidente de nulidad no suspende el procedimiento Artículo 1.189.- El incidente de nulidad no suspende el procedimiento, pero sí suspende la citación para sentencia, hasta que aquél se resuelva en definitiva. Efectos de la nulidad Artículo 1.190.- Si la nulidad fuere declarada, el Tribunal determinará las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse, sin la existencia previa y la validez de otras". Asimismo, con relación al acto reclamado señalado en el punto número 3, debe agotarse el recurso de apelación, tal como lo establece el artículo 2.164 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, en términos de lo dispuesto en el Título Quinto, Capítulo I, de dicho cuerpo legal, dispositivo que establece: "Artículo 2.164.- Las resoluciones que deciden incidentes sobre la liquidación de sentencia son apelables sin efecto suspensivo". Luego, por lo que respecta al diverso acto referido con el ordinal 4, consistente en el auto de tres de mayo de dos mil veintiuno, que declaró la deserción de las pruebas consistentes en los informes solicitados a la institución bancaria denominada BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, se evidencia la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)". La fracción IV, primer párrafo del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como propósito evitar que los juicios de amparo se multipliquen innecesariamente y, por lo mismo se han sentado las bases para que la única resolución combatible en amparo sea la última, la que en definitiva ponga fin al asunto, ya sea que se le impugne por vicios propios, es decir, que radiquen en su texto, o bien por violaciones cometidas en el procedimiento que le preceda y en que descanse; salvo, naturalmente, que los actos afecten a un extraño al procedimiento, porque entonces el agraviado está aptitud de reclamarlos en amparo tan pronto como se tenga conocimiento de ellos. Establecido lo anterior, se obtiene que la resolución reclamada no constituye la última resolución dentro del procedimiento respectivo. Así las cosas, es menester precisar, que por última resolución debe entenderse aquella que pone fin a la etapa de ejecución del juicio, o sea, aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la sentencia que condena. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la regla específica de procedencia del juicio de amparo, por lo que hace a la última determinación en el proceso de ejecución de sentencias, que previamente se encontraba contenida en el artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, y que fue rescatada en la fracción IV primer párrafo del artículo 107 de la Ley vigente aplicable a la materia, rige incluso cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, no es la última, pues los actos dictados en ejecución de sentencia, tienen como apoyo la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse; de modo que, mientras no se dicte la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados en ese procedimiento, sólo podrán impugnarse hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución, para evitar los abusos del juicio de amparo a fin de retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituya la verdad legal. De lo anterior, se colige que el juicio de amparo únicamente será procedente en contra de la determinación que declare definitivamente cumplida la sentencia, o bien, que determine la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento, y no, las determinaciones intermedias que para tal efecto se dicten, las cuales de igual forma podrá impugnar al momento de hacer valer el amparo en contra de la última determinación. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis Jurisprudencial Número P./J. 32/2001, visible en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ULTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. En consecuencia, por lo motivos desarrollados en el cuerpo de la presente determinación procede desechar la demanda intentada por la parte quejosa, respecto de los actos reclamados marcados con los numerales 1, 2 y 3, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; lo anterior, toda vez que de acuerdo con la normatividad materia del acto reclamado lo procedente es el incidente de nulidad de notificaciones, así como el recurso de apelación, de conformidad con los numerales 1.187 y 2.164 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, respectivamente; y, respecto del acto reclamado señalado con el numeral 4, procede desechar la demanda intentada por la parte quejosa, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el referido artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de la materia. Con fundamento en los artículos 3°, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDTI/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Se faculta a la secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Por otra parte, en términos del artículo 22 del Acuerdo General a que se ha hecho referencia, se exhorta a las partes que integran el presente juicio para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Cynthia Sucel Delgado Peña, Secretaria con quien actúa. Doy fe.
- Principal
MESA VII. Toluca, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, a través del cual, la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, requiere a este Juzgado de Distrito para que en un término de tres días, remita el acuse de recibo del oficio 3608, con el que envió testimonio de la resolución emitida el seis de noviembre de dos mil veinte, pronunciada por ese órgano colegiado, dentro de la revisión incidental 99/2020 de su índice, así como el incidente de suspensión relativo a la presente c. Atento a lo anterior, acuse de recibo de los autos y anexos remitidos mediante oficio 3608 del índice del Órgano Colegiado oficiante, para los efectos legales conducentes.
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