Roberto Saldaña Castillo
Expediente 346/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 346/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Roberto Saldaña Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado el veinticinco de abril de dos mil veintidós en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, comuníquese a las autoridades responsables esta determinación y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Susceptible de destrucción. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de veinticinco de abril de dos mil veintidós, se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, mismo que causó estado con esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. No relevancia documental. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Pruebas. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que anexó a su oficio de cuenta. Contenido. Del contenido de dicho informe se advierte que no es cierto el acto que se le reclama a la referida autoridad toda vez que así lo manifestó al rendir su informe de ley. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como el informe de cuenta, se advierte que respecto del acto reclamado se actualiza una causa de improcedencia, a fin de evidenciar lo anterior, se debe determinar con exactitud el acto reclamado, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que el quejoso acude a la presente instancia constitucional a reclamar la omisión de calificar pruebas, en el expediente laboral 7024/2020/10. Ahora bien, en relación con la omisión reclamada, quien aquí provee, considera que se surte la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]." De conformidad con el dispositivo legal en comento, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Precisado lo anterior, cabe destacar que del informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se advierte que dicha autoridad niega la existencia del acto que le fue reclamado. En efecto, a la fecha en que se presentó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo no existía la omisión referida, toda vez que del anexo que acompañó a su informe justificado la autoridad responsable, a la cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, al tratarse de un documento expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se advierte que el siete de marzo del año en curso, dictó una determinación en donde se calificaron las pruebas ofrecidas, en el expediente laboral 7024/2020/10, de su índice. Lo expuesto con antelación evidencia que el siete de marzo de dos mil veintidós, la responsable emitió una determinación correspondiente a la calificación de las pruebas ofertadas, en el expediente laboral 7024/2020/10, por lo que es inconcuso que la omisión de la cual se duele la parte quejosa, relativa a la calificación de las pruebas ofrecidas, no existía a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa (veinticinco de marzo de dos mil veintidós). Ello es así, dado que al analizar la fecha de recepción de la demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, se advierte que esto fue el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, y como quedó establecido en el párrafo que antecede, el siete de marzo de dos mil veintidós, la responsable emitió la determinación correspondiente a la calificación de las pruebas ofrecidas, en el expediente laboral 7024/2020/10, de su índice; luego, es evidente que a la fecha en que se instó la acción constitucional, no existía la omisión reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, con número 2a./J. 3/94, visible en la página 15, Tomo 79, Julio de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja.". En las relatadas condiciones, ante la inexistencia de la omisión reclamada señalada en párrafos que anteceden, al momento de la fecha en que se presentó la demanda de amparo y al haber prueba fehaciente de lo anterior, se actualiza lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. No sobra señalar que en el caso, el sobreseimiento decretado no desatiende la Jurisprudencia 1ª./J.49/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el primero de diciembre de dos mil diecisiete, ubicada en publicación semanal, en la página web del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO", toda vez que se estima que la misma no es aplicable al caso concreto, ya que ésta se refiere actos, no a omisiones, y a la negativa simple de la autoridad, pero no a casos en que existe prueba plena que demuestra que a la fecha de presentación de la demanda de amparo no existía la omisión reclamada, pues ello quedó demostrado con las documentales públicas que allegó al presente sumario la autoridad responsable, al rendir su informe de ley. Consecuentemente, ante la inexistencia de una de las omisiones reclamadas y actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En virtud de lo anterior, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del veintinueve de abril de dos mil veintidós, en autos del presente juicio de amparo.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Pruebas. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que anexó a su oficio de cuenta. Contenido. Del contenido de dicho informe se advierte que no es cierto el acto que se le reclama a la referida autoridad toda vez que así lo manifestó al rendir su informe de ley. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como el informe de cuenta, se advierte que respecto del acto reclamado se actualiza una causa de improcedencia, a fin de evidenciar lo anterior, se debe determinar con exactitud el acto reclamado, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que el quejoso acude a la presente instancia constitucional a reclamar la omisión de calificar pruebas, en el expediente laboral 7024/2020/10. Ahora bien, en relación con la omisión reclamada, quien aquí provee, considera que se surte la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]." De conformidad con el dispositivo legal en comento, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Precisado lo anterior, cabe destacar que del informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se advierte que dicha autoridad niega la existencia del acto que le fue reclamado. En efecto, a la fecha en que se presentó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo no existía la omisión referida, toda vez que del anexo que acompañó a su informe justificado la autoridad responsable, a la cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, al tratarse de un documento expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se advierte que el siete de marzo del año en curso, dictó una determinación en donde se calificaron las pruebas ofrecidas, en el expediente laboral 7024/2020/10, de su índice. Lo expuesto con antelación evidencia que el siete de marzo de dos mil veintidós, la responsable emitió una determinación correspondiente a la calificación de las pruebas ofertadas, en el expediente laboral 7024/2020/10, por lo que es inconcuso que la omisión de la cual se duele la parte quejosa, relativa a la calificación de las pruebas ofrecidas, no existía a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa (veinticinco de marzo de dos mil veintidós). Ello es así, dado que al analizar la fecha de recepción de la demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, se advierte que esto fue el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, y como quedó establecido en el párrafo que antecede, el siete de marzo de dos mil veintidós, la responsable emitió la determinación correspondiente a la calificación de las pruebas ofrecidas, en el expediente laboral 7024/2020/10, de su índice; luego, es evidente que a la fecha en que se instó la acción constitucional, no existía la omisión reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, con número 2a./J. 3/94, visible en la página 15, Tomo 79, Julio de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja.". En las relatadas condiciones, ante la inexistencia de la omisión reclamada señalada en párrafos que anteceden, al momento de la fecha en que se presentó la demanda de amparo y al haber prueba fehaciente de lo anterior, se actualiza lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. No sobra señalar que en el caso, el sobreseimiento decretado no desatiende la Jurisprudencia 1ª./J.49/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el primero de diciembre de dos mil diecisiete, ubicada en publicación semanal, en la página web del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO", toda vez que se estima que la misma no es aplicable al caso concreto, ya que ésta se refiere actos, no a omisiones, y a la negativa simple de la autoridad, pero no a casos en que existe prueba plena que demuestra que a la fecha de presentación de la demanda de amparo no existía la omisión reclamada, pues ello quedó demostrado con las documentales públicas que allegó al presente sumario la autoridad responsable, al rendir su informe de ley. Consecuentemente, ante la inexistencia de una de las omisiones reclamadas y actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En virtud de lo anterior, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del veintinueve de abril de dos mil veintidós, en autos del presente juicio de amparo.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de abril de dos mil veintidós. Recepción de pedimento. Con fundamento en la fracción IV del artículo 5° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el pedimento que suscribe el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia constitucional. Se expide copia. Asimismo, como lo solicita, en su oportunidad, expídasele copia certificada de la resolución que refiere.
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