Roberto Rodríguez Almendarez

Expediente 1511/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1511/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Roberto Rodríguez Almendarez

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Visto el oficio de cuenta, a través del cual el Juez Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Matehuala, San Luis Potosí, diligenciado el despacho 152/2023-VI orden 831/2023-VI del índice de este órgano de control constitucional. Acúsese recibo. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, en virtud de lo acordado en proveído de ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese por medio de lista y por oficio a la autoridad oficiante.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales que acompaña, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Domicilio, delegados y correo electrónico. Téngase a la autoridad en cita señalando domicilio para oír y recibir notificaciones; delegados de su parte con apoyo en el numeral 9 de la Ley de Amparo, así como un correo electrónico de contacto. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que en el presente asunto la parte quejosa reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, la dilación y/o paralización del procedimiento laboral * específicamente por la omisión o negativa de calificar pruebas ofrecidas y señalar fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas. Actualiza causal de improcedencia. Ahora bien, del informe justificado de cuenta y anexos, se advierte que con relación a dicha omisión se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable la Jurisprudencia 103 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 81, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, del informe justificado de cuenta y anexos, se colige que la omisión reclamada ha cesado en sus efectos, toda vez que el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, mediante proveído de treinta de octubre de dos mil veintitrés, calificó las pruebas ofrecidas y señaló fecha y hora para el desahogo de las mismas, en el juicio laboral 1274/2022/3, cuya omisión de hacer se reclama en este juicio de la autoridad responsable. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. De lo anterior, se colige que la omisión reclamada ha cesado en sus efectos, toda vez que el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje demostró que mediante proveído de treinta de octubre de dos mil veintitrés, calificó las pruebas ofrecidas y señaló fecha y hora para el desahogo de las mismas, en el juicio laboral 1274/2022/3, cuya falta de hacer se reclama en esta instancia constitucional; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues la omisión en estudio ya fue subsanada por la citada responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sobreseimiento. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba programada para el veintisiete de noviembre del año en curso.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, mediante el cual, en alcance al oficio acordado en proveído de trece de septiembre de dos mil veintitrés, informa que no fue posible desahogar la audiencia de impugnación fijada para el trece de octubre del presente año, por los motivos que expone; y en su lugar, se fijaron las nueve horas con quince minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés para que tenga verificativo la misma. En virtud de lo anterior, dese vista a las partes por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, corriéndoles traslado con copia del oficio y anexo de mérito, para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en la inteligencia que, transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y por medio de lista.

  4. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Visto el oficio de cuenta signado por el apoderado del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", mediante el cual, en atención al requerimiento ordenado en proveído de trece de octubre de dos mil veintitrés, informa las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y de igual manera comunica que la quejosa acudió a su cita programada para el día nueve de octubre del año en curso; sin embargo, no acudió a su sesión de radioterapia programada para el once de octubre del presente año, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, reitera la fecha y hora fijada para su próxima valoración en el área de radioterapia y oncoginecología. De igual manera se advierte que se fijaron las ocho horas del diecinueve de abril de dos mil veinticuatro en el área de oncoginecología. Vista. En tal virtud, con copia autorizada del oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que esté en posibilidad de imponerse de su contenido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por medio de lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.

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