Roberto Rosario Grijalva Sánchez
Expediente 626/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 53 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 626/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 53
- Última actuación
- 21/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Roberto Rosario Grijalva Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 53.
- Principal
Fenece término para promover inconformidad. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que ya transcurrió el término de impugnación previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes recurrieran el proveído de veinte de enero del año en curso, en el que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, por lo que dicha determinación ha quedado firme. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina depurar la presente pieza de actuaciones, el original del cuaderno relativo al incidente de suspensión es depurable, es destruible el duplicado de dicho cuaderno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Se previene a las partes para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acudan ante este tribunal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibidas que de no hacerlo en el término indicado, tendrán el mismo destino que el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a las partes que si requieren comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberán gestionar su cita en la hora y fecha disponible dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se ordena devolver el tomo de pruebas que remitió la agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, de la Fiscalía Regional "A", de esta ciudad; lo anterior, en virtud de que resulta innecesario permanecer con el mismo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 21 DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: Fenece término para promover inconformidad. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que ya transcurrió el término de impugnación previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes recurrieran el proveído de veinte de enero del año en curso, en el que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, por lo que dicha determinación ha quedado firme. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina depurar la presente pieza de actuaciones, el original del cuaderno relativo al incidente de suspensión es depurable, es destruible el duplicado de dicho cuaderno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Se previene a las partes para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acudan ante este tribunal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibidas que de no hacerlo en el término indicado, tendrán el mismo destino que el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a las partes que si requieren comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberán gestionar su cita en la hora y fecha disponible dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se ordena devolver el tomo de pruebas que remitió la agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, de la Fiscalía Regional "A", de esta ciudad; lo anterior, en virtud de que resulta innecesario permanecer con el mismo.
- Principal
veinte de enero de dos mil veintidós. En la ciudad de León, Guanajuato, veinte de enero de dos mil veintidós, el suscrito José Jesús Gutiérrez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: que transcurrió el término concedido a las partes para que realizaran alguna manifestación en torno al cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria emitida por este juzgado; lo que se hace constar para los efectos legales procedentes. Doy fe. Cuenta. En esta misma fecha, se da cuenta a la Jueza, con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos, a fin de que se sirva determinar lo procedente. Conste. León, Guanajuato, veinte de enero de dos mil veintidós. Se califica cumplimiento. Visto el estado procesal de autos, del que se advierte que en auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en la capital, remitiendo el testimonio relativo al amparo en revisión 141/2021, en el que se desechó el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada en autos, así como la revisión adhesiva hecha valer por la parte tercera interesada, por lo que la ejecutoria emitida en autos quedó intocada. Ahora, este Juzgado Federal el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, concedió la protección constitucional al quejoso para el efecto de que la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital, realizara lo siguiente: a) Deje insubsistente la orden de aprehensión emitida el diecinueve de octubre de dos mil veinte, en autos del toca penal 55/2020-O, de su índice, con motivo del recurso de apelación interpuesto por la fiscalía en contra la resolución de trece de agosto de dos mil veinte, dictada por la Jueza de Control del Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Cuarta Región del Estado, con sede en León, en la causa penal 1P2020-1238; y b) En su lugar, dicte otra en la que exponga (motive), si la necesidad de cautela invocada por la fiscal es idónea, proporcional, necesaria y razonable en el caso en estudio a partir de los datos proporcionados y planteamientos de la fiscalía y con libertad de jurisdicción, dicte la resolución que en derecho corresponda. Posteriormente, en proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la autoridad responsable, magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para lo cual acompañó las constancias respectivas, por lo que en dicho auto se ordenó dar vista a las partes, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Las partes no hicieron manifestación alguna en torno al cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria, por lo que con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este juzgado Federal procederá a resolver si la sentencia dictada en el presente juicio se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, o si hay imposibilidad para cumplirla. En principio, se considera necesario hacer las siguientes precisiones. El defecto en el cumplimiento de una ejecutoria se actualiza cuando la autoridad responsable deja de hacer algo o de cumplir en su integridad lo ordenado en la resolución de cuya ejecución se trata; mientras que el exceso se verifica cuando la responsable se extralimita en su cumplimiento, al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. Del mismo modo, se estima cumplida una sentencia de amparo, cuando la responsable acata todos y cada uno de los aspectos definidos en el juicio de amparo como violatorios de derechos fundamentales. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se advierte que en la resolución de quince de diciembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la orden de aprehensión emitida el diecinueve de octubre de dos mil veinte, en autos del toca penal 55/2020-O, de su índice, con motivo del recurso de apelación interpuesto por la fiscalía en contra la resolución de trece de agosto de dos mil veinte, dictada por la Jueza de Control del Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Cuarta Región del Estado, con sede en León, en la causa penal 1P2020-1238; asimismo, dentro de esa misma determinación con libertad de jurisdicción resolvió revocar la sentencia combatida, dictando en su lugar orden de aprehensión en contra de Roberto Rosario Grijalva Sánchez, atendiendo los aspectos a que se le obligó en la sentencia de amparo, esto es, expresó las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tuvo en cuenta para determinar la existencia de la necesidad de la cautela invocada por la fiscal, al resolver que sí se colman los requisitos exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 141 de Código Nacional de Procedimientos Penales para la emisión del mandamiento de captura en contra del aquí quejoso. Después de analizar la sentencia protectora en este proceso constitucional, se observa que sus efectos jurídicos fueron cumplidos por la autoridad responsable, de tal suerte que con ese proceder la responsable acató el núcleo esencial del fallo protector. Del mismo modo, se aprecia que no incurrió en defecto, puesto que no omitió dar cumplimiento a alguna parte de la sentencia amparadora, sino que observó todos los aspectos sobre los que se concedió el amparo; como tampoco se extralimitó en sus funciones (exceso), sino que su proceder se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte quejosa de su derecho fundamental violado. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo en su totalidad, ordenándose hacer del conocimiento de las partes este proveído, para los efectos de los numerales 201 y 202 de la ley de la materia y una vez transcurrido el plazo legal de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin manifestación al respecto, procédase a determinar lo conducente en relación al caso particular. Finalmente, dígasele a las autoridades responsables y a las demás partes de este juicio constitucional que, transcurrido el plazo legal para intentar el recurso de inconformidad en contra de la presente calificación de cumplimiento, de no recibir notificación formal por parte de este tribunal, deberá presumirse que no se promovió el medio de impugnación aludido y que por esa razón la determinación asumida en este proveído adquirió firmeza, sin necesidad de comunicación oficial al respecto.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 20 DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: veinte de enero de dos mil veintidós. En la ciudad de León, Guanajuato, veinte de enero de dos mil veintidós, el suscrito José Jesús Gutiérrez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: que transcurrió el término concedido a las partes para que realizaran alguna manifestación en torno al cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria emitida por este juzgado; lo que se hace constar para los efectos legales procedentes. Doy fe. Cuenta. En esta misma fecha, se da cuenta a la Jueza, con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos, a fin de que se sirva determinar lo procedente. Conste. León, Guanajuato, veinte de enero de dos mil veintidós. Se califica cumplimiento. Visto el estado procesal de autos, del que se advierte que en auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en la capital, remitiendo el testimonio relativo al amparo en revisión 141/2021, en el que se desechó el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada en autos, así como la revisión adhesiva hecha valer por la parte tercera interesada, por lo que la ejecutoria emitida en autos quedó intocada. Ahora, este Juzgado Federal el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, concedió la protección constitucional al quejoso para el efecto de que la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital, realizara lo siguiente: a) Deje insubsistente la orden de aprehensión emitida el diecinueve de octubre de dos mil veinte, en autos del toca penal 55/2020-O, de su índice, con motivo del recurso de apelación interpuesto por la fiscalía en contra la resolución de trece de agosto de dos mil veinte, dictada por la Jueza de Control del Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Cuarta Región del Estado, con sede en León, en la causa penal 1P2020-1238; y b) En su lugar, dicte otra en la que exponga (motive), si la necesidad de cautela invocada por la fiscal es idónea, proporcional, necesaria y razonable en el caso en estudio a partir de los datos proporcionados y planteamientos de la fiscalía y con libertad de jurisdicción, dicte la resolución que en derecho corresponda. Posteriormente, en proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la autoridad responsable, magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para lo cual acompañó las constancias respectivas, por lo que en dicho auto se ordenó dar vista a las partes, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Las partes no hicieron manifestación alguna en torno al cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria, por lo que con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este juzgado Federal procederá a resolver si la sentencia dictada en el presente juicio se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, o si hay imposibilidad para cumplirla. En principio, se considera necesario hacer las siguientes precisiones. El defecto en el cumplimiento de una ejecutoria se actualiza cuando la autoridad responsable deja de hacer algo o de cumplir en su integridad lo ordenado en la resolución de cuya ejecución se trata; mientras que el exceso se verifica cuando la responsable se extralimita en su cumplimiento, al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. Del mismo modo, se estima cumplida una sentencia de amparo, cuando la responsable acata todos y cada uno de los aspectos definidos en el juicio de amparo como violatorios de derechos fundamentales. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se advierte que en la resolución de quince de diciembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la orden de aprehensión emitida el diecinueve de octubre de dos mil veinte, en autos del toca penal 55/2020-O, de su índice, con motivo del recurso de apelación interpuesto por la fiscalía en contra la resolución de trece de agosto de dos mil veinte, dictada por la Jueza de Control del Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Cuarta Región del Estado, con sede en León, en la causa penal 1P2020-1238; asimismo, dentro de esa misma determinación con libertad de jurisdicción resolvió revocar la sentencia combatida, dictando en su lugar orden de aprehensión en contra de Roberto Rosario Grijalva Sánchez, atendiendo los aspectos a que se le obligó en la sentencia de amparo, esto es, expresó las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tuvo en cuenta para determinar la existencia de la necesidad de la cautela invocada por la fiscal, al resolver que sí se colman los requisitos exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 141 de Código Nacional de Procedimientos Penales para la emisión del mandamiento de captura en contra del aquí quejoso. Después de analizar la sentencia protectora en este proceso constitucional, se observa que sus efectos jurídicos fueron cumplidos por la autoridad responsable, de tal suerte que con ese proceder la responsable acató el núcleo esencial del fallo protector. Del mismo modo, se aprecia que no incurrió en defecto, puesto que no omitió dar cumplimiento a alguna parte de la sentencia amparadora, sino que observó todos los aspectos sobre los que se concedió el amparo; como tampoco se extralimitó en sus funciones (exceso), sino que su proceder se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte quejosa de su derecho fundamental violado. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo en su totalidad, ordenándose hacer del conocimiento de las partes este proveído, para los efectos de los numerales 201 y 202 de la ley de la materia y una vez transcurrido el plazo legal de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin manifestación al respecto, procédase a determinar lo conducente en relación al caso particular. Finalmente, dígasele a las autoridades responsables y a las demás partes de este juicio constitucional que, transcurrido el plazo legal para intentar el recurso de inconformidad en contra de la presente calificación de cumplimiento, de no recibir notificación formal por parte de este tribunal, deberá presumirse que no se promovió el medio de impugnación aludido y que por esa razón la determinación asumida en este proveído adquirió firmeza, sin necesidad de comunicación oficial al respecto.
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