ROBERTO ROJAS ISAAC y Otros.
Expediente 602/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 602/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- ROBERTO ROJAS ISAAC y Otros.
- Roberto Rojas Isaac
- Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato
Actuaciones
- Principal
I. Tribunal Colegiado acepta competencia. Agréguese a los autos el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la capital, mediante el cual informa que se aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional. II. Depuración, destrucción y archivo. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se concluye que el presente expediente es destruible, en razón de que en proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós, este Juzgado Federal se declaró incompetente para conocer del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad archívese este expediente.
- Principal
Superioridad acusa recibo e informa. Agréguese a los autos el oficio remitido por el actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual acusa de recibo la demanda de amparo glosada al expediente 602/2022-II que le fue remitida por este Juzgado Federal en proveído de treinta de mayo del presente año, e informa estar realizando las gestiones a efecto de estar en condiciones de llevar a cabo el pronunciamiento que refiere el artículo 47 de la Ley de Amparo. De lo anterior, se toma debido conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 30 DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "I. Parte quejosa. Roberto Rojas Isaac y Ma. Elena Cardona Alcacio. II. Autoridades responsables. Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otra autoridad. III. Registro en libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 602/2022-II. IV. Incompetencia. Ahora bien, visto el contenido de la demanda de amparo, este Juzgado de Distrito procede a analizar su legal competencia para conocer del presente asunto. De la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado consiste en la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintidós, dictada dentro del toca número 231/2022, del índice Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, relativa al recurso de apelación interpuesto contra el auto de dieciocho de marzo del mismo año, pronunciado por el juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de San Felipe, Guanajuato, dentro del proceso oral ordinario familiar F-93/2022, en la que se confirmó la determinación que niega la admisión de la demanda propuesta. Ahora bien, el artículo 16 constitucional prevé los requisitos que debe cumplir todo acto de autoridad, uno de ellos consiste en que sea expedido por autoridad competente, lo cual implica que previo a cualquier estudio, la competencia debe ser clara para la autoridad, pues constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe analizarse preferentemente al fondo de la cuestión planteada. En ese sentido, del análisis del acto reclamado, así como de los artículos 34 y 170, fracción I, de la ley, esta juzgadora considera que carece de competencia para conocer de la demanda de amparo, por las consideraciones que se exponen enseguida: Los mencionados preceptos legales disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido [.]" De los artículos transcritos se obtiene que los órganos competentes para conocer de amparo directo son los Tribunales Colegiados, y que este juicio de control constitucional procede, entre otros supuestos, contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Asimismo, por sentencias definitivas o laudos, se entiende que son las determinaciones que decidan el juicio en lo principal y, por resoluciones que pongan fin al juicio, las que, sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido. Así, conviene mencionar que el juicio se inicia con la presentación de la demanda y puede concluir con la sentencia o resolución que, sin decidirlo en la principal, lo concluye y, por tal motivo, impide su prosecución o continuación. En el caso estudio, como ya se dijo con antelación, la parte quejosa reclama la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintidós, a través de la cual, el magistrado responsable resolvió el recurso de apelación interpuesto, determinando confirmar el auto de desechamiento de la demanda natural dentro del juicio oral ordinario familiar F-93/2022. De ahí que se advierta que dicha resolución dio por concluido el citado sumario. Corrobora el sentido de esta determinación, la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 95, materia Común, que dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor.". En tal virtud, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 47, 48 y 170 fracción I de la ley, este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de la demanda, en razón de que se combate una determinación que dio por concluido un juicio, supuesto en el que procede el amparo directo. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 y 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto; en consecuencia, se ordena remitir el mismo al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Decimosexto Circuito con residencia en Guanajuato, capital, solicitándose el acuse de recibo respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y fórmese el cuaderno de antecedentes. V. Domicilio y autorizados. Finalmente, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Tres Guerras número 325, Zona Centro de esta ciudad, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Pedro Villegas Cahue y Leopoldo Hernández Pedraza, por contar con cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. VI. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Se exhorta a las partes. Por otra parte, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VIII. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. IX. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el veintiséis de mayo de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos de la fracción VIII, primer párrafo, artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a su periodo de vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento."
- Principal
Colegiado admite recurso de inconformidad. Agréguese a los presentes autos el oficio que remite el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato, capital, mediante el cual informa que se admite el recurso de inconformidad interpuesto en el presente asunto, habiéndole correspondido el número de expediente 7/2022.
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