Roberto Rivas Valencia
Expediente 574/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 574/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 01/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Roberto Rivas Valencia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, primero de agosto de dos mil veintitrés. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.18.b3 MIRNA RODRÍGUEZ CALDERÓN específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de once de julio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por ROBERTO RIVAS VALENCIA; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la primera parte de la certificación que obra al rubro, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En ese orden de ideas, tomando en consideración que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción I) del aludido acuerdo, en razón de haberse 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.18.b3 MIRNA RODRÍGUEZ CALDERÓN Juicio de amparo l-574/2023 3 ??????????????? sobreseído en este juicio; por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el aludido numeral, dentro de los treinta días naturales siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. SE ORDENA DEVOLVER CONSTANCIAS A AUTORIDAD RESPONSABLE. Devuélvanse a la autoridad responsable Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con sede en esta ciudad, las constancias que remitió en apoyo de su informe justificado, consistente en copias certificadas del expediente IMAPI/REVISIÓN/0928/2023, así como un disco óptico de su índice. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo I-574/2023, promovido por ********************, contra actos del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el doce de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido el quince de ese mes y año citado por razón de turno, a este Juzgado Federal, ********************, promovió demanda de amparo indirecto contra el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. El quejoso precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 8°, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 1°, 8° y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante proveído veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, previo cumplimiento de prevención; se admitió a trámite el juicio de amparo; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En el mismo proveído se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos de la presente actuación, previo diferimiento; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama actos de autoridades con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que reclama lo siguiente: Del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con sede en esta ciudad, reclama: Dilación excesiva para hacer cumplir con la resolución de doce de octubre de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de revisión IMAIP/REVISIÓN/928/2022, sin que se haya requerido al sujeto obligado, o aplicado alguna medida de apremio de conformidad con el artículo 117, fracción III y 156, ambos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo. De la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Jefa de Departamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, reclama: El incumplimiento a la resolución de doce de octubre de dos mil veintidós, dictada por el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con sede en esta ciudad, en los autos del recurso de revisión IMAIP/REVISIÓN/928/2022. Del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; y, Jefa de Departamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, todos con sede en esta ciudad, reclama: La orden verbal o escrita para negar el acceso a la información, ante el incumplimiento de la resolución de doce de octubre de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de revisión IMAIP/REVISIÓN/928/2022, dictada por el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con sede en esta ciudad. De la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; y, Jefa de Departamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, todos con sede en esta ciudad, reclama: La omisión de emitir una respuesta congruente, completa, fundada y motivada al escrito de solicitud de acceso a la información pública de data veinte de junio de dos mil veintidós, presentado ante la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a fin de expedir y entregar la constancia emitida por la Dirección de Personal, mediante la cual acredita que el Dr. Jesús Herrera Basurto fungía como profesor de la asignatura "B" y que acredita las 20 horas de asignatura definitiva durante dos semestres; y durante 2 años para participar en el Proceso de Auscultación de Director o Directora de la Facultad de Agrobiología "Presidente Juárez" en Uruapan, Michoacán. CUARTO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO IDENTIFICADO CON EL INCISO C). Las autoridades responsables siguientes: Jefa del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales -IMAIP- por conducto del Coordinador Jurídico de la institución citada. Al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos que el quejoso les atribuyó. Ahora bien, toda vez que se dio vista al peticionario del amparo con el sentido de dichos informes y éste a su vez fue omiso en alegar al respecto, o bien ofrecer medio de prueba para desvirtuar tales negativas, lo conducente es tener como inexistentes el acto reclamado identificado con el inciso c) en la presente instancia constitucional atribuidos a las autoridades precisadas en este considerando. Ello, pues en el caso debió de demostrarse que contrario a lo narrado por las responsables, se encontraba vigente alguna afectación a los derechos fundamentales que alude violentados el solicitante del amparo. En apoyo a lo anterior se invoca, la jurisprudencia con registro digital 227634, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". En tales condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en este juicio de amparo, ante la evidente inexistencia del acto que la parte quejosa reclamó a las autoridades responsables precisadas en este considerando. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia con registro digital 214593, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". QUINTO. PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS B) C) y D). La autoridad responsable Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la audiencia constitucional, se le tuvo como omisa en rendir el informe solicitado. Por tanto, se presumen ciertos los actos reclamados identificados con los incisos b), c) y d), con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 750, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 831, Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal, Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Materia Común, Novena Época, registro 1002816, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías". SEXTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La autoridad responsable Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales al rendir su informe con justificación por conducto de su representante, negó la existencia del acto que se le reclama identificado con el incisos a). De igual manera la Jefa de Departamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ambos con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, negó la existencia de los actos que se le reclaman identificados con los incisos b) y d). Sin embargo, dichas negativas deben desvirtuarse en razón de que de las constancias remitidas por las autoridades citadas con antelación, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa -doce de mayo de dos mil veintitrés-, existían los actos reclamados identificados con los incisos a), b) y d), toda vez que fue hasta el veintidós de junio de dos mil veintitrés, que la autoridad responsable Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con sede en esta ciudad, declaró cumplida la resolución de doce de octubre de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de revisión IMAIP/REVISIÓN/928/2022. En esos términos lo procedente es considerar ciertos los datos asentados por la parte quejosa en su escrito de demanda, pues de las constancias remitidas por las autoridades responsables se advierte que existieron los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Registro digital: 249047 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, página 15 Tipo: Aislada "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACION SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equiparse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido". Además, dicha existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que la autoridad Jefa del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública por conducto del Abogado General y Apoderado Legal adjuntó documentales al informe justificado y el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales -IMAIP- por conducto del Coordinador Jurídico de la institución citada remitió documentales junto con su informe de ley, las cuales obran glosadas en autos, así como el tomo de pruebas por separado que se ordenó formar, relativo al expediente IMAPI/REVISIÓN/0928/2023 y un disco óptico. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia de la omisión reclamada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". SÉPTIMO. ANÁLISIS DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Establecida la existencia del acto fijado en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte TCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Ahora, el que suscribe estima que en el caso respecto de la autoridad Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con sede en esta ciudad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, pues los citados numerales prevén lo siguiente: "El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo únicamente es procedente contra actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; teniendo el carácter de autoridad, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de diversos criterios jurisprudenciales ha puntualizado como características distintivas que debe tener una autoridad a fin de ser considerada como tal para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 2ª.CCIV/2001, visible en la página 39, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto indican: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Entonces, para efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por los que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, de la confrontación de lo anterior, con los actos que se le atribuye a la autoridad señalada como responsable Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se advierte que los actos de los que se duele el quejoso no son susceptibles de ser reclamados en la vía de amparo por la parte promovente, en razón a que, dichos actos derivan de una relación laboral preexistente entre la parte inconforme en su carácter de trabajador y la responsable que como patrón. En efecto, el acto reclamado por la parte inconforme no deriva en una relación de supra a subordinación como las que se deben suscitar entre la autoridad responsable y un particular, sino en un plano de carácter laboral, pues el solicitante del amparo manifestó en sus antecedentes bajo protesta de decir verdad, que desde el mes de febrero del dos mil cinco, ingresó como profesor de la asignatura "B" en la Facultad de Agrobiología "Presidente Juárez" en Uruapan, Michoacán, perteneciente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; donde actualmente es Profesor e Investigador Asociado "C". Por consiguiente, los actos combatidos por el solicitante de amparo, es una actuación que se circunscriben exclusivamente al plano laboral y en esa medida, desvinculado totalmente de las características propias que revisten los actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Resulta importante señalar que el artículo 123, apartado "B", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la existencia de una relación laboral entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores. En similares términos el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, dispone: "Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: (.) VI. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias." Así, de dichos numerales se obtiene que los titulares de las dependencias tienen el carácter de patrón respecto de sus empleados y, por ende, no actúan como autoridad en lo que se refiere a cualquier conflicto individual, colectivo o intersindical surgido con sus trabajadores, sino como un particular susceptible de ser llamado a juicio con el carácter demandado en sustitución del patrón. Por lo anteriormente considerado y fundado, respecto a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los artículos 1° y 5°, fracción II, este último aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Por otra parte, en el caso concreto y por lo que respecta a los actos reclamados que se le atribuyen al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales concerniente al identificado con el inciso a); a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo relativos a los señalados con los incisos b), c) y d); y la Jefa de Departamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con sede en esta ciudad, consistentes a los descritos con los incisos b) y d); siendo dichos actos precisados en el considerando tercero de la presente resolución, se advierte que han cesado los efectos de éstos; respectivamente. En consecuencia, se omitirá el análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados que fueron señalados en el párrafo que antecede; ello, en virtud de que se advierte actualizada una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente al fondo del negocio, por ser cuestión de orden público en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. La fracción XXI, del citado numeral 61, de la Ley de Amparo vigente, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al agraviado en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del inconforme, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al impetrante en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho humano exija. Ante las precisiones anotadas, cabe señalar que en el caso concreto, respecto de los actos reclamados que se le atribuyen al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales concerniente al identificado con el inciso a); a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo relativos a los señalados con los incisos b), c) y d); y la Jefa de Departamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con sede en esta ciudad, consistentes a los descritos con los incisos b) y d); siendo dichos actos precisados en el considerando tercero de la presente resolución, se advierte que han cesado los efectos de éstos; respectivamente, pues de las constancias que las responsables acompañaron a sus informes justificados, se advierte medularmente que: 1. El aquí quejoso presentó una solicitud de acceso a la información pública de manera física ante la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, solicitando la constancia emitida por la Dirección de personal, mediante la cual acredita que el Dr. Jesús Herrera Basurto fungía como profesor de la asignatura "B" y que acredite las veinte horas de asignatura definitiva durante dos semestres; y, durante dos años para participar en el Proceso de Auscultación de Director o Directora de la Facultad de Agrobiología "Presidente Juárez" en Uruapan, Michoacán. 2. En atención a dicha solicitud, se registró como expediente 033/22/SV con motivo de la solicitud de información con folio 160353322000286 en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT); y, se emitió la respuesta mediante resolución de información en data uno de agosto de dos mil veintidós, en la que se le informó que en los archivos de esa secretaría no obraba la información solicitada y que dicha constancia se podía solicitar de manera directa a la Dirección del Personal. 3. Inconforme con la anterior respuesta, el aquí quejoso interpuso recurso de revisión el ocho de agosto de dos mil veintidós, ante el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con sede en esta ciudad; quien lo registró como recurso de revisión IMAIP/REVISIÓN/928/2022. 4. Seguida la secuela procesal dentro en los autos del recurso de revisión IMAIP/REVISIÓN/928/2022, emitió resolución el doce de octubre de dos mil veintidós, declaró por una parte infundado el recurso de revisión por lo que respecta a que el peticionario de amparo hizo referencia que la Secretaría Académica manifestó que no obraba en sus archivos la constancia solicitada, señalando que es una constancia expedida por la Dirección de Personal; de ahí que no configura la declaración de inexistencia de información Por otra parte, declaró fundado el recurso de mérito, respecto a la entrega de la información incompleta, pues la autoridad ante quien se solicitó la información, queda obligada al no atender y entregar la información correspondiente a los dos puntos contenidos en la solicitud presentada; de ahí que se modificó la respuesta del sujeto obligado con base en el artículo 144, fracción III de la Ley de Transparencia, para que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, realizara lo siguiente: "1. Dé respuesta completa, congruente y accesible al punto uno de la solicitud de acceso a la información que nos ocupa. 2. Notificar a la parte recurrente la respuesta referida dado a esta resolución, en el entendido de que deberá remitir las constancias que así lo acrediten, es decir, el contenido de la respuesta y la constancia de notificación. 3. Informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta resolución, en el entendido de que deberá remitir las constancias que así lo acrediten, es decir, el contenido de la respuesta la constancia de notificación." 5. En cumplimiento a lo anterior, la Jefa de Departamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, todos con sede en esta ciudad, emitió el oficio 916/2023 de data dieciséis de junio del año en curso, visible a fojas 92 a 93 del sumario en que se actúa, por medio del cual se advierte que se encuentra dirigido a los Comisionados del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con sede en esta ciudad; y remite la respuesta emitida en cumplimiento a la resolución del recurso de revisión, esto es, el oficio DP-621-2023. 6. Mediante auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés, los integrantes del Pleno del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con sede en esta ciudad, tuvieron por cumplida la resolución de doce de octubre de dos mil veintidós, en los autos del recurso de revisión IMAIP/REVISIÓN/928/2022. De ahí que, se corrobora que los efectos de los actos reclamados que se le atribuyen al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales concerniente al identificado con el inciso a); a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo relativos a los señalados con los incisos b), c) y d); y la Jefa de Departamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con sede en esta ciudad, consistentes a los descritos con los incisos b) y d); siendo dichos actos precisados en el considerando tercero de la presente resolución; han desaparecido totalmente, ya que se declaró cumplida la resolución de doce de octubre de dos mil veintidós, en los autos del recurso de revisión IMAIP/REVISIÓN/928/2022; y, por ende se emitió una respuesta congruente, completa, fundada y motivada al escrito de solicitud de acceso a la información pública de data veinte de junio de dos mil veintidós, presentado ante la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, pues en el caso, se ha generado una situación jurídica que definitivamente destruye a la que dio motivo al amparo y se restituyó al quejoso en el goce del derecho fundamental que estimó menoscabado. Lo expuesto se retoma de la jurisprudencia 59/99, que establece: Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, identificada con el número 9/98, que dispone: Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En tal virtud, es inconcuso que respecto a los actos reclamados que se le atribuyen al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales concerniente al identificado con el inciso a); a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo relativos a los señalados con los incisos b), c) y d); y la Jefa de Departamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con sede en esta ciudad, consistentes a los descritos con los incisos b) y d); siendo dichos actos precisados en el considerando tercero de la presente resolución, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, razón por la cual debe sobreseerse en el mismo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mencionado ordenamiento legal. Ahora bien, dado el sentido de la presente determinación no se impone a la autoridad responsable Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo la multa que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, no obstante la presunción de certeza del acto reclamado; y, el hecho de que este juzgado no imponga la multa dada la omisión de dicha autoridad de rendir su informe justificado no afecta de manera directa el interés jurídico del aquí peticionario de amparo, pues la sanción económica se aplicaría a favor del erario de la Federación y no en su beneficio. Se comparte en lo conducente, la tesis XX.2o.23 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Enero de 2007, página 2313, Novena Época, con registro digital 173481, que se lee: "QUEJOSO. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA SOLICITAR EN LA REVISIÓN LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE POR NO HABER RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. Si el Juez de Distrito no aplica una multa a la autoridad responsable que omitió rendir su informe justificado, la parte quejosa carece de legitimación para solicitar en el recurso de revisión la aplicación de dicha sanción, ya que tal proceder no afecta de manera directa su interés jurídico, pues la sanción económica se aplicaría a favor del erario de la Federación y no en su beneficio. Finalmente, con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio: "MINISTERIO PÚBLICO SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." Por lo expuesto, fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra de las autoridades y por los actos precisados en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra de las autoridades y por los actos precisados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. AUTORIDAD CUMPLE REQUERIMIENTO. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Coordinador Jurídico del Instituto Michoacano de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con residencia en esta ciudad. Atento a su contenido, téngasele cumpliendo con el requerimiento que se le formuló en proveído de veintitrés de junio del año en curso, mediante el cual hace del conocimiento a este juzgado, que en data de veintidós de junio del año en curso, dictó acuerdo de cumplimiento recaído al recurso de revisión ********************, en el que anexa copia certificada de la misma Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del contenido de los informes justificados acordados en proveído de veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Por otra parte, se advierte que mediante oficio 10928 que contienen el auto de veintitrés de junio de dos mil veintitrés (foja 131), se requirió a la autoridad responsable Instituto Michoacano de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que informe si emitió algún acuerdo donde haya tenido por cumplida cabalmente la sentencia del recurso de revisión IMAIP/REVISIÓN/928/2022, y de ser así remita copia certificada de dicho acuerdo, sin que obre constancia de entrega de la comunicación en mención, de lo cual se está en espera. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretario que autoriza. Doy FeErg.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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