Roberto Ramos Aviña

Expediente 983/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
983/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
15/05/2019

Partes del expediente

  • Roberto Ramos Aviña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de mayo de dos mil diecinueve. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de abril de dos mil diecinueve. V I S T O S los autos, para resolver el juicio de amparo número 983/2018-IX, promovido por Roberto Ramos Aviña, por propio derecho, contra actos de la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora y otras autoridades; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad capital, cuyo conocimiento correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito en la Entidad, por razón de turno, Roberto Ramos Aviña promovió demanda de amparo, por propio derecho, contra las autoridades señaladas con antelación de quienes reclamó el acto que precisó en los siguientes términos: ".la orden, mandamiento o autorización de traslado, transferencia o reubicación a un diverso centro de reclusión, rehabilitación o readaptación, sea federal o estatal, del que actualmente me encuentro; y su ejecución, por sí o por personal bajo su mando; desconociendo hasta el momento el lugar en donde me pretenden trasladar." Acto que la parte quejosa, consideró violatorios, en su perjuicio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 18, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, se radicó el asunto como el expediente 983/2018; se admitió a trámite la demanda; se ordenó requerir su informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención al Ministerio Publico de la Federación, adscrito a este órgano jurisdiccional; y señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el pasado veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en los términos asentados en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; por reclamarse actos cuya ejecución tendrá verificativo dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y en la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; este órgano jurisdiccional precisa que los actos reclamados a la autoridad responsable, conforme a la lectura íntegra de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, son los siguientes:  La orden de traslado emitida por la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, dentro de la causa penal ZAM/167/2018, seguida en contra del aquí quejoso, por su probable participación en la comisión del delito de secuestro agravado en perjuicio de Jesús Gil Méndez. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su respectivo informe justificado, la Juez responsable aceptó la existencia del acto reclamado. Además, tal asentimiento fue corroborado tanto con las videograbaciones como con las constancias que la juez responsable remitió junto con su informe justificado; medio de convicción que tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, por ser un documento expedido por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior las tesis que se reproducen en seguida: "Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Contradicción de tesis 455/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito. 27 de febrero de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: José Díaz de León Cruz. Tesis de jurisprudencia 43/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece." "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS". CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. El artículo 62 de la Ley de Amparo, prevé que "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; ello en virtud de que el examen de las causales de improcedencia previstas por la propia Ley de Amparo, es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por las tesis que se citan a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335." "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos." En ese orden de ideas, este órgano de control constitucional considera que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV , en relación con el diverso 17 , ambos de la Ley de Amparo. Para evidenciar lo anterior, resulta conveniente señalar que, tanto de las videograbaciones como de las constancias aportadas por la juez señalada como responsable en el presente asunto, se obtiene que el catorce de octubre de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal ZAM/167/2018, seguida en contra de Roberto Ramos Aviña, por su probable participación en la comisión del delito de secuestro agravado en perjuicio de Jesús Gil Méndez, tuvo verificativo la audiencia inicial, en la que el fiscal investigador formuló imputación en contra del aquí amparista. Por ese motivo, el diecisiete de octubre siguiente, se llevó a cabo la continuación de la audiencia indicada, en la que la juez del conocimiento vinculó a proceso al mencionado Ramos Aviña, por considerar que los datos de prueba aportados por el fiscal investigador era suficientes para establecer que sucedió un hecho que la ley sanciona como delito y que existía la posibilidad de que el aquí amparista participó en su comisión. Además, para lograr la comparecencia del imputado durante la secuela procesal, como medida cautelar, la juzgadora de origen impuso al imputado, la prisión preventiva oficiosa, en términos del artículo 167, tercer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales ; y, ordenó el traslado del aquí peticionario del amparo del Centro de Reinserción Social de Zamora al Centro de Reinserción Social de Alta Seguridad para delitos de alto impacto Número 1, en el Estado, con sede en Charo, ambos de Michoacán de Ocampo; ello, debido a que: ".el imputado señaló en audiencia inicial de formulación de imputación [de fecha 14 de octubre de 2018], haber recibido amenazas de algunos internos del centro de reinserción social donde fue puesto a mi disposición; pero además, porque conforme al acuerdo que emitió el entonces gobernador constitucional del Estado de Michoacán, publicado en el periódico oficial del Estado el 4 de febrero de 2015, el centro de reinserción social de alta seguridad para delitos de alto impacto número 1" en el Estado de Michoacán, tuvo como finalidad el internamiento en ese centro de reclusión de los imputados que están siendo procesados o cumplen una pena por el delito de secuestro, entre otros; y, como el quejoso fue vinculado a proceso por el delito de secuestro agravado, se ordenó su internamiento en aquel centro de reclusión para que cumpla la medida cautelar que le fue impuesta." Lo expuesto hasta aquí patentiza que, al menos desde el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, el ahora quejoso, Roberto Ramos Aviña tuvo conocimiento de la orden de traslado dictada en su contra; precisamente porque tanto él como su defensor privado José Antonio Hernández Vatrez se encontraban presentes en la continuación de la audiencia inicial en la que se le vinculó a proceso, se le impuso la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa y se ordenó su traslado al Centro de Reinserción Social de Alta Seguridad para delitos de alto impacto Número 1, en el Estado, con sede en Charo. Esto a su vez implica que, conforme a lo previsto por los artículos 18 de la Ley de Amparo y 67, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales , el término para la promoción de la demanda de amparo, transcurrió del diecinueve de octubre al doce de noviembre, ambos de dos mil dieciocho; lo anterior tomar en consideración los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de octubre, ni tres, cuatro, diez y once de noviembre, por haber sido sábados y domingos respectivamente; ni uno y dos de noviembre, por haber sido inhábiles. Luego, si la demanda fue presentada hasta el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, es factible afirmar que el juicio de control constitucional resulta improcedente, al haberse promovido en forma extemporánea. Máxime, porque en la especie no se actualiza ninguna de las hipótesis de excepción previstas en el artículo 17 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales; pues en el caso, no se reclama una norma general autoaplicativa; ni una sentencia definitiva dictada en un proceso penal; tampoco actos que pretendan privar de manera total o parcial, temporal o definitiva la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios; mucho menos se trata de actos proscritos por el artículo 22 constitucional; de modo que debía observarse el término genérico para la promoción del juicio de amparo. No pasa inadvertido que, en el escrito inicial de demanda el peticionario del amparo manifestó lo siguiente: ".me encuentro actualmente interno en el centro de readaptación social de Zamora, Michoacán; lugar en donde el día 17 de octubre de dos mil dieciocho aproximadamente a las diez de la noche, me informó un custodio del referido centro de reclusión que las autoridades responsables antes señaladas me pretenden trasladar a un lugar diverso a donde actualmente me encuentro." Sin embargo, dicha manifestación quedó desvirtuada debido a que, tanto de las videograbaciones como de las constancias exhibidas conjuntamente con el informe justificado rendido por la juez responsable se obtiene que, tanto el quejoso como su defensor privado José Antonio Hernández Vatrez fueron notificados de la orden de traslado en la continuación de la audiencia inicial, la cual tuvo verificativo el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Pero incluso si se considerara que esto no ocurrió así, la realidad es que el propio amparista manifestó que conoció de la orden combatida en esa misma fecha, esto es, el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho; de ahí, que necesariamente tendría que arribarse a la misma conclusión, porque en ese caso el plazo habría transcurrido del dieciocho de octubre al nueve de noviembre, ambos de dos mil dieciocho; lo anterior tomar en consideración los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de octubre, ni tres y cuatro de noviembre, por haber sido sábados y domingos respectivamente; tampoco uno y dos de noviembre, por haber sido inhábiles. En tal virtud, al resultar patente la actualización de la causa de improcedencia anunciada al inicio de este capítulo, lo que se impone es SOBRESEER en los autos del juicio de amparo. QUINTO. Supresión de datos personales. En otro aspecto, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Roberto Ramos Aviña, por propio derecho, contra actos de la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora y otras autoridades, por las razones expuestas en el considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. Por lo indicado en el último considerando de este fallo, el mismo deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA JESUS GIL MENDEZ... LA SIGUIENTE RESOLUCION: Morelia, Michoacán, veintitrés de abril de dos mil diecinueve. V I S T O S los autos, para resolver el juicio de amparo número 983/2018-IX, promovido por Roberto Ramos Aviña, por propio derecho, contra actos de la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora y otras autoridades; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad capital, cuyo conocimiento correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito en la Entidad, por razón de turno, Roberto Ramos Aviña promovió demanda de amparo, por propio derecho, contra las autoridades señaladas con antelación de quienes reclamó el acto que precisó en los siguientes términos: ".la orden, mandamiento o autorización de traslado, transferencia o reubicación a un diverso centro de reclusión, rehabilitación o readaptación, sea federal o estatal, del que actualmente me encuentro; y su ejecución, por sí o por personal bajo su mando; desconociendo hasta el momento el lugar en donde me pretenden trasladar." Acto que la parte quejosa, consideró violatorios, en su perjuicio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 18, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, se radicó el asunto como el expediente 983/2018; se admitió a trámite la demanda; se ordenó requerir su informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención al Ministerio Publico de la Federación, adscrito a este órgano jurisdiccional; y señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el pasado veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en los términos asentados en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; por reclamarse actos cuya ejecución tendrá verificativo dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y en la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; este órgano jurisdiccional precisa que los actos reclamados a la autoridad responsable, conforme a la lectura íntegra de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, son los siguientes:  La orden de traslado emitida por la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, dentro de la causa penal ZAM/167/2018, seguida en contra del aquí quejoso, por su probable participación en la comisión del delito de secuestro agravado en perjuicio de Jesús Gil Méndez. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su respectivo informe justificado, la Juez responsable aceptó la existencia del acto reclamado. Además, tal asentimiento fue corroborado tanto con las videograbaciones como con las constancias que la juez responsable remitió junto con su informe justificado; medio de convicción que tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, por ser un documento expedido por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior las tesis que se reproducen en seguida: "Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Contradicción de tesis 455/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito. 27 de febrero de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: José Díaz de León Cruz. Tesis de jurisprudencia 43/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece." "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS". CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. El artículo 62 de la Ley de Amparo, prevé que "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; ello en virtud de que el examen de las causales de improcedencia previstas por la propia Ley de Amparo, es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por las tesis que se citan a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335." "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos." En ese orden de ideas, este órgano de control constitucional considera que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV , en relación con el diverso 17 , ambos de la Ley de Amparo. Para evidenciar lo anterior, resulta conveniente señalar que, tanto de las videograbaciones como de las constancias aportadas por la juez señalada como responsable en el presente asunto, se obtiene que el catorce de octubre de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal ZAM/167/2018, seguida en contra de Roberto Ramos Aviña, por su probable participación en la comisión del delito de secuestro agravado en perjuicio de Jesús Gil Méndez, tuvo verificativo la audiencia inicial, en la que el fiscal investigador formuló imputación en contra del aquí amparista. Por ese motivo, el diecisiete de octubre siguiente, se llevó a cabo la continuación de la audiencia indicada, en la que la juez del conocimiento vinculó a proceso al mencionado Ramos Aviña, por considerar que los datos de prueba aportados por el fiscal investigador era suficientes para establecer que sucedió un hecho que la ley sanciona como delito y que existía la posibilidad de que el aquí amparista participó en su comisión. Además, para lograr la comparecencia del imputado durante la secuela procesal, como medida cautelar, la juzgadora de origen impuso al imputado, la prisión preventiva oficiosa, en términos del artículo 167, tercer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales ; y, ordenó el traslado del aquí peticionario del amparo del Centro de Reinserción Social de Zamora al Centro de Reinserción Social de Alta Seguridad para delitos de alto impacto Número 1, en el Estado, con sede en Charo, ambos de Michoacán de Ocampo; ello, debido a que: ".el imputado señaló en audiencia inicial de formulación de imputación [de fecha 14 de octubre de 2018], haber recibido amenazas de algunos internos del centro de reinserción social donde fue puesto a mi disposición; pero además, porque conforme al acuerdo que emitió el entonces gobernador constitucional del Estado de Michoacán, publicado en el periódico oficial del Estado el 4 de febrero de 2015, el centro de reinserción social de alta seguridad para delitos de alto impacto número 1" en el Estado de Michoacán, tuvo como finalidad el internamiento en ese centro de reclusión de los imputados que están siendo procesados o cumplen una pena por el delito de secuestro, entre otros; y, como el quejoso fue vinculado a proceso por el delito de secuestro agravado, se ordenó su internamiento en aquel centro de reclusión para que cumpla la medida cautelar que le fue impuesta." Lo expuesto hasta aquí patentiza que, al menos desde el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, el ahora quejoso, Roberto Ramos Aviña tuvo conocimiento de la orden de traslado dictada en su contra; precisamente porque tanto él como su defensor privado José Antonio Hernández Vatrez se encontraban presentes en la continuación de la audiencia inicial en la que se le vinculó a proceso, se le impuso la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa y se ordenó su traslado al Centro de Reinserción Social de Alta Seguridad para delitos de alto impacto Número 1, en el Estado, con sede en Charo. Esto a su vez implica que, conforme a lo previsto por los artículos 18 de la Ley de Amparo y 67, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales , el término para la promoción de la demanda de amparo, transcurrió del diecinueve de octubre al doce de noviembre, ambos de dos mil dieciocho; lo anterior tomar en consideración los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de octubre, ni tres, cuatro, diez y once de noviembre, por haber sido sábados y domingos respectivamente; ni uno y dos de noviembre, por haber sido inhábiles. Luego, si la demanda fue presentada hasta el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, es factible afirmar que el juicio de control constitucional resulta improcedente, al haberse promovido en forma extemporánea. Máxime, porque en la especie no se actualiza ninguna de las hipótesis de excepción previstas en el artículo 17 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales; pues en el caso, no se reclama una norma general autoaplicativa; ni una sentencia definitiva dictada en un proceso penal; tampoco actos que pretendan privar de manera total o parcial, temporal o definitiva la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios; mucho menos se trata de actos proscritos por el artículo 22 constitucional; de modo que debía observarse el término genérico para la promoción del juicio de amparo. No pasa inadvertido que, en el escrito inicial de demanda el peticionario del amparo manifestó lo siguiente: ".me encuentro actualmente interno en el centro de readaptación social de Zamora, Michoacán; lugar en donde el día 17 de octubre de dos mil dieciocho aproximadamente a las diez de la noche, me informó un custodio del referido centro de reclusión que las autoridades responsables antes señaladas me pretenden trasladar a un lugar diverso a donde actualmente me encuentro." Sin embargo, dicha manifestación quedó desvirtuada debido a que, tanto de las videograbaciones como de las constancias exhibidas conjuntamente con el informe justificado rendido por la juez responsable se obtiene que, tanto el quejoso como su defensor privado José Antonio Hernández Vatrez fueron notificados de la orden de traslado en la continuación de la audiencia inicial, la cual tuvo verificativo el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Pero incluso si se considerara que esto no ocurrió así, la realidad es que el propio amparista manifestó que conoció de la orden combatida en esa misma fecha, esto es, el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho; de ahí, que necesariamente tendría que arribarse a la misma conclusión, porque en ese caso el plazo habría transcurrido del dieciocho de octubre al nueve de noviembre, ambos de dos mil dieciocho; lo anterior tomar en consideración los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de octubre, ni tres y cuatro de noviembre, por haber sido sábados y domingos respectivamente; tampoco uno y dos de noviembre, por haber sido inhábiles. En tal virtud, al resultar patente la actualización de la causa de improcedencia anunciada al inicio de este capítulo, lo que se impone es SOBRESEER en los autos del juicio de amparo. QUINTO. Supresión de datos personales. En otro aspecto, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Roberto Ramos Aviña, por propio derecho, contra actos de la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora y otras autoridades, por las razones expuestas en el considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. Por lo indicado en el último considerando de este fallo, el mismo deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintiocho de enero de dos mil diecinueve. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que aún no obra el acuse de recibo del oficio número 18402, enviado a María Guadalupe Castro Martínez, Agente de la Fiscalía Regional de Justicia de Zamora, Michoacán, adscrita al Área de Litigación, mediante el cual se ordenó su emplazamiento al presente juicio; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.JCMZ

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