Roberto Renato Rodriguez Rodriguez

Expediente 67/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
67/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
05/10/2020

Partes del expediente

  • Roberto Renato Rodriguez Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual remite testimonio certificado de la ejecutoria emitida en sesión de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, en autos del recurso de queja 64/2020 interpuesto por la autoridad responsable, en contra del auto admisorio de treinta de enero de dos mil veinte, en la que se resolvió fundado dicho recurso. Lo anterior, sin que resulte necesario realizar mayor pronunciamiento, toda vez que en auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, se recibió vía electrónica la ejecutoria de referencia y se acordó lo conducente. Cúmplase.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio y anexo remitido vía electrónica por el Secretario de Tribunal del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual remite testimonio certificado de la ejecutoria emitida en sesión de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, en autos del recurso de queja 64/2020 interpuesto por la autoridad responsable ***, Coordinador General de Substanciación y Resoluciones, adscrito a la Subsecretaría de Resoluciones y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, en contra del auto admisorio de treinta de enero de dos mil veinte, en la que se resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja interpuesto por la autoridad responsable, Coordinador General de Sustanciación y Resoluciones adscrito a la Subsecretaría de Resoluciones y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, en contra del proveído de treinta de enero de dos mil veinte, dictado en el amparo indirecto 67/2020-V-A del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal". Acúsese el recibo correspondiente. Ahora, por lo que hace a las copias certificadas que se remitieron al tribunal revisor para la substanciación del recurso de mérito, debe decirse que es innecesaria su conservación, toda vez que obran los originales en autos. En ese sentido, en cumplimiento al considerando sexto de la ejecutoria emitida por el Tribunal de alzada, se procede a desechar de plano la demanda de amparo al estimar actualizada de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. "SEXTO. Acuerdo que debe prevalecer 49. En virtud de que el recurso de queja resultó fundado y dada la naturaleza de la litis sometida a la jurisdicción de este tribunal revisor, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley de Amparo en vigor,23 se ordena al Juez de Distrito proveer lo conducente a fin de estimar actualizada de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, y por ende, desechar de plano la demanda de amparo." Para tal efecto, se atiende a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la disposición legal anterior se desprende que el Juez de Distrito, podrá desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, es ineludible precisar que por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la tesis número I.13o.A. J/6, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la Novena Época, publicada en la página 1631 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, con número de registro 180663, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese contexto, del análisis del escrito de demanda se advierte que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causa prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretado a contrario sentido, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; " En ese sentido, debemos entender que para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación se entiende como aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y los tratados internacionales. Las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo contenidas en el artículo 107 fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales del hombre. Por otra parte, los actos intraprocesales que no reúnen estas características por sí mismos no afectan a los gobernados, puesto que sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá interponer los medios de defensa conducentes. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, conforme al artículo 107 de la Ley de Amparo, ahora ya se define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, en la nueva ley en cita, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino que, en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una cuestión jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. En el caso, el quejoso *** señaló como acto reclamado del Coordinador General de Substanciación y Resoluciones de la Secretaría de la Contraloría del Estado, la omisión de acordar los escritos presentados el diecisiete y veinte de enero de dos mil veinte, en los que solicitó se le autorice como apoderado legal de los servidores públicos ***, y por ende, la negativa a tener acceso al expediente del procedimiento administrativo de responsabilidad ***. Ahora bien, cabe precisar que entre la fecha de presentación de dichos escritos y la demanda de amparo, no se advierte una dilación de tal magnitud que haga procedente el amparo indirecto, por excepción. En efecto, las promociones cuyas falta de respuesta reclama en estainstancia, fueron presentadas ante la responsable el diecisiete y veinte de enero de dos mil veinte, tal y como se señaló por el propio quejoso en su demanda. Luego, la demanda de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, el veintiocho de enero de dos mil veinte, como se constata de la boleta respectiva. En ese orden, entre las datas referidas mediaron siete y seis días hábiles, respectivamente. Ahora bien, el artículo 81 el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo, de aplicación supletoria a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en términos de su numeral 118, establece que los autos o decretos deben dictarse dentro de tres días después del último trámite, o de la promoción correspondiente. En ese contexto, este órgano jurisdiccional, acorde con los razonamientos expuestos por el tribunal superior, estima que no puede establecerse una notoria dilación en el procedimiento administrativo de responsabilidad relativo por la falta de contestación a los escritos del quejoso (mediante el cual solicitó se le autorice como apoderado legal de los citados servidores públicos), y por ende, tener acceso al expediente, para considerar procedente el amparo indirecto. Lo anterior en virtud de que la responsable tiene tres días conforme la ley aplicable para acordar esos ocursos, y materialmente sólo se excedió cuatro y tres días respectivamente; de ahí que, no constituye un parámetro válido para sostener que se ha incurrido en la anunciada dilación. Es así, porque precisamente podría darse el caso que, por ejemplo, dicha promoción ya haya sido acordada y esté en vía de notificación, o aún en la hipótesis que no estuviera acordada, dicha omisión sería excusable (por el corto lapso de tiempo) atendiendo a la propia carga de trabajo de la autoridad responsable. Por tanto debe concluirse que, en el presente asunto, al momento de promoverse la demanda de amparo no existía una notoria dilación en el trámite del proceso para acordar las promociones presentadas por el inconforme. Por ende, al no existír una notoria dilación ni paralización total en el trámite del proceso para acordar los escritos, en los que la parte quejosa solicitó se le autorice como apoderado legal de los servidores públicos, y como consecuencia la negativa a tener acceso al citado expediente, no afectan los derechos sustantivos del quejoso; por tanto, acorde los preceptos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de derechos fundamentales promovido por el quejoso es manifiesta e indudablemente improcedente. Esto a pesar que el impetrante sostenga en la demanda de amparo que se viola directamente sus derechos sustantivos contenidos en los artículos 1° y 5 constitucionales, porque la abstención tan breve en acordar los escritos que firmó junto con los servidores públicos, no impide de manera alguna el ejercicio del derecho que tiene para ejercer su profesión de abogado, tampoco que cobre honorarios por sus servicios. Además, el acceso al expediente como abogado si bien es cierto está supeditado a que se acuerden sus promociones, también es verdad que como se dijo puede obedecer a una causa excusable por el corto lapso de tiempo para proveer. Por tanto, no se considera que se haya paralizado totalmente el juicio o que exista una abierta dilación del mismo. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la constradiccion de tesis 325/2015, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el seis de mayo de dos mil dieciséis, con el número de Registro 2011580, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". En esa tesitura, este juzgador considera que en el caso concreto, no puede considerarse suficiente le lapso de tiempo transcurrido para que la autoridad responsable materialmente pueda dar contestación a las peticiones formuladas por el quejoso, ni sostener una paralización total o abierta dilación del procedimiento. Resulta oportuno invocar, la diversa tesis I.4o.A. 4K de la Décima Época, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1452 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Tomo 2, Diciembre de 2012, que es del tenor y rubro siguiente: "PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. En relación con el concepto de demora o dilación injustificada en la resolución de los asuntos, el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, coincidente en lo sustancial con el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, establece que los tribunales deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable, como uno de los elementos del debido proceso; aspecto sobre el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando lo expuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha establecido cuatro elementos o parámetros para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y, d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Además de los elementos descritos, el último de los tribunales internacionales mencionados también ha empleado para determinar la razonabilidad del plazo, el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha denominado como el "análisis global del procedimiento", y consiste en analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. Por tanto, para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos, debe atenderse al caso particular y ponderar los elementos descritos, conforme a criterios de normalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales contenidas tanto en los aludidos artículos como en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el concepto de "plazo razonable" debe concebirse como uno de los derechos mínimos de los justiciables y, correlativamente, como uno de los deberes más intensos del juzgador, y no se vincula a una cuestión meramente cuantitativa, sino fundamentalmente cualitativa, de modo que el método para determinar el cumplimiento o no por parte del Estado del deber de resolver el conflicto en su jurisdicción en un tiempo razonable, se traduce en un examen de sentido común y sensata apreciación en cada caso concreto." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V (interpretado en sentido contrario), con apoyo en el artículo 113, todos de la Ley de Amparo vigente, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Roberto Renato Rodríguez Rodríguez contra actos del Coordinador General de Substanciación y Resoluciones de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal. Por otra parte, atento a la certificación de cuenta, de la que se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en su oportunidad envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído el amparo, una vez transcurrido el plazo de tres años. Asimismo, en observancia a lo previsto en el numeral 35 del citado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15 del propio acuerdo; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, acuérdese lo conducente en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y personalmente a la quejosa.

  3. Incidental

    Visto el estado de autos y toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que se ordenó el archivo definitivo en los autos del juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno incidental, se acuerda: En virtud a que en el presente cuaderno incidental se negó la medida cautelar solicitada, de conformidad con el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años, por haberse negado la medida cautelar. En cuanto a los autos del duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, con apego a la hipótesis contenida en el numeral 20, fracción II, inciso a), del acuerdo que nos ocupa, toda vez que éste carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, y en razón que no existen documentos originales, por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Cúmplase.

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