Roberto Kauil Varela
Expediente 881/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 1 actuación registrada, la última del 28 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 881/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 28/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Roberto Kauil Varela
Actuaciones
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el uno de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veintiocho de noviembre del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Con la demanda de amparo de cuenta Roberto Kauil Varela, solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 881/2016. Ahora, del contenido de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTOS U OMISIÓN QUE SE RECLAMA.- De la autoridad marcadas como a), Reclamo la sentencia definitiva que se dictó dentro del expediente ejecutivo mercantil 08/2016, en fecha 09 de Noviembre del 2016, dos dieciséis, la cual me fue notificada el día 14 de Noviembre del 2016, dos mil dieciséis, es importante destacar que por el monto en el presente asunto, es irrecurrible la resolución dictada por la instancia, esto conformidad con el artículo 1339 del código de comercio vigente y aplicable, por lo tanto no hay recurso ordinario que se pueda agotar al respecto, en consecuencia bajo el principio de definitividad, promuevo el presente juicio de garantías para solicitar el amparo y protección de la justicia federal.". De lo antes expuesto, así como del análisis a la demanda de amparo, se tiene que el quejoso se duele esencialmente de la resolución dictada el nueve de noviembre de dos mil dieciséis, por el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, dentro del juicio ejecutivo mercantil 08/2016, en la cual determinó procedente la acción intentada en el citado juicio ejecutivo mercantil, y condenó al demandado, aquí quejoso, al pago de la suerte principal, intereses moratorios, así como al pago de los gastos y costas de dicho procedimiento. En el caso se considera que no se actualiza ninguna de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, y para sustentar esa afirmación, se transcribe el artículo 107 de la Ley de Amparo, que a la literalidad dice: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Ahora, a la luz de lo transcrito -como se dijo-, el acto reclamado por la parte quejosa no encuadra en alguno de los presupuestos del artículo de referencia, por las razones siguientes: El acto que reclama en la demanda de amparo, no se trata de una norma general, pues no es un tratado internacional, ni ley federal o estatal; mucho menos una constitución local, ni reglamento de ámbito federal o local, así como tampoco es un decreto, acuerdo o resolución de observancia general (fracción I). Tampoco nos encontramos ante un acto u omisión que provenga de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues en el caso concreto, el acto que se reclama fue dictado por una autoridad jurisdiccional [Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo] (fracción II). No estamos ante un acto, omisión o resolución proveniente de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, ya que estamos frente a una resolución dictada en un procedimiento judicial (fracción III). Mucho menos estamos frente a un acto de tribunal judicial, administrativo, agrario o del trabajo realizado fuera de juicio o después de concluido (fracción IV). No se trata de actos en juicio, pues como se dijo, la resolución que se combate puso fin al juicio ejecutivo mercantil (fracción V). De igual forma no se trata de un acto dentro o fuera de juicio que haya afectado a personas extrañas (fracción VI), ya que el quejoso no es el demandado en el juicio de origen. No se trata de alguna omisión del Ministerio Público en la investigación de los delitos, ni resolución de reserva, ni ejercicio de acción penal, pues el acto es de naturaleza civil (fracción VII). Finalmente, no estamos ante un acto de autoridad que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto (fracción VIII). En mérito de lo anterior, se pone de manifiesto que el acto reclamado en el presente asunto no se encuentra en alguno de los supuestos que el artículo 107 de la Ley de Amparo para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, de conformidad con los preceptos legales 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los artículos 47 y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al tratar de combatirse la resolución dictada el nueve de noviembre de dos mil dieciséis, por el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, dentro del juicio ejecutivo mercantil 08/2016, en la cual determinó procedente la acción intentada en el citado juicio ejecutivo mercantil, y condenó al demandado, aquí quejoso, al pago de la suerte principal, intereses moratorios, así como al pago de los gastos y costas de dicho procedimiento, se advierte que estamos en la presencia de una resolución que puso fin al juicio, por lo que pudiera resultar procedente sería el juicio de amparo directo o uni-instancial; de modo que la legal competencia para conocer y resolver el mismo correspondería a un Tribunal Colegiado de Circuito. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO CUANDO SE DEMANDAN PRESTACIONES TANTO DE CUANTÍA DETERMINADA COMO INDETERMINADA. Si bien el artículo 1340 del Código de Comercio señala que la apelación no procede en los juicios cuyo monto sea inferior a $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal; ello atiende a un factor económico a fin de establecer la impugnabilidad de una sentencia dictada en un juicio cuyo monto no rebase la cantidad anotada. Sin embargo, nada dice cuando existen prestaciones tanto de cuantía determinada como indeterminada, por lo que al concurrir ambas prestaciones y su monto es inferior a $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional), debe considerarse que en contra de la sentencia reclamada, no es necesario agotar el referido medio de impugnación porque al existir una prestación de cuantía determinada, inferior a la suma que señala dicho numeral ello es suficiente para estimar que se torna procedente el amparo directo atento al principio pro persona con base en el cual siempre habrá de preferirse la interpretación que resulte menos restrictiva de los derechos establecidos en una norma, el cual reconoce y garantiza el segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Federal, aunado a que se evita la inseguridad jurídica en perjuicio del gobernado, ante la incertidumbre de cuál es el medio de impugnación procedente para la resolución que pretende combatir, por lo cual en una interpretación conforme, se evidencia la necesidad de flexibilizar lo procesal, para privilegiar lo sustantivo." En las relatadas condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, considera carecer de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión. Por tanto, previo cuaderno de antecedentes que se forme, y en acatamiento a lo previsto por el numeral 47, primer párrafo, de la Ley de Amparo, remítase de inmediato el juicio de amparo indirecto 881/2016 promovido por Roberto Kauil Varela, con las seis copias de la demanda de amparo, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en Turno, con residencia en Cancún, Quintana Roo, para que tenga a bien decidir lo que proceda conforme a derecho, y solicítese de la manera más atenta el acuse de recibo de estilo. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda, y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Antonio Alcocer Basto y Omar Xool Tuk, quienes no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones relativas al presente juicio en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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