Roberto Renato Rodriguez Rodriguez

Expediente 192/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
192/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
15/02/2021

Partes del expediente

  • Roberto Renato Rodriguez Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    III.- Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que mediante Circular CAP/3/2020 emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y del Secretario de las Comisiones en Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, regresar al esquema de contingencia previsto en las fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 emitido por el propio Pleno; ello como medidas a tomar en relación con contagios por la emergencia COVID-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal; plazo que feneció el once de enero de dos mil veintiuno, según se advierte de la propia circular. En ese sentido, se ordena la reanudación del procedimiento en el presente juicio de amparo, de acuerdo al esquema establecido en el Acuerdo General 37/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia; con la precisión que, dado que los plazos y términos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron y no su reinicio. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el treinta de noviembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo promovido por Roberto Renato Rodríguez Rodríguez, respecto de los actos que reclamó de las autoridades responsables. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los cinco años siguientes a partir del presente acuerdo, pues se ubica en la fracción II, del aludido punto vigésimo primero. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo. Hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De igual forma, vista la certificaron de cuenta, se advierte que el presente expediente no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

  2. Principal

    Notificación electrónica.

  3. Principal

    III.-CÚMPLASE.

  4. Principal

    III. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Gobernador del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad; al respecto, se acuerda: A fin de dar oportunidad a lo anterior, se dispone diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se señala como nueva fecha para su desahogo las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Sirve de apoyo a lo antes considerado, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, Tesis XXVII.3o.7 K, página 1451, del texto y rubro siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes.

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