Roberto Renato Rodriguez Rodriguez
Expediente 944/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 36 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 944/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 28/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Roberto Renato Rodriguez Rodriguez
- Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso A la Información Pública Y Protección de Datos Personales de la Secretaría de Finanzas Y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo
- Comisionado Presidente del Instituto de Acceso A la Información Protección de Datos Personales de Quintana Roo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal del presente juicio de amparo, conforme así lo permiten las cargas de trabajo de este órgano jurisdiccional, de los que se advierte que ha fenecido el plazo de quince días conferido a la parte quejosa , a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto al acuerdo de once de abril de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que realizara manifestación alguna al respecto. En ese contexto, se tiene por consentido el acuerdo en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, vista la certificación de cuenta y el estado procesal de este asunto; asimismo, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo , relativo a la identidad que debe existir entre el expediente electrónico y el físico, lo cual hasta este momento no acontece, pues no obran de manera digital la totalidad de las notificaciones realizadas a las partes de este asunto. Por tanto, a efecto de estar en condiciones de archivar el expediente que nos ocupa, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo precisado en el párrafo que antecede, se ordena al actuario judicial que por terminación corresponda a la brevedad posible efectúe la total digitalización y vinculación de las notificaciones realizadas en este asunto al Sistema Integral de Expedientes correspondiente a este asunto, a efecto de lograr la correcta integración del expediente electrónico de este expediente; para colmar la identidad entre éste y el físico, como expresamente lo establece dicho dispositivo. Hecho lo anterior, y previa constatación de colmar las exigencias en el artículo 3 de la Ley de Amparo, procédase a dar en cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista y por oficio a las autoridades correspondientes.
- Principal
I-Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa el dos de diciembre de dos mil veintiuno; por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida o no; tal y como lo señala la jurisprudencia por contradicción de tesis de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, es necesario puntualizar que por sentencia de quince de julio del año dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito, por una parte sobreseyó y por la otra, negó el amparo y protección a la parte quejosa. Inconforme con dicha sentencia, el directo quejoso Roberto Renato Rodríguez Rodríguez interpuso recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, bajo el toca 378/2019, de su índice. El veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se recibió el testimonio de la resolución dictada en el aludido toca 378/2019, cuyos puntos resolutivos son: "PRIMERO.-Queda firme el sobreseimiento en el juicio de amparo contra el acto reclamado al comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, precisado en el considerando sexto del presente fallo (omisión de notificar). SEGUNDO.-En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida. TERCERO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Roberto Renato Rodríguez Rodríguez, contra los actos reclamados de las autoridades responsables auditor superior del Estado y Servidores Públicos que conforman el Comité de Transparencia de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, por las razones expuestas en el considerando noveno de este fallo. CUARTO.-Para los efectos precisados en el considerando décimo primero de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a Roberto Renato Rodríguez Rodríguez, contra los actos reclamados a la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, así como a las autoridades responsables adscritas a dicha Secretaría, esto es, la titular de la Unidad de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el titular de la Tesorería General del Estado y el titular de la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Enlace de la Tesorería del Estado, así como al comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, por los motivos expuestos en los considerandos séptimo y décimo de este fallo. QUINTO.-Es infundado el recurso de revisión adhesivo interpuesto por el de Contabilidad Gubernamental y Enlace de Tesorería, adscrito a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo." Los efectos precisados en el considerando décimo primero de la ejecutoria de amparo dictado por el Tribunal Colegiado, son del tenor siguiente: El comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, deberá: a) En el recurso de revisión RR/143-17/NJLB, conforme a las razones expuestas en los considerandos séptimo y décimo de este fallo, calificar de inmediato el incumplimiento por parte del sujeto obligado Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, e imponer las medidas de apremio con las que se apercibió mediante auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho a quien incurrió en incumplimiento como su Titular. b) Continuar con el procedimiento para lograr la ejecución de la resolución de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho y, en su caso, en términos de lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, requerir al cumplimiento al superior jerárquico de la autoridad señalada en el inciso anterior. La titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, deberá: a) Dar cumplimiento en sus términos la resolución emitida el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho en el recurso de revisión RR/143-17/NJLB y al requerimiento que se le hizo mediante proveído de diecisiete de octubre del mismo año. b) Llevar a cabo todas las acciones que resulten necesarias para ello, especialmente, instruir al tesorero general del Estado adscrito a la Secretaría, o al personal de la Secretaría a su cargo que considere pertinente y, en su caso, proporcionarle los medios necesarios para ello, a fin de que se escanee o fotocopie únicamente la información que se le conminó a entregar al quejoso, con el objeto de proporcionársela en la modalidad electrónica que solicitó, así como a la titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que a la brevedad posible notifique y haga llegar la información solicitada al quejoso. La titular de la Unidad de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el titular de la Tesorería General y el titular de la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Enlace de la Tesorería del Estado, las tres autoridades responsables de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, deberán: a) Llevar a cabo los actos dentro de sus facultades para acatar inmediatamente, en sus términos, la resolución emitida el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho en el recurso de revisión RR/143-17/NJLB, así como aquellos que especialmente les sean comisionados por la titular de la Secretaría de Finanza y Planeación del Estado de Quintana Roo. En virtud de lo anterior, se requirió a las autoridades responsables mencionadas para efecto de que acreditarán haber dado cumplimiento al fallo protector. Al respecto, el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, la titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del oficio SEFIPLAN/DS/UTAIPPDP/0253/IV/2021 de trece de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual solicitó al titular de la Tesorería General del Estado, diera cumplimiento en sus términos a la sentencia constitucional que nos ocupa; y al respecto el tres de mayo de dos mil veintiuno, informó lo relativo y adjuntó copia certificada de diversas constancias, en especial el oficio SEFIPLAN/TGE/DTG/0185/IV/2021 de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, del tesorero citado, quien informó que digitalizó 6,400 facturas pagadas, las cuales puso a disposición del quejoso e hizo constar que de manera semanal se estarían entregando. Por su parte, el siete de mayo de dos mil veintiuno, el procurador fiscal del Estado de Quintana Roo, en representación de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, informó las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia dictada en este asunto, y adjuntó diversas constancias, de las cuales se desprende que giró instrucciones al titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad y tesorero general del Estado, para efectos que dieran cumplimiento con la ejecutoria que se analiza. En tanto, el trece de mayo de dos mil veintiuno, el comisionado presidente y representante legal del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, a través del oficio IDAIPQROO/CP/CJ/053/V/2021, informó que impuso a la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, una amonestación privada, como medida de apremio, a fin de asegurar el cumplimiento de la resolución dictada en el recurso de revisión RR/143-17/NJLB. Además, mediante acuerdos de veinte y veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo al titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, mediante constancias que al efecto remitió consistentes en los oficios SEFIPLAN/DS/UTAIPPDP/DASSI/344/V/2021 y SEFIPLAN/DS/UTAIPPDP/DASSI/387/V/2021 de doce y veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, respectivamente, informó que se puso a disposición de la parte quejosa la segunda y tercera entrega de facturas correspondientes, lo cual se hizo de su conocimiento a través del correo electrónico señalado por el quejoso. Así, esa autoridad remitió el diverso SEFIPLAN/DS/UTAIPPDP/DASSI/0336/V/2021 de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, en el que se le hizo del conocimiento al quejoso, que se estaban digitalizando un total de 4,334 facturas en modalidad de versión publica, mismas que serían entregadas una vez que el quejoso acreditará con el CFDI respectivo haber cubierto la cantidad de $15, 537.00 (quince mil quinientos treinta y siete pesos 00/100 moneda nacional), para proceder a la reproducción y elaboración de las versiones públicas de las facturas interés del quejoso. En ese sentido, mediante diversos acuerdos de ocho, quince y veintidós de julio y veintitrés de agosto todos estos del año dos mil veintiuno, se tuvo al titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, informando las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia constitucional que nos ocupa, adjuntando constancias relativas para acreditar dicha circunstancias. Así, el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, informando las gestiones realizadas en las que dio cumplimiento a la sentencia, adjuntando copia certificada de la resolución de siete de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el recurso de revisión RR/143-17/NJLB por el comisionado presidente y representante legal del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, de cuyo contenido se desprende que tuvo por cumplida la sentencia del veintiocho de mayo de dos mil dieciocho pronunciada en el recurso de revisión. Con lo anterior se procedió a dar vista a la parte quejosa. Al respecto, mediante escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, el quejoso manifestó su inconformidad con las actuaciones del sujeto obligado Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo a través de la titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, pues señaló que la autoridad pretendió exigir el pago de derechos correspondientes a la elaboración de versiones públicas de las facturas solicitadas en formato PDF, lo cual estimó no correspondía aplicar, pues la cantidad que le era solicitada derivaba de la aplicación de una normativa que entró en vigor en fecha posterior a aquella en que nació la obligación de entregar la información por él solicitada. Bajo esa circunstancia, el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se determinó que no era dable tener por cumplida la sentencia dictada en este juicio constitucional, dado que no se ajustaba a los términos de la resolución de veintiséis de febrero del año dos mil veintiuno, dictado en el recurso de revisión 378/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún. Lo anterior, pues si bien se acreditó haber realizado la entrega de diversas facturas en cumplimiento con la resolución veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, en el recurso de revisión RR/143-17/NJLB, las cuales se relacionan en los numerales uno, dos y tres del siguiente cuadro: NN° OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL CIUDADANO FECHA DEL OFICIO CANTIDAD DE FACTURAS FECHA DE NOTIFICACIÓN AL CIUDADANO OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL IDAIP 11 SEFIPLAN/DS/UTAIPPDP/DASSI/313/IV/2021 28 de abril de 2021 6,400 de personas morales 28 de abril de 2021 SEFIPLAN/DS/UTAIPPDP/DASSI/340/IV/2021 22 SEFIPLAN/DS/UTAIPP P/DASSI/344/IV/2021 12 de mayo de 2021 5,117 de personas morales 12 de mayo de 2021 SEFIPLAN/DS/UTAIPPDP/389/V/2021 y SEFIPLAN/DS/UTAIPPDP/440/V/2021 en alcance 33 SEFIPLAN/DS/UTAIPPDP/DASSI/387/V/2021 25 de mayo de 2021 8,055 de personas morales 25 de mayo de 2021 SEFIPLAN/DS/UTAIPPDP/389/V/2021 44 SEFIPLAN/DS/UTAIPPDP/DASSI/336/V/2021 26 de mayo de 2021 4, 334 de personas físicas 26 de mayo de 2021 SEFIPLAN/DS/UTAIPPDP/389/V/2021 También lo es que, la autoridad no entregó las facturas relacionadas en el numeral cuatro del cuadro antes descrito por la cantidad de 4,334 facturas en modalidad de versión publica, toda vez que fueron sujetas a la condición que el quejoso acreditará con el CFDI respectivo, haber cubierto la cantidad de $15,537.00 (quince mil quinientos treinta y siete pesos 00/100 moneda nacional), para proceder a la reproducción y elaboración de las versiones públicas de las facturas interés del quejoso. Motivo por el cual, se ordenó que para el cobro de derechos se debía aplicar la legislación vigente al momento en el cual se dictó la resolución del recurso de revisión respectiva, esto es, el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Por ello, se requirió a las responsables dieran total cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto. El treinta de noviembre del año dos mil veintiuno, la titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, informó el cumplimiento a la sentencia dictada en este asunto y adjuntó entre otros, el oficio SEFIPLAN/DS/UTAIPPDP/0968/XI/2021, de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, del cual se desprende que hizo del conocimiento al quejoso Roberto Renato Rodríguez Rodríguez, la entrega de manera gratuita de 4,334 facturas en modalidad de versión pública, y adjuntó una liga para su descarga, determinación que le fue notificada al promovente a su correo electrónico. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio, al estar certificadas y suscritas por un servidor público en ejercicio de sus funciones, por lo que constituyen documentos oficiales, los cuales tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, parte SCJN, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, en Materia Común, que establece "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. "Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena" Así, el dos de diciembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con el contenido del aludido oficio y anexos remitidos por la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que hasta este momento haya realizado exposición relativa. En este contexto, de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se advierte que dieron total cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, dado que en el recurso de revisión RR/143-17/NJLB, se calificó el incumplimiento por parte del sujeto obligado Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, y se impusieron las medidas de apremio correspondientes, continuando con el procedimiento para lograr la ejecución de la resolución emitida el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, en el recurso de revisión RR/143-17/NJLB, del cual se desprende que se llevaron a cabo todas las acciones necesarias y se le hizo entrega al quejoso Roberto Renato Rodríguez Rodríguez, de diversas facturas en cumplimiento a la citada resolución, las cuales se relacionan en el siguiente cuadro: NN° OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL CIUDADANO FECHA DEL OFICIO CANTIDAD DE FACTURAS FECHA DE NOTIFICACIÓN AL CIUDADANO 11 SEFIPLAN/DS/UTAIPPDP/DASSI/313/IV/2021 28 de abril de 2021 6,400 de personas morales 28 de abril de 2021 22 SEFIPLAN/DS/UTAIPPDP/DASSI/344/IV/2021 12 de mayo de 2021 5,117 de personas morales 12 de mayo de 2021 33 SEFIPLAN/DS/UTAIPPDP/DASSI/387/V/2021 25 de mayo de 2021 8,055 de personas morales 25 de mayo de 2021 44 SEFIPLAN/DS/UTAIPPDP/0968/XI/2021 25 de noviembre de 2021 4, 334 de personas físicas 25 de noviembre de 2021 Lo anterior, permite conocer que la ejecutoria que nos ocupa está cumplida en su totalidad sin que éste órgano jurisdiccional advierta exceso o defecto en su cumplimiento, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo. Infórmese a la parte quejosa, que tiene un plazo de quince días para impugnar esta determinación, si así lo estiman pertinente, a través del recurso de inconformidad, previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo. Una vez que cause estado este proveído, archívese el expediente como asunto concluido, en términos del artículo 214 de la legislación de la materia. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
I-Vista la certificación secretarial que antecede y toda vez que mediante oficio número SEADS/1135/2021, de veintiocho de octubre del año en curso, se comunicó que en sesión ordinaria de veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Consejo de la Judicatura Federal, acordó la adscripción del juez David Pacheco Monroy, como titular de este juzgado federal, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, dese vista a las partes por el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, a efecto de que manifiesten lo que a su derecho convenga.Por otro lado, agréguense a los autos los oficios signados por Procurador Fiscal del Estado de Quintana Roo en representación de las autoridades responsables Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Titular de la Tesorería General y Titular de la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Enlace de la Tesorería del Estado, todos del Estado de Quintana Roo, así como el Comisionado Presidente y Representante Legal del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo y la Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, todas con sede en esta ciudad, mediante el cual dan cumplimiento a lo ordenado en proveído de nueve de noviembre del año en curso, informando las gestiones realizadas en las que dieron total cumplimiento a la sentencia dictada en autos, adjuntando copia certificada de diversas constancias, para corroborar su dicho.Al respecto, con apoyo en lo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las documentales remitidas por la autoridad responsable en el oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS computados a partir de la legal notificación de este proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, conforme a lo establecido en el párrafo segundo del precepto legal antes invocado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente.
- Principal
I-Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa mediante proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno; por consiguiente, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida o no; tal y como lo señala la jurisprudencia por contradicción de tesis con el título siguiente:"INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)Precisado lo anterior, es necesario puntualizar que por sentencia terminada de quince de julio del año dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito por una parte sobreseyó el presente juicio y por otra parte no amparo ni protegió a la parte quejosa Roberto Renato Rodríguez Rodríguez, contra los actos reclamados a la autoridad responsable Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo y otras autoridades. Inconforme con la resolución dictada por este órgano jurisdiccional, por acuerdo de dos de agosto del año dos mil diecinueve, se tuvo al quejoso Roberto Renato Rodríguez Rodríguez, interponiendo recurso de revisión contra la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, el cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, bajo el toca 378/2019, de su índice. Por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo a la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, informando que se desechó por notoriamente extemporáneo el recurso de revisión adhesiva interpuesto por las responsables Titular de la Tesorería General del Estado adscrito a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, Titular de la citada Secretaría y por el Titular de la Unidad de Transparencia, Accesos a la Información Pública y Protección de Datos Personales, de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo; asimismo, informó que tuvo por adherido al Titular de la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Enlace de la Tesorería del Estado, de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, al recurso de revisión interpuesto por el quejoso Roberto Renato Rodríguez Rodríguez. Mediante auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el testimonio de la resolución sesionada de manera virtual el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno dictada en el toca 378/2019, resolviendo lo siguiente:"PRIMERO.-Queda firme el sobreseimiento en el juicio de amparo contra el acto reclamado al Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, precisado en el considerando sexto del presente fallo (omisión de notificar). SEGUNDO.-En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida. TERCERO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Roberto Renato Rodríguez Rodríguez, contra los actos reclamados de las autoridades responsables Auditor Superior del Estado y Servidores Públicos que conforman el Comité de Transparencia de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, por las razones expuestas en el considerando noveno de este fallo.CUARTO.-Para los efectos precisados en el considerando décimo primero de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a Roberto Renato Rodríguez Rodríguez, contra los actos reclamados a la Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, así como a las autoridades responsables adscritas a dicha Secretaría, esto es, la Titular de la Unidad de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Titular de la Tesorería General del Estado y el Titular de la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Enlace de la Tesorería del Estado, así como al Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, por los motivos expuestos en los considerandos séptimo y décimo de este fallo. QUINTO.-Es infundado el recurso de revisión adhesivo interpuesto por el Director de Contabilidad Gubernamental y Enlace de Tesorería, adscrito a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo." Ahora bien, en la resolución de mérito, la Superioridad modificó el fallo pronunciado por este Juzgado de Distrito y concedió a la parte quejosa la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables, realizaran lo siguiente: 1. El Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, deberá: a) En el recurso de revisión RR/143-17/NJLB, conforme a las razones expuestas en los considerandos séptimo y décimo de este fallo, calificar de inmediato el incumplimiento por parte del sujeto obligado Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, e imponer las medidas de apremio con las que se apercibió mediante auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho a quien incurrió en incumplimiento como su Titular. b) Continuar con el procedimiento para lograr la ejecución de la resolución de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho y, en su caso, en términos de lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, requerir al cumplimiento al superior jerárquico de la autoridad señalada en el inciso anterior. 2. La Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, deberá: a) Dar cumplimiento en sus términos la resolución emitida el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho en el recurso de revisión RR/143-17/NJLB y al requerimiento que se le hizo mediante proveído de diecisiete de octubre del mismo año. b) Llevar a cabo todas las acciones que resulten necesarias para ello, especialmente, instruir al Tesorero General del Estado adscrito a la Secretaría, o al personal de la Secretaría a su cargo que considere pertinente y, en su caso, proporcionarle los medios necesarios para ello, a fin de que se escanee o fotocopie únicamente la información que se le conminó a entregar al quejoso, con el objeto de proporcionársela en la modalidad electrónica que solicitó, así como a la Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que a la brevedad posible notifique y haga llegar la información solicitada al quejoso. 3. La Titular de la Unidad de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Titular de la Tesorería General y el Titular de la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Enlace de la Tesorería del Estado, las tres autoridades responsables de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, deberán: a) Llevar a cabo los actos dentro de sus facultades para acatar inmediatamente, en sus términos, la resolución emitida el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho en el recurso de revisión RR/143-17/NJLB, así como aquellos que especialmente les sean comisionados por la Titular de la Secretaría de Finanza y Planeación del Estado de Quintana Roo. En ese sentido, en esa data este órgano constitucional, procedió a requerir a las autoridades responsables citadas párrafos anteriores, que acreditarán con constancias fehacientes, haber dado cumplimiento al fallo protector. Consecuentemente, en proveído de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se tuvo a la Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, informando las gestiones realizadas a fin de dar cabal cumplimiento al fallo protector, remitiendo diversas constancias en copia certificada para acreditar tal circunstancia, de cuyo contenido se desprende mediante oficio de SEFIPLAN/DS/UTAIPPDP/0253/IV/2021 de trece de abril del año en curso, solicitó al Tesorero del General del Estado, de cumplimiento en sus términos a la resolución de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho en el recurso de revisión RR/143-17/NJLB y al requerimiento de cumplimiento que realizará el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales mediante proveído de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, requiriendo llevar a cabo todas las acciones que resultan necesarias para que se logre la entrega de la información solicitada al quejoso, a través de la Unidad de Transparencia, y para que esta a su vez, a la brevedad haga llegar al quejoso. Mediante acuerdo de tres de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo al Comisionado Presidente y Representante Legal del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, acusando recibo de los oficios 4909/2021 y 4912/2021, y solicitando que este Juzgado le envíe nuevamente la ejecutoria dictada por la superioridad, para efectos que esté en posibilidad de dar total cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Asimismo, en ese mismo acuerdo se tuvo al Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, informando las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos, adjuntado copia certificada de diversas constancias para corroborar su dicho, de los cuales se desprende que mediante atento oficio número SEFIPLAN/TGE/DTG/0185/IV/2021 de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, el Tesorero General del Estado, le informó de las gestiones que en el ámbito de su competencia se realizaron en cumplimiento a la resolución de mérito y que producto de dichas gestiones se logró digitalizar 6,400 facturas pagadas haciendo constar que de manera semanal, se estarían entregando el avance de las facturas conforme el personal comisionado los vaya generando; y que dicho avance de facturas se puso a disposición del hoy quejoso por conducto de esa Unidad de Transparencia a través del oficio número SEFIPLAN/DS/UTAIPPDP/DASSI/312/IV/2021, notificado en el correo electrónico proporcionado por el amparista. Seguidamente, mediante acuerdo de siete de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo al Procurador Fiscal del Estado de Quintana Roo en representación de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, informando las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos, adjuntado copia certificada de diversas constancias para corroborar su dicho, de las cuales se desprende que giró instrucciones al Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad y Tesorero General del Estado, para efectos que den cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Superioridad. Posteriormente, en acuerdo de trece de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo al Comisionado Presidente y Representante Legal del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, informando las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos, adjuntado copia certificada de diversas constancias para corroborar su dicho, de los cuales se desprende que mediante oficio IDAIPQROO/CP/CJ/053/V/2021 dirigido a la Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, se le impuso a la funcionaria una amonestación privada, como medida de apremio, a fin de asegurar el cumplimiento de la resolución dictada en el recurso de revisión RR/143-17/NJLB. Además, mediante acuerdos de veinte y veintiocho de mayo del año en curso, se tuvo al Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, informando las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos, adjuntado copia certificada de diversas constancias para corroborar su dicho, de cuyo contenido se desprende que mediante oficios SEFIPLAN/DS/UTAIPPDP/DASSI/344/V/2021 de fecha doce de mayo de dos mil veintiuno y SEFIPLAN/DS/UTAIPPDP/DASSI/387/V/2021 de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se le pusieron a disposición de la parte quejosa la segunda y tercera entrega de facturas correspondientes, las cuales se les hizo de su conocimiento a través del correo electrónico señalado por el mismo, asimismo, remitió el diverso oficio SEFIPLAN/DS/UTAIPPDP/DASSI/0336/V/2021 de veintiséis de mayo del año en curso, en el que se le hizo del conocimiento al quejoso, que se estaban digitalizando un total de 4,334 facturas en modalidad de versión publica, mismas que serían entregadas una vez que el quejoso acreditará con el CFDI respectivo haber cubierto la cantidad de 15, 537.00 (Son quince mil quinientos treinta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional), de conformidad con lo dispuesto 3 fracción XXVI, 129,159 párrafo segundo, 164, 165, 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, así como el diverso precepto 122 fracción IV de la Ley de Derechos del Estado de Quintana Roo, para proceder a la reproducción y elaboración de las versiones públicas de las facturas interés del quejoso. En ese sentido, mediante diversos acuerdos de ocho, quince, veintidós de julio y veintitrés de agosto del año dos mil veintiuno, se tuvo al Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, informando las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la misma, adjuntando las constancias pertinentes para acreditar tales circunstancias. Sin embargo, en proveído de veintidós de septiembre del año en curso, se tuvo a la Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, informando las gestiones realizadas en las que dio total cumplimiento a la sentencia dictada en autos, adjuntando copia certificada del acuerdo de siete de septiembre del año en curso, dictado por el Comisionado Presidente y Representante Legal del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, de cuyo contenido se desprende que dicha autoridad tuvo por cumplida la sentencia del veintiocho de mayo de dos mil dieciocho en el recurso de revisión RR/143-17/NJLB. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio, al estar certificadas y suscritas por un servidor público en ejercicio de sus funciones, por lo que constituyen documentos oficiales, los cuales tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º; con la que se estima que se ha dado cumplimiento a la sentencia emitida por este Juzgado. Mediante proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con el contenido del aludido oficio y anexo remitido por la autoridad responsable en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera. Así, en auto de treinta de septiembre del año en curso, se tuvo al quejoso realizando diversas manifestaciones, que de manera medular señala que respecto al pretendido cumplimiento realizado por el Sujeto Obligado Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo a través de la Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, manifiesta su inconformidad, pues la autoridad pretende exigir el pago de derechos correspondientes a la elaboración de versiones públicas de las facturas solicitadas en formato PDF, pago que dice se está obligado a realizar por disposición normativa.Ahora bien, en el presente asunto se tiene que el cumplimiento deriva de la resolución de fecha veintiséis de febrero del año dos mil veintiuno, en el recurso de revisión 378/2019, de índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, respecto a la concesión del amparo y medidas para asegurar el debido cumplimiento y la restitución del recurrente en el goce de sus derechos, la cual consiste en lo medular en dar cumplimiento en sus términos la resolución emitida el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho en el recurso de revisión RR/143-17/NJLB, motivo por el cual no implica que a la presente fecha se aplique el cobro de derechos de una normatividad vigente, que su entrada en vigor data a partir del primero de enero del dos mil diecinueve, posterior a la resolución emitida en el recurso de revisión RR/143- 17/NJLB, fecha en la cual nació la obligación de la entrega requerida.Así, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a consideración de la suscrita juzgadora se advierte que si bien acreditó haber realizado la entrega de diversas facturas en cumplimiento con la resolución veintiocho de mayo de dos mil dieciocho en el recurso de revisión RR/143-17/NJLB, las cuales se relacionan en los numerales uno, dos y tres del siguiente cuadro:También lo es que la autoridad no entregó las facturas relacionadas en el numeral cuatro del cuadro antes descrito por la cantidad de 4,334 facturas en modalidad de versión publica, toda vez que las mismas fueron sujetas a la condición que el quejoso acreditará con el CFDI respectivo, haber cubierto la cantidad de 15, 537.00 (Son quince mil quinientos treinta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional), de conformidad con lo dispuesto 3 fracción XXVI, 129,159 párrafo segundo, 164, 165, 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, así como el diverso precepto 122 fracción IV de la Ley de Derechos del Estado de Quintana Roo, para proceder a la reproducción y elaboración de las versiones públicas de las facturas interés del quejoso.En ese sentido, NO ES DABLE TENER POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS, ello en virtud que la autoridad responsable al realizar el cálculo aritmético del pago respectivo, del costo de la reproducción de información tomo en cuenta como tarifa la cantidad de 0.0400, monto establecido en el artículo 122 fracción IV de la Ley de Derechos del Estado de Quintana Roo, legislación que entro en vigor el uno de enero del año dos mil diecinueve, por lo que dicha normatividad no es la norma más favorable que debe aplicarse a la parte quejosa; sino que por el contrario, deberá aplicar la legislación vigente en el cual se dictó la resolución del recurso de revisión RR/143- 17/NJLB, siendo el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, para efectos de hacerle el cobro correspondiente, para la entrega de las 4,334 facturas en modalidad de versión pública.En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 194, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, Titular de la Unidad de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Titular de la Tesorería General y el Titular de la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Enlace de la Tesorería del Estado, las tres últimas autoridades responsables de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes a aquél en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, acrediten ante este Juzgado con constancias fehacientes, haber dado total cumplimiento al fallo protector de mérito, es decir, acreditar el cumplimiento dado a la resolución emitida en el recurso de revisión RR/143- 17/NJLB, de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Apercíbase a dichas autoridades responsables que de ser omisas a lo solicitado, se les impondrá una multa por la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintiuno, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que es la referencia económica en pesos aplicable de conformidad con lo que establece el artículo 2° transitorio del Decreto por el que se Declara Reformadas y Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 192, en relación con el 258, de la Ley de Amparo, así como, conforme a lo dispuesto en el artículo 267, fracción I, del ordenamiento legal antes invocado, atendiendo al perjuicio ocasionado y la actuación dolosa con que califique este juzgador la omisión advertida. Además de que se abrirá el incidente de inejecución de sentencia y los autos originales en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en turno, para la substanciación del incidente aludido, sin perjuicio de que éste a su vez los envíe al Máximo Tribunal para los efectos que se encuentran contenidos en el penúltimo párrafo del citado artículo 193, así como en el ordinal 194 de la ley de la materia, esto es, LA SEPARACIÓN DEL CARGO DE LA AUTORIDAD OMISA Y SU CONSIGNACIÓN ANTE EL JUEZ DE DISTRITO, DADA SU CONDUCTA CONTUMAZ PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
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