Roberto Orozco Martinez

Expediente 616/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
616/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
03/07/2017

Partes del expediente

  • Roberto Orozco Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de catorce de junio de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este de un expediente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones y la certificación secretarial que antecede, se advierte que el quejoso Roberto Orozco Martínez, no desahogó el requerimiento que le fue formulado por esta autoridad en auto de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, en el sentido de que, compareciera ante éste órgano a manifestar si ratificaba como suya la huella digital que calza la demanda de amparo junto a su nombre; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido proveído y, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de Amparo vigente, se tiene por no presentada la demanda que dio origen al presente juicio de amparo.

  3. Principal

    (CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA RESOLUCIÓN DE 29 DE MAYO DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de mayo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo presentada por Roberto Orozco Martínez, contra actos del 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana y otras autoridades, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 616/2017-B. Ahora bien, previo a proveer respecto a la admisión, si en el caso procede o no, con apoyo en los artículos 108, fracción I, 112 y 114, fracción I, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente Roberto Orozco Martínez, para que dentro del término de cinco días a que quede notificada, realice lo siguiente: ÚNICO. Comparezca ante este órgano Federal con identificación oficial y vigente, a fin de que manifieste si ratifica o no como suya la huella digital que calza la demanda de amparo junto a su nombre. Lo anterior obedece a que en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, y cuando la parte interesada no sabe, o no puede firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirá su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad de la parte interesada en el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, si la demanda de amparo no fue firmada por Roberto Orozco Martínez, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del presente juicio de amparo, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 de la ley de la materia, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de la referida ley, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en dicha Ley; y, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. No se inadvierte que, de haber firmado otra persona a ruego del promovente Roberto Orozco Martínez, sería innecesario requerirlo para ratificar la demanda de cuenta; sin embargo, ello no aconteció en la especie. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 1/2011 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y contenido, son: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES INNECESARIO REQUERIR SU RATIFICACIÓN PREVIO A SU ADMISIÓN, POR EL HECHO DE CONTENER LA HUELLA DIGITAL DEL PROMOVENTE Y LA RÚBRICA DE QUIEN FIRMA A SU RUEGO. Si de las constancias del juicio de amparo indirecto se advierte que la demanda carece de firma del quejoso, pero aparece su huella digital, así como la rúbrica de quien lo hizo a su ruego, tales elementos son suficientes para demostrar su manifestación de voluntad de instar la acción constitucional, ya que si bien la huella digital únicamente es un elemento de individualización, con la "firma a ruego" se exterioriza el propósito de promoverla al ser un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar, por lo que el juez de distrito o el tribunal del conocimiento deben admitir el ocurso sin necesidad de prevenirlo para ratificar su contenido. Además, el artículo 12 de la Ley de Amparo, prevé que la personalidad se justifica en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, por lo que al existir en otros cuerpos legales normas que establecen que cuando el interesado no sepa leer o escribir bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego, se concluye que la ley de la materia no puede prever exigencias mayores a las señaladas en éstas, lo que ocasiona que deba admitirse la demanda sin mayores presupuestos o exigencias legales, aunado a que en el citado ordenamiento legal no existe disposición alguna en el sentido de que deba requerirse a la persona que imprimió su huella digital para que la ratifique ante la presencia judicial." Atento a lo anterior, se apercibe al promovente requerido en este auto que, de no dar íntegro cumplimiento a la presente prevención en el término indicado (cinco días), se entenderá que no existe manifestación de voluntad en ejercicio de un derecho (juicio de amparo indirecto) y se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo número 114 de la Ley de Amparo; esto es, se tendrá por no presentada la demanda de garantías. Además, signifíquesele que para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por el mismo y no por conducto de algún autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son los siguientes: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, el que señala en su demanda de amparo y por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Claudia Cortez Mondragón, al haber acreditado tener registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Y, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Patricia Graciela Pedraza Reyes, por así haberlo solicitado expresamente la parte promovente. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de mayo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo presentada por Roberto Orozco Martínez, contra actos del 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana y otras autoridades, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 616/2017-B. Ahora bien, previo a proveer respecto a la admisión, si en el caso procede o no, con apoyo en los artículos 108, fracción I, 112 y 114, fracción I, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente Roberto Orozco Martínez, para que dentro del término de cinco días a que quede notificada, realice lo siguiente: ÚNICO. Comparezca ante este órgano Federal con identificación oficial y vigente, a fin de que manifieste si ratifica o no como suya la huella digital que calza la demanda de amparo junto a su nombre. Lo anterior obedece a que en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, y cuando la parte interesada no sabe, o no puede firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirá su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad de la parte interesada en el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, si la demanda de amparo no fue firmada por Roberto Orozco Martínez, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del presente juicio de amparo, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 de la ley de la materia, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de la referida ley, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en dicha Ley; y, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. No se inadvierte que, de haber firmado otra persona a ruego del promovente Roberto Orozco Martínez, sería innecesario requerirlo para ratificar la demanda de cuenta; sin embargo, ello no aconteció en la especie. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 1/2011 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y contenido, son: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES INNECESARIO REQUERIR SU RATIFICACIÓN PREVIO A SU ADMISIÓN, POR EL HECHO DE CONTENER LA HUELLA DIGITAL DEL PROMOVENTE Y LA RÚBRICA DE QUIEN FIRMA A SU RUEGO. Si de las constancias del juicio de amparo indirecto se advierte que la demanda carece de firma del quejoso, pero aparece su huella digital, así como la rúbrica de quien lo hizo a su ruego, tales elementos son suficientes para demostrar su manifestación de voluntad de instar la acción constitucional, ya que si bien la huella digital únicamente es un elemento de individualización, con la "firma a ruego" se exterioriza el propósito de promoverla al ser un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar, por lo que el juez de distrito o el tribunal del conocimiento deben admitir el ocurso sin necesidad de prevenirlo para ratificar su contenido. Además, el artículo 12 de la Ley de Amparo, prevé que la personalidad se justifica en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, por lo que al existir en otros cuerpos legales normas que establecen que cuando el interesado no sepa leer o escribir bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego, se concluye que la ley de la materia no puede prever exigencias mayores a las señaladas en éstas, lo que ocasiona que deba admitirse la demanda sin mayores presupuestos o exigencias legales, aunado a que en el citado ordenamiento legal no existe disposición alguna en el sentido de que deba requerirse a la persona que imprimió su huella digital para que la ratifique ante la presencia judicial." Atento a lo anterior, se apercibe al promovente requerido en este auto que, de no dar íntegro cumplimiento a la presente prevención en el término indicado (cinco días), se entenderá que no existe manifestación de voluntad en ejercicio de un derecho (juicio de amparo indirecto) y se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo número 114 de la Ley de Amparo; esto es, se tendrá por no presentada la demanda de garantías. Además, signifíquesele que para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por el mismo y no por conducto de algún autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son los siguientes: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, el que señala en su demanda de amparo y por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Claudia Cortez Mondragón, al haber acreditado tener registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Y, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Patricia Graciela Pedraza Reyes, por así haberlo solicitado expresamente la parte promovente. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

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