Roberto Octavio Rodriguez Villalobos
Expediente 1353/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1353/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 13/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Roberto Octavio Rodriguez Villalobos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución de veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, en la cual se sobreseyó el presente juicio de garantías, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Por otra parte, intégrese a los autos el oficio de la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, visto su contenido, remítase copia certificada de la sentencia dictada en este asunto, así como del presente proveído para los efectos legales procedentes. Asimismo, en cuanto a la solicitud de que se remita copia certificada de la averiguación previa 202/2016/DGSP del índice de la Agente del Ministerio Público Adscrita a la Dirección General para la Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos, Quinta Mesa de Trámite de la Fiscalía General del Estado de Puebla; en su atención, dado que en esta fecha la sentencia dictada en el presente juicio de amparo causó estado, y toda vez que resultan innecesarias dichas constancias, remítasele el duplicado de la indagatoria citada; se solicita atentamente el acuse de recibo. Hágase del conocimiento de lo anterior, a la responsable anteriormente citada, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1553/2016-I-B, promovido por ********************, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo y respecto de la autoridad responsable y por las razones expuestas en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente resolución con supresión de datos personales e información clasificada como reservada o confidencial, en los términos del último considerando.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese el oficio de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Atención a Delitos Relacionados con Servidores Públicos, Quinta Mesa de Trámite de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para los efectos legales procedentes y, en atención a su contenido, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis (foja 99). Así mismo, como lo dispone el artículo 117 del precitado ordenamiento legal, se tiene como pruebas de la autoridad oficiante la documental que anexa a su informe de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de éstas en el momento procesal oportuno. Por otra parte, en razón al cuantioso número de fojas que conforman las constancias que remite la autoridad oficiante que dificulta su manejo y consulta al integrarlo al juicio en que se actúa, con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, fórmense los anexos I, II y III, conservando el folio de origen, a fin de que el día que tenga verificativo la audiencia constitucional pueda ser apreciado debidamente. Por otro lado, con fundamento en el artículo 124 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, téngasele formulando diversas manifestaciones en vía de alegatos, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, es menester precisar que la averiguación previa de origen (202/2016/DGSP) se rige por el texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho de los artículos los artículos 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Federal, así como a lo previsto en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. Ahora bien, conviene indicar lo dispuesto por las fracciones VII y IX del artículo 20, apartado A, de la Constitución General de la República (antes de la reforma publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho): "Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: A. Del inculpado: (...) VII Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso; (...) IX. Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna esta constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el Juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera (...)" La fracción VII del artículo 20 constitucional, consagra en beneficio de todo inculpado que se encuentre sujeto a un proceso penal, el derecho a una defensa adecuada, lo que implica que se le faciliten todos los datos que consten en el mismo y que requiera para defenderse. Luego, el precepto constitucional citado, en reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de tres de julio de mil novecientos noventa y seis, fue adicionado con un párrafo cuarto, a la fracción X del artículo 20 constitucional, cuyo tenor es el siguiente: "Las garantías previstas en las fracciones I, V, VII y IX también serán observadas durante la averiguación previa, en los términos y con los requisitos y límites que las leyes establezcan; lo previsto en la fracción II no estará sujeto a condición alguna." De conformidad con esta reforma, las garantías consagradas en las fracciones VII y IX del artículo 20 constitucional, que en un principio sólo eran aplicables durante la tramitación del proceso penal, también fueron incorporadas a la averiguación previa, aunque limitándolas a los términos y requisitos que las leyes secundarias establezcan. En estas condiciones, si bien es verdad que con el artículo 20 constitucional, en todo proceso penal, el inculpado tendrá derecho a una adecuada defensa y para tal efecto le serán facilitados todos los datos que solicite, disposición que de igual manera resulta aplicable al indiciado en la averiguación previa, atento a lo que se establece en el antepenúltimo párrafo de la fracción X del referido precepto constitucional, también es cierto que, como ya se indicó, este párrafo limita las garantías contenidas en las fracciones VII y IX, a los términos y requisitos que las leyes secundarias establezcan, lo que significa que los datos que deban proporcionarse al indiciado para su defensa deberán ser acordes a lo que las leyes procesales dispongan. En ese tenor, el artículo 51, fracción IV del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, que rige el procedimiento penal de la averiguación previa del que deriva el acto reclamado, establece que el servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos que obren en la averiguación, sin que proceda, se le sujetará a procedimiento de responsabilidad administrativa, penal o civil, según corresponda. Por su parte, el artículo 42, fracción IV de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla dispone que sus integrantes, con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos, tendrán la obligación de preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, en términos de las disposiciones legales aplicables y que los agentes del Ministerio Público expedirán constancias de las actuaciones, registros o dictámenes que obren en su poder, por mandamiento fundado y motivado de autoridad judicial, ministerial o administrativa; por solicitud del ofendido o víctima; y por solicitud del inculpado o su defensor, cuando ya conste en actuaciones la declaración del inculpado; siempre que resulten, en estos dos últimos casos, indispensables para el ejercicio de un derecho o cumplimiento de obligaciones previstas por la Ley y no entorpezcan la investigación de los hechos. Asimismo, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 123 fracciones VI y XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, considera información reservada aquella en la que se obstruya la prevención o persecución de los delitos, y la que se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público. Ahora bien, de una revisión de las constancias remitidas por la autoridad responsable oficiante se advierte que, contrario a lo afirmado por el quejoso mediante escrito depositado en oficialía de partes de este juzgado el tres de octubre actual, no existe el acto reclamado en este controvertido constitucional (orden presentación); asimismo, se advierte que el quejoso Roberto Octavio Rodríguez Villalobos, no ha comparecido a rendir su declaración ante la autoridad responsable multicitada. Por ello, esta autoridad considera improcedente poner a la vista de las partes las constancias remitidas por la autoridad responsable ya que, de hacerlo, podría trastocar el principio de reserva, vulnerándose las investigaciones practicadas en la averiguación previa que requieren de ese sigilo, en virtud de que el quejoso tendría acceso a toda la información y se podría hacer uso indebido de ella. Lo anterior, aunado a que este juzgado, bajo su más estricta responsabilidad, puede permitir el acceso a las partes de la información que considere esencial para su defensa, por lo que podrá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado. En ese orden de ideas, atento a que, como se dijo, el acto reclamado por el quejoso no existe, tampoco existe necesidad de que esta autoridad ponga a la vista del quejoso los autos de dicha indagatoria. Norma el criterio de la suscrita Jueza Federal la jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo." Por otra parte, toda vez que en auto de cuatro de octubre de dos mil dieciséis (foja 32), se reservó acordar el escrito por el cual el quejoso pretende ampliar la demanda de amparo hasta en tanto existiera en autos la averiguación previa 202/2016/DGPS del índice de la responsable, lo que ya aconteció; en su atención se provee: El escrito por el cual el quejoso pretende ampliar la demanda de amparo se encuentra signado por María Alejandra Galeazzi Jiménez, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por tanto, no ha lugar a proveer de conformidad su petición, por las razones que enseguida se mencionan. El artículo 12 párrafo primero, de la Ley de Amparo, establece que el quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para imponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero; es decir, del artículo en comento no se advierte que los autorizados puedan ampliar la demanda de amparo, pues dicho numeral efectivamente les confiere autorización para que realicen cualquier acto que sea necesario para la defensa del quejoso, pero tal actuación debe ser congruente con el principio de instancia de parte agraviada. En esa tesitura, la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, quien es titular de la acción, por ello, su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso o, en su caso, de su representante legal y, no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de derechos fundamentales. En consecuencia, si la persona directamente agraviada por mandato de la ley es quien debe solicitar el amparo, consiguientemente también deberá ocuparse de ampliar la demanda de garantías. De ahí que el autorizado no está en posibilidad de efectuar ese acto procesal, sino solamente aquellos subsiguientes a la promoción de la demanda de garantías que no incidan con cuestiones que directamente deban provenir de la voluntad del interesado. Con apoyo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, resulta aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." (Registro No. 161909, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXIII, Junio de 2011, Página: 68 Tesis: 1a./J. 37/2011).
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio signado el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual remite testimonio de la resolución dictada el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis por ese órgano colegiado, en el expediente Q-105/2016, relativo al recurso de queja interpuesto por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Quinta Mesa investigadora de la Dirección General para la Atención de los Delios Relacionados con Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en su carácter de autoridad responsable en contra del proveído de trece de octubre de dos mil dieciséis, dictado dentro del presente sumario. Dese a conocer a las partes que el recurso de referencia fue resuelto como sigue: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja". Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y acúsese el recibo de estilo correspondiente. En virtud de anterior, se ordena levantar la suspensión del procedimiento en el presente juicio y se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Quinta Mesa investigadora de la Dirección General para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que en el improrrogable término de tres días contado a partir de que tenga conocimiento del presente proveído, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de trece de octubre de dos mil dieciséis, remita copia certificada de la averiguación previa 202/2016/DGSP de su índice administrativo. Apercibida que de no hacerlo en el término indicado, se le impondrá una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emita el presente proveído, de conformidad con el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y 259 de la Ley de Amparo.
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