Roberto Ojeda Cruz
Expediente 577/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 577/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Roberto Ojeda Cruz
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en San Oaxaca de Juárez, Oaxaca con el cual remite testimonio de la ejecutoria de cuatro de mayo de dos mil veintidós, dictada en el recurso de queja 481/2021, interpuesto por Homero Marín Toledo autorizado del quejoso Roberto Ojeda Cruz, y devuelve los autos del juicio de amparo 577/2021. ACUSE DE RECIBO En consecuencia, se ordena remitir el acuse de recibo correspondiente a la Superioridad, vía electrónica, de conformidad con el artículo 6, del capítulo segundo, del envío de documentos electrónicos entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado el diez de mayo del año dos mil diecisiete, en el Diario Oficial de la Federación. Por tanto, hágase del conocimiento de las partes, que dicho Tribunal Colegiado resolvió lo siguiente: "UNICO. Se declara infundado el recurso de queja." Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente, en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano del acto reclamado; además, no existe documento considerado como original por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contiene un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. Destino. Además, al tratarse de un asunto que fue desechado, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso d), del citado acuerdo, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión al no haber admitido la demanda intentada por la parte quejosa. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta con firma electrónica y evidencia criptográfica del Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual transcribe el auto de diecinueve de noviembre del año en curso, del que se advierte que el tribunal de alzada, admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Homero Marín Toledo autorizado del quejoso ***, contra el auto de veintinueve de octubre de este año, por el cual se desechó la demanda de amparo, quedando registrado bajo el número 481/2021. De lo cual se toma nota para los efectos legales correspondientes. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el escrito con firma electrónica y evidencia criptográfica de Homero Marín Toledo autorizado del quejoso Roberto Ojeda Cruz, por el que interpone recurso de queja en términos de lo dispuesto en artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el acuerdo de veintinueve de octubre actual, en el que se desechó de plano su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, téngase al promovente interponiendo el recurso en cita. En consecuencia, remítase el escrito del recurso de queja y copia simple del mismo, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, por conducto del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común, para la substanciación de dicho medio de impugnación. También, ríndase el informe correspondiente sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que en este juicio de amparo se dictó el acuerdo de veintinueve de octubre del año en curso, por el que se desechó de plano la demanda de amparo al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por lo que adjúntense copias certificadas de la totalidad de las constancias que conforman el presente expediente, para la substanciación del recurso de queja hecho valer. Se precisa que en el caso no es procedente notificar a la autoridad señalada como responsable la interposición de dicho recurso, a efecto de que dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Amparo, toda vez que se desechó de plano la demanda respectiva. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ... contra actos del Juez de Primera Instancia de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca y otra, que hace consistir en: ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 577 2021 IV A. DESECHAMIENTO Ahora, antes de admitir a trámite la demanda de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es pertinente examinar si existe alguna causa de improcedencia que, por ser manifiesta e indudable, haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: En ese orden de ideas, de un análisis integral de la demanda de amparo, permite determinar que el acto reclamado por la quejosa se hace consistir en el acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente familiar 238/2021 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, en el que se le negó reincorporarse a su domicilio. Ahora bien, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso; Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" De la trascripción que antecede se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas De aquí deriva el reconocimiento del citado principio de definitividad, que implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene la parte quejosa de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. El agotamiento de los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo es una regla, una razón operativa de carácter perentorio, que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Ésta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tiene efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que, previo a instar la acción constitucional, se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto, que tenga como efecto la modificación o revocación del mismo. Ahora bien, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. En la especie, la quejosa reclama el acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se le negó su reincorporación a su domicilio, por el Juez Mixto de Primera Instancia de Santo Domingo Zanatepec. Establecido lo anterior, conviene destacar el contenido de los artículos 666, 667, 670 y 673, segundo párrafo, última parte, del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Oaxaca, los cuales establecen: En el escrito de expresión de agravios el apelante deberá señalar casa para oír notificaciones precisamente en el lugar en que tenga su sede el Tribunal de apelación, y correo electrónico cuando solicite se le realicen por esta vía las notificaciones personales con el dispositivo de seguridad autorizado por el Poder Judicial; cuando un litigante no cumpla con este requisito, se le mandará requerir para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del auto de requerimiento lo subsane, apercibiéndolo que de no hacerlo se le harán por medio de cédula. Los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la Ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte. El plazo para apelar será de cinco días tratándose de autos y de diez días en caso de sentencia." De la transcripción de los citados numerales, se puede establecer que contra el auto que reclama la parte quejosa, no procede el recurso de apelación, por tratarse de un proveído que por sus características, no tiene fuerza definitiva, por lo tanto, al no ser apelable, resulta procedente el recurso de revocación. Por lo tanto, en el caso en estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al reunirse sus elementos, a saber: a) El acto reclamado es una determinación proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. En efecto, el acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se niega al quejoso la reincorporación a su domicilio, fue dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca. b) La ley concede contra el acto reclamado, un recurso ordinario. Ello es así, ya que los artículos 666, 667, 670 y 673, segundo párrafo, última parte, del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Oaxaca determinan que contra el acto aquí reclamado es procedente el recurso de revocación, toda vez que constituye un acuerdo de trámite dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia, por tratarse de un proveído que por sus características, no tiene fuerza definitiva; toda vez que se constituye como una medida provisional, que se caracteriza por ser un acto accesorio y sumario que garantiza el desarrollo del procedimiento. c) El recurso que en contra del acto aquí reclamado resulta procedente se encuentra previsto dentro del procedimiento en el que se emitió la resolución reclamada. El recurso de revocación es procedente, pues como lo establece el artículo 666 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, los acuerdos que no son apelables son revocables, en ese sentido, se puede establecer que contra el auto que reclama la ahora quejosa, no procede el recurso de apelación, por tratarse de un proveído que por sus características, no tiene fuerza definitiva, por lo tanto, al no ser apelable, resulta procedente el recurso de revocación. d) La resolución judicial reclamada puede ser modificada o revocada mediante el recurso ordinario. El recurso de revocación tiene por objeto que el Juez Mixto de Primera Instancia, confirme, revoque o modifique el acuerdo impugnado. Sin que en la especie se actualice alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad previstos en el propio artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, puesto que; I) no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2) tampoco el acto reclamado consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; y, 3) tampoco es promovida por persona extraña al procedimiento porque la quejosa es parte en el juicio natural. De igual manera acontece respecto del acto de ejecución que le atribuye a la ejecutora adscrita al Juzgado responsable, toda vez que si con el medio de impugnación antes descrito, puede revocar, modificar o amular la determinación en estudio, es claro que la ejecución corre la misma suerte. En relatadas conclusiones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE PLANO promovida por Roberto Ojeda Cruz, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca y otra autoridad. AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Homero Marín Toledo, por tener demostrada su personalidad en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo DOMICILIO Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y de conformidad con los artículos 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de los estrados de este Juzgado, con el fin de que se realicen las notificaciones personales que en su caso se ordenen. En el entendido que dicha lista hasta en tanto no se permita el acceso libre a los órganos jurisdiccionales Federales, su consulta deberá efectuarse en la publicación que se realiza en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, se visualizarán en el lugar de fácil acceso que designe la administración regional (de las que previamente este juzgado enviará vía correo a dicha área), y en términos de la segunda parte del numeral 29 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el precepto 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. FEDATARIOS DE LA ADSCRIPCIÓN Ahora bien, se hace mención a los fedatarios de la adscripción que las notificaciones dirigidas a las partes y que tengan que realizar de manera personal en los domicilios señalados para tal efecto, deberán hacerlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar su integridad y salud, así como la de aquéllos, en términos de lo previsto en la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con la fracción I del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de la persona que para tal fin autoriza, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a la Secretaria del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 5,328 expedientes
- Roberto Mancera Juárez33/2017
- Roberto Mancera Juárez336/2017
- Roberto Martinez Melendez238/2015
- Roberto Martínez Meléndez94/2016
- Roberto Martínez Meléndez62/2018
- Roberto Melendez Santos449/2016
- Roberto Ordáz Castillejos392/2018
- Roberto Osorio Jiménez135/2023
- Roberto Peralta Santiago88/2020
- Roberto Pérez Esteban125/2018
- Roberto Pérez Pérez894/2022
- Roberto Ramírez Guzmán30/2017