Roberto Martínez Meléndez

Expediente 62/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
62/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
17/09/2018

Partes del expediente

  • Roberto Martínez Meléndez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal con el acuerdo de fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciocho (fojas 73), en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído; en tal virtud archívese el expediente como asunto concluido. En otro aspecto, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y dado que se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en este juicio no se formó cuaderno de suspensión. Asimismo, se hace saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese en términos de ley. IB-P

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que el quejoso Roberto Martínez Meléndez, hizo diversas manifestaciones dentro del término legal concedido en proveído de ocho de agosto del año en curso, en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; se procede a resolver sobre el cumplimiento de la misma, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión e expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia engrosada el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, (fojas 24 a 30), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Roberto Martínez Meléndez, para el efecto de que el Presidente Municipal de Santa María Jalapa del Marqués, Oaxaca, resolviera sobre lo peticionado en su escrito de quince de octubre de dos mil catorce, en el que solicita su intervención respecto al problema que confronta con el personal que cuida el basurero, ya que por descuido incendiaron la cerca de su terreno ubicado precisamente junto al basurero municipal, recordándole además que se encontraba pendiente el cercado de su terreno por parte del Ayuntamiento Municipal Constitucional, y que de no recibir una respuesta, entendería que no quieren cumplir con lo pactado, en el sentido de reponer el cercado de su terreno. Por lo que se ordenó a la autoridad responsable, procediera a emitir por escrito una respuesta de manera pronta, congruente a lo peticionado, fundada y motivada, lo que debería notificar con la misma prontitud en el domicilio proporcionado en este juicio de amparo al citado quejoso, sin que ello implique, de manera alguna, que la respuesta que al efecto se emita sea favorable a los intereses del accionante del amparo. Por otra parte, mediante oficio sin número de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, el Presidente Municipal de Santa María Jalapa del Marqués, Oaxaca, informó respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo, misma que se reservó, hasta en tanto, causara ejecutoria la sentencia, dictada por este órgano jurisdiccional. Por acuerdo de tres de julio de dos mil dieciocho (foja 44 a 45 vuelta), causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio de amparo, dándose vista al quejoso, respecto a dicho cumplimiento, sin que hiciera manifestación alguna dentro del plazo concedido. Luego, mediante acuerdo de diecinueve de julio del año en curso, se requirió de nueva cuenta a la responsable al determinarse que no había cumplido en sus términos la concesión del amparo. En cumplimiento a dicho requerimiento, mediante oficio sin número de seis de agosto de dos mil dieciocho, el Presidente Municipal de Santa María Jalapa del Marqués, Oaxaca, informó haber cumplido con la ejecutoria de amparo, remitiendo para tal efecto, copia certificada del oficio de tres de agosto del año en curso, dirigido al quejoso, donde le manifiesta que en atención a su escrito de quince de octubre del año dos mil catorce, le informa que no se encuentra pendiente el cercado de su terreno por parte de esa autoridad municipal, debido a que no se ha comprobado que personal que cuida el basurero municipal haya quemado los parales de su terreno, por tanto no es procedente su petición (fojas 56 y 57). Ahora bien, cabe precisar que la observancia al derecho de petición implica, como se sustentó en la sentencia de amparo, que la autoridad responsable sin demora alguna, proceda a emitir por escrito una respuesta de manera pronta, congruente a lo peticionado, fundada y motivada, debiendo notificar con la misma prontitud en el domicilio proporcionado por el quejoso en el juicio de amparo; sin que ello implique, que la respuesta que al efecto se emita sea favorable a los intereses del accionante del amparo. En el caso, de la copia certificada remitida por la autoridad responsable (foja 57), con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se advierte que el Presidente Municipal de Santa María Jalapa del Marqués, Oaxaca, cumplió en sus términos con la concesión del amparo, en virtud de que mediante oficio de tres de agosto del año en curso, dio respuesta a la petición del quejoso; siendo notificado el mismo día en el domicilio que se señaló expresamente para tal efecto (foja 57), por tanto, es evidente que, con ello, se restituyo al quejoso, en el goce de las garantías constitucionales violadas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de la materia, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Sin que sean procedentes las manifestaciones realizadas por el quejoso en su escrito de cuenta, relativas a que no se le tenga a la citada responsable por cumplida con la sentencia de amparo, ni las pruebas que al efecto remite, puesto que con ellas pretende que este juzgado se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de lo que la responsable decidió, y si bien es cierto, dicha respuesta no fue favorable a los intereses del accionante del amparo, tal aspecto debe ser materia del medio de defensa que el quejoso estime pertinente. Se invoca en apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 35, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 47 del Tomo VI, en Materia Común, Actualización 2001, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ PARA EL SOLO EFECTO DE QUE SE DICTARA RESOLUCIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE ÉSTA, AL DECIDIR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA".- Así como la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 262, visible a foja 217, tomo VI, materia común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. NO PROCEDE ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DA RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL QUEJOSO" Notifíquese en términos de ley. I-B P

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, ocho de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio sin número, firmado por el Presidente Municipal de Santa María Jalapa del Marqués, Oaxaca, por medio del cual informa haber dado cumplimiento con la sentencia engrosada el veinticinco de abril de dos mil dieciocho y remite en una foja útil copia certificada del escrito que dirigió al aquí quejoso Roberto Martínez Meléndez, en el que le informó que no procedía su petición relativa al cercado de su terreno por parte de esa autoridad, toda vez que no se comprobó que personal del basurero municipal haya quemado dichos parales. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, con lo anterior, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el juicio y los datos aportados por la autoridad responsable, dado que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público; atento a lo sustentado en la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Notifíquese en términos de ley. IB-

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, advirtiéndose de la certificación secretarial que antecede, en la que se hizo constar que el término legal de tres días otorgado al quejoso Roberto Martínez Meléndez por acuerdo de tres de julio de dos mil dieciocho (fojas 44 a 45 vuelta), el que se notificó por medio de lista el cuatro de julio siguiente, (foja 47), transcurrió del seis al diez de julio del actual, sin que hubiera hecho manifestación alguna dentro de ese plazo, en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte del Presidente Municipal de Santa María Jalapa del Marqués, Oaxaca, en atención al oficio 819; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión e expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia engrosada el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, (fojas 24 a 30), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Roberto Martínez Meléndez, para el efecto de que el Presidente Municipal de Santa María Jalapa del Marqués, Oaxaca, resolviera sobre lo peticionado en su escrito de quince de octubre de dos mil catorce, en el que solicita su intervención respecto al problema que confronta con el personal que cuida el basurero, ya que por descuido incendiaron la cerca de su terreno ubicado precisamente junto al basurero municipal, recordándole además que se encontraba pendiente el cercado de su terreno por parte del Ayuntamiento Municipal Constitucional, y que de no recibir una respuesta, entendería que no quieren cumplir con lo pactado, en el sentido de reponer el cercado de su terreno. Por lo que se ordenó a la autoridad responsable, procediera a emitir por escrito una respuesta de manera pronta, congruente a lo peticionado, fundada y motivada, lo que debería notificar con la misma prontitud en el domicilio proporcionado en este juicio de amparo al citado quejoso, sin que ello implique, de manera alguna, que la respuesta que al efecto se emita sea favorable a los intereses del accionante del amparo. Por otra parte, mediante oficio sin número de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, el Presidente Municipal de Santa María Jalapa del Marqués, Oaxaca, informó respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo, misma que se reservó, hasta en tanto, causara ejecutoria la sentencia, dictada por este órgano jurisdiccional. Por acuerdo de tres de julio de dos mil dieciocho (foja 44 a 45 vuelta), causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio de amparo, dándose vista a la quejosa, respecto a dicho cumplimiento, sin que hiciera manifestación alguna dentro del plazo concedido. Ahora bien, del oficio sin número signado por el Presidente Municipal de Santa María Jalapa del Marqués, Oaxaca, con el que informa el cumplimiento de la sentencia de amparo, (fojas 35 y 36) se advierte que el veintidós de mayo del año en curso, giró oficio sin número al quejoso Roberto Martínez Meléndez, en contestación a su escrito de quince de octubre de dos mil catorce, en el que le hace saber que respecto a lo solicitado, realizará las investigaciones correspondientes y en el momento oportuno acordará lo procedente. Asimismo, precisa que personal que labora en su administración municipal, al constituirse en el domicilio del quejoso, para hacerle entrega de la respuesta de su escrito de quince de octubre de dos mil catorce, se negó a recibirla. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable Presidente Municipal Constitucional de Santa María Jalapa del Marqués, no cumplió en sus términos con la concesión del amparo, toda vez que, aunque dio contestación al escrito del quejoso Roberto Martínez Meléndez, dicha respuesta no fue congruente con lo solicitado. Lo anterior es así, dado que la observancia al derecho de petición implica, como se sustentó en la sentencia de amparo, que la autoridad responsable sin demora alguna, proceda a emitir por escrito una respuesta de manera pronta, congruente a lo peticionado, fundada y motivada, debiendo notificar con la misma prontitud en el domicilio proporcionado por el quejoso en el juicio de amparo; sin que ello implique en forma alguna, que la respuesta que al efecto se emita sea favorable a los intereses del accionante del amparo. Por cuanto al primer elemento, cabe precisar que no cualquier escrito que se exhiba en el juicio de amparo puede considerarse como una respuesta, sino únicamente aquel que resuelva de fondo lo solicitado. Así, el escrito de la autoridad que informe sobre la fase del trámite relativo a la petición, no puede calificarse como una respuesta que lleve al juzgador a considerar cumplida la ejecutoria en la que se concedió el amparo para que atendiese la solicitud del particular. Es así, en virtud de que en ese escrito no se resuelve favorable o desfavorablemente lo pedido, únicamente se da a conocer el estado en que se encuentra la solicitud, por ello, se trata de un mero texto informativo de trámite. Al respecto - como se dijo en la sentencia ejecutoria - el derecho fundamental de petición, es un derecho gestado y promovido en el seno del Estado democrático, único en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública, se respeta sólo si las autoridades proporcionan en sus respuestas a las solicitudes de los particulares la suficiente información para que éstos puedan conocer plenamente el sentido y el alcance de las respuestas, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ellas y, en su caso, impugnarlas. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve a los ciudadanos que sus planteamientos sean contestados con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarles la información que les permita comprender cabalmente el acto, decisión o resolución de las autoridades en forma definitiva. Así, la congruencia formal de la respuesta a una petición, no es suficiente para ser acorde al actual sistema jurídico mexicano, porque es una congruencia puramente lógica, no sustancial que no satisface las exigencias previstas en el artículo 8º, en relación con el numeral 1º, en sus primeros tres párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto al ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, conforme al principio de progresividad que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por ende, al examinarse el cumplimiento de la sentencia que determinó la transgresión al artículo 8º constitucional, no puede considerarse que ésta se acató mediante la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que sea congruente, completa, rápida y, sobre todo fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo o lo dejaría imposibilitado para expresar argumentos en contra del documento que omite pronunciarse sobre lo pedido, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado. En el caso, se reitera, se concedió el amparo para el efecto de que el Presidente Municipal Constitucional de Santa María Jalapa del Marqués resuelva eficientemente sobre lo peticionado por el quejoso en su escrito de quince de octubre de dos mil catorce, emitiendo por escrito una respuesta de manera pronta, congruente a lo peticionado, fundada y motivada, debiendo notificar con la misma prontitud en el domicilio proporcionado por el quejoso en el juicio de amparo; sin que ello implique en forma alguna, que la respuesta que al efecto se emita sea favorable a los intereses del accionante del amparo. En acatamiento a lo anterior, la autoridad responsable solo hace saber que respecto a la petición del quejoso, realizará las investigaciones a lo que plantea y en el momento oportuno acordará lo procedente, esto, sin pronunciarse sobre el fondo de lo solicitado, es decir, respecto a la petición del quejoso en el sentido de que solicita la intervención de la responsable en el problema que confronta, ya que a raíz del descuido del personal que cuida el basurero municipal, incendiaron la cerca de su terreno, por lo que se encontraba pendiente el cercado del mismo por parte del Ayuntamiento Municipal Constitucional, y que de no recibir una respuesta, entendería que no quieren cumplir con lo pactado, en el sentido de reponer el cercado de su terreno; y si bien es cierto, se entiende que la responsable intervendrá en el problema realizando "las investigaciones correspondientes" a lo que plantea el quejoso, también lo es que al responder que "en el momento oportuno se acordará lo procedente", no resuelve favorable o desfavorablemente lo pedido, ni el fondo de lo solicitado, sino únicamente da a conocer el estado en que se encuentra la petición realizada por el quejoso, siendo - como se apuntó en líneas anteriores- un mero texto informativo de trámite, que incluso, puede emplearse para postergar la decisión final del trámite respectivo. Aunado a lo anterior, la autoridad responsable no remitió copias certificadas de las diligencias que realizó el personal que labora en su administración, respecto a la negativa del quejoso de recibir el acuerdo de contestación que recayó a su escrito. Por tales motivos, requiérase al Presidente Municipal de Santa María Jalapa del Marqués, Oaxaca, para que dentro del término de tres días, siguientes a su legal notificación de este acuerdo, como lo dispone el párrafo segundo del citado artículo 192 de la Ley de Amparo, de cumplimiento a la concesión del amparo, que en su oportunidad se le hizo de su conocimiento mediante oficio 819 de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, reiterándole que deberá remitir copias certificadas de las constancias con las cuales demuestren lo anterior y la notificación realizada al citado quejoso o las circunstancias que impidan realizarla. Se apercibe a dicha autoridad que de no acreditar lo anterior en el plazo legal otorgado, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 de la Ley de Amparo vigente, se remitirá el expediente al Tribunal Colegido de Circuito correspondiente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, así también, se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente (UMA), para el año dos mil diecisiete, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en congruencia con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese en términos de ley. I-B-Penal

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