Roberto Mendoza Ponciano
Expediente 1356/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1356/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Roberto Mendoza Ponciano
- Roberto Mendoza Ponciano y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, se declara que dicha sentencia que sobresee, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIDO en su totalidad, al haberse sobreseído fuera de audiencia el presente juicio respecto a todos los actos reclamados. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Patricia Elizabeth Bautista Ávila, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho, por periodo vacacional de la Titular de este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión celebrada el doce de diciembre de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/6957/2022, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante oficio 1356/2022 y anexo firmado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, remitió copia certificada de la promoción presentada por la parte quejosa el veintinueve de junio de dos mil veintidós, así como del auto por el que le dio contestación a lo solicitado, dictado el diez de octubre de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 454/2017; constancias a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. Ahora, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable remitió en el oficio de referencia, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado por las siguientes consideraciones. Por escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, remitido por razón de turno a este Juzgado Primero de Distrito, Roberto Mendoza Ponciano, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que hizo consistir en la omisión de acordar el escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil veintidós, en el expediente laboral **************************. En ese documento solicitó se pusieran los autos a la vista de las partes para que formularan sus respetivos alegatos, toda vez que ya no habían pruebas por desahogar en el juicio laboral de origen. Con ello se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, la autoridad responsable el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, envió copia certificada del auto de diez de octubre de dos mil veintidós, por el cual acordó el escrito presentado por la parte actora, aquí quejosa el veintinueve de junio de dos mil veintidós. En el acuerdo señaló que estaba pendiente la audiencia testimonial ofrecida por la parte demandada, ordenada mediante auto de dieciséis de abril de dos mil veinte y debido a la suspensión de labores relativa a la situación sanitaria, no se había podido llevar acabo, por lo que procedió señalar nueva hora y fecha para el desahogo de dicha probanza y una vez desahogada se acordaría lo conducente, dentro del juicio laboral 619/2010. Por ende, acordó que una vez desahogadas las pruebas procederá a realizar lo conducente. La anterior omisión constituyó la materia de reclamo en la presente vía y por ende ha cesado en sus efectos, al haber devuelto las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada; lo anterior es así, toda vez que el auto fue dictado con fecha posterior a la promoción de amparo. En esas condiciones, dado que en diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, la parte quejosa presentó la demanda de amparo; sin embargo, en diez de octubre de dos mil veintidós, la autoridad responsable dictó un auto por el cual dio contestación a lo solicitado mediante escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil veintidós en el juicio laboral ************************, por lo que se estima actualizada de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia citada en párrafos precedentes, por lo que procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Amparo. Sin que en el caso se estime como actos aquellos señalados como subsecuentes a los reclamados, toda vez que el análisis de éstos debe realizarse en función de la etapa procesal en que se sitúa el procedimiento laboral de origen, en respeto al principio de congruencia y exhaustividad de las sentencias, y en ese sentido, debe tenerse como tal en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la omisión antes destacada. Lo anterior, en cumplimiento al criterio plasmado en la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), emitida por la Primer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de veinte de noviembre de dos mil trece, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas del diez de noviembre de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales conducentes; y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinte de octubre de dos mil veintidós. Visto el escrito firmado por ************************, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual ofrece pruebas, en atención a su contenido, se tiene como pruebas de su parte la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, en todo lo que favorezca a sus intereses; asimismo, se tiene como prueba de su intención las documentales que anexa a su escrito de cuenta, sin perjuicio de relacionarlas en la etapa procesal oportuna y ser considerada al momento de resolver el presente asunto. Ahora respecto del ofrecimiento del cotejo y compulsa con las constancias originales que refiere que el tribunal laboral tiene en su poder, al respecto, dígasele que por el momento no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado, hasta en tanto desahogue el procedimiento que establece el artículo 121 de la Ley de Amparo, esto es, deberá solicitar ante la autoridad que corresponda la información que requiera a fin de ofrecerlas como pruebas de su parte en el presente juicio, en caso de que la autoridad ante quien inste no lo hiciere, la parte interesada una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará a este órgano jurisdiccional requiera a la omisa, lo cual se acordará siempre y cuando la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia, sin contar el de la referida solicitud ni el señalado para la propia audiencia. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio; misma que no es posible desahogar, toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado, rendido por la autoridad responsable la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad. En consecuencia a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis: V.2o.P.A.4 K (10a.), con número de registro **************************, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 4, marzo de 2014, Tomo II, página 1620, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten". Notifíquese.
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