Roberto Martínez García
Expediente 389/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 389/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Roberto Martínez García
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo firmado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad; mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja ********************, interpuesto por ********************, a través de su autorizado ********************; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien y apareciendo que la superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo el siguiente punto: "[.] PRIMERO.- Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por ********************, por conducto de su apoderado legal, contra el proveído de once de abril de dos mil diecisiete, dictado en autos del juicio de amparo indirecto ********************, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO.- Se confirma el acuerdo recurrido de once de abril de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de amparo indirecto ********************." En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción II del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO, toda vez que se declaró infundado el recurso de queja y se confirmó el auto de once de abril del presente año, en el cual se desechó la demanda interpuesta por ********************. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, de cuyo contenido se advierte que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, admitió el recurso de queja interpuesto en el presente juicio de amparo, registrándolo bajo el número de recurso de queja laboral ******************** Circunstancia que se toma del conocimiento para los efectos legales conducentes.
- Principal
Visto el escrito signado por Carlos Marx Barbosa Guzmán, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, párrafo primero, 100 y 101 de la Ley de Amparo, téngase al promovente interponiendo recurso de queja en contra del auto de once de abril de dos mil diecisiete, dictado en el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase el original y copia del escrito de queja al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, y ríndase informe justificado, para lo cual se manifiesta que es cierto el acto reclamado, toda vez que mediante proveído de once de abril de dos mil diecisiete, dictado en autos del juicio de amparo al rubro indicado, se desechó la demanda de amparo promovida por Roberto Martínez García. Para justificar lo anterior, se remiten copias certificadas de las constancias relativas.
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por Roberto Martínez García, por su propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 389/2017 y fórmese expediente. Ahora bien, de la lectura del mencionado escrito, se aprecia la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, sobre de la cual la que suscribe considera procedente desechar la demanda de amparo presentada con base a las consideraciones siguientes: El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone la facultad de los juzgadores para desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, entonces, es ineludible precisar que conforme al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, o sea, ni aun cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Sentado lo anterior, es de precisar que la peticionaria del amparo reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, lo siguiente: ".IV.- ACTO RECLAMADO: a).- El hecho de omitir respetar, de manera reiterada, lo contenido en el artículo 785 de la Ley Federal del Trabajo, sin que exista causa legal justificada para ello, CONCEDIÉNDOLE VENTAJAS AL DEMANDADO; B).- El hecho de no observar lo contenido en los artículos 785 y 893 de la Ley laboral federal, pues me ha señalado fechas muy lejanas, dentro del expediente laboral 330/2014." Acto del cual, la quejosa en su capítulo de hechos manifiesta lo siguiente: ". H E C H O S : 1.- [.] 2.- [.] 3.- [.] 4.- [.] 5.- [.] 6.- [.] Así que, contra lo que dice la ley laboral, la Junta local difirió la audiencia para el día 30 de Mayo del 2017, lo cual constituye una fecha muy lejana, por lo que tal acto no debe ser tolerado dentro del estado de derecho en el que vivimos, pues LE HA ESTADO DANDO PRÓRROGAS INJUSTIFICADAS A MI CONTRAPARTE, provocando desigualdad procesal." En ese orden, debe indicarse que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, de cuya interpretación jurídica se obtiene que, cuando se reclaman violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, procede el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción procede amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando dichos actos tengan una ejecución de imposible reparación. Los actos tienen una ejecución de imposible reparación, por regla general, cuando afectan de forma directa alguno de los derechos subjetivos públicos tutelados por la Constitución Federal, es decir, cuando afectan a las garantías individuales; de ahí que, se puede concluir que cuando los actos que se reclaman en un juicio de amparo no tienen una ejecución de imposible reparación, el juicio es improcedente de conformidad con la citada fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu. No obstante a ello, debe tenerse presente que en el caso concreto no se está en presencia de actos de ejecución de imposible reparación, dado que la aquí quejosa aduce que la junta laboral viola en su perjuicio el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que la responsable señaló el treinta de mayo de dos mil diecisiete, como fecha para el desahogo de la prueba confesional con cargo al demandado físico Alfredo Ramírez García, en el juicio laboral 330/2014, en el que el aquí peticionario es actor; sin embargo, ello no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, porque no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta dentro del juicio laboral en que la quejosa es parte, por lo que resulta improcedente el juicio de amparo en que se actúa. De ese modo, es de advertir que la determinación reclamada no constituye un acto de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo biinstancial, con lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Aunado a ello, no está por demás destacar que de acuerdo a la experiencia de este órgano jurisdiccional, un juicio de amparo con las características de la demanda de cuenta, tarda en integrarse un promedio de tres meses, dado que se debe emplazar a juicio al tercero interesado y requerir informe justificado a la autoridad responsable, por lo que en el caso concreto de admitir la demanda, al momento de estar en condiciones de dictar la sentencia de amparo correspondiente, las fechas que señaló el tribunal laboral para desahoga la prueba testimonial en el juicio laboral 330/2014 (treinta de mayo de dos mil diecisiete), ya no sería lejana, y para cuando la sentencia de amparo cause ejecutoria, es factible que ya haya transcurrido o bien que ya esté próxima a desahogarse la referida diligencia. Por ende, también se considera que se surte la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 77 de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: En efecto ningún fin práctico tendría, en su caso, la tramitación del juicio de amparo, dado que como se precisó con antelación la parte quejosa reclama "LAS FECHAS EXCESIVAMENTE LEJANAS PARA DESAHOGAR LAS PRUEBAS.", en relación a que el órgano laboral señaló el cinco de abril de dos mil diecisiete, para desahogar las pruebas en el juicio laboral de origen. Ello, si tenemos en consideración el señalamiento de la fecha precisada para llevar a cabo el desahogo de la prueba testimonial en el juicio laboral de origen (treinta de mayo de dos mil diecisiete), y la fecha en que se presenta la demanda de amparo, es inconcuso que en caso de admitirse a trámite el amparo solicitado, sería jurídicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía vulnerada dado que, como se expuso derivado de la experiencia de este Juzgado Federal, resulta un hecho notorio que el trámite en promedio de un juicio de amparo es de tres meses, por lo que resulta inconcuso que, de admitirse a trámite el juicio de amparo, la conclusión del mismo llevaría tres meses, tiempo que daría paso al desahogo de la prueba testimonial. No debe perderse de vista que el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa; para la procedencia del mismo, es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Sin que pase por inadvertido la manifestación del quejoso en el sentido de que la responsable no haya atendido la objeción que formuló, respecto a la receta médica exhibida por la parte demandada, y la solicitud de que se citara al médico que la expidió para que la ratificara; sin embargo, tales cuestiones también son violación de índole procesal, las cuales, en caso de no obtener resolución favorable, las puede hacer valer dentro del laudo definitivo. En las condiciones apuntadas, lo que procede es desechar la demanda planteada, con apoyo en el diverso precepto 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda; y como sus autorizados en términos amplios a las personas que refiere, toda vez que el impetrante no es parte patronal en el juicio laboral de origen. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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