Roberto Mélendez Hernández

Expediente 537/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
537/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
05/08/2019

Partes del expediente

  • Roberto Mélendez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el escrito signado por el quejoso Roberto Meléndez Hernández, mediante el cual solicita le sean devueltos los documentos originales que exhibió en el presente expediente; al respecto, dígasele deberá estarse a lo acordado en auto de dos de julio de dos mil diecinueve, en el que se dejaron a su disposición por el término de noventa días. Finalmente, se tiene como autorizada para recibir los documentos que refiere a la persona que indica.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de dos de julio de dos mil diecinueve: En Apizaco, Tlaxcala, dos de julio de dos mil diecinueve. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído del dieciocho de junio de dos mil diecinueve (fojas 49 a 55), en el que desechó la demanda de amparo promovida por Roberto Meléndez Hernández, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Archivo Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el presente expediente, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Devolución de documentos originales. De igual manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con el plazo de noventa días para recoger el documento que, en su caso, hubiere exhibido; apercibida que de no hacerlo así, dicho documento será depurado junto con las constancias aludidas.

  3. Principal

    Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Roberto Meléndez Hernández, contra actos del Ayuntamiento Constitucional de la Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala y su Presidente Municipal. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 537/2019-II. Se desecha demanda. Ahora, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ... Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Luego, en la especie se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los artículos 1, fracción I y 5, fracción II, también de la ley de la materia. Sentado lo anterior, cabe señalar que el promovente reclama del Ayuntamiento Constitucional de la Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala y su Presidente Municipal: .1) La omisión en dar cumplimiento al laudo ejecutoriado, condenatorio, existente dentro del procedimiento de ejecución dictado en el Juicio Laboral CDT 328/2012, de los del Índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en el que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de la Magdalena Tlaltelulco, figuro con el carácter de demandado, por lo que ante la reiterada negativa de dar cumplimiento a ese laudo de condenada, la cual a su vez constituye una emisión del citado Ayuntamiento Constitucional de la Magdalena Tlaltelulco, se convierte en un acto de autoridad, dada su negativa a cumplir con una resolución con calidad de sentencia ejecutoriada, contraviniendo los derechos humanos del suscrito impetrante y sus garantías individuales que me protegen de recibir una pronta, expedita y completa impartición de justicia, consagradas en los artículos 1, en sus tres primeros párrafos, 17 y 123, fracciones IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2) La omisión de ejercicio de sus facultades o atribuciones de realizar las acciones, gestiones o actos indispensables tendientes a efectuar al interior del propio ayuntamiento y en su caso, ante las instancias respectivas para aprobar, dotar u obtener los recursos presupuestales necesarios para e cumplimiento y pago del Laudo Ejecutoriado, condenatorio, dictado en e Juicio Laboral DT 328/2012-C, de los radicados ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. La omisión y negativa de cumplir con el mandato de autoridad que emite el Ciudadano Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, consistentes en diversos Acuerdos dictados y notificados así Ayuntamiento demandado, para el cumplimiento y pago de las diversas prestaciones y conceptos indemnizatorios deducidos precisamente del laudo firme condenatorio dictado dentro del expediente Laboral CDT 328/2012. (sic) Luego, en la especie se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5, fracción II, también de la ley de la materia, pues, considerando que los actos que se atribuyen a la autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, y por ende, susceptibles de analizarse a través de este medio de control constitucional que sólo procede contra actos de autoridad y no cuando ésta actúa en un plano de coordinación, es decir, cuando se encuentra en un plano de igualdad con los particulares. A fin de evidenciar la improcedencia del presente juicio de garantías, se considera pertinente transcribir, en lo conducente, los preceptos citados en el párrafo precedente. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Lo anterior pone de manifiesto que el acto de autoridad constituye un requisito para la procedencia del juicio de garantías. Asimismo, para los efectos del juicio de amparo, el concepto de autoridad responsable converge en establecer, que es aquélla que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria para el gobernado. En la especie, la parte quejosa reclama del Ayuntamiento Constitucional de la Magdalena Tlaltelulco y su Presidente, actos que se consideran no provienen de autoridad para efectos del juicio de amparo, y que tampoco se puede considerar acto de particular que se conduce como autoridad o equivalente a los de autoridad, según se verá a continuación. En primer término, se considera conveniente transcribir el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo a lo que se entiende como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo que dice: Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal; y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." Del anterior precepto, así como de los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, transcritos con anterioridad, es dable inferir que la procedencia del juicio protector de derechos fundamentales, se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Bajo las anotadas consideraciones, se revela que, a través del juicio de amparo, únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad, o de un particular que actúa con el carácter de autoridad (con facultad de imperio), a fin de estar en aptitud de analizar la cuestión efectivamente planteada contra la conducta impugnada en la vía extraordinaria. En ese contexto, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la omisión reclamada por la parte quejosa, parte de la premisa equivocada de que la autoridad que designa como responsable, en esencia, no ha dado cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral CDT 328/2012 tramitado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en el que es parte demanda el Ayuntamiento Constitucional de la Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, derivado de la relación laboral que existió entre aquélla y el citado Ayuntamiento, tal y como se desprende de la narrativa expresada por la parte quejosa en su demanda, bajo protesta de decir verdad, que constituye una confesión expresa, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo que evidencia que dicha autoridad, se ubica en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, como ocurre en el caso, por lo que las autoridades municipales mencionadas, no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino derivada de la relación laboral con el particular actor, aquí parte quejosa, esto es un grado de coordinación, lo que incluso constituyó la materia del litigio planteado en el juicio del que emanan los actos reclamados. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 79/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro: 2007066, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Página: 699, que dice: AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor. (Énfasis propio). Criterio jurisprudencial que resulta aplicable al caso, en razón de que las legislaciones que fueron materia de análisis al resolver la contradicción de tesis que lo originó, contemplan un sistema de ejecución de laudos similar al previsto en los artículos 92, 125, 153 al 159 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala sus Municipios. Al respecto, en la ejecutoria de contradicción de tesis la Sala consideró: 32. De los numerales transcritos sobresale lo siguiente:  El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios podrá imponer las mismas sanciones previstas en el artículo 157 (2), para hacer cumplir sus determinaciones.  Las multas se harán efectivas por la Secretaría de Hacienda.  El tribunal tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio procedan.  El tribunal despachará auto de ejecución, cuando se le pida, comisionando a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y le requiera el cumplimiento de la resolución. 33. Como puede observarse, las legislaciones burocráticas de los Estados de Quintana Roo y Yucatán, desarrollan en similares términos el procedimiento que deberán seguir los tribunales de trabajo respectivos, para lograr la ejecución de los laudos en los juicios laborales. 34. En esencia, en el procedimiento para conseguir la ejecución de los laudos, conforme a lo previsto en las legislaciones en comento, sobresale la facultad que se otorga al tribunal de trabajo para imponer multas; la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos; el deber de dictar todas las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo; y la obligación de dictar auto de ejecución y de comisionar a un actuario para que requiera a la parte demandada el cumplimiento del laudo. 35. Ahora bien, al resolver la contradicción de tesis 112/2008-SS, en sesión de diez de septiembre de dos mil ocho, esta Segunda Sala interpretó el contenido de los artículos 147, 148, 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, (3) en el sentido de que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite y no solamente con la multa. 36. El anterior criterio se encuentra contenido en la siguiente jurisprudencia: "LAUDOS. ADEMÁS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN.- (transcribe su contenido) 37. Conforme al criterio indicado y teniendo en cuenta que las legislaciones burocráticas estatales de Quintana Roo y Yucatán contienen, en esencia, normas jurídicas similares a efecto de conseguir el cumplimiento de los laudos, como la facultad para imponer multas; la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos; el deber de dictar todas las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo; y la obligación de dictar auto de ejecución y de comisionar a un actuario para que requiera a la parte demandada el cumplimiento del laudo. 38. Entonces, puede concluirse que los tribunales burocráticos estatales de Quintana Roo y Yucatán, al igual que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y conforme a la normativa que los rige, cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y ejecución de los laudos dictados en los juicios laborales burocráticos respectivos y no únicamente la multa. 39. Siendo ésa la lógica de las normativas del Estado de Quintana Roo y Yucatán, resulta inconcuso que el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad procesal que subyace en ellas, se extiende también al ámbito de la ejecución de los laudos, donde, en su caso, como sucede con cualquier particular, su incumplimiento por parte de la autoridad demandada puede ser vencido a través de la amplia gama de instrumentos legales con que cuentan para lograr el cumplimiento de los laudos que emite. 40. Es decir que, desde ese modelo, la autoridad demandada no actúa en un esquema de supra a subordinación (como condición para la categorización de un acto de autoridad), sino en todo momento dentro de una relación laboral con el particular actor. 41. Consecuentemente, el incumplimiento por parte de los Ayuntamientos de los Estados de Quintana Roo y Yucatán a un laudo dictado en su contra no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo,(4) vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Entonces, de las propias manifestaciones formuladas por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, se advierte que el juicio antes referido se encuentra en proceso de ejecución del laudo y que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, es quien, según lo expresado en el libelo constitucional, ha requerido el cumplimiento de la condena laudada, conforme a los instrumentos legales con que cuenta para tal efecto, de tal suerte, que es ante esa instancia donde debe exigir su cumplimiento, sin que en el caso se advierta la existencia de una resolución en que ese Tribunal haya determinado la imposibilidad de ejecutar el laudo. En las anotadas condiciones, toda vez que la conducta reprochada a la autoridad responsable, evidentemente estriba en la falta de cumplimiento al laudo ya mencionado y al prever la legislación aplicable al juicio originario, un procedimiento completo para llevar a cabo su ejecución, es donde se aprecia el plano de igualdad en que se encuentran las partes; en consecuencia, no se trata de actos de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Bajo las anotadas condiciones, se evidencia que los actos reclamados no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuestión que al haber sido analizada en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es dable analizar en el auto inicial relativo a la demanda con que se da cuenta, Lo anterior, además, guarda congruencia con el hecho de que, admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia previsto en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la peticionaria promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. En las relatadas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es DESECHARLA DE PLANO. Domicilio para oír y recibir notificaciones Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala para tales efectos. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ricardo Eulalio Pérez Zarate, Sí cuenta con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a Marín Martínez Pérez por no contar con dicho registro. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio.

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