Roberto Meléndez Hernández
Expediente 367/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 25 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 367/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 11/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Roberto Meléndez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, once de abril de dos mil veintitrés. Causa estado cumplimiento a la sentencia de amparo. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto del dos de febrero de dos mil veintitrés, que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo; POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Dado que el presente juicio carece de relevancia documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno referido, el expediente principal deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurran los plazos que disponen los artículos 18, penúltimo párrafo y 27 del Acuerdo General referido. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depuración de expediente. Depúrese el cuaderno principal dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo ante anterior, conservando la demanda, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; la resolución relativa a la sentencia y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Transferencia. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Incidente de suspensión Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue negada la medida definitiva, es susceptible de destrucción. Así, respecto al original del incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión definitiva, de conformidad con el numeral 21, inciso c), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, es susceptible de destrucción. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, de conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos al no constar en autos. Devolución de constancias. Por otra parte, devuélvase a la Jueza Tercero de Control y de juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, dos Discos Versátiles Digitales (DVD) que remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, dos de febrero de dos mil veintitrés. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós (fojas 76-108), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, para efecto de que el Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, realizara lo siguiente: "[.] OCTAVO. Efectos concesión amparo. En consecuencia, debido a la transgresión al derecho humano de seguridad jurídica advertida, el Juzgado Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, deberá: Dejar insubsistente la resolución dictada en la audiencia celebrada el once de marzo de dos mil veintidós, emitida dentro de la causa judicial ********************, únicamente en la parte en que declaró improcedente la solicitud de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso ********************; en el entendido que solo deberá quedar insubsistente la resolución dictada en dicha audiencia, pero no lo actuado con anterioridad. En su lugar, dicte otra resolución, en la que, resuelva lo siguiente: Siguiendo los lineamientos fijados en esta sentencia, determine que es procedente y fundada la solicitud de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso ********************, es decir, deberá de resolver en congruencia con el delito por el cual se le dictó auto de vinculación a proceso -violación en grado de tentativa- y la jurisprudencia 1a./J. 4/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRISIÓN?PREVENTIVA?OFICIOSA. SU IMPOSICIÓN PARA EL DELITO DE?VIOLACIÓN?NO SE EXTIENDE A LA?TENTATIVA?DE?VIOLACIÓN", cuyos datos de localización fueron citados en el considerando anterior. Con libertad de jurisdicción, resuelva la medida o medidas cautelares que fijará en sustitución de la prisión preventiva oficiosa, tomando en consideración el debate suscitado entre partes en la audiencia celebrada el once de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa judicial ********************; en el entendido de que las medidas que podrá imponer son aquellas que están previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. [.]" Mediante auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, interponiendo recurso de revisión contra la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio de amparo (foja 143). Por acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión ********************, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en la que se resolvió confirmar la sentencia recurrida, por lo que en ese mismo auto se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 164-166). Mediante acuerdo de doce de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio 2756/2022-II, registrado con el folio 16650 (fojas 171-172), por el cual el Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, informó las gestiones realizadas para dar cumplimiento al fallo protector y al efecto transcribió el auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, del cual se advierte que dejó insubsistente la resolución dictada en audiencia de once de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa judicial ********************, únicamente en la parte en que declaró improcedente la solicitud de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al aquí quejoso. Posteriormente, se tuvo por recibido el oficio 2777 signado por el Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, mediante el cual remitió disco versátil digital que contiene la audiencia de doce de diciembre de dos mil veintidós, relativa a la causa penal ******************** de su índice, con las que manifestó haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo (foja 175) y con el cual se ordenó dar vista a la parte quejosa y terceros interesados por el plazo de tres días, para que estuvieran en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera. Ahora, a las documentales remitidas por la autoridad responsable, este juzgador les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Igual consideración debe hacerse en cuanto al disco óptico en formato de videograbación (DVD), que fue enviado por el Juez responsable, ya que éste es considerado como documental pública y se tiene por desahogada sin necesidad de una audiencia especial. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Del análisis del oficio 2756/2022-II, registrado con el folio 16650 (fojas 171-172), remitido por la responsable y el disco versátil digital, que contiene la audiencia de doce de diciembre de dos mil veintidós, relativa a la causa penal ******************** de su índice, se advierte que la Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer: 1) Dejó insubsistente la resolución dictada en audiencia de once de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa judicial ********************, únicamente en la parte en que declaro improcedente la solicitud de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al aquí quejoso. 2) Posteriormente en la audiencia de doce de diciembre de dos mil veintidós, en el minuto (17:54) precisó que la medida cautelar debía modificarse, y en el minuto (18:53), con fundamento en los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 153, 156 y 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fijó las medidas cautelares previstas en el artículo 155, fracción I, consistentes en: Presentación periódica una vez cada quince días. La exhibición de una garantía económica de $1,000.00 (mil pesos 00/100, moneda nacional). La prohibición de salir sin autorización del país y del Estado sin aviso previo. El sometimiento a la vigilancia de las medidas cautelares. La prohibición de acercarse y convivir con la víctima y con la parte tercera interesada. Por lo que en el minuto (18:06), la responsable determinó dejar en inmediata libertad al aquí quejoso y puntualizó que los fines de las medidas decretadas son las siguientes: Que el aquí quejoso comparezca al procedimiento de origen. Que la víctima y los testigos no corran riesgo por parte del quejoso. No obstaculizar el procedimiento. En consecuencia, es evidente que la autoridad responsable acreditó haber dado cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo; lo anterior, pues: a) dejó insubsistente la resolución dictada en audiencia de once de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa judicial ********************, únicamente en la parte en que declaró improcedente la solicitud de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al aquí quejoso; y b) ordenó la inmediata libertad del quejoso decretando diversas medidas cautelares. No existe defecto o exceso. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando las responsables se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando las autoridades cumplen parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación. Tampoco existe exceso, pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento, pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque la responsable no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Se declara cumplido el fallo protector Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Anotaciones y captura SISE Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo. Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de derechos como asunto concluido. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de dos de marzo de dos mil veintitrés: En Apizaco, Tlaxcala, dos de febrero de dos mil veintitrés. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós (fojas 76-108), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, para efecto de que el Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, realizara lo siguiente: "[.] OCTAVO. Efectos concesión amparo. En consecuencia, debido a la transgresión al derecho humano de seguridad jurídica advertida, el Juzgado Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, deberá: Dejar insubsistente la resolución dictada en la audiencia celebrada el once de marzo de dos mil veintidós, emitida dentro de la causa judicial ********************, únicamente en la parte en que declaró improcedente la solicitud de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso ********************; en el entendido que solo deberá quedar insubsistente la resolución dictada en dicha audiencia, pero no lo actuado con anterioridad. En su lugar, dicte otra resolución, en la que, resuelva lo siguiente: Siguiendo los lineamientos fijados en esta sentencia, determine que es procedente y fundada la solicitud de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso ********************, es decir, deberá de resolver en congruencia con el delito por el cual se le dictó auto de vinculación a proceso -violación en grado de tentativa- y la jurisprudencia 1a./J. 4/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRISIÓN?PREVENTIVA?OFICIOSA. SU IMPOSICIÓN PARA EL DELITO DE?VIOLACIÓN?NO SE EXTIENDE A LA?TENTATIVA?DE?VIOLACIÓN", cuyos datos de localización fueron citados en el considerando anterior. Con libertad de jurisdicción, resuelva la medida o medidas cautelares que fijará en sustitución de la prisión preventiva oficiosa, tomando en consideración el debate suscitado entre partes en la audiencia celebrada el once de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa judicial ********************; en el entendido de que las medidas que podrá imponer son aquellas que están previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. [.]" Mediante auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, interponiendo recurso de revisión contra la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio de amparo (foja 143). Por acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión ********************, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en la que se resolvió confirmar la sentencia recurrida, por lo que en ese mismo auto se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 164-166). Mediante acuerdo de doce de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio 2756/2022-II, registrado con el folio 16650 (fojas 171-172), por el cual el Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, informó las gestiones realizadas para dar cumplimiento al fallo protector y al efecto transcribió el auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, del cual se advierte que dejó insubsistente la resolución dictada en audiencia de once de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa judicial ********************, únicamente en la parte en que declaró improcedente la solicitud de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al aquí quejoso. Posteriormente, se tuvo por recibido el oficio 2777 signado por el Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, mediante el cual remitió disco versátil digital que contiene la audiencia de doce de diciembre de dos mil veintidós, relativa a la causa penal ******************** de su índice, con las que manifestó haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo (foja 175) y con el cual se ordenó dar vista a la parte quejosa y terceros interesados por el plazo de tres días, para que estuvieran en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera. Ahora, a las documentales remitidas por la autoridad responsable, este juzgador les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Igual consideración debe hacerse en cuanto al disco óptico en formato de videograbación (DVD), que fue enviado por el Juez responsable, ya que éste es considerado como documental pública y se tiene por desahogada sin necesidad de una audiencia especial. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Del análisis del oficio 2756/2022-II, registrado con el folio 16650 (fojas 171-172), remitido por la responsable y el disco versátil digital, que contiene la audiencia de doce de diciembre de dos mil veintidós, relativa a la causa penal ******************** de su índice, se advierte que la Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer: 1) Dejó insubsistente la resolución dictada en audiencia de once de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa judicial ********************, únicamente en la parte en que declaro improcedente la solicitud de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al aquí quejoso. 2) Posteriormente en la audiencia de doce de diciembre de dos mil veintidós, en el minuto (17:54) precisó que la medida cautelar debía modificarse, y en el minuto (18:53), con fundamento en los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 153, 156 y 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fijó las medidas cautelares previstas en el artículo 155, fracción I, consistentes en: Presentación periódica una vez cada quince días. La exhibición de una garantía económica de $1,000.00 (mil pesos 00/100, moneda nacional). La prohibición de salir sin autorización del país y del Estado sin aviso previo. El sometimiento a la vigilancia de las medidas cautelares. La prohibición de acercarse y convivir con la víctima y con la parte tercera interesada. Por lo que en el minuto (18:06), la responsable determinó dejar en inmediata libertad al aquí quejoso y puntualizó que los fines de las medidas decretadas son las siguientes: Que el aquí quejoso comparezca al procedimiento de origen. Que la víctima y los testigos no corran riesgo por parte del quejoso. No obstaculizar el procedimiento. En consecuencia, es evidente que la autoridad responsable acreditó haber dado cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo; lo anterior, pues: a) dejó insubsistente la resolución dictada en audiencia de once de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa judicial ********************, únicamente en la parte en que declaró improcedente la solicitud de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al aquí quejoso; y b) ordenó la inmediata libertad del quejoso decretando diversas medidas cautelares. No existe defecto o exceso. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando las responsables se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando las autoridades cumplen parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación. Tampoco existe exceso, pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento, pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque la responsable no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Se declara cumplido el fallo protector Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Anotaciones y captura SISE Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo. Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de derechos como asunto concluido. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Se ordena notificar a la parte quejosa. Visto el estado de autos se advierte que aún no obra la constancia de notificación de los terceros interesados ********************respecto del proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones procesales, mediante oficio notifíquese el referido proveído a los terceros interesados de mérito. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria que autoriza y da fe.
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