Roberto Marcelino Ramírez García

Expediente 1921/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1921/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
11/12/2019

Partes del expediente

  • Roberto Marcelino Ramírez García

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, informe el total cumplimiento de ejecutoria. Se le hace saber que subsiste el apercibimiento de multa decretado en autos y se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo en turno con residencia en esta ciudad para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, lo anterior, dado que según dispone el artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor el día siguiente, los cumplimientos de las ejecutorias emitidas con anterioridad a su vigencia, se tramitarán conforme a la ley de la materia.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta que antecede, y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°., se declara que dicha sentencia que por una parte sobresee y por otra ampara ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. Por tanto, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que realicen los actos precisados en la sentencia de amparo dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído. Se apercibe a la mencionada autoridad responsable, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el propio diario el diez de enero de dos mil diecinueve, y se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo en turno del Sexto Circuito para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad requerida que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no la exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se le informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se le comunica que en caso de que llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la Ley de Amparo. Por otra parte, no es el caso de formular diverso requerimiento para el cumplimiento de la ejecutoria, en razón a que la junta responsable, no tiene superior jerárquico; es así, porque de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Federal, el ejercicio de la función jurisdiccional se caracteriza por la autonomía e independencia judicial, así como por la imparcialidad del juzgador; por su parte el artículo 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla prevé que la función judicial que desempeñan sus integrantes se rige, entre otros principios, por los de imparcialidad e independencia, que implican la autonomía de jueces y magistrados en el dictado de sus resoluciones; esto, con independencia de las faltas administrativas y delitos en que puedan incurrir con motivo de sus funciones. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Vista la razón de cuenta asentada por el actuario judicial adscrito, de la que se desprende su imposibilidad para entregar el oficio 41801/2019, dirigido al Jefe de Gobierno del Consejo de Honor y Justicia de la Corporación Auxiliar de la Policía de Protección Ciudadana, en virtud de que le informaron que con dicha denominación no existe, por lo que, a fin de evitar mayores dilaciones, gírese oficio a dicha autoridad responsable, con la denominación correcta Jefe del Departamento Jurídico como Vocal del Consejo de Honor y Justicia del Organismo Público Descentralizado denominado Corporación Auxiliar de la Policía de Protección Ciudadana, anexándole el oficio que corresponda, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, agréguese a sus autos el oficio de cuenta de la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visto su contenido, se le tiene informando que por auto de seis de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el toca de revisión A.R. 624/2019, el referido órgano colegiado admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia dictada en el juicio de amparo del que deriva el presente expedientillo; de lo que queda enterado el suscrito para los efectos legales procedentes.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el presente juicio constitucional, ha causado ejecutoria para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE], glósese a los autos el cuaderno original del incidente de suspensión -en el cual se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva-, y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se sobreseyó, así como el Anexo I de pruebas, en virtud de que se formó con motivo de las copias certificadas que exhibió la parte quejosa. Asimismo, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en el apoyo en la fracción III del Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, pues es en el caso se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva, así como el Anexo I de pruebas del incidente de suspensión, en virtud de que se formó con motivo de las copias certificadas que exhibió la parte quejosa. De conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo referido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo cuarto del Acuerdo normativo. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial [momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo]. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE

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