Roberto José Eusa Feregrino
Expediente 2461/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2461/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/01/2019
Partes del expediente
- Roberto José Eusa Feregrino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede que ha transcurrido el plazo de cinco días que prevé en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja, en consecuencia, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO el auto de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de destrucción en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que sin decidir en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".
- Principal
1 CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito signado por Roberto José Eusa Feregrino, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de doce del mes y año en curso; en consecuencia, se acuerda el escrito de demanda, así como el diverso aclaratorio en los siguientes términos: 2 DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, al ser las causales de improcedencia de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo procede analizar la causa que, en la especie, se estima actualizada. Así, de la lectura integral al escrito de demanda se tiene que el promovente señala como actos reclamados en la presente instancia constitucional, los siguientes: "1.- Del JUZGADO NOVENO ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, se reclama LA ILEGAL NOTIFICACIÓN y EMPLAZAMIENTO de fecha TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, que fue ordenado por auto de fecha SEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, practicado dentro de los autos del expediente 913/2018 relativo al JUICIO ejecutivo mercantil promovido por el C. CABELLO VALDESPINO CESAR ULlSES, con lo que se generó un estado de indefensión al habérseme privado de mis derechos a contestar la demanda, ofrecer pruebas, alegatos dentro de tal procedimiento, así mismo se reclama la ilegalidad de todas las actuaciones judiciales realizadas en ese juicio, hasta el auto que cause ejecutoria la sentencia definitiva dictada en ese expediente (SI ESQUE LA EXISITIESE),en el que no se dio cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento. 2.- Y al C. DILlGENCIARIO ADSCRITO AL JUZGADO NOVENO ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, en su calidad de ejecutora; se reclama LA DILIGENCIA DE ILEGAL EMPLAZAMIENTO DE FECHA TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO QUE ORDENADO MEDIANTE EL AUTO DE FECHA SEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO CUYA RAZÓN ACTUARIAL DEBE OBRAR EN AUTOS, mismo que nunca me fue notificado personalmente o en los términos legales que se ordena en los artículos 14 del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, 14 y 16 de la CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1068, 1069, 1070 Y 1075 del Código de Comercio, 309, 310, 311, 312 y 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles, dentro de los autos del expediente 913/2018 del JUZGADO NOVENO ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, en el que no se dio cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento y con lo que se me genero un estado de indefensión al habérseme privado de mis derechos a contestar la demanda, ofrecer pruebas, alegatos dentro de tal procedimiento para obtener una sentencia favorable a mis intereses (SI ES QUE EXISTIESE)." Esto es, Roberto José Eusa Feregrino, se duele esencialmente de la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 913/2018 del Juzgado Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla; así como todo lo actuado con posterioridad. Preciado lo anterior, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción VI, interpretado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo. En esencia, la fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, no establece una causa de improcedencia específica, sino una cláusula abierta que permite decretar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de algún supuesto que se desprenda del contenido de la Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, distinto a los mencionados en las primeras veintidós fracciones de ese precepto. Del precepto legal trascrito en segundo término, se advierte que el juicio de amparo en la vía indirecta, procede contra aquellos actos suscitados dentro o fuera de juicio, que produzcan afectación a una persona extraña a juicio, concepto que abarca a aquél que siendo parte en la controversia de origen, no fue oído en defensa por no haber sido emplazado, o cuando su llamamiento a juicio se hizo de manera incorrecta, lo que implica que no se encuentre obligado a observar el principio de definitividad previsto en la Ley de Amparo. En esta tesitura es indispensable mencionar que el quejoso para instar la protección constitucional se ostenta como tercero extraño por equiparación en el juicio ejecutivo mercantil 913/2018 del Juzgado Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. En atención a tal manifestación, resulta conveniente resaltar que si bien la fracción III, inciso c), del artículo 107 constitucional, establece que para los terceros extraños no opera el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo porque al no haber sido parte en el procedimiento de origen es obvio que tampoco pudo hacer uso de aquellos recursos o medios de defensa previstos por la ley de la materia, para lograr su intervención en dicho procedimiento; también lo es que tratándose del tercero extraño por equiparación, tal excepción cobra vigencia cuando de las actuaciones procesales de las que emanan los actos reclamados se pone de manifiesto que efectivamente el quejoso tiene, como lo afirma, el carácter de tercero extraño a dicha controversia, esto es, que no tuvo conocimiento de su existencia durante su substanciación; lo que en la especie no acontece por las consideraciones que a continuación se detallarán. A fin de corroborar lo asentado, es necesario señalar, como se adelantó, que para los efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, persona extraña es aquélla que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de su tramitación o en la ejecución de las resoluciones correspondientes, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; o bien, aquella persona, que teniendo el carácter de parte formal en el juicio, aduce no haber sido citada al procedimiento natural, porque no fue llamada conforme a las formalidades legales correspondientes. De lo que se sigue que, para que una persona pueda ser considerada tercera extraña a juicio, además de ostentarse con ese carácter al promover la acción constitucional, es indispensable que concurra cualquiera de las siguientes hipótesis normativas: a) Que no sea parte formal en el juicio natural y, no obstante ello sufra un perjuicio dentro de aquél o en su etapa de ejecución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas. b) Que aun siendo parte dentro del juicio, no haya sido emplazada o que haya sido emplazada incorrectamente. Luego, conviene dilucidar en qué momento y en qué términos puede intentar el amparo quien es parte en el juicio y comparece a él, no obstante no haber sido emplazado o habiendo sido llamado en forma irregular, se hace sabedor del proceso antes de dictarse la resolución correspondiente. Para ello, se parte de lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como deriva del referido precepto constitucional, tratándose de personas extrañas al juicio no se impone la carga previa a la promoción del juicio de amparo de agotar recursos ordinarios; como sí lo hace con las partes que intervienen en el juicio en el que se producen los actos reclamados, en el numeral y fracción mencionados, incisos a) y b), que en lo conducente disponen: "a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. (.) Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.) Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)" Así, la excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, tratándose de personas extrañas, tiene por objeto no dejarlas en estado de indefensión, lo que no sucede con las partes del contencioso, toda vez que éstas sí tienen la oportunidad de hacer valer los medios de defensa que consideren procedentes y por tanto, nunca estarían en ese estado. En tales condiciones, el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, dispone que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, entre otros supuestos, contra actos ejecutados dentro o fuera del juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería, mismo que debe ser interpretado en forma armónica con la disposición constitucional supraindicada, de tal manera que si ésta no impone limitación al principio de definitividad, lo dispuesto en el precepto del ordenamiento reglamentario debe ser entendido como una opción adicional, pero siempre haciendo la divergencia que únicamente será aplicable a quien no sea una de las partes procesales, es decir una persona extraña a la controversia. En efecto, la persona extraña a juicio tiene opción de comparecer antes que se dicte resolución definitiva e interponer los recursos o medios ordinarios de defensa pertinentes, si ello conviniere a sus intereses y resulta, a su parecer, mejor medio para obtener lo que a sus derechos convenga; sin embargo quien se ostenta tercero extraño por equiparación, sólo tiene esa prerrogativa, cuando se encuentra plenamente acreditado dicho carácter, esto es, que no ha comparecido al juicio, o bien, que no se ha dictado sentencia definitiva, de lo contrario por ese sólo hecho pierde el carácter de tercero extraño y, por ende se encuentra obligado a observar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Indicado lo anterior, a fin de evidenciar la actualización de la causal de improcedencia de la que se viene hablando, resulta indispensable precisar que de los antecedentes que Roberto José Eusa Feregrino narró bajo protesta de decir verdad, tanto en su escrito de demanda como en el diverso aclaratorio, las cuales hacen prueba plena en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se advierte que tuvo conocimiento del juicio del que ahora reclama su emplazamiento por lo menos desde el tres de diciembre de dos mil dieciocho. Asimismo, del informe rendido por el Juez Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, se advierte que el hoy quejoso es parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil 913/2018, y que este último se encuentra en trámite, pues con fecha siete de diciembre de dos mil diecisiete se emplazó al codemandado Moisés Lira Furlong. En esa guisa, se pone de manifiesto que el ahora impetrante está en posibilidad de defenderse dentro del juicio de origen y de promover los medios de defensa que en su caso la ley determina, actualizándose así la causal de improcedencia en estudio. En mérito de lo expuesto, resulta patente que a Roberto José Eusa Feregrino no le asiste carácter de persona extraña al juicio natural, pues aun cuando sea parte demandada en dicho procedimiento y alegue el desconocimiento de lo ahí actuado a partir del emplazamiento, ello no la exime de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer sus derechos, por tanto, no se da la hipótesis de procedencia del juicio de amparo que establece el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción VI, interpretado a contrario sentido de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Roberto José Eusa Feregrino.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Glósese a los autos el oficio 913/2018/9M signado por el Juez Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual, rinde el informe solicitado en proveído de seis de diciembre del dos mil dieciocho; sin embargo, se reserva su acuerdo hasta en tanto haya transcurrido el término otorgado a César Ulises Cabello Valdespino, para que desahogue la prevención de la misma fecha.
- Principal
Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el oficio 2161 signado por la Presidenta de la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual manifiesta que ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo. Atento al estado que guardan los autos, se provee con relación al cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo: Por oficio 2161 recibido el doce de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 296 a 306), la Presidenta de la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, informó que dentro del toca 536/2017, dejó insubsistente la resolución de veintitrés de enero de dos mil dieciocho y en su lugar dictó una nueva resolución siguiendo las lineamiento ordenados dentro de la sentencia amparadora, en la que resolvió: PRIMERO. En cumplimiento a la Revisión 386/2018 dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, promovido por ********************, por propio derecho y en representación de sus menores hijos ********************. ambos de apellidos ********************. esta Sala deja insubsistente la sentencia de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, dictando otra siguiendo los lineamientos de la resolución que se cumplimenta. SEGUNDO. Mediante oficio y copia certificada de la resolución, comuníquese al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, que se dio cumplimiento a lo ordenado en la Revisión 386/2018, de quince de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, promovido por ********************, por propio derecho y en representación de sus menores hijos ********************. ambos de apellidos ********************., lo anterior atento a su oficio 36076/2018-VC de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho y recibido en esta Sala en seis de diciembre del mismo año, así como al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en su carácter de superior jerárquico, para su conocimiento. Remítase testimonio de esta resolución al juzgado de origen y en su oportunidad archívese el presente toca como asunto concluido." Al respecto, la autoridad de mérito aduce que con los documentos antes indicados, acredita fehacientemente que ha dado cumplimiento a la sentencia aludida. En consecuencia, con las referidas documentales, dese vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que expresen lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 2a. XXXVIII-99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, página 315, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta Segunda Sala, en la Jurisprudencia 85/98, entre otras Tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecución e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad". Notifíquese y personalmente a las partes.
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