Roberto Lozano Vega
Expediente 1238/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1238/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Roberto Lozano Vega
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de enero de dos mil veintidós. Visto estado de autos; causa estado. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de diecisiete de diciembre pasado, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ********************; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo físico. Ahora, visto el estado de autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de antecedentes de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Valoración del expediente judicial. En consideración a lo anterior y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente cuaderno de antecedentes de amparo no se considera de relevancia documental, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente cuaderno de antecedentes de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el artículo 22 del citado acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Marbella Juárez García, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargada del despacho por ministerio Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del diecisiete al treinta y uno de enero del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/0179/2022, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna Secretario que autoriza y da fe.Dva
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Auto de radicación. Fórmese expediente con el escrito de demanda promovida por Roberto Lozano Vega, por propio derecho, contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Familiar Oral de este distrito judicial. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. Se exhorta a las partes Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Análisis de procedencia. Los artículos 61, fracción XXIII, 62, 107, fracción V, 113, 171 y 172, fracción V, todos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. [.]" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; [.]". De una interpretación de los artículos transcritos, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando se promueve contra actos intraprocesales cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe destacar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del que dimanan, es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos. Por su parte, los artículos 256, 262, 266 267, 268 y 269 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, prevén lo que sigue: "Artículo 256. Para decretar el divorcio sin expresión de causa, bastará la manifestación expresa de voluntad por cualquiera de los cónyuges de disolver el vínculo matrimonial, sin que exista obligación de precisar causa alguna. A la solicitud se acompañará la propuesta de convenio que contenga los términos en que se habrán de salvaguardar los derechos y obligaciones inherentes al matrimonio con relación a los consortes, hijos menores de edad o con discapacidad y bienes de la sociedad conyugal. Así como copia simple legible de la solicitud, propuesta de convenio y demás documentos que se anexen, para el cónyuge frente a quien se presenta la solicitud de divorcio, la cual deberá ser por duplicado cuando se tenga que designar tutor especial para los hijos menores de edad o con discapacidad. De no aportarse, se requerirá al solicitante para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al de la notificación, subsane esa omisión, apercibiéndole que de no hacerlo se desechará de plano". "Artículo 262. Con las copias de la solicitud y propuesta de convenio, se correrá traslado y emplazará al otro cónyuge, para que, dentro del plazo de nueve días, de contestación, manifestando su conformidad con el convenio, o bien, exhibiendo la contrapropuesta, la cual se notificará al solicitante, entregándole copia simple de la misma y documentos que se le anexen, para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a sus intereses considere conveniente". "Artículo 266. Si una vez transcurrido el plazo del emplazamiento, el demandado no manifiesta su conformidad o inconformidad con la propuesta, o bien expresamente la acepta totalmente, el juez de instrucción de inmediato proveerá ordenando remitir los autos al juez oral, para que señale fecha para la audiencia preliminar, la que deberá tener efecto dentro de los cinco días siguientes a que se reciban, en la que, de ser procedente dictará la sentencia". "Artículo 267. No estando en ninguno de los supuestos previstos en el artículo anterior, el juez de instrucción remitirá los autos al juez oral, quien citará a los cónyuges a la audiencia preliminar, señalando día y hora para que se verifique en un plazo de cinco días a que aquellos se reciban". "Artículo 268. En dicha audiencia se analizará si con base en la propuesta y contrapropuesta que en su caso se hubiese realizado, se llega a un convenio respecto de la totalidad de las prestaciones reclamadas y quedan debidamente garantizados los intereses de los hijos menores de edad o con discapacidad; de ser así, se pronunciará sentencia definitiva decretando el divorcio y aprobando el convenio a que se hubiere llegado". "Artículo 269. En caso contrario, se procurará, aprovechando la mediación o conciliación, en los términos previstos para la audiencia preliminar, que convengan respecto de las prestaciones en que exista divergencia, de lograrse, se pronunciará sentencia conforme al artículo que antecede, y de persistir esta, se declarará la disolución del vínculo matrimonial y aprobará las prestaciones que hubieren sido convenidas, reservando para la audiencia de juicio la determinación de las demás reclamaciones". De tales numerales se obtiene toralmente el trámite a seguir en el procedimiento de divorcio sin expresión de causa, del que se destaca que, para decretarlo, bastará la manifestación expresa de voluntad por cualquiera de los cónyuges de disolver el vínculo matrimonial; asimismo, que se deberá acompañar la propuesta de convenio que contenga los términos en que se habrán de salvaguardar los derechos y obligaciones, entre otros, con relación a los hijos menores de edad. Ahora, del análisis de la demanda se desprende que el acto reclamado consiste en el proveído de ocho del mes y año en curso, dictado en el juicio familiar oral ordinario 841/2021 del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Familiar Oral de este distrito judicial, a través de la cual, esencialmente, se admitió a trámite la demanda promovida por el aquí quejoso y se omitió proveer respecto a la solicitud de ordenar la disolución del vínculo matrimonial desde la citada admisión, sin esperar a que se lleve a cabo la audiencia preliminar. También, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se infiere que existen hijos menores en el vínculo matrimonial que se pretende disolver; por tanto, resulta factible considerar que el presente juicio resulta notoriamente improcedente. Es así, porque el acto reclamado no es de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, dado que no producen a la parte aquí quejosa una afectación directa e inmediata a alguno de sus derechos sustantivos (derechos fundamentales de los gobernados tutelados por la constitución federal), pues solo se trata del auto que admite a trámite el procedimiento de divorcio. Esto quiere decir que será hasta la sentencia que se emita en la audiencia preliminar que resuelva en definitiva el juicio familiar oral ordinario 841/2021, promovido en ejercicio de la acción personal correspondiente en que se solicitó el divorcio incausado, en donde el Juez oral decidirá si la acción intentada es procedente o no y, en todo caso, la posible afectación a derechos de naturaleza adjetiva se destruirán si la parte ahora amparista obtuviera resolución favorable a sus pretensiones, con lo que desaparecerían fácticamente las violaciones que se le hubieren generado con la determinación que se pretende reclamar. Máxime que, en el caso, hay infantes por los que el juez de la causa tiene que velar su interés superior; en el entendido de que deberá analizar el convenio o forma en que se garantizarán los alimentos en favor de los menores, lo cual exhibió el aquí quejoso en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veinticinco de noviembre pasado. Cabe mencionar que el auto combatido no fija el sentido en que habrá de dictarse la resolución correspondiente, pues faltaría la valoración que la autoridad del procedimiento de origen otorgue a los medios de convicción, así como el análisis que por obligación realice respecto a la procedencia o improcedencia de la demanda puesta a su consideración; de ahí que el acto reclamado no se pueda considerar como de aquellos que afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales de la parte amparista. No obstante de tratarse de una legislación aplicable en un diverso circuito judicial al que pertenece este órgano jurisdiccional, por tratarse de del tópico materia de este asunto, a manera de orientación, sirve de sustento la tesis aislada invocada por el propio promovente, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, con registro digital 2016161, de contenido siguiente: "DIVORCIO. EL ARTÍCULO 249, FRACCIÓN XXII, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS (VIGENTE HASTA EL 14 DE JULIO DE 2015), AL PREVER LA SIMPLE VOLUNTAD DE CUALQUIERA DE LOS CÓNYUGES COMO CAUSA DE AQUÉL, SIN OBSERVAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO, ATIENDE AL DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA EN SU VERTIENTE DE LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. La causa de divorcio prevista en la fracción citada, relativa a la disolución del vínculo matrimonial por la simple voluntad de cualquiera de los cónyuges, engendra la idea que se dictará sentencia sin considerar la conformidad o no del cónyuge que no lo pidió, esto es, que se decreta la disolución del vínculo sin que tenga ningún peso específico la manifestación de la contraparte y, por supuesto, ningún efecto jurídico el respeto o no de la oportunidad de defensa al cónyuge que no lo solicitó. En esas circunstancias, si bien pudiera estimarse que con la terminación del matrimonio al cónyuge que no lo solicitó se le privará de diversos derechos, entre los que se encuentran su estado civil, el derecho a heredar, percibir alimentos y seguridad social, sin haber tenido una consecuencia jurídica el ser oído y vencido en juicio, lo cierto es que se trata de una restricción constitucionalmente admisible. Considerando que ningún derecho fundamental es absoluto, que éstos admiten restricciones, siempre y cuando no sean arbitrarias, resulta que la restricción, en estos supuestos, de que aun al observarse el derecho fundamental de audiencia y debido proceso, no le generaría ningún beneficio, tiene una finalidad constitucionalmente válida, razonable y proporcional, pues atiende al derecho de la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad. Así, la fracción invocada al prever la simple voluntad de cualquiera de los cónyuges para actualizarse el divorcio, sin observar los derechos de audiencia y debido proceso, atiende al derecho superior a la dignidad humana en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad". Ello, por una parte, en virtud a que dicho criterio surgió con motivo de la resolución del amparo directo 678/2015, promovido en contra de una sentencia que puso fin a la controversia de origen; por otro lado, en atención a que de la ejecutoria de la cual surgió dicha tesis, se obtiene que no estuvieron involucrados derechos de menores, caso contrario al juicio natural. En ese sentido, dicho criterio se sustenta en el derecho a la dignidad humana en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad, el cual, ponderado con el interés superior de los menores de edad que rige en el caso, prevalece el último en mención, en aras de proteger a los infantes involucrados. Además, del criterio en análisis se refiere lo siguiente: "(.) La causa de divorcio prevista en la fracción citada, relativa a la disolución del vínculo matrimonial por la simple voluntad de cualquiera de los cónyuges, engendra la idea que se dictará sentencia sin considerar la conformidad o no del cónyuge que no lo pidió (.)"; es decir, que el procedimiento deberá finalizar con el dictado de una sentencia. En consecuencia, al resultar patente la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada al inicio de este apartado, lo que se impone es desechar de plano la demanda de amparo que dio génesis al expediente en que se actúa. Por las razones que contiene, se cita el criterio de jurisprudencia emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 205651, que dice. "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Roberto Lozano Vega, por propio derecho, contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Familiar Oral de este distrito judicial. Notificaciones y consulta electrónicas. En términos de lo dispuesto por los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza notificar de manera electrónica a la parte quejosa, a través del usuario "rlozanovega"; adicionalmente, se autoriza la consulta del expediente en que se actúa vía electrónica, bajo el referido usuario; por tanto, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice las gestiones necesarias. De manera adicional, de conformidad con lo establecido por el segundo párrafo del artículo 3, del Acuerdo General 17/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional toma nota del correo electrónico y número telefónico proporcionados por el quejoso, a fin de que el actuario de la adscripción, en caso de ser necesario, esté en posibilidad de realizar una cita previa con tal parte a fin de realizar las notificaciones en el presente asunto. Autorización a los actuarios adscritos. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. Medidas de prevención ante contingencia sanitaria. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que, de conformidad con el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, deberán notificar las determinaciones de carácter personal en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Horario para notificaciones en el local de este juzgado y generación de citas para consulta de expediente. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se indica a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia actual. Autorización de copias y de uso de instrumentos digitales. Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Medidas sobre publicación de datos personales. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Andrés Leyva Mercado, Secretario que autoriza y da fe.Dva
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