Roberto López Tovar
Expediente 688/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 688/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 17/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Roberto López Tovar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión provisional solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del cinco al diecinueve de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/01926/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 688/2022, promovido por Roberto López Tovar, contra actos del Juez de Control y Juicio Oral Región Judicial Morelia, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 688/2022-II, promovido por Roberto López Tovar, por su propio derecho contra actos de: Como autoridad ordenadora. Juez de Control y Enjuiciamiento Región Morelia. Como autoridades Ejecutoras. Fiscalía General del Estado de Michoacán. Coordinador de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán. Coordinador de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Primer Comandante de Investigación y Análisis de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Todas las autoridades con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de junio de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial remitido en la misma fecha a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Roberto López Tovar, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y las autoridades responsables que precisó en los siguientes términos: "(.) III. NOMBRE Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.- a) Como autoridad ordenadora. 1. Juez de Control y Enjuiciamiento Región Morelia. b) Como autoridades Ejecutoras. 2. Fiscalía General del Estado de Michoacán. . 3. Coordinador de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. . 4. Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán. . 5. Coordinador de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. . 6. Primer Comandante de Investigación y Análisis de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. . IV. ACTO RECLAMADO. A).- De la autoridad ordenadora reclamo: LA POSIBLE ORDEN DE APREHENSIÓN dictada en mi contra. B).- De la autoridad ejecutora reclamo: El cumplimiento que pretenden dar a dicha orden de aprehensión, de la cual derivará una detención ilegal. (.)." Actos que el promovente del amparo consideró violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno aleatorio, el señalado escrito de solicitud de amparo y protección de la Justicia Federal, correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el que en proveído de veintitrés de junio de dos mil veintidós, admitió a trámite la demanda de garantías que se atiende, registrándola con el número de juicio de amparo II-688/2022; requirió a las autoridades responsables su informe justificado; dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual fue celebrada el veintiuno de julio de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por territorio, grado y materia para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; además de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del mismo órgano colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, modificado por su similar 9/2022 del propio Pleno. Igualmente se considera dicha competencia legal porque se trata de una demanda de amparo promovida contra actos emitidos por una autoridad y que tienen ejecución dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta ilustrativa la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a la autoridad responsable, es el siguiente: La orden de aprehensión dictada en su contra. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Del contenido de los informes rendidos por: La Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Juez de Control y Enjuiciamiento Región Morelia. Fiscalía General del Estado de Michoacán, por conducto del Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado. Coordinador General de la Policía de Investigación (denominación correcta de Coordinador de la Policía Ministerial del Estado de Michoacán). Al rendir los informes justificados que respectivamente les fueron solicitados negaron la existencia del acto que les fue atribuido, consistente en la orden de aprehensión librada en contra del quejoso y su ejecución. En ese sentido, siguiendo el principio general del proceso de acuerdo con el cual incumbe a quien afirma probar su dicho, la Ley de Amparo arroja sobre la parte quejosa la responsabilidad de demostrar que el acto cuya inconstitucionalidad reclama efectivamente existe. En efecto, la ley de la materia, según indica la interpretación de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 118, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es, desde luego, la prueba directa; la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables; y, la última, pero más usual, se actualiza a través del reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su proceder. Apoya lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Entonces, si en el caso la parte quejosa no desvirtuó la negativa de las autoridades responsables por cuanto a tal acto, no obstante que tenía la carga de la prueba y que tuvo la oportunidad procesal suficiente para hacerlo y pese a ello no lo hizo. En las relatadas circunstancias, se impone decretar EL SOBRESEIMIENTO en el juicio con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de los actos y autoridades responsables precisadas en el presente apartado. Cabe señalar que la determinación adoptada por este órgano de control constitucional no genera alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que el mencionado derecho no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Apoya lo anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que enseguida se transcribe: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.." De igual forma, como dato importante, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en el artículo 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Roberto López Tovar, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Incidental
En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de julio de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 688/2022, promovido por Roberto López Tovar, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa asistido de Leonel López Pérez Secretario que autoriza y da fe. EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144, de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. Secretario dé cuenta con las constancias que integran este asunto. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes previos recibidos con antelación y rendidos por: Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán. Fiscal General del Estado de Michoacán. Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Asimismo se hace constar que en proveído de veintinueve de junio del año en curso, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al que que surtiera efectos la notificación de tal acuerdo, manifestara lo que a su interén conviniera en torno a la denominación correcta de la autoridad señalada bajo el nombre "Primer Comandante de Investigación y Análisis de la Fiscalía General del Estado"; acuerdo que le fue notificado por medio de lista el seis de julio pasado, por lo que el plazo en comento transcurrió del ocho al doce de julio de este año, sin que haya manifestado algo al respecto. EL JUEZ: Los informes se recibieron en este juzgado en día y hora hábil, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos. Por otro lado, toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto de la denominación correcta de la autoridad mencionada con antelación; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en el proveído de mérito y se ordena tener como inexistente a la autoridad denominada "Primer Comandante de Investigación y Análisis de la Fiscalía General del Estado"; por ende, se ordena suspender toda comunicación con la misma, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. EL SECRETARIO: Hace constar que las partes no ofrecieron ningún medio de convicción. EL JUEZ: Al no existir prueba alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL JUEZ: Se tiene por hecha la relación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión II-688/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de junio de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, remitido a este órgano jurisdiccional ese mismo día, por razón de turno, Roberto López Tovar, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. SEGUNDO. Mediante proveído de veintitrés de junio de la presente anualidad, este órgano jurisdiccional concedió al quejoso la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El quejoso reclama en la presente vía de amparo, la orden de aprehensión que dice dictó en su contra el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán; así como su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. De los informes previos rendidos por las autoridades responsables, se advierte que niegan la existencia del acto que se les atribuyen. Por su parte, el quejoso no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, por lo que SE NIEGA la SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada en contra del referido acto a las citadas autoridades, por resultar inexistentes. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la siguiente literalidad: "Época: Octava Época Registro: 231469 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 356 INFORME PREVIO. El informe de la autoridad señalada como responsable que niega la existencia del acto reclamado, debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra la que en él se afirma y por tanto, debe negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, no desvirtuado en autos." En efecto, ante la negativa de las autoridades responsables en cita, sobre la existencia del acto reclamado, sin que el promovente del amparo haya ofertado prueba alguna para desvirtuar dicha aseveración, es indudable que cobra firmeza el contenido de sus informes previos y, en consecuencia, lo procedente es negar la medida suspensional solicitada por lo que ve a las referidas autoridades, toda vez que no hay materia sobre qué decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que enseguida se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 204855 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Julio de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/19 Página: 133 INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144, de la Ley de Amparo, se; ÚNICO. SE NIEGA a Roberto López Tovar, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, por los motivos precisados en el considerando tercero de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de julio de dos mil veintidós. Billetes de depósito. Visto el estado de autos, en específico la certificación de cuenta, se desprende que en la caja de seguridad de este juzgado se encuentran en resguardo los billetes de depósito N-878922 y N-902053, expedidos por el entonces Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S. N. C., que amparan las cantidades de $1,000.00 (mil pesos 00/100 moneda nacional) y $2,000.00 (dos pesos 00/100 moneda nacional), exhibidos por la parte quejosa con motivo de las suspensiones provisional y definitiva concedidas en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa, respectivamente; en consecuencia se provee lo siguiente. Hágasele saber a la parte promovente que se dejan a su disposición dichos certificados de depósito; en el entendido de que transcurridos dos años sin recogerlo, prescribirá a favor del Erario Federal y se efectuará la orden de transferencia correspondiente a la Tesorería de la Federación, de conformidad con el numeral 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Autoridad informa trámites Por otra parte, visto el oficio de cuenta que vía telegráfica remite el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación V de la Fiscalía Regional de Justicia de Zitácuaro, Michoacán, y toda vez que a través del mismo informa los trámites realizados a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo y refiere exhibir las constancias relativas, provéase lo conducente una vez que dicha comunicación y sus anexos sean recibidos por la vía postal. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Leonel López Pérez Secretario que autoriza y da fe.
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