ROBERTO LÓPEZ VILLEGAS y Otros.

Expediente 964/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
964/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
13/08/2021

Partes del expediente

  • ROBERTO LÓPEZ VILLEGAS y Otros.
  • Roberto López Villegas

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, trece de agosto de dos mil veintiuno. Apertura del incidente. Como esta ordenado en esta fecha en el juicio de amparo 1080/2020-VI, con dos copias de la demanda de amparo, del escrito aclaratorio y del diverso con el que se solicita la apertura del presente cuaderno, fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1080/2020-VI, promovido por los quejosos ***, contra el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Acatlán, Puebla y otra. Informe previo. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su correspondiente informe previo que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, y en el que deberá expresar si son o no ciertos los actos que se les atribuyen; de igual forma, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. ... Audiencia incidental. Se señalan las CATORCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia incidental. Pruebas y cotejo. Se tienen por admitidas las documentales presentadas por la parte quejosa, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia incidental, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Amparo, aún sin que exista gestión expresa de parte interesada. Como se proveyó en el principal, se ordena realizar la compulsa y certificación de los documentos, para que consten en los cuadernos incidentales. ... Concesión de la medida cautelar. En consecuencia, con fundamento en los artículos 125, 128 y 139 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, esto es, que no se ejecute lo ordenado en la sentencia de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, del juicio reivindicatorio 262/2018 del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Acatlán, Puebla; es decir, que no se exija la entrega del inmueble identificado como ***. ... En el entendido que el otorgamiento de la medida cautelar no tiene por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido la parte quejosa antes de la presentación de la demanda de amparo, en términos del segundo párrafo del artículo 131 de la Ley de Amparo. Asimismo, si ya se ejecutó la sentencia en el juicio natural o se entregó el inmueble que defiende, ningún efecto tendrá la presente medida tomando en cuenta que la suspensión decretada no tiene efectos restituiros por ser propios de la sentencia que se dicte en el juicio principal. ... La suspensión provisional concedida surte efectos de inmediato y hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados. Garantía. De conformidad con el artículo 132 de la Ley de Amparo, se obtiene que cuando sea procedente la suspensión y pueda causar daño o perjuicio al tercero interesado, la parte quejosa deberá otorgar garantía para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con ella se causen si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo indirecto. En tales condiciones, conforme al artículo 136 de la Ley de Amparo, la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo, si la parte quejosa no otorga, en el plazo de cinco días, garantía a satisfacción de este Juzgado por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) por cada uno de los quejosos ***, todos de apellidos ***; es decir, en total $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional). Cantidad que se fija de manera discrecional ya que los quejosos no son parte en el juicio de origen y el predio de que se trata es de cultivo. ... Formas de presentar garantías. La cantidad aludida podrá presentarse cualquiera de las formas establecidas por la ley, a saber: Billete de depósito. Si la parte quejosa opta por billete de depósito, deberá exhibirlo con el nombre de la parte quejosa, el cual deberá contener en el apartado de "concepto" la siguiente leyenda: "Para garantizar la suspensión provisional concedida a los quejosos *** en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1080/2020-VI". Además, en lo relativo a la autoridad contendrá la denominación de este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Asimismo, deberá solicitar a la institución que emita el documento en el cual conste la garantía, se asiente la leyenda siguiente: "El depositante autoriza expresamente al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de este depósito". Ello, únicamente si el formato del billete no la contuviera, conforme a lo establecido en el artículo 883 del Acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de propio Consejo. Póliza. Si la parte quejosa opta por póliza de fianza, éste deberá contener la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este juzgado; deberá señalar agente autorizado y domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones. La vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del presente juicio. Notificación a los terceros interesados. Se ordena notificar esta suspensión los terceros interesados: ***, vía electrónica. ***, por medio de lista. ... Autorizado(s). Se tiene como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Edgar Morales Laguna, Fernando Morales Méndez, Marco Merino Cora y Elizabeth Martínez Castillo, los cuales tienen debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Tramitación electrónica. En otro contexto, la parte quejosa solicita que el presente juicio de amparo se substancie en la modalidad de Juicio en línea y se le realicen notificaciones por esa vía mediante el nombre de usuario "edgmo"; en consecuencia, y vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que después de haber realizado una búsqueda minuciosa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó el nombre de usuario antes mencionado correspondiente a Edgar Morales Laguna; de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción IV, del citado ordenamiento legal, así como en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico vía internet y la facultad de promover vía electrónica a través del propio usuario; asimismo, se le hace de su conocimiento que las notificaciones le serán practicadas de forma electrónica. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa, en el entendido que las notificaciones le serán practicadas en los temimos del párrafo anterior. Correos electrónicos y números telefónicos. Acorde a lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, y a fin de mejorar la comunicación -no procesal- con las partes en el presente juicio de amparo, téngasele señalando los correos electrónicos y números telefónicos, que refiere en su demanda. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Información reservada. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, este Juzgado determinará si puede ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P./J.26/2015 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada el once de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de Federación, Materia Común, Décima Época, de rubro "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". Documentación confidencial. Por otro lado, se informa a la(s) autoridad(es) responsable(s) que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberá(n) enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibida(s) que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Obligación de recibir oficios. Se informa a la(s) autoridad(es) responsable(s) que conforme al artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está(n) obligada(s) a recibir los oficios que en relación con este juicio se le(s) dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, siempre que no exista duda y resulte evidente la existencia de la(s) autoridad(es), el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrá(n) por hecha(s) la(s) notificación(es), en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá(n) por hecha(s); además de que se le(s) impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 245 de la Ley de Amparo. Notifíquese; por lista al tercero interesado *** y vía electrónica a la parte quejosa y al diverso tercero interesado ***.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Quejosos no desahogan prevención. Se desecha demanda de amparo. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que mediante acuerdo del seis de julio del presente año se requirió a los quejosos para que en el plazo de cinco días realizaran lo siguiente: 1) "Bajo protesta de decir verdad, en alcance a los antecedentes del acto reclamado, especifiquen: Si ya se dictó la interlocutoria respectiva en el incidente de lanzamiento promovido en el juicio civil 22/2020 y, en caso de no ser así, comuniquen si promovieron incidente de nulidad a fin de combatir la notificación que aducen no se les realizó. Detallen la etapa procesal exacta en que se encuentra el juicio principal. Informen la fecha del auto en el que señaló fecha y hora para la audiencia incidental y que aducen no se les notificó. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 de la ley de la materia, exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes y aperturar el incidente de suspensión, es decir, ocho copias. En ese contexto, se apercibió a los justiciables que de no cumplir con lo requerido se tendría por no presentada su demanda; sin embargo, dado que la información que se les solicitó se despende de la copia certificada del juicio de civil de origen, que se tuvo por recibida por auto del catorce de julio de dos mil veintiuno, no es factible hacer efectiva la sanción procesal en cuestión, ya que se cuenta con todos los datos necesarios para proveer sobre la demanda de amparo. En consecuencia, con base en el estudio exhaustivo de la demanda y las constancias remitidas por la Juez responsable, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción. Sentado lo anterior, conviene precisar que los quejosos reclaman la notificación del ocho de abril de dos mil veintiuno, relativa a la resolución del dieciocho de marzo del presente año, que declaró fundado el recurso de reclamación promovido en contra del auto del cuatro de febrero de dos mil veintiuno y, entre otras cosas, fijó fecha para la audiencia en el incidente de lanzamiento promovido en el juicio civil 22/2020 del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula. En ese contexto, respecto a dicho acto se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados en sentido contrario-, los que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, debe decirse que en la Ley de Amparo existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en la sesión del veintidós de mayo de dos mil catorce, esencialmente determinó que de conformidad con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, se consideró que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa que se hizo en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. Sentado lo anterior, y para una mejor comprensión del presente acuerdo, conviene realizar una breve relatoría de lo sucedido en el juicio civil del que deriva el acto reclamado, al tenor siguiente: Mediante escrito presentado el nueve de enero de dos mil veinte Edgar Tomé Cocolotl y Susana Juárez Contle, promovieron juicio ordinario civil de otorgamiento de contrato de arrendamiento, desocupación por terminación del mismo y pago de rentas vencidas en contra de Roberto López Villegas y Aleida Arellano Cabrera, reclamando diversas prestaciones (fojas 21 a 31 del tomo anexo). Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, quien por auto del quince de enero siguiente la radicó con el número 22/2020; y la admitió a trámite, por lo que ordenó citar a las partes a una audiencia de conciliación (fojas 47 y 48 ídem). La audiencia en cuestión se efectuó el doce de febrero de dos mil veinte, y dado que las partes no lograron un acuerdo se declaró fracasada, por lo que se ordenó emplazar a juicio a los demandados (foja 57 ídem). Por auto del tres de marzo posterior se tuvo a Roberto López Villegas y Aleida Arellano Cabrera formulando su contestación de demanda, y promoviendo acción reconvencional de otorgamiento de contrato de arrendamiento, por lo que se fijó fecha y hora para la audiencia de conciliación (foja 66 ídem). Por escrito presentado el once de septiembre de dos mil veinte Edgar Tomé Cocolotl y Susana Juárez Contle, promovieron incidente de lanzamiento en contra de los quejosos, el cual se admitió a trámite el quince del mismo mes y año, por lo que se ordenó darles vista (foja 199 ídem). El doce de octubre de dos mil veinte se tuvo a los demandados contestado el incidente y ofreciendo pruebas, entre ellas una testimonial (foja 204 ídem). El cuatro de febrero dedos mil veintiuno, se tuvo a los demandados sustituyendo a sus testigos para el desahogo de la prueba testimonial (foja 219 ídem). Inconforme con lo anterior, los actores promovieron recurso de reclamación, el cual se resolvió el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en el sentido de revocar el auto impugnado, y dictar otro en el que no se tuvieran por sustituidos los testigos y se señalaron las once horas del uno de junio del presente año para el desahogo de la audiencia incidental, lo cual se notificó a los quejosos por lista el ocho de abril de dos mil veintiuno, notificación que constituye el acto reclamado en la presente vía (fojas 17 a 19 ídem). Finalmente, desahogada la audiencia en comento, el quince de junio del presente año se dictó la interlocutoria respectiva, en la que se determinó improcedente el incidente de lanzamiento planteado (fojas 434 a 437 ídem). Expuesto lo anterior, se recuerda que los quejosos reclaman la notificación del ocho de abril de dos mil veintiuno, relativa a la resolución del dieciocho de marzo del presente año, que declaró fundado el recurso de reclamación promovido en contra del auto del cuatro de febrero de dos mil veintiuno y, entre otras cosas, fijó fecha para la audiencia en el incidente de lanzamiento promovido en el juicio civil 22/2020 del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula. En ese sentido, resulta manifiesta la causa de improcedencia invocada pues si bien se trata de una notificación efectuada dentro de un incidente de lanzamiento promovido en un juicio civil, ello no resulta óbice para que se actualice dicha causa, ya que las disposiciones normativas invocadas líneas arriba deben aplicarse tanto a actos dictados dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, así como a las resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio. Por lo tanto, se colige que la notificación controvertida constituye un acto dictado en un incidente que no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Se afirma lo anterior, ya que dicha notificación únicamente puede ocasionar una violación a derechos procesales que podrían repararse en la resolución que ponga fin al incidente y que fuera favorable a los intereses de los impetrantes, lo que tornaría intrascendente cualquier violación que pudiera derivarse de esa comunicación, lo cual incluso así sucedió, pues el incidente de lanzamiento se declaró improcedente. Además, cabe precisar que en el hipotético caso de que la resolución incidental hubiere sido desfavorable a los intereses de los quejosos, entonces esa violación procesal -notificación reclamada- sería reclamable en el juicio de amparo que se promueva en la vía indirecta, en contra de la resolución que ponga fin al incidente, en tanto se trata de una violación de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes. Para concluir, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. El acto reclamado no provoca una afectación a los quejosos. Finalmente, en cuanto al acto reclamado se aprecia que también se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Al respecto, conviene precisar que el juicio de amparo, como medio de control constitucional, es procedente contra actos que producen una afectación actual y cierta respecto de la esfera jurídica de las personas. En torno de las características del agravio, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en el sentido de que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. Asimismo, el Máximo Tribunal de la Nación ha sostenido que el agravio debe ser directo, ya que la afectación indirecta que produzca el acto reclamado no da ningún derecho al que lo sufra para promover juicio de amparo en su contra, sino que debe promoverse por quien resulte directamente perjudicado con el acto reclamado, y no por quien sólo resienta un perjuicio indirecto, derivado del agravio que el acto ocasiona a otra persona pues, en este supuesto, esta última es a quien corresponde instaurar el juicio constitucional, tal como se advierte de las siguientes tesis: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." "AGRAVIO INDIRECTO. El agravio indirecto no da ningún derecho al que lo sufra para recurrir al juicio de amparo. Para explicar el criterio mencionado, es conveniente transcribir los precedentes en relación al perjuicio como base del amparo, que esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido en el sentido de que una correcta interpretación de la fracción IV del artículo 73 (hoy fracción V) de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que éste debe ser solicitado precisamente por la persona que estima se le causa molestia por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, porque el interés jurídico de que habla dicha fracción no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos y posesiones conculcados, y aunque las lesiones de tales derechos, es natural que traigan repercusiones mediatas o inmediatas en el patrimonio de otras personas, no son éstas quienes tienen interés jurídico para promover el amparo." En esas condiciones, de acuerdo con los criterios transcritos, el agravio que da pauta a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente futura, muy cercana a ocurrir. El agravio es presente cuando sus efectos operan al promoverse el amparo; por su parte, el agravio es pasado cuando sus efectos ya han concluido, e inminentemente futuro, cuando los efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado. Sentado lo anterior, se recuerda que los quejosos reclaman la notificación del ocho de abril de dos mil veintiuno, relativa a la resolución del dieciocho de marzo del presente año, que declaró fundado el recurso de reclamación promovido en contra del auto del cuatro de febrero de dos mil veintiuno y, entre otras cosas, fijó fecha para la audiencia en el incidente de lanzamiento promovido en el juicio civil 22/2020 del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula. Asimismo, de la relatoría efectuada líneas arriba se puede advertir que los quejosos figuran como demandados en el juicio principal y en el incidente de lanzamiento; sin embargo, este último se resolvió el quince de junio de dos mil veintiuno, en el sentido de declararse improcedente. Lo anterior permite concluir que la notificación reclamada que se efectuó el incidente de lanzamiento promovido en el juicio civil de origen, y en general todo lo actuado en la incidencia no les produce una afectación a los quejosos en su esfera jurídica, pues aun cuando fueron demandados en el incidente, en la interlocutoria que lo resolvió se declaró improcedente, es decir, no se le obligó a realizar cierta conducta ni se le privó de algún derecho, por lo que a pesar de la existencia de la notificación reclamada no puede sostenerse que haya un perjuicio en contra de los justiciables. Lo anterior se patentiza si ponderamos que durante la substanciación del incidente de lanzamiento no se advierte que se haya dictado alguna determinación que pudiere provocarles a los quejosos algún perjuicio, como podría ser la imposición de alguna medida de apremio. Entonces, con independencia de la legalidad de la notificación reclamada, lo cierto es que dado que se declaró improcedente el incidente de lanzamiento, todo lo sucedido en la incidencia no produce algún menoscabo en los derechos fundamentales de los quejosos, por lo que se también actualiza la causa de improcedencia en estudio. Por ende, no hay lugar a dudas de que con independencia de los medios de convicción que los justiciables pudieran aportar en la presente instancia constitucional, de igual manera se actualizaría la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, por lo que sería ocioso y contrario a la pronta y expedita administración de justicia consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, continuar el trámite del juicio constitucional para, al final, llegar indefectiblemente al mismo resultado, que sería la improcedencia del juicio. Por tanto, el ejercicio de esta facultad de análisis no implica necesariamente que este órgano jurisdiccional deba dar trámite al juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar al sobreseimiento del mismo. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia referidas, con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Roberto López Villegas y Aleida Arellano Cabrera. Notifíquese personalmente a los quejosos.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de julio de dos mil veintiuno. Causa estado. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto dictado el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo, no fue recurrido por la parte quejosa, que es a quien en todo caso le pudiera perjudicar; por ende, con fundamento en el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con el auto que determino sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; (...)". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Incidente de suspensión Por otro lado, dado que en el incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en artículo 18, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo General; razón por la cual, el cuaderno incidental original es susceptible de depuración, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el sobreseimiento y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Transparencia. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. No existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Notifíquese.

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