Roberto Enrique Cruz Martínez

Expediente 1604/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1604/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
09/11/2021

Partes del expediente

  • Roberto Enrique Cruz Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Ejecutoria en vías de cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio del Presidente de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla -autoridad responsable-, por medio del cual en cumplimiento a lo requerido en el auto que precede, remite copia certificada del acuerdo de ocho de octubre y cuatro de noviembre de la presente anualidad dentro del juicio laboral *** del que se advierte: 1. Que la parte actora justificó la incomparecencia de los atestes a la audiencia de desahogo de la prueba testimonial que se encontraba señalada para ese día ocho de octubre. 2. Que se señaló el día veintidós de noviembre de dos mil veintiuno para que se lleve a cabo el desahogo de la prueba testimonial en cuestión. Al respecto, se toma conocimiento de lo informado. Requerimiento. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta responsable, para que: En el término de tres días, remita las constancias de notificación a las partes respecto del proveído de cuatro de noviembre de la presente anualidad, así mismo, llegada a la fecha señalada para el desahogo de la prueba testimonial, informe a este Juzgado sobre el acuerdo recaído en dicha audiencia y remita las constancias pertinentes. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento sin causa justificada a lo requerido, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Causa estado desechamiento. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar la demanda de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Tomando en consideración que la parte promovente exhibió una constancia de notificación en original; con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal antes precisado, requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Tribunal Colegiado resuelve recurso de revisión. La Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, remite el expediente original del juicio de amparo 349/2021-VI del índice de este Juzgado, tres tomos de pruebas, así como copia certificada de la resolución pronunciada el siete de octubre de dos mil veintiuno, en el recurso de revisión R.200/2021 de su índice, interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente juicio cuyos puntos resolutivos establecen: PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Para los efectos precisados en la última parte del considerando VIII de la sentencia sujeta a revisión, la Justicia de la Unión ampara y protege a ... en contra del acto que reclamó del titular del Juzgado Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, Diligenciario Non de su adscripción y del Diligenciario del Juzgado de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla, consistentes en el emplazamiento y todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil ..., promovido en su contra por ... (VICIOS DE FONDO). TERCERO.- Se declara sin materia la revisión adhesiva hecha valer por el quejoso. En tal virtud, acúsese el recibo correspondiente del juicio de amparo recibido, tres tomos de pruebas y de la ejecutoria de mérito; asimismo, agréguense a los autos únicamente las actuaciones originales realizadas en el cuaderno formado con motivo del citado recurso de revisión; y procédase a la destrucción de las copias con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo en que se actúa, con motivo de la tramitación del citado medio de impugnación. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE. Se requiere cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Décimo Primero Especializada en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: VIII. DECISIÓN Tomando en cuenta los conceptos de violación de la parte quejosa estudiados bajo la prerrogativa de la suplencia de la queja deficiente, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados para el efecto de que la Juez Décimo Primero Especializada en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil ... de su índice, -sólo por lo que hace al quejoso-, a partir del auto del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, en el que ordenó su emplazamiento por medio de edictos, incluida la sentencia dictada en ese juicio y los actos de ejecución. 69. Es aplicable la jurisprudencia 99/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 287, libro 49, tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a diciembre de 2017, que dice: EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen. 70. Asimismo, el Juez responsable puede tomar en cuenta que la parte quejosa en su demanda de amparo señaló lo siguiente: señalando como domicilio particular y para oír notificaciones el ubicado en ..., por lo que bien podría ordenar su emplazamiento ahí. 71. Por otra parte, es importante destacar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando se ordene reponer el procedimiento, sus efectos deben hacerse extensivos a los codemandados de la parte quejosa, siempre que entre estos exista litisconsorcio pasivo necesario; siendo que entre el quejoso y los restantes demandados en el procedimiento de origen -Aceros y Suministros de Ferretería, sociedad anónima de capital variable, Mayra de Jesús González Suárez y Alejandro González Montiel-, existe tal institución porque se trata de un juicio ejecutivo mercantil; existe el actor y diversos demandados quienes obran por su propio derecho, ocupan la misma posición en el proceso, fueron demandados simultáneamente y se les reclamaron las mismas prestaciones, por lo que es inconcuso que la reposición ordenada, como tal, alcanza a los codemandados, pero con una modalidad distinta al quejoso. Se hace dicha aclaración porque la reposición respecto de los referidos demandados debe realizarse en los términos expuestos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 258/2010, de la que derivó la jurisprudencia 72/2011, de rubro: LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO, la cual es aplicable al caso por analogía, porque en ella se estableció que la reposición de autos debe afectar a todos los litisconsortes respecto de los cuales se deberá dictar una nueva sentencia en la que se habrán de valorar, de nueva cuenta, los elementos que obren en el expediente y los que aporte el litisconsorte que obtuvo el amparo, lo que hace patente que los litisconsortes que sí acudieron al juicio o que fueron emplazados -distintos de la parte quejosa- no obtendrán una renovación de plazos, aportar nuevas pruebas o formular alegatos novedosos, tal como se advierte de la parte conducente de dicha ejecutoria que dice: (.) Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable, que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que deberá remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. No se requiere superior jerárquico. Sin que sea el caso ordenar notificar o requerir la figura del superior jerárquico del juez responsable, para que le ordene cumplir con el fallo protector, pues la autoridad de mérito es un órgano jurisdiccional y, por ende, no se encuentra sometido a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del gobierno puede inferir en sus decisiones ni sugerirle cómo han de resolver ni cómo han de cumplir, por lo que, tal autoridad no tiene superior inmediato a quien requerirle que lo conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Notifíquese.

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