Roberto Longinos Reyes Benavides
Expediente 149/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 22 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 149/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 21/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Roberto Longinos Reyes Benavides
- Roberto Longinos Reyes Benavides y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
1. Estado procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante proveído de treinta de agosto del año en curso, se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio. 1.2 Devolución. En atención a lo anterior, hágase devolución a la Jueza de Control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, del disco compacto DVD que contiene audio y video que exhibió como prueba en este asunto, toda vez que ya no es necesaria la permanencia en este juzgado.
- Principal
Vista la razón de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo la Actuaria de la adscripción para notificar en forma personal al quejoso ***, el proveído de treinta de agosto del año en curso. Ante ello, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena la notificación de que se trata, la del presente proveído, y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este tribunal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. ACUERDO DE TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE: , que dice: "De la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término que se concedió a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público, ya que la sociedad está interesada en que las resoluciones judiciales sean acatadas, es procedente pronunciarse respecto si la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo ; por tanto, el veinticinco de junio del año en curso (fojas 142 a 145), causó ejecutoria la sentencia que se emitió en este juicio. Al respecto, es preciso fijar los efectos de la sentencia, que se transcriben a continuación: ". . . a) Deje insubsistente el acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, pronunciado en la causa penal 624/2018, de su índice, en lo que atañe a las medidas de apremio aplicadas al quejoso y en vía de consecuencia ordene a la autoridad exactora que se abstenga del cobro de la multa impuesta en el mismo. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la Administradora Local de Ejecución Fiscal, con residencia en esta ciudad, ya que bien en su tercer concepto de violación el quejoso los combatió por vicios propios, al aducir que se pretende cobrar la multa a persona distinta de la ordenada por la juez responsable; lo cierto es que a nada práctico conduciría emprender el análisis de dicho motivo de disenso, porque a nada mejorará el resultado alcanzado, toda vez que el auto que determinó la multa, quedará sin efectos, por los motivos expuestos en este fallo". Enseguida, se procede a reseñar los antecedentes que se desprenden de autos sobre el cumplimiento al fallo protector: El uno de julio de la presente anualidad (foja 148), se recibió ante la oficialía de partes de este Juzgado, el oficio 3679/2019-C signado por el Titular del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, en el cual transcribió el proveído de veintisiete de junio del presente año, dictado dentro de los autos de la causa penal 624/2018, del índice de dicho Juzgado, resolución por la que dejó insubsistente el acuerdo de treinta y uno de enero del mismo año, y ordenó a la autoridad ejecutora abstenerse del cobro de la multa equivalente a $4,030.00 (cuatro mil treinta pesos, moneda nacional 00/100), así mismo anexó el acuse de recibo, relativo el oficio 3678/2019-C, que giró a la Administradora Local de Ejecución Fiscal de esa misma ciudad, a través del cual le hizo del conocimiento sobre el citado acuerdo. A su vez, en la misma fecha a foja 150, se recibió el oficio signado por la autoridad ejecutora Administradora Local de Ejecución Fiscal en Piedras Negras, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila, a través del cual informó que la multa citada con antelación, fue cancelada administrativamente en los registros de dicha dependencia, dejando a salvo los derechos de la parte quejosa para solicitar la devolución del pago correspondiente, y al efecto anexó copia certificada del recibo de pago de multa en cuestión. Las anteriores constancias tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor. Con lo anterior, en auto de dos de julio del año que transcurre, se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera; proveído que se le notificó el cuatro de julio siguiente (foja 157); sin que haya realizado manifestación alguna al respecto. III. Se estima cumplida la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, se estima que los efectos para los cuales fue concedido el amparo están cumplidos, ya que la autoridad responsable Jueza del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad, el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, dictó un acuerdo en el cual dejó insubsistente el proveído de treinta y uno de enero del mismo año, pronunciado en la causa penal 624/2018, de su índice, en lo que atañe a las medidas de apremio aplicadas al quejoso. Por tanto, es evidente que se cumplió con el núcleo esencial que motivó la concesión del amparo otorgado; sin que sea técnico que este Juzgado Federal se ocupe de la legalidad de lo resuelto con posterioridad al no haber sido materia de la litis. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos uno, tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, con registro 165807, la cual establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En ese orden de ideas, se estima cumplida la ejecutoria de amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar; por tanto, de conformidad con el cuarto párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo; archívese este juicio de amparo, y háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno. Toda vez que se concedió el amparo solicitado en el presente juicio, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de depuración, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, además de carecer de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto al cuaderno original del incidente de suspensión relativo al presente sumario, toda vez que es susceptible de depuración, conforme lo dispone la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, manténgase por separado en el estado en que se encuentre, quedando sin efecto las providencias decretadas; así también, el duplicado del citado incidente, el cual de conformidad con el Acuerdo General Conjunto antes mencionado, se procederá a su desintegración material en el término de seis meses, a partir de la única o última resolución interlocutoria que se haya dictado".
- Principal
Notificación personal.
- Principal
Notificación personal a parte quejosa.
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