Roberto Homero Silveira Martínez

Expediente 597/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
597/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
27/08/2015

Partes del expediente

  • Roberto Homero Silveira Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con el acuerdo de diez de agosto de dos mil quince (fojas 107 a 111), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, toda vez que le ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que interpusiera el recurso de revisión contra dicho proveído. Sin que sea necesario computar el término para la interposición el recurso de revisión a las autoridades señaladas como responsables en este juicio, toda vez que no les produce agravio el sentido del proveído de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ". En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y se ordena archivar el presente, como asunto concluido. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público de la Agencia Investigadora del Segundo Turno, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza; por tanto, póngase a la vista de las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio 579/2015-G, signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, Especializado en Narcomenudeo, con residencia en esta ciudad, y anexo, mediante el cual cumple el requerimiento que se le formuló por auto de veintinueve de julio de dos mil quince, exhibiendo copia certificada de diversas constancias relativas al proceso penal 426/2015, de su índice. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos, se provee lo siguiente: Mediante escrito recibido por el Secretario de Guardia adscrito a este Juzgado de Distrito, el veinticuatro de julio de dos mil quince, Roberto Homero Silveira Martínez, en representación de Roberto Silveira Valero, promovió juicio de amparo indirecto, contra las autoridades responsables y por los actos siguientes: Delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Región Norte I. Ciudad. Agente del Ministerio Público Receptor de Denuncias. Ciudad. Agente Investigador para Asuntos Viales. Ciudad. Agente Investigador del Ministerio Público Primer Turno. Ciudad. Agente Investigador del Ministerio Público Segundo Turno. Ciudad. Agente Investigador del Ministerio Público de Villa de Fuente. Ciudad. Director del Centro de Readaptación Social (CERESO). Ciudad. Primer Comandante de la Policía Investigadora del Estado, Región Norte I. (en su denominación correcta). Ciudad. Jefe de Grupo de la Policía Investigadora del Estado del Primer Turno, Región Norte I. (en su denominación correcta). Ciudad. Jefe de Grupo de la Policía Investigadora del Estado del Segundo Turno, Región Norte I. (en su denominación correcta). Ciudad. Encargado de las Órdenes de Aprehensión de la Policía Estatal. Ciudad. Jefe de Grupo y/o Encargado de la Comandancia de la Policía Investigadora del Estado, con destacamento en Villa de Fuente. Ciudad. Encargado de las Ordenes de Aprehensión de la Policía Estatal, destacamento en Villa de Fuente. Ciudad. Comisario de Seguridad Pública Municipal. Ciudad. Encargado de la Subsede de la Policía Federal Ministerial. Ciudad. En la citada fecha, se ordenó por conducto de los Actuarios de la adscripción, la búsqueda del quejoso directo y en su caso, la ratificación del escrito de demanda, ordenándose suspender de plano los actos reclamados a las responsables. Posteriormente, de la razón actuarial de veinticuatro de julio del año en curso (foja 12 y 13), efectuada por la funcionaria adscrita, se advierte que el quejoso directo Roberto Silveira Valero, ratificó la demanda de amparo instaurada en su nombre. De ese modo, mediante proveído de veinticinco de julio del mismo año, se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, del informe y anexos enviados por el Director del Centro Penitenciario, con residencia en dicha ciudad (foja 34), se desprende que mediante oficio de internamiento signado por el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal del Distrito Judicial de Acuña, con residencia en dicha ciudad, puso a disposición del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal, Especializado en Narcomenudeo, al aquí quejoso Roberto Silveira Valero, por el delito de posesión de narcóticos con fines de comercio o suministro; motivo por el cual en auto de veintinueve de julio del año que transcurre se solicitó al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal Especializado en Narcomenudeo, con residencia en esta ciudad, las constancias referentes a dicha consignación. De esa manera, en esta fecha el Juez oficiante, dio cumplimiento a lo solicitado en líneas que anteceden mediante el oficio de cuenta 579/2015-G, al que adjuntó copia certificada de las constancias que obran en el proceso penal 426/2015, del que se advierte que el treinta y uno de julio de dos mil quince, se resolvió la situación jurídica del quejoso, dictándole auto de sujeción a proceso en contra del aquí quejoso Roberto Silveira Valero, decretando que deberá permanecer en el lugar de su reclusión. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser expedidas por funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Ahora bien, toda vez que de lo narrado anteriormente y conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Amparo , se desprende la posibilidad que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de dicha ley, la cual de actualizarse, provoca el sobreseimiento en el juicio de amparo. En el caso, se patentiza de manera indudable y manifiesta la actualización de una de ellas, antes de la celebración de la audiencia constitucional, atendiendo al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trescientos ochenta y seis, tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente:(...) En efecto, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo que dice:(...) Del análisis al numeral 61 que antecede, se advierte que la fracción XVII establece que el juicio de amparo es improcedente por cambio de situación jurídica, cuando por regla general, se producen los supuestos siguientes: a) El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Orientan esta interpretación en lo conducente, los criterios jurisprudenciales sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visibles a fojas 219 y 199 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos IV, Diciembre de 1996 y VIII-Septiembre, de la Novena y Octava Épocas, respectivamente, que textualmente dicen:(...) En este caso particular, es evidente que se actualiza uno a uno los elementos esenciales que integran la causa de improcedencia de mérito, ello es así, porque los actos reclamados se resumen en la privación de la libertad del quejoso, reclamado a las autoridades responsables, y en la actualidad la situación jurídica del quejoso se rige por la incoación del proceso penal 426/2015, del índice de la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, Especializado en Narcomenudeo, con residencia en esta ciudad; entonces, ante tales circunstancias ha operado un cambio de situación jurídica en relación con el impetrante de amparo, porque primigeniamente la afectación de su libertad, fue en razón de encontrarse en la fase de investigación por parte de la Policía Investigadora del Estado, y al haber sido consignado ante el Juzgado antes mencionado e internado en el Centro de Readaptación Social de esta ciudad, para el seguimiento del proceso en su contra, es claro que con ello operó un cambio de situación jurídica y por lo mismo, resulta imposible jurídicamente analizar la constitucionalidad del acto aquí reclamado sin afectar la nueva situación jurídica. Lo anterior, toda vez que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, Especializado en Narcomenudeo, con residencia en esta ciudad, le inició el proceso penal 426/2015, y dictó auto de sujeción a proceso por el delito de posesión simple de narcóticos, previsto y sancionado por los artículo 477 y 479 de la Ley General de Salud. Dicha circunstancia hace que en el caso concreto se actualice la causal de improcedencia en estudio; por tanto, el acto reclamado que impugnó la parte quejosa, no puede válidamente analizarse en este juicio de garantías desde el momento en que se consignaron los hechos al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, Especializado en Narcomenudeo, con residencia en esta ciudad, y ésta última, dictó auto de sujeción a proceso por el delito especificado en el párrafo que antecede, pues la nueva situación jurídica constituye un obstáculo legal para que se emita pronunciamiento alguno respecto de la privación ilegal de la libertad que se reclamó, sin que se afecte en su caso la nueva situación jurídica del aquí quejoso. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las doce horas con diez minutos del siete de septiembre de dos mil quince. Finalmente, agréguese a los autos para que obre como corresponda, la copia del oficio 93/2015, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, con residencia en esta ciudad; en su atención, se le tiene desahogando la vista que se le dio en proveído de veinticinco de julio del año en curso, y al respecto comunica las gestiones que se encuentra realizando ante el Subdelegado de Procedimientos Penales "C" de la Procuraduría General de la República, a fin de que dicha autoridad proceda conforme a sus facultades legales, en términos de lo dispuesto por los artículos 21 y 102 inciso "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción I y III, 113 y 116 del Código Federal de Procedimientos Penales.

  4. Principal

    Agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por el Encargado de la Subsede de la Policía Federa Ministerial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe en relación con la suspensión de plano que se le concedió al quejoso Roberto Silveira Valero.

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