Roberto Kuri Llamas
Expediente 168/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 168/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 19/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Roberto Kuri Llamas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
MESA I. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Magistrado Tercero de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa de recibo de los anexos que se le remitieron mediante oficio número 8560/2018, del índice de este Juzgado, de fecha once de abril del presente año, para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA I. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de garantías el dieciséis de marzo del presente año; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y definitiva, de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse tal como lo establece la fracción I del Punto Décimo, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. De conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Por lo cual, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de garantías y sí lo tiene el incidente de suspensión derivado del mismo. Finalmente, devuélvase al Magistrado Tercero y Presidente de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de su Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado, las copias certificadas del Toca original 19/2017 y la causa penal 5/2017, del índice del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, así como tres discos compactos formato DVD, mismo que remitió en cumplimiento a lo requerido en proveído de quince de febrero del presente año, asimismo, se le solicita acuse recibo de los citados anexos. Notifíquese
- Incidental
MESA I. Vistos los presentes autos de los que se advierte que en proveído de veintiséis de febrero último, se reservó acordar sobre la razón levantada por el Actuario adscrito en el cual asentó el motivo por el cual no le fue posible notificar a la tercero interesada María Elena Ceballos López, las resoluciones de quince y veintiuno de febrero último, y toda vez que el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, se sobreseyó en el presente juicio, no se ordenó el emplazamiento a la referida tercero interesada, por consiguiente, déjese sin efectos la referida notificación a la citada Ceballos López. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA I. Agréguese a los presentes autos el informe justificado del Magistrado Tercero y Presidente de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de su ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado, y anexos que acompaña, consistentes en el Toca original 19/2017 y causa penal 5/2017, del índice del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del estado, así como de dos discos compactos formato DVD, que contienen copias certificadas del audio y Video, el primero de todas las audiencias correspondientes a la carpeta administrativa relativa a la causa penal de referencia; y el segundo, de la audiencia celebrada en segunda instancia de quince de enero de dos mil dieciocho de la que deriva el acto reclamado. Asimismo, atendiendo a la voluminosidad de las constancias que la autoridad de mérito acompañó a su oficio de cuenta, consistente en el Toca original 19/2017 y causa penal 5/2017, del índice del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del estado, así como de dos discos compactos formato DVD, que contienen copias certificadas del audio y Video; con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, fórmese dos cuadernos auxiliares con los referidos documentos, el cual estará a disposición de las partes para su consulta, en la Secretaría de este Juzgado. Por otra parte, del referido informe se advierte que el quince de enero último, el Tribunal responsable, revocó la resolución recurrida de primera instancia en la que se dictó AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO y EL SOBRESEIMIENTO DE LA REFERIDA CAUSA PENAL 05/2017 dictado en contra de ROBERTO KURI LLAMAS, como probable responsable de los delitos de fraude genérico y fraude especifico, y en consecuencia, decretó AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO en contra del nombrado Kuri Llamas, por su probable intervención, como autor directo, en la comisión del delito de fraude específico, previsto por el numeral 324, fracción V, del Código Penal del Estado, querellado por la ciudadana María Elena Ceballos López. Asimismo, por oficio número 158, la Sala responsable, informó que por diverso oficio 862/2018 de la Juez en turno, Adscrita al Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y oral del estado, de fecha veintiocho de febrero del año en curso, hizo del conocimiento e la autoridad de alzada que en audiencia de esa propia data, se declaró la extinción de la acción penal ejercitada en contra del nombrado quejoso por los delitos de fraude genérico y fraude especifico, con motivo del perdón otorgado por la querellante María Elena Ceballos López a favor del citado imputado y como consecuencia de ello, decretó el sobreseimiento de la causa penal 5/2017, de igual forma, informó que en la misma audiencia, todas las partes intervinientes renunciaron al plazo que les concede la ley para apelar dicho sobreseimiento, para lo cual dicha resolución se declaró firme, para los efectos legales que correspondan, modificando su situación jurídica del amparista; los cuales ya obra agregado en autos; en tal virtud, se procede acordar al respecto en los términos siguientes: Así, por lo que respecta a la diversa orden de vinculación a procesos dictada en el toca 19/2017, en resolución de segunda instancia el quince de enero del año dos mil dieciocho, toda vez que en la causa penal 5/2017, se otorgó el perdón al nombrado quejoso ROBERTO KURI LLAMAS, y en fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho se declaró extinguida la acción penal; por tal motivo, se considera que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;" El precepto legal transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando aun subsistiendo el acto reclamado, éste no puede surtir efecto alguno, porque ha dejado de existir su objeto o materia, de manera que sus efectos -que no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso- no se actualizarán, en virtud de la modificación del entorno jurídico en que se emitió originalmente, por lo que en caso de concluirse que es inconstitucional dicho acto, jurídicamente resultaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que estimaba violado, siendo nugatoria la finalidad del juicio de amparo, consistente en reparar tales violaciones a través del fallo protector. Es ilustrativo el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, que analiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII de la abrogada Ley de Amparo, de igual contenido al previsto en el diverso 61, fracción XXII, de la vigente, y cuyo contenido es el siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En el caso, se estima que se actualiza la hipótesis normativa prevista en el invocado precepto legal, toda vez que en el juicio penal de origen, si bien subsiste el acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso en contra del nombrado Kuri Llamas, por su probable intervención, como autor directo, en la comisión del delito de fraude especifico, lo cierto es que al haberse quedado firme el sobreseimiento de la causa penal 5/2017, con motivo de la extinción de la acción persecutoria en su contra por el perdón otorgado por la citada querellante Ceballos López, origina una modificación en el entorno jurídico de dicho acto reclamado, que torna material y jurídicamente imposible que el referido acto surta efectos jurídicos, y por tanto, que sea susceptible de ser reparado a través de esta instancia constitucional. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias que adjuntó a su informe de ley el Magistrado Tercero y Presidente de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado, y a su oficio 158 de veintiocho de febrero último, se advierte que esa propia data quedado firme el sobreseimiento de la causa penal 5/2017, con motivo de la extinción de la acción persecutoria en su contra por el perdón otorgado por la citada querellante Ceballos López. Circunstancia que se corrobora con las constancias que la responsable adjuntó al referido oficio y a su informe justificado, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior es que se concluye la actualización de la causa de improcedencia invocada, pues el acto reclamado emana de un procedimiento penal, en el que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronunció una determinación en el juicio de origen, que dejó insubsistente sus efectos legales y materiales, ya que si bien el quejoso reclamó el auto de vinculación a proceso; lo cierto es que, al otorgarse el perdón por la querellante María Elena Ceballos López, se dio por desistida de la acción ejercitada en contra del aquí quejoso Kuri Llamas, lo que trajo como consecuencia el sobreseimiento de la causa penal 5/2017 y por ende, dejar firme el auto de veintiocho de febrero último. Y en ese sentido, debe concluirse que pese a la subsistencia del acto reclamado, éste ya no puede surtir efecto legal o material alguno, porque su objeto o materia ha dejado de existir, dado el cambio en el entorno jurídico del que deriva, es decir, en virtud de la conclusión de la contienda penal por los motivos antes expuestos. Ello, porque como se sostuvo con antelación, los efectos de ese acto de autoridad impugnado no se concretarán en la esfera jurídica del quejoso, en virtud de que la propia autoridad manifestó haber quedado firme el sobreseimiento de la causa penal 5/2017, por el perdón otorgado por la citada Ceballos López, del cual deriva el acto reclamado, y ello provoca que la posible afectación que irroga al aquí quejoso, deja de surtir efectos en su esfera jurídica, y por tanto, no es susceptible de reparación mediante una eventual concesión de amparo. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo en vigor, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXII, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL DÍA DOS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Asimismo, resulta necesario destacar, que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO". Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado." Sin que sea el caso ordenar el emplazamiento a los terceros interesados fiscales adscritos a la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad y al Adscrito al Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, ambos del Estado de Yucatán y a María Elena Ceballos López, toda vez que el sentido del presente acuerdo no les causa perjuicio alguno. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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