Roberto Jesús Sánchez Casanova

Expediente 1833/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1833/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
06/10/2022

Partes del expediente

  • Roberto Jesús Sánchez Casanova

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; seis de octubre de dos mil veintidós Visto el estado que guardan los presentes autos y la cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera interpuesto el recurso de revisión contra la resolución constitucional dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En tal virtud, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES DESTRUIBLE, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos, únicamente para que obre como corresponda, el oficio remitido por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, y anexos que acompaña; lo anterior, sin necesidad de proveer al respecto, cuenta habida que el diecinueve anterior se celebró la audiencia constitucional en estos autos, en la que se decretó el sobreseimiento de este juicio de amparo. Cúmplase. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Audiencia constitucional. Apertura. En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con cuarenta y tres minutos del diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa, se procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, dentro del juicio de amparo indirecto 1833/2022, promovido por Roberto Jesús Sánchez Casanova, por su propio derecho, contra un acto del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán; haciéndose constar que no comparecieron las partes en forma personal ni por conducto de representante o apoderado. En este acto, el Secretario da cuenta con el registro de Oficialía de Partes 20138, relativo al informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, y anexo que acompaña. A lo que la Jueza acuerda: Agréguese a los autos y téngase por rendido el informe justificado de la responsable, para los efectos legales a que haya lugar. Relación de constancias. A continuación, la Jueza ordena a la Secretaría hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se dio cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo; b) Auto admisorio de la demanda; c) Constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y, d) Informe justificado de la responsable. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de control constitucional y convencional, incluyendo el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Período probatorio. Con vista en lo anterior, se procede a abrir el período probatorio, por lo que el Secretario procede a dar cuenta con la documental remitida por el Tribunal responsable; así como con las documentales y la de presunciones legales y humanas, ambas ofertadas por la parte quejosa. Atento a lo antes señalado, la Jueza acuerda: Ténganse por ofrecidas las pruebas con las que dio cuenta la Secretaría, la cuales, conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan para los efectos legales, atento a su propia y especial naturaleza jurídica; cerrándose la etapa probatoria. Período de alegatos. Enseguida se abre el período de alegatos, por lo que el Secretario de Juzgado hace constar que las partes no los formularon; con lo que se cierra esta etapa de la audiencia. Cierre de la audiencia. A continuación, la Jueza procede a declarar que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Visto, para resolver el juicio de amparo indirecto 1833/2022-VII. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el dos de agosto de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnado ese mismo día a este órgano de control constitucional, Roberto Jesús Sánchez Casanova, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, que hizo consistir en la omisión de dictar el proveído relativo a los ocursos que presentó el seis de abril de dos mil veintiuno y once de abril de dos mil veintidós, con los que solicitó el cierre de instrucción y el dictado de la sentencia relativa al controvertido 514/2018. SEGUNDO. Por proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, previo requerimiento, se admitió la citada demanda de amparo, la cual quedó registrada en el Libro de Gobierno bajo el expediente 1833/2022; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; y se celebró la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l y 107 fracción IV, de la Constitución Federal; 33 fracción IV, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza omisiva y, por ende, carece de ejecución material; por tanto, para fincar la competencia para conocer de él, debe estarse al lugar de residencia de la autoridad ordenadora, que en la especie tiene su sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Es aplicable al caso, la tesis que a la letra dice: "COMPETENCIA. DEBE DECIDIRSE EN FAVOR DEL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMAN OMISIONES. En términos del artículo 36, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de un juicio de amparo, debe decidirse en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad señalada como ordenadora, cuando se reclame una omisión y no sus consecuencias, por tratarse de un acto negativo carente de ejecución material, sin que importe el sentido del acuerdo que llegara a dictar la autoridad, el resultado del cual, frente a su omisión, constituye un acto completamente distinto que, por no existir, no puede ser materia del amparo cuyo conocimiento esté a discusión." SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y con el criterio sustentado en la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de fijar lo que la quejosa quiso decir y no únicamente el que en apariencia señaló como tal. De manera que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: - La omisión de dictar el proveído relativo a los ocursos que presentó el seis de abril de dos mil veintiuno y once de abril de dos mil veintidós, con los que solicitó el cierre de instrucción y el dictado de la sentencia relativa al controvertido 514/2018. TERCERO. OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Es oportuna la presentación de la demanda de amparo, toda vez que en la especie, el acto reclamado se hace consistir en un acto omisivo, cuya impugnación no está sujeta al término de quince días que ordinariamente señala el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción de la demanda de amparo, pues se trata de una omisión en el actuar de la autoridad responsable, respecto de la cual la parte quejosa desconoce los motivos y razones que ésta tiene para proceder en ese sentido; de ahí que el amparo pueda promoverse en el momento en que la peticionaria de amparo estime que la citada responsable viola en su perjuicio sus derechos públicos subjetivos. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, al rendir su informe con justificación, manifestó que había dejado de ser cierto el acto reclamado, aduciendo que ya se había dictado la sentencia relativa al expediente natural; en esa virtud, es dable tener por cierto el precitado acto, precisamente porque al promoverse la demanda de amparo, no se había emitido la sentencia en cuestión. Por tanto, se insiste, debe tenerse por cierto el acto que de dicha responsable se reclama. Lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias relativas al expediente 514/2018, que remitió el Tribunal responsable como justificación de su informe, pues de ella se advierte que hasta la fecha en que se presentó la demanda de amparo, no se había emitido la sentencia de marras. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Ahora, una vez sentado lo anterior, debe decirse que el análisis de la procedencia del juicio de amparo es de orden público, y su estudio es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 262, tomo Parte VIII, Quinta Época, del Apéndice de 1985 al Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Es conveniente señalar que para la actualización de esta causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable anule o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, se deje sin efectos, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino el examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se reitera, la parte quejosa señaló como acto reclamado, la omisión del Tribunal responsable de dictar el proveído relativo a los ocursos que presentó el seis de abril de dos mil veintiuno y once de abril de dos mil veintidós, con los que solicitó el cierre de instrucción y el dictado de la sentencia relativa al controvertido 514/2018. Ahora, de las constancias que remitió el Tribunal responsable, se advierte que por sentencia terminada de engrosar el nueve de septiembre de dos mil veintidós, resolvió en definitiva el controvertido de origen, declarando fundados parcialmente los agravios esgrimidos por el aquí quejoso y, por ende, se decretó la nulidad y la ilegalidad del acto atribuido al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán; lo anterior, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, que lo fue el dos de agosto de dos mil veintidós. En mérito de lo anterior, resulta obvio que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de la Materia, habida cuenta que el Tribunal responsable, ya ha dictado la sentencia que recayó al controvertido en cuestión. Por consiguiente, si el efecto jurídico de la sentencia de amparo es restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, en el caso, al haber cesado los efectos del acto que reclamó, resulta ocioso examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, toda vez que ya no surte efectos, ni los surtirá y, por ende, no vulnera la esfera jurídica de la parte peticionaria de amparo, y por tanto, no existe motivo para el análisis de la alegada violación constitucional que se reclamó del Tribunal responsable, en razón de que no puede alcanzarse el objetivo protector, dada la cesación total de los efectos del acto reclamado. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 del propio ordenamiento legal. Sin que pase desapercibido para esta Juzgadora Federal, el que no hubiere sido llamado a juicio quien pudiere tener el carácter de tercero interesado; empero, ello no constituye obstáculo para arribar a la anterior determinación, cuenta habida que, dado el sentido de la misma, no se ocasiona detrimento alguno a los derechos procesales de dicha parte. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis visible en la página 556, del Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Finalmente, debe decirse que la anterior determinación impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Roberto Jesús Sánchez Casanova, por su propio derecho, contra el acto que reclamó del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán; precisado en el considerando segundo de esta sentencia y por los motivos indicados en el último subsecuente. Notifíquese por lista.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio firmado por el quejoso Roberto Jesús Sánchez Casanova, con el cual desahoga la prevención efectuada en proveído de cuatro pasado, y remite tres copias del escrito de demanda y sus anexos. En consecuencia, vista nuevamente la demanda de amparo, promovida por Roberto Jesús Sánchez Casanova, contra el acto que reclama del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida; se provee: Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo; SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase respetuosamente su informe justificado a la autoridad señalada como responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañará copias certificadas de la totalidad de constancias que integran el juicio de origen para apoyar dicho informe. Apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir, en su caso, las constancias referidas, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contenida en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a esta Juzgadora, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el informe requerido podrá rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión; en el entendido de que, en caso de optar por remitir dicho informe vía correo electrónico, deberá contar con el acuse de recibo correspondiente, ya que, en caso contrario, el mismo no se tendrá por rendido. En consecuencia, se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a la autoridad, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Asimismo, se invita a la autoridad responsable a que, a la brevedad, proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por otra parte, en cuanto a la notificación del presente acuerdo, a la agente del Ministerio Público adscrita, toda vez que es un hecho notorio para esta Juzgadora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Amparo, que en el expediente varios 1/2021, del índice de este Juzgado, la licenciada Rossana Rosemary Rosas Ricalde, Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito, proporcionó como correo electrónico para realizarle alguna notificación el siguiente rossana.rosas@pgr.gob.mx; en tal virtud, se ordena notificar a la representante social el presente acuerdo y los subsecuentes que sean necesarios durante la contingencia sanitaria, en el correo electrónico: rossana.rosas@pgr.gob.mx. Por otro lado, se tiene por ofrecida la prueba de presunciones legales y humanas, misma que será valorada y tomada en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Por lo que respecta al carácter que podría recaerle al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán; resérvese acordar lo conducente, hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable, del que se advierta su calidad concreta. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión relativo, en atención a que no se solicitó. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veinte de junio de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2742/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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